Coyuntura de agosto de 2026

Luis Pacheco y Héctor Chaclán en libertad tras más de 15 meses en prisión preventiva

El 5 de agosto Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y tesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, recuperaron su libertad después de permanecer 468 días en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala. El Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto, sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario y una multa de Q160 mil para cada uno. Deberán presentarse periódicamente ante el Ministerio Público (MP) y no podrán salir del país sin autorización judicial. También tienen prohibido prestar servicio público mientras dure el proceso legal y penal1.

Ambos fueron detenidos en abril de 2025 y son procesados por terrorismo, obstaculización a la acción penal y asociación ilícita, por haber liderado las movilizaciones de 2023 dirigidas a defender los resultados electorales y exigir la renuncia de actores corruptos como la Fiscal General Consuelo Porras. El proceso se alargó, debido a los múltiples recursos interpuestos y a los cambios de jueces, por lo que después de 16 meses se encuentra todavía en la fase intermediaria2.

La liberación se produjo después de que la defensa solicitara una revisión de las medidas de coerción. Durante la audiencia del 4 de agosto, el juez también incorporó el delito de asociación ilícita y programó para el 22 de septiembre la próxima audiencia. La Fundación contra el Terrorismo, que había solicitado participar como querellante adhesivo, no se presentó a la audiencia y su incorporación fue rechazada3.

La salida de prisión de Pacheco y Chaclán fue acompañada por una amplia recepción de autoridades ancestrales y comunitarias, así como por población de Totonicapán. Para las comunidades, su liberación representa un momento significativo después de más de un año de prisión preventiva y de un proceso que ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como un caso de criminalización de las autoridades indígenas que lideraron el levantamiento de 106 días en 20234.

Autoridades indígenas presentan amparo contra Ley TRECSA

El 9 de agosto de 2026, autoridades indígenas y ancestrales de distintos pueblos de Guatemala presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar el avance de la Iniciativa 6665, que busca convertirse en la Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía Eléctrica (Ley TRECSA). Solicitaron suspender su tercera lectura y la aprobación por artículos, al considerar que la propuesta podría vulnerar derechos colectivos, territoriales, ambientales y de propiedad comunal, además del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas5.

La Iniciativa 6665 busca agilizar la construcción y ampliación de infraestructura de transmisión eléctrica mediante un régimen especial que facilite, entre otros aspectos, los trámites y la constitución de servidumbres. La propuesta ha sido defendida como una vía para acelerar proyectos estratégicos y fortalecer la red eléctrica, pero las autoridades indígenas y ancestrales advierten que podría facilitar la intervención en territorios indígenas y propiedades, sin garantizar adecuadamente la consulta y participación de las comunidades afectadas. El amparo, presentado por las autoridades de varios pueblos Mayas, incluyó un mensaje claro respecto a la posición de las comunidades: “Nuestra tierra y territorios no están en venta, se defiende”6.

Comunidades de Petén afectadas por Ley de Áreas Protegidas solicitan diálogo con el Estado7

El 26 de agosto de 2026, 55 comunidades multiculturales de Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre, ubicadas en los municipios de La Libertad y San Andrés, Petén, presentaron ante la Secretaría Privada de la Presidencia una solicitud de atención y diálogo de alto nivel. Las comunidades, integradas por más de 60 mil habitantes, sostienen que su presencia en la región es resultado de políticas estatales de colonización, seguridad y atención de la problemática agraria, así como del desplazamiento provocado por el Conflicto Armado Interno. También reivindican su vínculo histórico con los pueblos mayas que habitaron esos territorios y rechazan ser consideradas poblaciones extrañas o invasoras. Señalan que la declaratoria de áreas protegidas mediante los decretos 4-89 y 5-90 se realizó sin consulta previa y ha servido para justificar procesos de criminalización, militarización, persecución y desalojos. Entre 2000 y 2017, estas acciones afectaron a más de 2 mil personas e incluyeron operativos en comunidades como El Bergelito, La Colorada, Centro Uno, Nueva Esperanza y Laguna Larga, donde se registraron muertes, desplazamientos y condiciones de vida inhumanas.

Las comunidades afirman que, pese a sus propuestas de diálogo y desarrollo integral —incluido el reconocimiento estatal, la seguridad jurídica de permanencia y la conservación comunitaria de los bienes naturales—, las instituciones no han ofrecido soluciones duraderas. Aunque entre 2025 y marzo de 2026 sostuvieron reuniones con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON), para establecer un convenio marco de diálogo de buena fe, el proceso quedó paralizado.

Paralelamente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), aprobó en junio de 2026 la actualización del Plan Maestro de Laguna del Tigre sin consultar a las comunidades. Mientras, persisten amenazas de desalojo, órdenes de captura, quema de viviendas y destrucción de cultivos. A ello se suma la contaminación de suelos, ríos y lagunas provocada por derrames de petróleo y fugas de gas tras el cierre de la empresa petrolera PERENCO, así como el abandono de su infraestructura. Frente a esta situación, las comunidades solicitan al Presidente instalar una mesa técnica y vinculante de alto nivel, suspender la aplicación del nuevo Plan Maestro, atender urgentemente la crisis ambiental y sanitaria, impedir el saqueo de instalaciones petroleras, facilitar el retorno de la comunidad Laguna Larga y garantizar procesos de consulta de buena fe sobre las medidas que afecten directamente a las poblaciones del territorio.

Conclusiones de la visita del Grupo de Trabajo de N.U. sobre Empresas y DDHH

Del 18 al 28 de agosto, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (DDHH) realizó su primera visita oficial a Guatemala para evaluar las obligaciones del Estado y las responsabilidades de las empresas en materia de DDHH. Durante la misión, las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė se reunieron con autoridades gubernamentales, empresas, organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades en distintos departamentos del país.

En su declaración final, la expertas señalaron diversos desafíos relacionados con las actividades empresariales, entre ellos la protección de los derechos de pueblos indígenas, el acceso a la justicia y a la reparación, los derechos laborales y la protección de las personas defensoras de DDHH. También llamaron la atención sobre la necesidad de fortalecer la debida diligencia empresarial en materia de DDHH y de prevenir impactos negativos derivados de proyectos empresariales8.

La visita se desarrolló en un contexto de conflictos relacionados con proyectos extractivos y de infraestructura. Organizaciones y comunidades han denunciado operaciones iniciadas sin procesos adecuados de consulta, mientras que personas defensoras enfrentan riesgos y procesos de criminalización vinculados con la defensa del territorio y los bienes naturales. Entre sus recomendaciones, el Grupo de Trabajo instó al Estado a adoptar medidas para poner fin a la criminalización de personas defensoras y fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia y reparación. Asimismo, subrayó la importancia de prevenir la influencia indebida de intereses empresariales en las instituciones públicas y de garantizar una participación efectiva de las comunidades afectadas9.

Las conclusiones de la visita serán desarrolladas en un informe que se presentará ante el Consejo de DDHH de la ONU en 2027. El seguimiento de estas recomendaciones será relevante para evaluar la capacidad del Estado guatemalteco de garantizar los derechos de las comunidades y de quienes defienden el territorio frente a los impactos de actividades empresariales.

Avances y retrocesos de la justicia guatemalteca: la CC protege a exmandatario de la CICIG frente a orden de captura, mientras que no hay avances en el proceso contra Stuardo Campo

El 26 de agosto, la CC confirmó la protección provisional que impide ejecutar una orden de captura contra Luis David Gaitán, exmandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La orden había sido emitida por la Sala Tercera de Apelaciones en el marco del caso Odebrecht, junto con órdenes contra otros exfiscales, exintegrantes de la CICIG y operadores de justicia que investigaron casos de corrupción contra actores políticos y que, en los últimos años, han enfrentado procesos penales, órdenes de captura y, en algunos casos, el exilio. La resolución de la CC mantiene la protección provisional de Gaitán mientras continúa el proceso constitucional, lo que no constituye una resolución sobre su responsabilidad penal ni sobre el fondo del caso, pero representa un nuevo pronunciamiento judicial frente a procesos que han sido señalados como parte de un contexto más amplio de criminalización de operadores de justicia durante la administración de la Fiscal General Consuelo Porras10. 

Sin embargo, Stuardo Campo, el único exoperador de justicia todavía encarcelado, sufrió otro revés en uno de los tres casos que se están llevando en su contra. El 27 de agosto, el Juzgado Décimo Penal decidió la decimocuarta interrupción de la audiencia de etapa intermedia del caso Zolic contra el exfiscal anticorrupción. Su abogada Lucía Xiloj comenta: “Lamentablemente parecería que este patrón continuará durante los próximos meses y eso demuestra un litigio malicioso de las otras partes procesales de no querer continuar con el proceso”. El otro abogado defensor, Vidal Ixcoy, señaló que se ve malicia, ya que “los delitos por los que se le acusa (abuso de autoridad y negación de justicia) tienen penas de dos años a dos años y medio, que gozan de medidas sustitutivas, pero el juez Víctor Cruz no ha dado la oportunidad de solicitarlas”. Stuardo Campo se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 202311. 

La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala

El informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025)”, coordinado por Carlos Martín Beristain y presentado el 14 de agosto de 2026, documenta, a partir de testimonios, cómo la persecución y criminalización de operadores y operadoras de justicia, periodistas y personas defensoras de DDHH, en muchos casos les ha obligado a abandonar sus vidas en Guatemala. El informe muestra que el exilio no responde a una decisión voluntaria, sino a amenazas, procesos judiciales y otras formas de persecución, y recoge sus consecuencias personales, familiares, profesionales y económicas, así como el impacto que este fenómeno ha tenido sobre la justicia y la democracia en el país. También plantea la necesidad de avanzar en el reconocimiento, la reparación, la restitución de derechos y condiciones para un retorno seguro12.