Coyuntura del junio del 2026

Reelección en la USAC: un nuevo capítulo en la crisis de gobernanza universitaria

El proceso de elección a rector de la Universidad de San Carlos (USAC) deja entrever la complicada situación en la que se encuentra el Estado de Derecho en Guatemala. El 8 de abril, Walter Mazariegos logró la reelección a pesar de los fuertes y múltiples cuestionamientos sobre la legalidad del proceso. Mazariegos accedió a la Rectoría en 2022, después de enfrentar un convulso proceso marcado por acusaciones de fraude1. Durante su gestión se aprobaron reformas institucionales que han sido cuestionadas por diversos sectores universitarios, como USAC Dignidad y Resistencia, por limitar la participación de grupos opositores. Ejemplo de esto fue la reforma al reglamento electoral de la universidad, que dio mayor potestad al Consejo Superior Universitario (CSU) en detrimento del Tribunal Electoral Universitario. Con esta reforma, el CSU aumentó su participación en la organización y supervisión del proceso electoral, lo que levantó la preocupación por las acusaciones de ser un espacio cooptado por Mazariegos. Esta, y otras acciones, como la criminalización de estudiantes y profesores, o la exclusión de grupos electorales opositores, han mermado la independencia y aumentado la incertidumbre con respecto al proceso de elección del nuevo rector2. 

La reelección de Mazariegos ha provocado una amplia lucha legal y movilizaciones sociales. Se han interpuesto al menos 17 amparos ante diferentes instancias judiciales, así como denuncias ante el Ministerio Público (MP)3. Sin embargo, los fallos a favor de Mazariegos en las salas de la Corte de Apelaciones y el subsecuente rechazo de una amplia parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de los amparos presentados por sectores opositores, parecen indicar que la reelección de Mazariegos tomará lugar el primero de julio de este año.

Este proceso electoral se enmarca en la cooptación del sistema de justicia. La presencia de las juezas Leyla Susana Lemus y Dina Josefina Ochoa, ligadas a Walter Mazariegos y acusadas de haber influido en las decisiones que ordenaron suspender los amparos contra Mazariegos4, son señal clara de esta muy preocupante cooptación del sistema judicial. 

A casi 30 años de la firma de la Paz: Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del CAI5

El Diario Oficial de Guatemala publicó este mes un acuerdo ministerial en el cual el presidente Bernardo Arévalo ordenó a todas las instancias de gobierno participar en el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) 2026-2036. A casi 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a los 36 años que duró el CAI, el ejecutivo de Arévalo anunció la puesta en marcha de este Plan, así como un mecanismo de búsqueda de las personas desaparecidas. 

El Plan contempla medidas de reparación individual y colectiva recogidas en los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y, según señaló Elvin Díaz, de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), se basa en las 14 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al Estado guatemalteco por violaciones a los DDHH: “hasta ahora, desde el Estado no se había tenido un seguimiento y acompañamiento a las víctimas de desapariciones, solo (lo hacían) organizaciones no gubernamentales especializadas; en la región los demás Estados tienen comisiones de búsqueda, pero aquí nunca se había logrado esto”. El funcionario explicó que el objetivo es recopilar y registrar toda la información de organizaciones e instituciones del Estado, incluyendo unos 54.000 expedientes de personas desaparecidas que gobiernos anteriores abandonaron, así como reconocer la labor de las ONGs y fortalecerlas financieramente para que puedan continuar con la búsqueda. 

Francisco Vivar, abogado de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, señaló que “la reparación” a las personas que sufrieron violaciones a los DDHH “es una deuda del Estado”. Indicó que “ha habido diferentes iniciativas del Estado para beneficiar a exparamilitares (…) lo que contrasta con el poco apoyo que han tenido las víctimas”. El Congreso de Guatemala aprobó en 2022 una ley para resarcir económicamente a miles de patrulleros de autodefensa civil, conocidos como PACs, que fueron reclutados durante el CAI por el Ejército para tareas de represión y control de la población, algunos de los cuales han sido acusados de crímenes de guerra.

Según señala Vivar “las víctimas (en general) nunca han sido reparadas dignamente. No solo es la reparación económica por la pérdida de sus familiares, son los sistemas de salud, infraestructura…la no repetición de los hechos; también el derecho a obtener justicia”. Además, durante la gestión de Consuelo Porras al frente del MP (2018–2026), se desmanteló la fiscalía especializada en atención a las víctimas del CAI y se destituyó o trasladó al personal que por años conoció los procesos judiciales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por diversas organizaciones. 

MP desiste del proceso penal contra de 7 periodistas y columnistas de elPeriódico

Después de 3 años de batalla legal, el 8 de junio el MP informó que desiste del proceso penal contra periodistas de elPeriódico iniciado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La investigación, impulsada bajo la dirección del muy cuestionado Rafael Curruchiche, tenía como objetivo que un grupo de periodistas del ya clausurado diario elPeriódico fuera procesado por el delito de obstrucción a la justicia, a raíz de opiniones y señalamientos sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial contra su fundador, José Rubén Zamora6. En este intento de criminalización del ejercicio periodístico han sido criminalizados los periodistas Alexander Valdéz, Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Vélix, Rony Ríos y Denis Aguilar y los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy7.

Guatemala: el único país de Latinoamérica sin ley de aguas8

Guatemala es el único país de Latinoamérica que no cuenta con una ley de aguas. El acceso a este derecho es desigual. El 90% del agua en Guatemala está contaminada y el 54% del agua que bebe la población guatemalteca contiene heces fecales. Esto afecta en mayor medida a la población indígena y rural que vive en condiciones de pobreza.

Esta ausencia de una ley que regule la calidad y distribución igualitaria del vital líquido, es un hecho que representa una deuda constitucional de más de tres décadas. El artículo 127 de la Constitución Política de la República establece que «todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia». Sin embargo, esta ley nunca ha sido aprobada.

Pedro Arnulfo Pineda Cotzojay, director interino del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar (URL) y Luis Fernando Paiz Lemus, investigador jurídico en el Instituto de Investigaciones Socio Humanistas (ICESH) de la URL, consideran que por su forma de uso, este recurso se encuentra ya privatizado, lo que hace imprescindible la ley. Ponen de ejemplo, los casos donde la agroindustria desvía el cauce o embalsa el agua de los ríos, dejando a las comunidades aledañas sin el acceso. O, en la ciudad capital, ante la carencia del servicio, los vecinos son obligados a comprar cisternas de agua. Paiz afirma que “la ley de aguas no es opcional. Es un mandato constitucional reconocido expresamente en la Constitución desde hace 40 años”.

En octubre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó un borrador de iniciativa de ley de aguas, elaborado tras un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas y comunitarias, y representantes del sector privado. Recientemente, el 17 de mayo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró en una entrevista con Canal Antigua que la propuesta sería presentada «la próxima semana». Hasta el momento, sin embargo, la iniciativa no se ha presentado ante el Congreso y el MARN no ha informado nada al respecto.

Yich K’isis pide a la CC garantizar consulta previa sobre el proyecto Hidroeléctrico Pojom I y II

Representantes de las comunidades indígenas de Yich K’isis, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, solicitaron a la CC que garantice una consulta previa, libre e informada sobre el proyecto hidroeléctrico Pojom I y II, operadas por Energía y Renovación S.A. al considerar que fue autorizado sin el consentimiento de la población afectada. La acción fue presentada contra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) concluir el proceso de consulta en un plazo de 12 meses y, posteriormente, continuar con el proyecto hidroeléctrico. Los accionantes sostienen que esa resolución no corrige las violaciones denunciadas, ya que la consulta sería posterior a la concesión de las licencias y la ejecución de parte de las obras9.

Las comunidades argumentan que una consulta posterior contradice el principio de consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de dejar sin resolver aspectos relacionados con la participación de las autoridades indígenas ancestrales y la evaluación de los impactos ambientales, culturales y espirituales10.

La sentencia únicamente reconoce como interlocutores a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES), excluyendo a las autoridades indígenas ancestrales, lo que limita la participación de los pueblos indígenas en el proceso.