En publicaciones recientes, PBI ha llamado la atención sobre un aumento de los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, en particular quienes participan en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y los derechos colectivos de los pueblos indígenas en áreas donde se proyectan o ejecutan grandes proyectos e inversiones [1]. En seguimiento a ello, destacamos en esta ocasión la creciente preocupación ante acusaciones legales y procedimientos de detención que afectan a miembros de organizaciones, movimientos sociales, comunidades rurales y pueblos indígenas, que reivindican en tales contextos el cumplimiento de derechos humanos en diversas regiones del país. En este marco, queremos especialmente expresar nuestra profunda preocupación sobre hechos ocurridos en las últimas semanas en San Juan Sacatepéquez.
Antecedentes: Desde el 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. impulsa el Proyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica de cemento en terrenos ubicados en varias comunidades del municipio, en concreto en la finca San Gabriel Buena Vista y las aldeas San José Ocaña y San Antonio Las Trojes I y II. Desde entonces, comunidades afectadas por el proyecto han manifestado su oposición, demandando información, respeto a la opinión de las comunidades maya kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, y el cumplimiento de diversos derechos reconocidos en el país y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos [2].
El 6 de julio han sido detenidas 3 personas, miembros de las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez –Mariano Camey Car, Lorenzo Car Hernández y Margarito Camey Zet [3]–. Su detención tuvo lugar un día después de una multitudinaria marcha en la que comunidades del municipio –respaldadas por comunidades de otras regiones del país y por organizaciones sociales guatemaltecas– manifestaron nuevamente de manera pacífica su desacuerdo con la construcción de la planta cementera, y protestaron frente a las actividades realizadas en el municipio por Cementos Progreso el mismo día, 5 de julio, como parte de la inauguración de las obras de construcción [4]. En esta y otras actividades previas de movilización social, las comunidades sanjuaneras expresaron también ante las autoridades gubernamentales su oposición a la construcción del primer tramo de la carretera del Anillo Regional, al no haberles sido consultado [5].
Las personas detenidas, quienes ejercen o han ejercido cargos de autoridad y delegación comunitaria, son acusadas por hechos ocurridos en 2011 [6]. El 7 de julio, tras su primera audiencia judicial, tres de los cuatro delitos que se les atribuyeron (amenazas, coacción y asociación ilícita) han sido excluidos por el juez por falta de mérito; sin embargo, ordenó la apertura de auto de procesamiento contra las tres personas detenidas por perturbación de la posesión, otorgando un plazo de tres meses al Ministerio Público para realizar las investigaciones pertinentes [7].
Junto a ello, las comunidades han recibido constancia de la emisión de órdenes de captura dirigidas contra otras tres personas que también lideran la resistencia comunitaria en el municipio frente a la construcción de la cementera y, en general, frente a planes de inversión que consideran que afectan a los recursos naturales, al territorio y a la población que vive en San Juan Sacatepéquez, y que no han sido debidamente informados y consultados.
Las detenciones, órdenes de captura y acusaciones mencionadas tienen lugar en un marco de preocupaciones sobre acusaciones legales y procedimientos de detención que afectan a miembros de organizaciones, movimientos sociales y comunidades que están reivindicando el cumplimiento de derechos humanos, en contextos locales similares en diversas regiones del país. En particular, nos preocupa que las acusaciones se enmarquen habitualmente en actividades de movilización, protesta o resistencia social pacífica frente a inversiones proyectadas o en ejecución. Asimismo, las órdenes de captura y detenciones en base a hechos ocurridos hace varios años y reactivadas en momentos convenientes para la implementación de megaproyectos e inversiones como las mencionadas, conllevan en la práctica la limitación del espacio social y político para el ejercicio y defensa de derechos humanos, incluyendo el derecho a protestar o resistir pacíficamente frente a su vulneración.
PBI mantiene presencia internacional y da seguimiento al contexto y la situación de los derechos humanos en este municipio desde 2008. En diciembre de 2009, PBI comenzó a acompañar a las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, movimiento que aglutina a vecinos y vecinas de las comunidades del municipio que participan activamente en la defensa y promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de DESC. Entre 2008 y 2012, PBI ha publicado cuatro Alertas y un estudio de caso para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en el municipio, y sobre amenazas y situaciones de riesgo enfrentadas por quienes los defienden y promueven [8].
En base a las preocupaciones destacadas, PBI solicita la atención de la comunidad internacional y la implementación de las acciones a su alcance para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en San Juan Sacatepéquez. En particular, solicitamos que en su diálogo con las autoridades e instituciones públicas guatemaltecas, actores de la comunidad internacional:
• insten al respeto y cumplimiento de derechos humanos de las comunidades y sus miembros,
• velen por el cumplimiento y las garantías del derecho al debido proceso legal de las personas acusadas y/o detenidas,
• respalden la vigencia del derecho a defender los derechos humanos, y el ejercicio de otros estrechamente vinculados, como el derecho a la organización y manifestación social, y
• promuevan la actuación de las autoridades e instituciones públicas competentes para garantizar la adecuada administración de justicia, en particular en contextos en los que –como en San Juan Sacatepéquez– las comunidades, organizaciones sociales y sus miembros han denunciado amenazas y agresiones, entre ellas la criminalización de la protesta social.
Notas de pie:
[1] En enero y mayo informamos de la acentuación de graves ataques contra quienes reivindican tales derechos en contextos de inversiones económicas privadas o público-privadas, megaproyectos o proyectos de desarrollo planificados o en ejecución en territorios donde no cuentan con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas. Visite, para mayor información, la sección de “últimas noticias” en esta pagina web.
[2] PBI, “Inversiones económicas y derechos humanos: aprendizajes de un conflicto. El caso de las comunidades maya Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez”, estudio de caso, Guatemala, noviembre de 2012.
[3] Las doce comunidades organizadas y en resistencia de San Juan Sacatepéquez, comunicado, San Juan Sacatepéquez, Guatemala, 06.07.2013.
[4] La inauguración oficial de las actividades de construcción de la planta cementera en la finca San Gabriel tuvo lugar, el 19 de julio, con la presencia de varias autoridades públicas. Frente a ello, las doce comunidades de San Juan Sacatepéquez realizaron otra concentración que contó con una participación masiva, y el 22 de julio emitieron un comunicado reivindicando nuevamente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Encuentra el comunicado en: Chiquín, C., “Las Flores en Resistencia de San Juan Sacatepéquez”, Prensa Comunitaria, Guatemala, 22.07.2013
[5] El 22 de mayo, autoridades públicas inauguraron la construcción del primer tramo de la carretera prevista en el proyecto gubernamental de infraestructura denominado Anillo Regional, que prevé atravesar varios municipios desde Santo Domingo Xenacoj (Sacatepéquez) hasta Pachalúm (Quiché). Además de no haberles sido consultado, las comunidades de San Juan Sacatepéquez han criticado públicamente el proyecto al considerar que atiende a intereses privados. Rivera, N., “Anillo regional aumenta la conflictividad en San Juan Sacatepéquez”, Prensa Comunitaria, Guatemala, 25.05.2013.
[6] En octubre de 2011 una amplia concentración comunitaria mantuvo actividades de protesta social durante varios días frente al acceso a una finca de Santa Fe Ocaña, cuestionando su aprovechamiento forestal y demandando la suspensión de la licencia otorgada para tala de árboles y la realización de un estudio medioambiental incluyente de los puntos de vista de las comunidades. El propietario de la finca denunció a seis personas, acusándolas de invadir su propiedad y de agredir a trabajadores de la misma.
[7] En el Código Penal guatemalteco, el delito de perturbación de la posesión está tipificado en al artículo 259: “Quien, sin estar comprendido en los tres artículos anteriores perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble, será sancionado con prisión de uno a tres años”. Los artículos anteriores se refieren a los delitos de usurpación y usurpación agravada.
[8] Encuentra la documentación publicada en el sitio web del proyecto de PBI Guatemala.