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Lugar
Área Ixil e Ixcán (Quiché), Huehuetenengo, Chimaltenango y Rabinal (Baja Verapaz), donde se ubican comunidades que sufrieron la política de la tierra arrasada que llevó a cabo el Estado guatemalteco durante el Conflicto Armado Interno.
Área de trabajo y derechos defendidos
La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) es una coalición de sobrevivientes de 22 comunidades de cinco regiones del país que sufrieron la política de tierra arrasada entre 1978 y 1985. Desde su constitución, antes de que se interpusieran las denuncias en al año 2000, están buscando justicia por las múltiples violaciones de Derechos Humanos (DDHH) que sufrieron: masacres, asesinatos, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, destrucción de su sustento y forma de vida, etc. En el año 2000 se constituyeron como querellantes adhesivos en las denuncias por genocidio interpuestas contra los gobiernos militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt.
En 2013 se llevó a cabo el primer juicio por el Genocidio contra el Pueblo Ixil durante el gobierno del general E. Rios Montt, el cual concluyó con una sentencia condenatoria contra el expresidente de facto por los delitos de Genocidio y Delitos contra los Deberes de Humanidad. A solo 10 días de haberse emitido, esta sentencia fue suspendida por una resolución que ha sido calificado por expertos como ilegal, por lo que se demandó una repetición del debate. Esta repetición inició en enero de 2015 y en septiembre de 2018 de nuevo se concluyó que sí hubo Genocidio. Sin embargo para entonces el acusado, E. Ríos Montt, llevaba muerto 5 meses, y el segundo acusado, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de inteligencia militar, de nuevo fue liberado de las acusaciones.
Ambas sentencias son históricas pues, por primera vez a nivel mundial, un jefe de estado es juzgado y condenado por Genocidio en su propio país.
Conozca el memorial virtual Floreceremos MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO DE GUATEMALA
Descripción de la problemática
Para enero de 2024 la AJR, representada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), ha estado esperando la apertura del debate oral y público de un segundo juicio por el Genocidio contra el Pueblo Ixil, esta vez de la época del gobierno de R. Lucas García. El acusado es el general retirado y hermano del entonces presidente, Manuel Benedicto Lucas García, ex-jefe del Estado Mayor Presidencial entre el 16 de agosto de 1981 y el 23 de marzo de 1982. Será juzgado por los delitos de Genocidio y delitos contra Deberes de Humanidad, Desaparición Forzada y Violencia Sexual.
En el transcurso de las casi 100 audiencias llevadas a cabo de abril a noviembre de 2024, el Ministerio Público (MP) y la querellante AJR, representada por abogadas y abogados del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), presentaron 71 testimonios (incluidos los de 11 mujeres sobrevivientes de violencia sexual), 42 peritajes forenses, 13 peritajes en otras disciplinas, documentos militares y civiles de la época y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), así como resoluciones de tribunales internacionales sobre crímenes de lesa humanidad. En sus intervenciones y durante la fase de conclusiones, la Fiscalía de Derechos Humanos del MP y la querellante adhesiva expusieron los hechos ocurridos entre agosto de 1981 y marzo de 1982 y demostraron la comisión de los delitos solicitando una condena de “30 años por el delito de genocidio, 30 años por el delito de deberes contra la humanidad y 40 años por cada desaparición forzada, 70 casos probados, dando un total de 2860”.
Sin embargo, en la fase de conclusiones la defensa de Lucas García recusó al Tribunal de Mayor Riesgo “A” por supuesta parcialidad. Una sala de apelación aceptó la recusación y resolvió cancelar todo lo actuado en el debate y ordenó la repetición del mismo. La CC confirmó esta resolución. Un nuevo tribunal tendrá que constituirse.
En septiembre de 2025 iba a iniciar otro juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra Luis Enrique Mendoza García, director de la Sección de Operaciones S-3 del Estado Mayor General del Ejército durante el gobierno de facto de Ríos Montt (1982-1983). Él no fue juzgado en el primer proceso de 2013 por encontrarse prófugo. Fue capturado en 2019 y procesado. La audiencia de inicio de debate oral y público fue suspendida en dos ocasiones y finalmente se reprogramó para el 27 de abril de 2026.
Las audiencias son transmitidas por el medio Verdad y Justicia.
PBI comenzó a acompañar a la Junta Directiva de la AJR en abril de 2024 con en inicio de los debates en el caso Genocidio Ixil contra Lucas García.
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