Coyuntura del octubre de 2026

Alarma por la seguridad de periodistas comunitarios en Huehuetenango: asesinan a Evelio Lisandro López Sánchez 

Evelio Lisandro López Sánchez es el tercer periodista asesinado en lo que va de año1. El crimen fue cometido con arma de fuego el 2 de octubre mientras se dirigía a su casa. López era Maya Mam, originario del municipio de San Pedro Necta, departamento de Huehuetenango. Fue fundador del medio digital Huehue Es Noticias HNT2 y miembro activo de la Asociación de Prensa de Huehuetenango (APEHUE). Según Prensa Comunitaria, el Noticiero de los Huehuetecos, unos días antes de su asesinato denunció públicamente varias amenazas contra el periodista.

Los hechos actuales se enmarcan en un contexto violento cuyos antecedentes se remontan al año 2021, cuando López fungía como comunicador social de la municipalidad de San Pedro Necta y fue una de las victimas del ataque armado contra el exalcalde municipal Julio Ambrocio Ramírez, que falleció el 7 de septiembre del 2024 a causa de las secuelas de aquel atentado2. Esta dinámica violenta siguió y en 2023 asesinaron a Aníbal Napoleón Ramírez Méndez, reportero del Noticiero de los Huehuetecos, junto a su esposa Mercy Morales. Ramírez, en su actividad periodística abordaba problemáticas de su territorio como irregularidades y corrupción dentro de las corporaciones municipales de San Pedro Necta. Además, anteriormente fue agente de la Policía Nacional Civil (PNC), siendo destituido en octubre del 2022 por denunciar en sus redes sociales la corrupción en el territorio. Ramírez recibió amenazas antes de su asesinato3.

A esto se une “la agresión física y las amenazas denunciadas por un reportero de Noticiero de los Huehuetecos y Orgulloso de Ser Pueblo Viejo, el 18 de octubre en San Sebastián Huehuetenango. Según el comunicado de ambos medios, cuatro personas lo agredieron y amenazaron, y no recibió asistencia policial inmediata pese a solicitarla”. La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), emitió un comunicado exigiendo “al Ministerio Público (MP), la PNC, el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos investigar estos hechos, determinar responsabilidades, brindar protección inmediata a los periodistas amenazados y garantizar el libre ejercicio de la labor informativa, sin intimidación ni censura”4.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha condenado el asesinato de Evelio y ha hecho un llamado a las autoridades para llevar “a cabo investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes que permitan esclarecer las circunstancias y los móviles de estos hechos, así como identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.” Además RELE ha tomado nota de reportes que cuestionaron la demora del MP en procesar la escena y levantar el cuerpo, pues según estas informaciones, las autoridades habrían llegado al lugar la mañana siguiente al ataque5.

Río Hondo: suspenden consulta municipal sobre la hidroeléctrica Pasabien 

El 29 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el artículo 1 del Reglamento para la Consulta de Vecinos del municipio de Río Hondo, Zacapa, que facultaba a las autoridades municipales a convocar una consulta sobre la hidroeléctrica Pasabién. La decisión se produjo después que el representante legal de Inversiones Pasabién, entidad propietaria del proyecto, presentara una acción de inconstitucionalidad parcial. La resolución dejó sin efecto la base reglamentaria que permitía realizar la consulta prevista el 11 de octubre, en la que la población decidiría sobre la continuidad de las operaciones de la hidroeléctrica en la subcuenca del río Pasabién6.

La decisión judicial se produce en medio de un conflicto de larga data entre la empresa y las comunidades de Río Hondo, relacionado con el acceso al agua, la tenencia de tierras y los impactos ambientales de la actividad hidroeléctrica. Las comunidades han denunciado afectaciones al abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agrícolas, debido a la captación del caudal del río por parte de la empresa. Asimismo, en febrero de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) impuso a la hidroeléctrica una sanción de Q276.789 por incumplimiento de compromisos ambientales establecidos desde 1995 y notificó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que evaluara la continuidad de la licencia de operación7.

El conflicto también ha estado marcado por episodios de violencia. En julio de 2025, un operativo policial de desalojo en la comunidad Santa Rosalía Mármol, dejó dos comunitarios y un agente de la PNC fallecidos, profundizando las tensiones entre las comunidades y la empresa8.

La suspensión de la consulta representa un nuevo obstáculo para la participación de la población de Río Hondo en una decisión que afecta directamente sus bienes naturales y condiciones de vida. “Mientras los diversos procesos legales siguen su curso en las instancias administrativas y legales, la Hidroeléctrica Pasabien sigue operando sin cumplir con los requisitos para hacerlo, y con la inconformidad y afectación de las comunidades”9.

Asesinatos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro reavivan preocupación por la persistente impunidad

El doble asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre, ha generado entre organizaciones guatemaltecas una preocupación que va más allá del esclarecimiento de ambos crímenes: el riesgo de que la violencia y la impunidad intimiden a quienes denuncian la corrupción y exigen justicia. El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) calificó el asesinato de Foppa como político y lo relacionó con el debilitamiento de la institucionalidad democrática; la Asamblea de Organizaciones Sociales advirtió que la impunidad puede servir para acallar voces críticas; la Universidad Rafael Landívar pidió una investigación exhaustiva y llamó a la sociedad a no ceder ante el miedo. Estas reacciones sitúan el caso en un contexto de preocupación por las condiciones en que personas defensoras que luchan contra la impunidad llevan a cabo su labor de denuncia y búsqueda de justicia. En el plano internacional, las relatoras especiales de la ONU sobre personas defensoras de DDHH y sobre la independencia de jueces y abogados, condenaron el crimen y pidieron esclarecerlo, sancionar a las personas responsables y proteger a las autoridades de justicia10. Además, 19 organizaciones internacionales señalaron que el asesinato de Foppa constituye un grave ataque a la libertad de expresión y a la defensa de los DDHH Y pidieron una investigación exhaustiva e imparcial, que se sancione a los responsables y que se garantice un entorno seguro para quienes defienden derechos11.

Estancamiento y retroceso en la situación penal de Stuardo Campo y Virginia Laparra

Durante los últimos días de octubre los casos de quienes fueron parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra y Stuardo Campo, siguen abiertos, manteniéndose así el patrón de criminalización que llevó a cabo el MP durante la gestión de la muy cuestionada Fiscal General Consuelo Porras. Los casos de Laparra y Campo tienen en común que ambas personas centraron su labor en la lucha contra a la corrupción y que se han ignorado las recomendaciones hechas por la ONU.

Laparra fue encarcelada en 2022 y recuperó su libertad después de estar un año y diez meses en prisión. Al salir en libertad enfrentó un nuevo caso en su contra, por lo que en diciembre de 2023 se vio obligada a exiliarse para salvaguardar su integridad y su libertad. La exfiscal había presentado un recurso de casación ante el proceso penal en su contra por la denuncia del exjuez Lester Castellanos, sin embargo, este 27 de octubre la CC resolvió mantener la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender el tramite de amparo hasta que Laparra no se presente personalmente en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango. Sin embargo esta acción, de llevarse a cabo, pondría en riesgo a la exfiscal, ya que tiene una orden de captura vigente, pues fue declarada en rebeldía por no haberse presentado a una audiencia programada para el 5 de junio de 202512. 

Tanto la detención de Laparra como la de Campo, han sido determinadas como arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas que pidió su liberación13.

Stuardo Campo lleva en prisión preventiva casi 3 años. La audiencia que permitiría resolver su situación penal se ha pospuesto en 18 ocasiones. La última estaba prevista para el 21 de octubre, pero una vez más fue reprogramada, en esta ocasión para el 7 de diciembre, por lo que se prolonga la prisión preventiva y no se permite la realización de una audiencia de revisión de medidas de coerción14.

Estado se disculpa públicamente ante autoridades indígenas criminalizadas

El 7 de octubre de 2026, el Estado de Guatemala ofreció disculpas públicas a 5 autoridades indígenas que fueron criminalizadas por encabezar las movilizaciones ciudadanas de 2023 en defensa de la democracia y de los resultados electorales. El acto, celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura y encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, estuvo dirigido a Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y María Juana Elías, exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, así como a Esteban Toc, de la Alcaldía Indígena de Sololá.

Las autoridades enfrentaron acusaciones por terrorismo, sedición y asociación ilícita, entre otros delitos, tras participar en las movilizaciones iniciadas el 2 de octubre de 2023. Luis Pacheco y Héctor Chaclán permanecieron más de 468 días en prisión preventiva, mientras que Basilio Puac y Esteban Toc enfrentaron medidas de arresto domiciliario. Por su parte, María Juana Elías tuvo que exiliarse. El 11 y 25 de septiembre de 2026, un juzgado penal resolvió cerrar definitivamente los procesos al no encontrar elementos que sustentasen las acusaciones. Como parte de las resoluciones judiciales, se ordenó al Estado ofrecer una disculpa pública15.

Durante el acto de disculpas, el presidente Arévalo reconoció que las instituciones estatales, en lugar de proteger a las autoridades indígenas, las criminalizaron mediante la utilización del sistema de justicia. Asimismo, declaró que los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá no constituyen organizaciones criminales, sino autoridades legítimas que desempeñan un papel fundamental en la organización y vida comunitaria de los Pueblos Indígenas16.

Sin embargo, la disculpa tuvo un significado agridulce para las autoridades criminalizadas, porque si bien el Estado se disculpó, “¿Quién repara el daño causado?”. “Fueron 520 días en los que sufrieron cárcel, arresto domiciliario, exilio, afectaciones financieras y a su salud mental, así como la ausencia y el alejamiento de sus familias. (…) Una disculpa pública es muy fácil, pero, ¿ahora quién repara eso?17.

Sentencia por las ejecuciones extrajudiciales de Milton Santamaría y Eldin Choc Xi 

El 21 de octubre, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a 7 exagentes de la PNC por su responsabilidad en la muerte de Milton Santamaría y Eldin Choc Xi, ocurrida en la subestación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, el 18 de abril de 2024.

Edy Vásquez Rabanales, jefe de la subestación, y Fredi Santiago Velásquez Pérez recibieron 60 años inconmutables cada uno por ejecución extrajudicial: 30 por cada víctima. Mauricio Abraham Contreras Salán fue condenado a 30 años inconmutables por la muerte de Milton Santamaría y absuelto por la de Eldin Choc Xi. A Yuliza Nabely Ayala Yol y Yorleni Macario Ramos se les modificó la calificación de los delitos: recibieron 5 años por incumplimiento de deberes y 3 por discriminación por cada víctima, penas conmutables a razón de Q5 diarios. Jeremías Jacobo Rojas Rojas fue condenado a 5 años por abuso de autoridad y 3 por detención ilegal, también conmutables a razón de Q5 diarios (fue absuelto de denegación de auxilio). Ángel Mario Roquel Sajbochol recibió 5 años por obstaculización a la acción penal y 5 años conmutables por incumplimiento de deberes, además de una multa de Q1.000 por omisión de denuncia (fue absuelto de omisión de auxilio). Todas las personas condenadas quedaron inhabilitadas para ejercer cargos públicos durante el tiempo de sus penas. El Estado de Guatemala fue absuelto18.

En la audiencia de reparación digna, celebrada el 23 de octubre, el tribunal ordenó a las 7 personas sentenciadas pagar un total de alrededor de Q500.000 a los familiares de las víctimas por daños económicos y morales. También dispuso que el director de la PNC ofreciera una disculpa pública a la población de San Andrés Itzapa y que la academia policial colocara una placa con los nombres de las víctimas y una explicación de lo ocurrido19.

El caso fue denunciado como crimen de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas. Durante el juicio, el tribunal concluyó que los agentes mintieron para evadir los controles institucionales y ocultar la tortura y las ejecuciones. Aunque en Guatemala estos crímenes no están tipificados como delitos específicos cuando se motivan por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, el proceso judicial permitió visibilizar esa dimensión y poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las leyes y los mecanismos de protección20. También subrayó la responsabilidad de las instituciones estatales cuando la violencia es cometida por sus propios agentes. Se trata, además, de una de las primeras condenas por ejecuciones extrajudiciales ocurridas tras el fin del Conflicto Armado Interno.