Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul, autoridades indígenas de la comunidad Choctun Basilá, en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, son integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), encarcelados desde 2018 en el Centro de Detención Preventiva de Hombres y Mujeres de Cobán. En octubre de 2019 fueron sentenciados a 35 años de prisión inconmutables por los delitos de homicidio consumado y de homicidio en grado de tentativa por hechos que se dieron el 13 de julio de 2017. Ese día Leonardo Coc Ical fue asesinado y Edgar Gabriel Polom resultó herido, ambos eran integrantes de la cooperativa Chilté, vecina a Choctún Basilá.
Los hechos se dieron en el contexto de un viejo conflicto entre la comunidad de Choctún Basilá y la cooperativa Chilté por un terreno de finca denominada 1.684. Aunque Choctún Basilá tiene los documentos de propiedad, la cooperativa ha acaparado grandes extensiones de esta finca con el fin de proceder a su venta a grandes terratenientes para la plantación de monocultivos. Integrantes de la comunidad Choctún Basilá han denunciado las siguientes prácticas en su contra, perpetradas por integrantes de la cooperativa Chilté: dañar cosechas, tala ilegal de árboles, disparos y destrucción de otros bienes naturales. A raíz del conflicto se llevaron a cabo una serie de mesas de negociación en 2016 y 2017 y después de las mismas se dio una ola de difamaciones y criminalizaciones en contra de varios líderes de la comunidad Choctún Basilá.
El juicio contra Jorge y Marcelino estuvo marcado por serias violaciones al debido proceso. Medio año después de los hechos acontecidos el 13 de julio de 2017 fueron emitidas 16 órdenes de captura contra habitantes de Choctun Basilá. Desde el inicio no hubo individualización de los hechos y, de las varias acusaciones, finalmente solo Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul fueron sentenciados por los hechos, a pesar de que los dos defensores presentaron testigos que manifestaron que en el momento de los hechos no estaban en la comunidad.
Jorge Coc, que vivía en Las Pacayas, a unos 40 minutos de Choctun Basilá, donde trabaja su tierra, fue detenido el 16 de enero de 2018. Declaró que el día de los hechos estuvo en su casa en Las Pacayas cuidando a su padre enfermo. Marcelino Xol fue detenido el 12 de marzo de 2018 por personas particulares que le golpearon antes de llevarle a una estación policial. Asegura que el 13 de julio de 2017 estuvo dando clases en la escuela de una comunidad de Chisec, a varias horas del lugar de los hechos. Actas de actividades de la escuela, de la que es director, y registros en libros de ingreso, hacen constar que Marcelino estuvo en la escuela ese día. Además de sus testimonios, testigos de la acusación también declararon no conocer a ninguno de los dos acusados y que nunca los vieron en el lugar de los hechos. Además de la inconsistencia de los testigos y las pruebas de su inocencia, el proceso está marcado por múltiples violaciones al debido proceso: tanto Jorge como Marcelino están condenados por el homicidio de una persona con una única herida de bala, lo que ya es una imposibilidad de hecho; nunca se hizo un examen balístico; la sentencia no individualiza los hechos y carece de fundamentación probatoria; hay un exceso en el uso de la prisión preventiva, ya que están desde 2018 en la cárcel sin empezar a cumplir la pena, pues la sentencia todavía no está firme.
El Bufete de Pueblos Indígenas presentó un recurso extraordinario de casación ante la la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La vista pública, prevista ya en diciembre de 2021 se dio finalmente el 12 de julio de 2022. Los abogados defensores expusieron los motivos y alegaciones que justifican la interposición del citado recurso. Según el ordenamiento jurídico guatemalteco, cuentan con un plazo de 15 días para emitir una resolución. Sin embargo, los abogados aseguraron que este proceso se dilataría.
En noviembre del 2022 la Corte resolvió improcedente la casación y la sentencia de prisión sigue siendo de 33 años. La Corte argumenta que, pese a que hay algunas contradicciones en el caso, hay puntos válidos y por eso deben seguir en prisión.
El 17 de noviembre del año 2022, el Bufete de Pueblos Indígenas presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de la resolución de la Cámara Penal de la CSJ que denegó el recurso extraordinario de casación. La CC admitió la acción constitucional de amparo, ordenando a la Cámara Penal de la CSJ remitir los antecedentes o informe circunstanciado relacionado a los hechos. Finalmente, esta acción inconstitucional de amparo fue denegada en 2023. El caso está ahora en espera de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Bufete de Pueblos Indígenas ya presentó una denuncia en noviembre de 2022 buscando que se repita el caso.
Por otra parte, Jorge y Marcelino han recibido la notificación de su inminente traslado al Centro Penitenciario de Chiquimula, que se encuentra lejos de donde viven sus familias, por lo que se les complicaría mucho el poder ir a visitarles.
En nuestro programa de ACÉRCATE de junio de 2021 conversamos con Wendy Geraldina López Rosales, directora del Bufete para Pueblos Indígenas, sobre la criminalización de Marcelino Xol Cucul y Jorge Coc Coc, defensores de la tierra e integrantes del CCDA Las Verapaces.
Marcelino Xol Cucul y Jorge Coc Coc se pronuncian acerca de la criminalización en su contra:
