La intención de esta Alerta es llamar la atención y compartir nuestra preocupación por el ambiente de amenazas y violencia en Monte Olivo, Cobán (Alta Verapaz), en el contexto de un proyecto de construcción de una hidroeléctrica, prevista sobre el río Icbolay (afluente del Chixoy) poco después del punto de unión de los ríos Dolores y Canguinic.

Tras su licitación en 2008, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió en 2010 la licencia a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA RITA S.A. [1] para su construcción en Monte Olivo, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades maya q’eqchies del lugar. Desde entonces, 22 comunidades han manifestado y expresado en múltiples espacios, y ante autoridades públicas, su resistencia frente al proyecto hidroeléctrico y sus reivindicaciones en torno al cumplimiento de derechos.

Después de diversas acciones de protesta por parte de las comunidades en febrero del 2012, la empresa retiró la maquinaria que días antes había ingresado para operar en el área. En abril del mismo año, el rechazo comunitario motivó también la retirada del destacamento militar que había sido instalado en la comunidad en marzo.

Agresiones y violencia hacia las comunidades y su población han caracterizado este contexto en 2013, evidenciándose un grave deterioro en cuanto al respeto y cumplimiento de derechos humanos. Acontecimientos significativos que han tenido lugar en Monte Olivo en este período, ilustran las preocupaciones concretas:

• Casi un año después de la protesta comunitaria que conllevó la retirada de maquinaria del área (febrero de 2012), la denuncia de la empresa contra cinco líderes comunitarios fue ratificada en enero de 2013, dando lugar a la emisión de órdenes de detención en su contra, acusados en ese contexto de plagio, secuestro, detención ilegal y robo agravado. Dos meses después, en marzo, de nuevo ingresaba maquinaria en el terreno de la hidroeléctrica.
• Un líder comunitario de Monte Olivo denunció haber sufrido un intento de secuestro, a principios de agosto
• El 23 de agosto, mientras este participaba en Cobán en una reunón con Dinah Shelton, Relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la comunidad se produjo una agresión con arma de fuego contra dos niños, que fallecieron días después en el hospital. Según la población comunitaria, el agresor, vinculado al proyecto hidroeléctrico, le estaba buscando. Tras el ataque, población de diversas comunidades vecinas se presentó en Monte Olivo en un momento de profunda consternación y de perturbación de la vida comunitaria. La comunidad retuvo al agresor y, aunque durante horas solicitó reiteradamente la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y otras autoridades locales para ponerlo a su disposición cuanto antes y garantizar su detención, la respuesta fue negativa. El desenlace se concreto en la muerte del agresor, sin que su detención ni su vida hayan sido garantizados por las autoridades competentes para ello.
• El 8 de noviembre, en la comunidad Xalahá, Monte Olivo, varias personas resultaron heridas durante el intento de desalojo violento llevado a cabo por el finquero Leonel Ponce y agentes de seguridad privada. Los hechos ocurrieron en un terreno ocupado por la comunidad como medida de reivindicación y protesta frente al proyecto hidroeléctrico; además de agresiones físicas, se denunció la quema y destrucción de instalaciones y pertenencias de la comunidad. Carlos Isaías Guitz, una de las personas más gravemente herida, fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego.
• El 8 de Diciembre cuatro personas fueron agredidas en Monte Olivo. Denunciaron ante el Ministerio Público (MP) los hechos, atribuyéndolos a personas de la comunidad que vinculan con la empresa hidroeléctrica.

Junto al deterioro de la situación de derechos humanos que de por sí muestran los hechos destacados, PBI observa también con gran preocupación el aumento de la tensión y la violencia, que afectan negativamente en Monte Olivo a las comunidades, sus integrantes y a los procesos de resistencia comunitaria.

No se trata de un caso aislado; presenta características comunes a otros contextos locales donde actores sociales comunitarios cuestionan y rechazan grandes proyectos de inversión económica: junto a las graves agresiones en su contra, destacan en este caso características también identificadas en diversas regiones del país donde PBI desarrolla su labor de acompañamiento y observación internacional. Entre ellas:

• ausencia de consentimiento de las comunidades y pueblos afectados, tras consulta previa, libre e informada, e incumplimiento de otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala,
• presencia y actuación violenta de actores no estatales armados,
• falta de avances en la investigación y administración de justicia repecto de las agresiones denunciadas por las comunidades y sus integrantes,
• (en contraste con la anterior) persecución penal y orden de detención contra líderes y población comuntaria, como respuesta inmediata de las autoridades públicas competentes a denuncias de empresas u otros actores privados y sus respresentantes; a menudo tales procesos tienen lugar en momentos favorables a sus intereses,
• negativa o falta de respuesta efectiva a la demanda de las comunidades que requiere en momentos específicos la presencia de la PNC u otras instituciones públicas, para cumplir con responsabilidades y funciones de su competencia,
• alteración de los procesos y relaciones en las comunidades a raíz de la presencia y actuación de empresas o actores con interés privado; divisiones internas.

La superación de todo ello contribuiría en gran medida a prevenir situaciones conflictivas o su agudización.

En base a la información presentada y las preocupaciones destacadas, PBI solicita la atención de la comunidad internacional y la implementación de las acciones a su alcance para la protección de los derechos humanos en Monte Olivo.

En particular, solicitamos a representantes de misiones diplomáticas y de otras instancias de la comunidad internacional que realicen una visita a las comunidades, para su conocimiento directo de la situación y para expresar su preocupación por las amenazas y agresiones que les afectan gravemente.

Solicitamos también a todos los actores de la comunidad internacional que en su diálogo con las autoridades e instituciones públicas guatemaltecas:

• subrayen sus obligaciones de investigación y administración de justicia frente a los hechos de violencia ocurridos en Monte Olivo, priorizando la protección de la infancia y atendiendo de manera urgente el esclarecimiento del asesinato de dos niños en agosto 2013;
• insten al respeto y cumplimiento de derechos humanos de las comunidades y sus miembros;
• respalden la vigencia del derecho a defender los derechos humanos, y el ejercicio de otros estrechamente vinculados, como el derecho a la organización y manifestación social;
• promuevan la actuación de las autoridades e instituciones públicas competentes para garantizar la adecuada administración de justicia;
• subrayen la necesidad de que las autoridades públicas se hagan presentes en las comunidades cuando sean requeridas, con el fin de proteger a la población comunitaria y de garantizar sus derechos a la vida, a la integridad física y a defender los derechos humanos.

Agradeciendo de antemano su atención, le saluda atentamente el Proyecto Guatemala de Brigadas Internacionales de Paz (PBI).