El 27 de septiembre de 1981, Emma Guadalupe Molina Theissen fue detenida por el ejército guatemalteco y sometida a malos tratos, tortura y violaciones sexuales, en la Brigada Militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango. El 6 de octubre logró escapar de ese lugar. Horas más tarde un grupo de militares llegó a la casa de su familia, ubicada en Ciudad de Guatemala, y capturó a Marco Antonio, su hermano menor que en aquel entonces tenía 14 años. La desaparición forzada del joven se considera una venganza perpetrada por los militares en contra de la familia. El papá, la mamá y las hermanas de Marco Antonio le buscaron por varias instituciones estatales pero fue en vano, nadie les dio razón.
A pesar de los recursos interpuestos para ubicarlo, las autoridades no realizaron las diligencias para atender sus demandas. En 2004, la CorteIDH emitió una sentencia en la que ordenó al Estado guatemalteco investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio.
En el sistema judicial guatemalteco, el proceso comenzó en 2016 con la captura de los militares acusados. Antes de que el tribunal emitiera su sentencia el 22 de mayo de 2018, Emma Molina Theissen manifestó en su intervención final: “quiero decirle a los señores acusados, que les devuelvo la vergüenza, que les devuelvo el terror, no puedo deshacerme del dolor y jamás podré deshacerme del asco, los dejo con su odio porque se necesita mucho odio para hacer lo que nos hicieron, merecemos justicia, merezco justicia y quiero que los acusados se queden con todo lo demás…”.
Cuatro de los cinco militares de alto rango acusados fueron declarados culpables por los delitos de deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violación agravada, y condenados a penas entre 33 y 58 años: Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Callejas y Callejas, director de inteligencia militar; Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar de Quetzaltenango; y Hugo Zaldaña Rojas, oficial de Inteligencia de esta zona militar.
Hoy, la sentencia todavía no está en firme y gracias a la complicidad de las resoluciones de una Sala de Apelación, tres de los cuatro condenados se encuentran en arresto domiciliario, a pesar de la ilegalidad de esta resolución, que contraviene normativa nacional e internacional.
El 24 de julio de 2025 falleció Manuel Callejas y Callejas sin que se haya podido determinar el paradero de Marco Antonio, detenido y desaparecido hace 44 años.