PBI define tres grandes enfoques temáticos para acompañar a las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y los procesos sociales que desarrollan: (i) la lucha contra la Impunidad; (ii) la problematica del acceso a la tierra y (iii) la defensa del territorio.
En la ultima evaluación externa del Proyecto de PBI en Guatemala (2022), se concluyó que existía un amplio consenso, entre las personas entrevistadas, con respecto a la vigencia de los enfoques temáticos: resumen los tres niveles de la violencia estructural del país que marcan la inequidad, violación a derechos y violencia política que caracteriza la actual coyuntura y que, a corto y mediano plazo, continuarán dibujando las líneas de conflictividad/resistencias en el país y su consecuente marco de afectación a los derechos humanos.
Lucha contra la impunidad
En el marco de este enfoque temático, PBI prioriza el acompañamiento a los siguientes procesos sociales: recuperación de la memoria histórica, búsqueda de justicia, reparación y dignificación de las víctimas del conflicto armado interno y lucha contra todas las formas de represión actuales que sufren los y las defensoras de derechos humanos.
A pesar de los grandes logros que en los últimos años se han cosechado, en lo que ha justicia transicional se refiere (Genocidio Ixil, Masacre de la Embajada de España, Sepur Zarco, Molina Theissen, Mujeres Achí entre otros), falta todavía mucho camino por recorrer para que la justicia, dignificación y reparación de las víctimas sera una realidad, así como para garantizar la no-repetición de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno (1960–1996). En este contexto acompañamos al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), a la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y al Caso Luz Leticia. Actualmente acompañamos a la Asociación por la Justicia y la Reconciliación en su participación en el proceso judicial Genocidio Ixil.
Acceso a la tierra y defensa de derechos laborales
El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (1996) señala que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre la base de un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población, con el fin de superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y marginación social. Los Acuerdos de Paz desarrollan un conjunto de lineamientos para abordar la situación agraria y el desarrollo rural. Se habla de un objetivo de transformar la estructura de la tenencia y el uso de la tierra.
En el año 2017, más de 20 años después de la firma de la paz, el problema estructural, la injusta distribución de la tierra, que genera los altos índices de pobreza, desnutrición, exclusión, es incluso más pronunciada que al terminar la guerra. El PNUD afirma en 2017 que las inequidades, la debilidad de las instituciones estatales y la concentración de la tierra continúa imposibilitando mejores medios de vida.
Los desalojos forzosos han continuado siendo una preocupación central de organizaciones y comunidades rurales en diversas regiones del país, aun cuando las familias y comunidades están en proceso de negociación y diálogo con la institucionalidad agraria del Gobierno (Fondo de Tierras y Secretaría de Asuntos Agrarios) para regular su derecho al acceso a la tierra.
En este eje acompañamos a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinos (UVOC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) de las Verapaces, que asesora a comunidades que exigen su derecho a la tierra en una región donde prevalece el latifundismo.
Defensa del territorio
Numerosas comunidades indígenas y campesinas, comprometidas con la defensa del territorio y los bienes naturales, están denunciando la intervención de compañías privadas en diversas áreas geográficas mediante la imposición de proyectos extractivos (mineros, hidroeléctricos, petroleros, monocultivos, etc.), que no han sido consultados o que, habiéndolo sido, no cuentan con el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas afectados. En el marco de los procesos de resistencia social y comunitaria que ante ello se articulan en el país, han sido denunciadas numerosas violaciones de derechos humanos, así como ataques en contra de quienes los defienden. Las características del contexto reflejan la necesidad de mantener la atención internacional sobre la situación de los DDHH en Guatemala y de las personas que los defienden, preocupando especialmente la situación de actores sociales que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales, y que luchan por los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Este enfoque es en el que se engloban la mayoría de organizaciones, colectivos y comunidades acompañadas:
a la Comunidad Indígena de San Francisco Quezaltepeque en el departamento de Chiquimula,
el Consejo de Comunidades de Retalhuleu en este departamento,
el Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa en el departamento de Chiquimula,
la Multisectorial Chinautla en el departamento de Guatemala,
la TZ'KAT Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Ixmulew que trabaja en todo el país.