La Comisión Internacional de Juristas con profunda preocupación a la prensa nacional e internacional, a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. El Gobierno de la República por medio del Ministro de Gobernación Lic.
Carlos Menocal, está generalizando que los aproximadamente 300 campesinos de la Comunidad Nueva Esperanza del Departamento de Petén fueron desalojados “porque se considera que estaban aportando o colaborando con el narcotráfico” (Según publicación de Prensa Libre del 26 de agosto). En realidad, lo que el Ministro hace es justificar mediante una generalización ilegal, un “desalojo forzoso” que ha dejado a niños y niñas, mujeres y ancianos a la deriva, unos en las montañas, otros en la selva, totalmente vulnerables y en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.
2. Nos preocupa la actitud del Ministro Menocal, ya que nos recuerda la época
del conflicto armado interno, cuando el Ejército de Guatemala generalizó, de la
misma forma, que todos los campesinos colaboraban con la guerrilla, generalización que provocó la política de tierra arrasada que terminó con la ejecución extrajudicial y la matanza de muchos campesinos que eran población civil. En este caso, en forma injustificada el Ministro Menocal califica a todos los campesinos de ser “colaboradores del narcotráfico”, justificando así el desalojo violento.
3. De muchos es conocido que una de las razones principales para proceder a los desalojos es la implementación del “Mega Proyecto Cuatro Balam” que consiste en un proyecto turístico de grandes dimensiones y la construcción de cuatro Hidroeléctricas en las márgenes del río Usumacinta. Las comunidades ya lo han hecho público y denunciado en varias ocasiones en el Congreso de la República, en foros públicos, en la visita que realizamos en noviembre del año pasado a la zona conjuntamente con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), pero parece que nadie quiere escuchar su versión. La situación de las comunidades se agravó con el Estado de Sitio que ha venido imperando en el Departamento de Petén. El Gobierno de Guatemala está usando el mismo patrón que utilizó en el Departamento de Alta Verapaz: primero establece un estado de excepción y después implementa desalojos forzosos.
4. El Estado de Guatemala está llevando a cabo una política sistemática de “desalojos forzosos” en diferentes regiones del país, violando los enunciados y normas desarrollados en los “Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el Desarrollo” de las Naciones Unidas. La mayoría de desalojos han sido violentos; un ejemplo es el del Valle del Polochic, en el que varias personas de las comunidades han sido asesinadas. Es más, a pesar de existir medidas cautelares ordenadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Valle del Polochic, el gobierno se ha resistido a cumplirlas.
5. Con profunda preocupación, la Comisión Internacional de Juristas hace público que el día 23 de agosto del presente año, se llevó a cabo un desalojo forzoso más en el Departamento de Petén, en la comunidad Nueva Esperanza; en la realidad, dicha comunidad está compuesta por población civil y en todo caso, si el Ministro Menocal dice que colaboran con el narcotráfico, pedimos que presente las pruebas y que se siga un juicio justo y respetando el debido proceso en contra de quienes él considere están cometiendo un delito
y que no se criminalice a toda la población y se le desaloje en forma violenta.
6. Es importante hacer ver que hasta el momento no existe información sobre la situación real de las 300 personas. Según datos proporcionados por miembros de diferentes comunidades, varios niños y niñas, mujeres y ancianos tuvieron que caminar hacia la montaña o la selva, en condiciones deplorables, para buscar protección y vivienda.
Lamentablemente, algo muy parecido a lo que sucedió durante el conflicto armado interno.
7. La Comisión Internacional de Juristas trató de detener este desalojo, sobre todo porque nos percatamos que éste sería implementado sin llenar los requisitos de los “Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el Desarrollo” de las Naciones Unidas. Tuvimos comunicación con la Fiscal General por medio de su Secretario de Política Criminal; nos comunicamos con el Juez de Paz de la Libertad (quien ejecutó el desalojo), con el Fiscal De Sección de Medio Ambiente del Petén, con el Fiscal Distrital de Petén, con el Juez de Primera Instancia, con un Magistrado
de la Corte Suprema de Justicia y todos nos expresaron que no se tenía preparado un lugar, ni viviendas para las personas, tal y como lo exigen los principios básicos aludidos. Todos expresaron que ellos en su calidad de funcionarios públicos no podían hacer nada. Todos afirmaron que el desalojo fue pedido por el Ministerio Público y tenía que realizarse.
Lamentablemente, todas las autoridades nacionales mencionadas dicen no tener ninguna responsabilidad y acusan a otra autoridad de ser la responsable del mismo. Todos evaden impunemente su responsabilidad.
8. La Comisión Internacional de Juristas hace pública otra información que hemos recibido, en el sentido de que se está preparando otro desalojo forzoso destinado a desplazar internamente a la comunidad de “Centro Campesino”, otra vez sin cumplir con los principios y directrices de la ONU ya citados. Esta situación es muy grave, sobre todo si tomamos en cuenta que en los últimos meses el Estado ha decretado Estado de Sitio en dicho departamento, limitando los derechos de las personas, supuestamente para combatir el narcotráfico.
9. La realidad en el departamento de Petén es muy distinta. Las familias de supuestos narcotraficantes tienen registradas sus tierras en el Registro de la Propiedad a pesar de estar en una zona protegida; a la compañía petrolera PERENCO se le ha prorrogado el contrato de operaciones petroleras, a pesar de existir una serie de violaciones graves a garantías constitucionales como la irretroactividad y violación al debido proceso; y desde hace unos meses, el Presidente de la República ha remilitarizado fuertemente la zona. Sin embargo, a las comunidades se les está desalojando, sin ofrecerles alternativas para el
desarrollo, ni solucionarles el derecho a la vivienda. Simplemente se les deja al lado de cualquier camino sin techo, sin alimentos y sin ninguna protección.
10. La Comisión Internacional de Juristas se permite expresar que un Estado de Derecho debe proteger a todas las personas, no únicamente a determinados grupos que detentan el poder económico, político o militar. De lo contrario se trata de un Estado de Privilegios. Urge a las autoridades que resuelvan el problema de la tierra y vivienda de las personas desalojadas y que el sistema de justicia y sus instituciones cumplan con los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el Desarrollo” de las Naciones Unidas.
11. La CIJ proporciona esta información, para que la prensa nacional e internacional y la comunidad nacional e internacional, puedan hacer una evaluación objetiva de los hechos y no limitarse a la versión oficial. Consideramos que la problemática agraria es uno de los problemas principales de Guatemala, que no solo dio inicio al conflicto armado interno en la década de 1960, sino que hoy es causa de un conflicto social permanente.
Lamentablemente los diferentes gobiernos de turno y el actual gobierno han optado por solucionarlo mediante “desalojos forzosos” y violentos.
12. La CIJ solicita respetuosamente a la Fiscal General, al Fiscal de Sección de Medio Ambiente, al Fiscal Distrital y al Fiscal de Sección de Medio Ambiente con sede en el Departamento de Petén, a la Corte Suprema de Justicia, a los jueces de Paz y de Primera Instancia de La Libertad, Petén y al Ministro de Gobernación que no continúen con la política de desalojos forzosos y que si llegan a realizar alguno, cumplan con lo establecido en los “Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el Desarrollo” de las Naciones Unidas.
13. La CIJ solicita respetuosamente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que cumpla con su mandato de observación, tal y como se establece en el convenio firmado con el Estado de Guatemala, esclareciendo la verdad de lo sucedido en este desalojo mediante una visita al lugar y que traslade la presente denuncia al Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, con el objeto de que realice una visita urgente al país, que le permita observar en el lugar, las violaciones que se están dando al derecho a la vivienda y al derecho a la
vida de los miembros de diferentes comunidades desaslojadas.
Guatemala, 26 de agosto de 2011
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