Lugar
Área Ixil e Ixcán (Quiché), Huehuetenengo, Chimaltenango y Rabinal (Baja Verapaz), donde se ubican comunidades que sufrieron la política de la tierra arrasada que llevó a cabo el Estado guatemalteco durante el Conflicto Armado Interno.
Área de trabajo y derechos defendidos
La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) es una coalición de sobrevivientes de 22 comunidades de cinco regiones del país que sufrieron la política de tierra arrasada entre 1978 y 1985. Desde su constitución, antes de que se interpusieran las denuncias en al año 2000, están buscando justicia por las múltiples violaciones de Derechos Humanos (DDHH) que sufrieron: masacres, asesinatos, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, destrucción de su sustento y forma de vida, etc. En el año 2000 se constituyeron como querellantes adhesivos en las denuncias por genocidio interpuestas contra los gobiernos militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt.
En 2013 se llevó a cabo el primer juicio por el Genocidio contra el Pueblo Ixil durante el gobierno del general E. Rios Montt, el cual concluyó con una sentencia condenatoria contra el expresidente de facto por los delitos de Genocidio y Delitos contra los Deberes de Humanidad. A solo 10 días de haberse emitido, esta sentencia fue suspendida por una resolución que ha sido calificado por expertos como ilegal, por lo que se demandó una repetición del debate. Esta repetición inició en enero de 2015 y en septiembre de 2018 de nuevo se concluyó que sí hubo Genocidio. Sin embargo para entonces el acusado, E. Ríos Montt, llevaba muerto 5 meses, y el segundo acusado, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de inteligencia militar, de nuevo fue liberado de las acusaciones.
Ambas sentencias son históricas pues, por primera vez a nivel mundial, un jefe de estado es juzgado y condenado por Genocidio en su propio país.
Descripción del caso
Desde enero de 2024 la AJR, representada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), ha estado esperando la apertura del debate oral y público de un segundo juicio por el Genocidio contra el Pueblo Ixil, esta vez de la época del gobierno de R. Lucas García. El acusado es el general retirado y hermano del entonces presidente, Manuel Benedicto Lucas García, ex-jefe del Estado Mayor Presidencial entre el 16 de agosto de 1981 y el 23 de marzo de 1982. Será juzgado por los delitos de Genocidio y delitos contra Deberes de Humanidad, Desaparición Forzada y Violencia Sexual.
Según el comunicado de la AJR y la ODHAG del 21 de marzo, Lucas García “desde su puesto como Mando Operativo del Ejército de Guatemala, identificó a los pueblos mayas del país como enemigos del Estado. Ordenó la implementación de Operaciones Militares de Barrida en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, causando la muerte de un mínimo de 1771 personas, 1172 reportadas con nombres y apellidos, entre estas, niñas, niños, ancianos y ancianas, hombres, mujeres, inclusive mujeres embarazadas, en más de 32 masacres selectivas y generalizadas, destrucción de más de 23 aldeas enteras incluyendo quema de casas, cosechas, siembras, herramientas de trabajo, persecución, desplazamiento forzado y bombardeos, así como sometimiento de la población a condiciones de hambre y enfermedades que causaron la muerte de cientos de personas más, además de graves hechos de violencia sexual contra mujeres y niñas y desaparición forzada de líderes locales”.
A finales de marzo iniciaron las audiencias que se celebran casi diariamente y son transmitidas por la Asociación Verdad y Justicia y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. PBI comenzó a acompañar a la Junta Directiva de la AJR en abril de 2024 y lo seguirá haciendo mientras dure este proceso judicial.