Coyuntura del enero de 2026

Otra autoridad indígena criminalizada y judicializada por defender la democracia1

2026 inició con un cuarto proceso de criminalización/judicialización contra otro de los líderes del paro nacional y el levantamiento de 106 días que tuvo lugar a finales de 2023 en defensa de la democracia. Autoridades indígenas y ancestrales, junto a sus comunidades, defendieron los resultados de las elecciones presidenciales y con ello procesos democráticos, demandando la renuncia de la Fiscal General Consuela Porras. En abril del año pasado fueron capturados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades de los 48 cantones de Totonicapán. Desde entonces guardan prisión preventiva. En agosto fue capturado Esteban Toc Tzay, líder indígena de Sololá, al que le fue concedido arresto domiciliario. Los tres fueron ligados a proceso por los delitos de terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita, sedición y obstrucción a la justicia. 

El 14 de enero fue detenido Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 cantones de Totonicapán. Ha sido ligado a proceso por los delitos de sedición, obstaculización a la acción penal y asociación ilícita. El juez a cargo no aceptó el delito de terrorismo y le otorgó arresto domiciliario. Puac fue acompañado por los integrantes de la actual junta directiva de los 48 Cantones, quienes le brindaron palabras de ánimo y solidaridad.

El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que en 2023 intentaron boicotear los resultados electorales, han impulsado estos casos y perseguido penalmente a las autoridades indígenas del país. Dichos casos se encuentran bajo reserva, por lo que no se permite la presencia de medios de comunicación ni de observadores. Además el proceso se está dilatando en el tiempo pues, en dos ocasiones, la FCT ha recusado a los jueces asignados para continuar con las siguientes etapas del proceso judicial. 

CSJ cierra caso de persecución a periodistas2

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó un amparo solicitado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el proceso contra periodistas de distintos medios, columnistas y personal del extinto medio elPeriódico, cuyo director, José Rubén Zamora, sigue criminalizado y en prisión.

Las y los juzgadores mantuvieron la decisión de la jueza Aurora Gutiérrez del Juzgado Quinto Penal, quien determinó que el caso no debe resolverse por la vía penal, sino que debe dilucidarse ante un Tribunal de Honor, como lo establecen los artículos 35 y 71 de la Ley de Emisión del Pensamiento. La resolución también hace referencia al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que declara de interés público la labor de los medios de comunicación y establece que no constituyen delitos ni faltas las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos. Esta decisión archiva el expediente de forma definitiva.

La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, señaló a los comunicadores de incurrir en el delito de obstrucción a la justicia por elaborar publicaciones relacionadas con el caso de criminalización de José Rubén Zamora, y de generar una supuesta “campaña de desinformación”.

Las publicaciones de elPeriódico señalaban que la detención de su fundador y presidente era parte de una represalia del gobierno de Alejandro Giammattei y de la fiscal general, María Consuelo Porras, en respuesta a las investigaciones realizadas por el medio y a las columnas críticas de Zamora.

Por la decisión del juez Jimi Bremer, quien ligó a proceso a Zamora, el MP pretendió investigar a: Julia Corado, quien antes del cierre de elPeriódico ocupaba el cargo de directora; Gerson Ortiz, exjefe de Información; los reporteros Christian Velix, Alexander Valdéz, Rony Ríos y Denis Aguilar, así como a los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín.

Caso Gerardi: audiencia de ofrecimiento de pruebas contra Darío Morales 

El 6 y el 16 de enero el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz, realizó las audiencias de ofrecimiento de pruebas contra Darío Morales García, acusado de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio, en el caso del asesinato de Monseñor Gerardí. El MP y la querellante adhesiva, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), presentaron más de 100 medios de prueba. Entre estos destacan el testimonio de Héctor Hugo Pérez Aguilera, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y fiscal general al momento de los hechos, y peritajes técnico-militares y de inteligencia, del perito peruano Clover Benamú y del general Rodolfo Robles Espinosa. Todo ello con el fin de establecer si el asesinato de Gerardi formó parte de una operación especial de inteligencia del Ejército. La defensa pidió excluir varios de estos medios de prueba, por supuestos incumplimientos procesales, lo que fue rechazado por la jueza. El caso fue enviado a juicio ante el Tribunal de Mayor Riesgo D, y la jueza resolvió mantener la detención preventiva del acusado en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 183. 

Darío Morales, integrante del Estado Mayor Presidencial del gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), está procesado por su vinculación con el asesinato del obispo Juan José Gerardi, ocurrido a los tres días de la publicación del informe de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más, el 26 de abril de 1998. Monseñor Gerardi, como coordinador de la ODHAG, dirigió la recogida de miles de testimonios sobre los crímenes cometidos por el ejercito guatemalteco durante el Conflicto Armado Interno. Según la acusación, en el presente caso existen “elementos para creer que Morales estuvo en la escena del crimen el día del asesinato y que podría haber modificado partes de la misma con la finalidad de que no se corroborara quienes cometieron el crimen contra el sacerdote”4.

Novedades en casos de criminalización contra exoperadoras de justicia 

El Tribunal Séptimo Penal levantó todas las medidas de coerción contra la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González: arraigo, prohibición de salir del país, obligación de firmar cada 15 días en el MP y restricción para movilizarse únicamente en el departamento de Guatemala. La reconocida abogada, premiada internacionalmente por su lucha contra la impunidad y la corrupción, continúa sujeta a proceso y deberá enfrentar el debate oral y público, cuyo inicio está programado para el 5 de mayo de 2026. La exmagistrada Blanca Stalling, fallecida recientemente, acusó a González de haber cometido el delito de abuso de autoridad por haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra, por un caso de corrupción del 2017. El delito de abuso de autoridad solo puede ser cometido por funcionarios públicos, categoría a la cual la abogada nunca perteneció5. 

La situación legal del exjefe de la fiscalía anticorrución, Stuardo Campo, sigue siendo opaca. El 26 de enero fue programado una audiencia de etapa intermedia, constitución de querellante y revisión de medidas de coerción en el caso Libramiento de Chimaltenango. Sin embargo, el juez Victor Cruz, uno de los señalados por ser un actor antidemocrático por el Departamento de Estado estadounidense, suspendió la actividad. La última audiencia en este caso se celebró en diciembre de 2023. Desde entonces, Campo se encuentra en prisión preventiva. En 2025 fue absuelto en el caso Alfa 7, pero sigue ligado por dos procesos más6. Él y la comunidad internacional califican los procesos en su contra como una represalia por sus investigaciones contra exfuncionarios de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei7.