UDEFEGUA presenta su informe anual 2025 sobre la situación de Personas Defensoras de DDHH

Este mes la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) presentó su informe sobre la situación de personas defensoras durante el año 2025. En total registraron 5.238 agresiones, lo que representa un crecimiento porcentual del 26,71% en comparación con el año 2024. Más del 90 por ciento de los ataques se registraron en el ámbito digital, principalmente a través de redes sociales. Entre las otras agresiones destacan 12 asesinatos, 11 intentos de asesinato u homicidio (dirigidos principalmente a defensoras y defensores del acceso a la tierra) y más de 10 procesos judiciales anómalos. Las agresiones más recurrentes en las redes sociales, más de 80 por ciento cometidas por Netcenters, son la estigmatización, el hostigamiento y la difamación. Estas prácticas “buscan desacreditar públicamente a las personas defensoras, debilitar su legitimidad social y generar un entorno adverso para su labor”. Periodistas y personas operadoras de justicia continúan siendo los grupos más agredidos, lo cual “refleja la persistencia de ataques dirigidos a quienes ejercen labores clave para la libertad de expresión, el acceso a la información, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.”

El 31 por ciento de las agresiones fue dirigido contra mujeres defensoras, aunque UDEFEGUA considera este dato un “subregistro, debido a que muchas mujeres enfrentan mayores barreras para denunciar, derivadas del machismo estructural, el miedo a represalias y la preocupación por las consecuencias para sus familias. En los casos contra mujeres, las agresiones más frecuentes también son la estigmatización y el hostigamiento”1.

Asesinan al periodista Carlos Humberto Cal Ical

Carlos Humberto Cal Ical, fue asesinado la noche del 26 de abril en el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz. Este terrible hecho fue confirmado por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz, de la que Carlos Humberto era integrante desde 2008. “Este crimen se suma a un panorama desolador para el ejercicio periodístico en Guatemala. Alta Verapaz se ha consolidado como un ‘foco principal’ de agresiones, donde los periodistas enfrentan intimidaciones. La región es particularmente peligrosa para quienes cubren conflictos sociales y ambientales, lo que aumenta la vulnerabilidad de los comunicadores”, señala el comunicado publicado2 por esta asociación en su página facebook, en el cual también demandan una investigación exhaustiva del crimen, “que se enmarca en un contexto de persecución sistemática contra el periodismo independiente en Guatemala.”

Fracasa el reinicio del caso Hogar Seguro

Tras 6 años de espera, el Juzgado Cuarto Penal a cargo de Mario Flores, tenía programado el inicio de la audiencia de etapa intermedia para las últimas 4 personas implicadas en el caso Hogar “Seguro”. En enero de 2020, Crucy María López, Ofelia María Pérez, Rolando Romeo Miranda y Rocío Murillo fueron ligados a proceso, quedando pendiente la discusión sobre si debían enfrentar juicio por la muerte de 41 menores de edad en la “casa hogar” Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017. Sin embargo, recursos procesales impidieron el inicio de la audiencia. 

Este 29 de abril, el representante del Ministerio Público (MP) solicitó que la audiencia fuera reprogramada nuevamente, argumentando que asumió el caso recientemente - de forma temporal, debido a que el fiscal a cargo del caso fue removido por las autoridades del MP - y no tuvo tiempo suficiente para familiarizarse con la acusación. La fiscalía contra Femicidio no ha confirmado si este será el fiscal que finalmente quedará a cargo del caso, por lo que pidió más tiempo para solventar estas acciones. Con el acuerdo de las partes procesales, el juez reprogramó la audiencia para los días 25 y 26 de agosto de 20263.

En agosto del año pasado, en un primer proceso que duró 7 años, fueron sentenciadas 6 de las 7 personas acusadas por sus diferentes responsabilidades en el incendio del “hogar” estatal que se cobró la vida de 41 niñas y adolescentes y dejó heridas, en diferentes grados de gravedad, a otras 15.

Pacheco y Chaclán seguirán en prisión preventiva

El 23 de abril, mientras decenas de autoridades ancestrales e indígenas de todo el país se manifestaban en el centro de Ciudad de Guatemala, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones decidió prorrogar la prisión preventiva contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Ambos, exautoridades indígenas de los 40 Cantones de Totonicapán, fueron parte de quienes lideraron las manifestaciones de 2023 dirigidas a reguardar la democracia en el país. Junto a Esteban Toc Tzay, líder indígena de Sololá, detenido en agosto del año pasado, y Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 cantones de Totonicapány, detenido en enero de 2026, están ligados a proceso por delitos de terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita, sedición y obstrucción a la justicia. Mientras los dos últimos tienen medidas sustitutivas y permanecen en arresto domiciliaria, Pacheco y Chaclán acaban de cumplir un año en prisión preventiva. La Sala Tercera estableció que esta medida debe mantenerse para garantizar la presencia de los acusados dentro del proceso penal y autorizó la ampliación del plazo de privación de libertad hasta el 23 de septiembre de 20264.

Etapa intermedia del caso Zolic contra el exfiscal Stuardo Campo

El 27 de abril se llevó a cabo la audiencia de etapa intermedia del caso Zolic contra el exfiscal Stuardo Campo, en la cual finalizó la argumentación de la parte querellante y donde también intervino la Procuraduría General de la Nación (PGN). La próxima audiencia será el 6 de mayo, cuando será el turno de los abogados defensores, quienes afirman que la acusación de la fiscalía no tiene sustento legal, pues no hay nada que respalde la imputación5.

En este tercer caso, considerado criminalización contra el exfiscal de la Fiscalía Anticorrupción, el MP acusó a Campo tras una denuncia interpuesta por personas que fueron condenadas por actos de corrupción dentro de la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic), en Izabal, en el marco de un caso que llevó Stuardo Campo cuando era fiscal. El MP le acusa del delito de incumplimiento de deberes por, supuestamente haber ocultado evidencia que provocó que un tribunal encontrara culpable de actos de corrupción en dos ocasiones a los hoy denunciantes del exfiscal6. El juez del caso, Victor Cruz, se encuentra entre los jueces señalados de favorecer actos de corrupción por el Departamento de Estado de EE.UU.

Querellantes del caso Diario Militar rechazan a fiscales del MP

El 28 de abril fue celebrada una vista pública de amparo del caso Diario Militar. Los querellantes, familiares de las personas desaparecidas registradas en el Diario Militar, cuestionaron la resolución del fiscal regional Dimas Jiménez Jiménez, que rechazó el apartamiento del agente fiscal José Crisanto Gómez Meléndez, ordenado por el fiscal de sección Noé Nehemías Rivera Vázquez, de la Fiscalía de DDHH. Según señalaron, esta decisión ha sido arbitraria y vulnera derechos como el acceso a la justicia, el debido proceso y la certeza jurídica. El caso juzga crímenes como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales, por lo cual existe la obligación estatal de investigar, juzgar y reparar. 

Los y las querellantes atribuyeron a los fiscales conductas irregulares como el debilitamiento o retiro de imputaciones, el uso de figuras procesales no previstas, solicitudes indebidas de medidas sustitutivas, contradicciones en audiencias, omisión de imputaciones y la presentación tardía de clausuras provisionales sin informar a las víctimas. Además los fiscales han cuestionado pruebas del propio MP y testimonios de sobrevivientes, lo que, a su juicio, evidencia falta de objetividad y favorece a los acusados.

En ese contexto, los y las querellantes sostuvieron que estas actuaciones generan incertidumbre en el proceso y podrían favorecer la impunidad. Por ello, han solicitado que se otorgue el amparo, se anule la resolución del 15 de octubre de 2025 y se ordene el apartamiento de los fiscales señalados, así como la designación de un equipo imparcial -incluso una fiscalía especial- que garantice una investigación efectiva y el respeto a los derechos de las víctimas7.