(publicado en las Noticias de nuestro trabajo en el Boletín 48)
Desde hace años venimos alertando de la criminalización y las acusaciones judiciales que sufren las y los defensores de Derechos Humanos (DDHH) que acompañamos. Se les acusa de diversos delitos para intentar persuadirles de abandonar su labor de defender derechos. Los procesos de criminalización y judicialización en su contra suelen abarcar las siguientes acciones y etapas: campaña de difamación por parte de autoridades y en medios de comunicación, difundiendo rumores que ponen en duda su legitimidad y honradez personal y profesional; acusación legal; orden de captura; detención y persecución penal para paralizar o inhibir su labor en procesos sociales de defensa de derechos reconocidos nacional e internacionalmente.
Un estudio de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para lo Derechos Humanos (OACNUDH) señala algunos de los patrones que presentan los casos de criminalización contra personas defensoras: identificación de lideres y lideresas a quienes criminalizar (por ejemplo, en mesas de diálogo en las que participan), con la finalidad de debilitar los movimientos de defensa de DDHH; involucramiento de actores no estatales, empresarios o trabajadores de las empresas, que son quienes presentan las denuncias; problemas en el acceso a la justicia independiente e imparcial, derivados de los potenciales intereses y conexiones entre los actores locales poderosos y el sistema de justicia; detención de las personas defensoras con uso desproporcionado de la fuerza; falta de presentación de orden de aprehensión y, en algunos casos, capturas realizadas por policías vestidos de civil o por agentes de seguridad privada. Cuando se aplican medidas sustitutivas, se imponen cauciones económicas elevadas, que la mayoría de las personas no pueden pagar. En varios casos, se ha impuesto como condición para la libertad condicional, la prohibición de participar en actividades vinculadas a la defensa de los DDHH.
La criminalización y otras agresiones a defensores y defensoras de DDHH impactan a varios niveles: individual, familiar, organizacional y comunitario1. Estos hechos ponen en riesgo, y reducen, los espacios democráticos en los cuales las personas defensoras actúan. Trasmiten el mensaje de que defender derechos implica un alto nivel de riesgo, generando temor y debilitando a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los DDHH.
Todas las organizaciones y colectivos que PBI acompaña actualmente enfrentan criminalización y procesos legales. Dos de las peticiones que nos llegaron en los últimos años, provenientes de organizaciones que acompañamos actualmente, fueron motivadas porque varias de las personas que las integran tenían (y aun tienen) que enfrentar procesos de criminalización/judicialización: la Multisectorial Chinautla y el Consejo de Comunidades de Retalhuleu (CCR). Este también fue el caso de la Asociación de Vecinos Contra la Corrupción en Patzicía (AVCCP), que acompañamos durante año y medio, y cuyo acompañamiento pudimos finalizar pues cesó el proceso de criminalización hacía su líder Carlos Sajmoló. Sin embargo, este caso es la excepción, pues en el resto de organizaciones acompañadas los casos de criminalización que existían siguen vigentes, e incluso han aparecido otros nuevos.
1 Para más información sobre la criminalización y sus impactos a nivel personal, familiar y comunitario recomendamos la lectura de nuestro Boletín 39 (Agosto 2018), dedicado íntegramente a esta temática.
