Coyuntura de septiembre de 2026

Cifuentes Cano sentenciado a 50 años de prisión por desaparición forzada1

El 17 de septiembre de 2026, después de más de 44 años de los crímenes juzgados y tras 42 audiencias realizadas entre mayo y septiembre de este año, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó al excomandante de la Brigada de Reacción y Operaciones Especiales (BROE), Juan Francisco Cifuentes Cano, a un total de 50 años de prisión inconmutables (25 años por cada víctima) por la desaparición forzada de Luz Leticia Hernández Agustín y Ana María López Rodríguez. Además, señaló que el Ministerio Público (MP) debe continuar investigando a otros oficiales de la Policía y el Ejército que pudieron participar en estos hechos. El Tribunal no consideró suficientemente acreditados los delitos contra los deberes de humanidad. Las hermanas de Luz Leticia, quienes continúan la lucha iniciada por sus padres, Valentina y Jorge, se mostraron satisfechas con el veredicto, aunque señalaron que la pena resulta mínima frente al profundo impacto que la desaparición ha tenido en su familia: “Por fin se impartió justicia por nuestra hermana, lo que también significa algo para las 45.000 personas desaparecidas durante la guerra en Guatemala”.

La semana siguiente a ser dictada esta sentencia tuvo lugar la audiencia de reparación digna, en la que el Tribunal ordenó al condenado disculparse públicamente, publicar la sentencia y la disculpa en un diario de mayor circulación, y pagar Q500 mil a cada querellante por los daños inmateriales ocasionados. También instó a la instalación de una placa conmemorativa en la Escuela Politécnica y a la incorporación del caso en la formación de oficiales del Ejército y de la Policía. Sin embargo, rechazó la petición de que el sentenciado esclareciera el paradero de las víctimas.

Sentencia en el caso de la masacre de Rancho Bejuco2

El Tribunal de Mayor Riesgo D encontró responsable a Nicolás Orrego Orrego de los delitos de asesinato y contra los deberes de humanidad en juicio especial, acusado por la masacre de al menos 25 personas en la comunidad Rancho Bejuco, ubicada en Santa Cruz El Chol, departamento de Baja Verapaz. Dicha masacre se perpetró el 29 de julio de 1982, cuando Orrego fungía como comisionado militar. Debido a su condición de salud, Nicolás Orrego Orrego por el momento no cumplirá su condena en prisión, pues el condenado actualmente goza de medidas sustitutivas y lleva un aparato de control telemático. Según comenta la abogada Lucía Xiloj, “Durante el juicio se conocieron tres peritajes: psicológico, psiquiátrico y neurológico, en donde se estableció el deterioro cognitivo de esta persona, que necesita un tratamiento especial que no puede recibir en su casa sino en un hospital especializado”.

La masacre se ejecutó a cuatro meses del golpe de Efraín Ríos Montt contra el gobierno de Fernando Romeo Lucas García. Las personas masacradas, pertenecientes al pueblo Maya Achi, eran originarias de Rabinal y se habían desplazado tras sobrevivir a varias masacres perpetradas en ese mismo municipio. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en su informe Guatemala: Memoria del silencio, determinó qué en Guatemala hubo cuatro regiones del país en donde se cometió el delito de genocidio y delitos de lesa humanidad, una de estas regiones es precisamente Rabinal, en Baja Verapaz.

Tras largo proceso de criminalización y judicialización se absuelve a exautoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán y Sololá

Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Baslilio Puac y María Juana Elías Tzunun, exautoridades indígenas, así como Esteban Toc, exvicealcalde indígena de Sololá, fueron absueltos de las acusaciones por los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. El Juez Tercero, Mynor Moto, cerró los casos siguiendo la demanda de la Fiscalía contra el Crimen organizado que pidió el sobreseimiento de las acusaciones. La criminalización de las exautoridades indígenas inició durante el primer semestre de 2025 a iniciativa del MP de Consuelo Porras y la Fundación contra el Terrorismo, a raíz del Paro Nacional Indefinido liderado por los Pueblos Indígenas en defensa de la democracia y de los resultados electorales de 2023. Gracias a esta movilización el actual presidente Bernardo Arévalo pudo tomar posesión3.

La resolución ordenó que el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se disculpará por la persecución contra las cinco autoridades indígenas 4.

Pero a pesar de estas buenas noticias, continúan las denuncias por violaciones a los derechos de pueblos indígenas y de las personas defensoras. A finales de septiembre, una misión internacional integrada por organizaciones de Europa, Sudáfrica y Guatemala visitó comunidades de Alta y Baja Verapaz y recogió testimonios de más de 30 autoridades ancestrales, lideresas, dirigentes y personas defensoras. Entre las denuncias documentadas se encuentran conflictos relacionados con el acceso a tierra, agua y territorio, la falta de consulta previa, libre e informada y la criminalización de personas comunitarias por la defensa de territorios y derechos colectivos de los pueblos indígenas. La misión trasladó sus hallazgos a instituciones del Estado y llamó a garantizar los derechos de las comunidades y las condiciones necesarias para que autoridades indígenas y personas defensoras puedan ejercer su labor sin sufrir amenazas y todo tipo de represalias, como el uso indebido de procedimientos penales para atacarles5.

Chinautla: inundaciones evidencian la persistente contaminación del río

Las fuertes lluvias registradas durante el mes de septiembre provocaron el desbordamiento del río Chinautla, afectando viviendas, comercios y escuelas. Para las autoridades ancestrales del pueblo Maya Poqomam, la emergencia no responde únicamente a las lluvias. El desbordamiento ocurre en una cuenca que desde hace años enfrenta contaminación, acumulación de desechos y extracción de arena. Las autoridades han señalado que estas condiciones agravan los efectos de las lluvias y han exigido al Gobierno cumplir los compromisos asumidos para la restauración y canalización de la cuenca del río Chinautla6.

La contaminación de los ríos Chinautla, Las Vacas y Tzaljá está vinculada, entre otros factores, al arrastre de residuos provenientes del área metropolitana. A esto se suma la extracción de arena a gran escala que se desarrolla en el territorio desde hace décadas. Desde 2004 se viene advirtiendo de los efectos que esta actividad tiene sobre el cauce del río, incluyendo erosión y modificaciones de su curso. La situación ha sido objeto de acciones legales. En junio de 2025, un tribunal de amparo ordenó a la Municipalidad de Chinautla adoptar medidas para atender la contaminación de los ríos y garantizar la participación de la comunidad Maya Poqomam en las decisiones relacionadas con la crisis ambiental7. Sin embargo, la implementación de la sentencia continúa pendiente de resultados concretos.

Las inundaciones de septiembre vuelven a poner de manifiesto que la problemática ambiental de Chinautla no se limita a una emergencia provocada por las lluvias. Para las autoridades indígenas, la prevención requiere atender las causas estructurales del deterioro de la cuenca y garantizar la protección del territorio y de los derechos del pueblo Maya Poqomam.

Claudia González denuncia al juez Jimi Bremer por “arbitrariedades” en su proceso

A finales de agosto de este año, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, declaró arbitraria la detención y privación de libertad de la abogada Claudia González durante 82 días en el año 2023, exigiendo al Estado de Guatemala una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a estos hechos y la adopción de “las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”8.

En base a esta conclusión, en septiembre la abogada y exmandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentó ante la dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) una solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez Jimi Bremer, tras señalarlo por la posible comisión de actos de violación a derechos humanos. González busca que, una vez retirado el derecho de antejuicio del que actualmente goza el juez, pueda ser investigado por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia. Entre los hechos señalados en la denuncia se encuentra el número de veces que se retrasaron las audiencias para solventar su situación, así como el señalamiento de que el delito que se le atribuye no le sería aplicable por no haber sido funcionaria pública. También se cuestiona el rechazo de toda la prueba de descargo que, según manifestó, la dejó en estado de indefensión durante el proceso9.

Siguen las suspensiones en el proceso contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo

La audiencia de etapa intermedia contra el exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, en la que el MP solicitó enviarlo a juicio por un supuesto incumplimiento de deberes en la investigación por el caso Zolic, sufrió su decimoquinta suspensión sin que el proceso pueda avanzar y resolver la situación de Campo y otros dos acusados en este caso. En esta ocasión, uno de los implicados en el caso, Juan Fernando Sáenz, presentó una excusa para no estar presente en el proceso, por lo que el juez Víctor Cruz aplazó una vez más la audiencia para el 1 de octubre. La audiencia de etapa intermedia contra Campo inició el 26 de febrero, tras 10 suspensiones dictadas por el juez Cruz, debido principalmente a que los denunciantes de Campo presentaron diversas excusas para no asistir a las audiencias10.