La Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) es una coalición de sobrevivientes de 22 comunidades de cinco regiones del país – Área Ixil e Ixcán (Quiché), Huehuetenengo, Chimaltenango y Rabinal (Baja Verapaz) – que sufrieron la política de tierra arrasada entre 1978 y 1985. Se constituyeron en abril del año 2000 para denunciar por genocidio a los gobiernos militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, y así buscar justicia por las múltiples violaciones de Derechos Humanos (DDHH) que sufrieron: masacres, asesinatos, torturas, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, destrucción de su sustento y forma de vida, etc.
El 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo emitió una sentencia en el primer juicio por genocidio del pueblo Ixil que se llevó a cabo en el país y donde la AJR fungió como querellante adhesiva. Dicha sentencia marcó un hito en la historia de Guatemala y del mundo:1 el expresidente de facto José Efraín Ríos Montt (1982-1983) fue condenado como responsable del genocidio contra el pueblo Ixil cometido por las Fuerzas Armadas durante su mandato2.
El segundo caso por genocidio
En octubre de 2019 inició un nuevo proceso penal, en esta ocasión contra cuatro miembros de la cúpula militar del gobierno de facto de Romeo Lucas García (1978-1982): Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, César Octavio Noguera Argueta y Luis René Mendoza Palomo.
Los cuatro fueron acusados de genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y desapariciones forzadas en contra del Pueblo Maya Ixil. En el debate, que finalmente inició en abril de este año, solo quedó judicializado Benedicto Lucas García, porque Callejas fue declarado mentalmente incompetente y debe enfrentar un juicio especial, mientras los dos últimos fallecieron3. A inicios del año 2024, la Junta Directiva de la AJR pidió a PBI acompañamiento mientras durase el debate oral y público.
En el transcurso de las casi 100 audiencias llevadas a cabo en 20244, el Ministerio Público (MP) y la querellante AJR, representada por abogadas y abogados del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), presentaron 71 testimonios (incluidos los de 11 mujeres sobrevivientes de violencia sexual), 42 peritajes forenses, 13 peritajes en otras disciplinas, documentos militares y civiles de la época y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), así como resoluciones de tribunales internacionales sobre crímenes de lesa humanidad. En sus intervenciones y durante la fase de conclusiones, la Fiscalía de Derechos Humanos del MP y la querellante adhesiva expusieron los hechos ocurridos entre agosto de 1981 y marzo de 1982 y demostraron la comisión de los delitos solicitando una condena de “30 años por el delito de genocidio, 30 años por el delito de deberes contra la humanidad y 40 años por cada desaparición forzada, 70 casos probados, dando un total de 2860”.
“El miedo a la sentencia condenatoria los hizo pedir los favores de actores corruptos y de impunidad”6
Sin embargo, el 14 de noviembre, al final de las conclusiones de la defensa del acusado a cargo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que se alargó tres días, ésta informó al juez que les habían notificado un amparo otorgado a Lucas García, en el cual se recusaba a los jueces. Finalmente, el 26 de noviembre la Sala Primera de Apelaciones realizó la audiencia para escuchar a las partes y resolver el amparo. La presidenta Miriam Regina Brolo, y los vocales Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Quezada Morales, concluyeron “que el Tribunal denotaba parcialidad y sesgo a favor del MP y los querellantes” y que por ello otro tribunal deberá ser asignado para escuchar el debate.
Según la abogada querellante Jovita Tzul, la defensa del militar no ofreció una prueba que confirme la parcialidad de los y la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo. Por su parte, Nery Rodenas, director de la ODHAG, que acompaña legalmente a la AJR, manifestó que lo resuelto por los magistrados es una “bofetada” del sistema de justicia a las víctimas que “han tenido que esperar más de 40 años para obtener una sentencia”.
El 10 de diciembre, la defensa de la querellante AJR presentó un amparo contra esta resolución.
1 Por primera vez, a nivel mundial, un jefe de Estado es juzgado y condenado por genocidio en su propio país.
2 A solo 10 días de haberse emitido la sentencia, una resolución de la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la fase del debate. Esta repetición inició en enero de 2015 y terminó en septiembre de 2018 concluyendo nuevamente que sí hubo genocidio. Para entonces el acusado Ríos Montt llevaba muerto 5 meses, y el segundo acusado, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de inteligencia militar, de nuevo fue absuelto.
3 Impunity Watch, Caso de genocidio contra el Pueblo Ixil durante la dictadura militar de Lucas García, Guatemala, 12.03.2020; Impunity Watch, El juicio contra Benedicto Lucas por el Genocidio del Pueblo Maya Ixil, Guatemala, noviembre 2024.
4 Todas las audiencias se pueden escuchar en la página Facebook de la Asociación Verdad y Justicia.