Berchem, Bélgica. 2022-11-13.
El 10 de noviembre de 2022 la Cámara de Acusación de Bruselas anunció su decisión de enviar a altas autoridades del gobierno de Guatemala de la década de los 80 a un tribunal de lo penal. Se les acusa del asesinato y desaparición de misioneros belgas de la Congregación del Inmaculado Corazón de María (CICM) en los años 80.
Se trata de un acontecimiento inédito. Ni en España -en donde desde hace varios años se intenta denunciar lo que ocurre en Guatemala- se había logrado llevar a los responsables de crímenes antes los tribunales. De esta manera se escribe en Bélgica un capítulo importante en la historia de la lucha mundial contra la impunidad en violaciones graves a los derechos humanos.
Ahora que de nuevo se libra una guerra en Europa y que están ocurriendo serias violaciones a los derechos humanos, es muy importante continuar con esa lucha y que los culpables sean llamados a responder por sus actos.
Orden de detención
La Cámara de Acusación ha emitido una orden de detención para las siguientes personas:
- Guevara Rodríguez, Ángel Aníbal
- Álvarez Ruiz, Donaldo
- García Arredondo, Pedro
- Lucas García, Manuel Benedicto
- Callejas y Callejas Manuel Antonio
Denuncia ante el sistema de justicia belga
Hace más de 40 años los misioneros de la Congregación Inmaculado Corazón de María (CICM) Walter Voordeckers, Ward Capiau y Serge Berten, fueron víctimas de la represión en Guatemala. En el país se libraba entonces un enfrentamiento armado. La pregunta ha sido siempre ¿Quién dio la orden? ¿Quién estaba al mando?
Los intentos por presentar denuncias en Guatemala han sido infructuosos. Por ello, las familias Voordeckers y Berten han acudido al sistema jurídico belga. Se han acogido a la ley vigente desde 1999 que dicta que crímenes contra la humanidad cometidos en otro país pueden también ser juzgados en Bélgica.
Es así que el 25 de enero de 2001 se presentó una denuncia ante el fiscal B. Bulthé en Bruselas, Bélgica a través de los abogados Luc Walleyn y Michaël Verhaeghe. Con esta denuncia se inició la investigación del asesinato de Walter Voordeckers y la desaparición de Serge Berten en Guatemala el 12 de mayo de 1980 y el 19 de enero de 1982, respectivamente. La familia de Ward Capiau, asesinado el 22 de octubre de 1981, se adhirió a la solicitud de investigación judicial. La CICM se constituyó también como querellante en el caso.
La denuncia fue dirigida contra quienes ejercían los puestos políticos y militares más altos del país en ese momento.
Investigación judicial en una fase crucial
Se designó a un juez de instrucción que viajó a Guatemala a investigar sobre el caso; se colectaron muchos datos y documentos. El avance en todos estos años ha sido lento. Las traducciones de español a neerlandés han consumido mucho tiempo y ha habido varios relevos en los jueces de instrucción asignados al caso.
En razón de la confidencialidad de la investigación la comunicación externa sobre el caso ha sido escasa.
Ahora se sabe que se organizará un juicio penal en donde la investigación será evaluada por jueces profesionales y un jurado popular y las partes serán escuchadas. Las familias de los misioneros belgas esperan que los responsables de los crímenes sean condenados.
Impunidad
Alrededor de 200 000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante los 36 años de enfrentamiento armado interno en Guatemala. En el marco de la guerra fría la retórica anticomunista fue utilizada para limitar los derechos humanos de la población guatemalteca.
Jóvenes misioneros belgas, inspirados por la teología de la liberación, escogieron tomar partido por los oprimidos, resistir contra la explotación de los campesinos en las plantaciones de grandes terratenientes. Todo esto costó la vida a 3 de ellos. Walter Voordeckers y Ward Capiau fueron asesinados y Serge Berten desapareció.
El enfrentamiento armado en Guatemala finalizó pero la opresión continúa con otro nombre.
El poder aún se encuentra en manos de políticos corruptos dirigidos por (ex-)militares, acaudalados empresarios de la (agro)industria y personas ligadas al narcotráfico. Estos actores buscan conservar el control sobre la población a través de la intimidación, la violencia y la impunidad institucional.
Guatebelga
En 1997, bajo el impulso del Comité Serge Berten en Menen (Bélgica), las familias de los misioneros belgas y simpatizantes viajaron a Guatemala a indagar más sobre el paradero de sus familiares. Se visitaron varias instancias de gobierno pero no tardaron en darse cuenta de que aquello no arrojaría luz sobre la verdad de los hechos.
La visita fue muy impactante para las familias y les condujo a la acción: se tomó la decisión que la Universidad KU Leuven realizara una investigación científica para indagar sobre las posibles rutas jurídicas. Con base en ello, se presentó una denuncia ante las instancias correspondientes en Bruselas (2001). Se formó una asociación sin fines de lucro, Guatebelga, con el objetivo de brindar apoyo a las familias de los misioneros víctimas de la violencia en Guatemala. Mientras el proceso judicial avanzaba, se procuró mantener el caso vivo y, en el 2013, se instituyó el Premio Quetzal para los Derechos Humanos y la Democracia en Guatemala con el objetivo de reconocer la labor de personas y organizaciones que trabajan contra la impunidad y por la libertad y la justicia. El premio se entrega cada 2 años.
¿Justicia?
Con esta denuncia se desea que los victimarios respondan por sus actos. Esta denuncia es también una acto de solidaridad con las decenas de miles de guatemaltecos que cayeron durante el enfrentamiento armado y los años subsiguientes.
Este caso es la ocasión para que las familias den vuelta a esa página dolorosa en su historia y para mostrar a los guatemaltecos que no están solos en su lucha por la verdad y la justicia. Y para que dictadores y tiranos se den cuenta de que no son intocables y que pueden ser llamados a responder por sus actos, aún después de varios años. Este punto es de gran actualidad si se tiene como telón de fondo los conflictos armados de Siria, Yemen y Ucrania.
Ley del Estatuto Belga sobre Jurisdicción Universal
El fundamento legal de este caso es la ley del 16 de junio de 1993 sobre las penas para violaciones graves al derecho internacional humanitario, modificada por la ley del 10 de febrero de 1999 (Ley del estatuto belga sobre jurisdicción universal para crímenes internacionales), y el derecho consuetudinario internacional. De acuerdo a estas leyes la desaparición forzada y los asesinatos son crímenes contra la humanidad en la medida en que ocurran en el marco de una política de represión sistemática contra la población civil. Estos crímenes no prescriben y la justicia belga es competente para ordenar investigaciones y juzgar sobre este tipo de crímenes.