San José, Washington, D.C. y Nueva York, 22 de octubre de 2014. Las organizaciones internacionales y regionales que durante las últimas semanas mostraron preocupación por las irregularidades ocurridas durante los procesos de selección judicial para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones, consideran como un paso positivo la decisión de la Corte de Constitucionalidad de otorgar un amparo provisional suspendiendo temporalmente la juramentación de las personas electas, y a la vez, ante las graves denuncias realizadas por la magistrada Claudia Escobar Mejía solicitan su protección y el cese de represalias en su contra.
Al igual que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, las organizaciones firmantes consideramos que los amparos interpuestos en el transcurso de dichos procesos demuestran la pérdida de legitimidad de los mismos; en este sentido, la Corte de Constitucionalidad debe analizar y resolver los amparos con la mayor seriedad y a la luz de su previa jurisprudencia así como considerando los estándares internacionales en la materia.
Asimismo, urge abordar la crisis desde sus causas más profundas. El incumplimiento de los estándares internacionales, el desconocimiento de las directrices ordenadas por la propia Corte de Constitucionalidad y las graves denuncias realizadas por diferentes actores de la sociedad y medios de prensa sobre presuntas negociaciones y presiones políticas nos llevan a considerar que la única opción aceptable para salvaguardar la institucionalidad en Guatemala es la realización de nuevos procesos de selección judicial cuyo único objetivo sea el de asegurar que se elijan a los ciudadanos más capaces, más idóneos y honorables para ocupar los más altos cargos de la administración de justicia.
La gravedad de la denuncia presentada por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, -de ser ésta corroborada-, implicaría que la corrupción logró permear el proceso y que la selección final fue basada en consideraciones distintas a los méritos de los candidatos. Por esa razón, exhortamos al Estado guatemalteco a investigar a profundidad dichas alegaciones y, de ser necesario, procesar y sancionar a todos los involucrados.
Así mismo, solicitamos respetuosamente al Estado de Guatemala que tome las medidas necesarias para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada Escobar y de todos los jueces que se han pronunciado públicamente sobre estos procesos, asegurándose que no se tomen represalias contra ellos por parte de ninguna institución o gremio.
Finalmente, nos sumamos a los llamados nacionales e internacionales para que se realicen reformas que puedan fortalecer efectivamente el estado de Derecho en el país y expresamos nuestra disponibilidad para colaborar con nuestros conocimientos y experiencia comparada relevante.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission/USA
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Plataforma Internacional contra la Impunidad