Coyuntura del julio de 2026

USAC: siguen las irregularidades bajo el cuestionado mandato de Walter Mazariegos

En julio de 2026, Walter Mazariegos inició un nuevo período como rector de la Universidad de San Carlos (USAC) en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos. Como en el proceso electoral anterior, diversos sectores estudiantiles, docentes y agrupaciones universitarias sostienen que su continuidad es resultado de un proceso electoral irregular, al denunciar la exclusión de planillas opositoras, la anulación de procesos electorales en distintas unidades académicas y modificaciones al reglamento electoral que habrían favorecido a la administración vigente1.

Durante la segunda quincena de julio surgió una nueva controversia cuando decenas de estudiantes denunciaron que sus matrículas, historiales académicos y registros administrativos habían desaparecido del sistema universitario. Las personas afectadas pertenecen a distintas facultades y varias de ellas habían participado en movimientos de oposición a la administración de Mazariegos. Como consecuencia de la eliminación de sus registros, algunas no pudieron inscribirse en cursos del segundo semestre ni realizar otros trámites académicos2.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que abrió expedientes para recabar información sobre la eliminación de registros académicos y otras denuncias de hostigamiento contra estudiantes. Paralelamente, el Ministerio Público (MP) inició investigaciones a partir de las denuncias presentadas3.

La administración de Walter Mazariegos ha rechazado reiteradamente las acusaciones de fraude y persecución política formuladas por sectores opositores. No obstante, el conflicto ha mantenido un clima de confrontación dentro de la universidad, con nuevas acciones legales, pronunciamientos públicos y cuestionamientos sobre la autonomía universitaria y las garantías para la participación democrática en la USAC4.

Conceden libertad provisional a Benedicto Lucas García

Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército entre el 16 de agosto de 1981 y el 23 de marzo de 1982, obtuvo la libertad provisional el pasado 15 de julio de 20265. Hasta entonces había permanecido en detención preventiva en el Centro Médico Militar, acusado del delito de genocidio contra el Pueblo Maya Ixil y de delitos contra los deberes de humanidad, violencia sexual y desaparición forzada en más de 1.700 casos cometidos durante el mandato de su hermano, el expresidente de facto ya fallecido, Fernando Romeo Lucas García (1978-1982). Por estos crímenes, el MP solicitó una condena de 2.860 años de prisión, pero el proceso fue interrumpido, justo antes de la sentencia, por la aceptación de un amparo que resolvió repetir el debate oral y público.

La decisión de otorgarle libertad provisional, fue adoptada por el Tribunal de Mayor Riesgo B el mismo día en que alrededor de 300 personas del Pueblo Maya Kaqchikel inauguraron, en la aldea Pacoj (Chimaltenango), un mausoleo y nicho comunitario para dignificar a 72 víctimas de una masacre perpetrada por el Ejército en 19826. El Tribunal concedió medidas sustitutivas al considerar que la legislación procesal guatemalteca no prohíbe otorgar libertad provisional a personas procesadas por estos delitos y que la prisión preventiva no debe convertirse en una condena anticipada. Entre las medidas impuestas, figuran el arresto domiciliario en la vivienda de uno de sus hijos, el arraigo y la prohibición de comunicarse con testigos del proceso.

El MP y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) apelaron la decisión el 22 de julio, al considerar que el Tribunal no estimó la gravedad de los hechos imputados ni el riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación7. En un comunicado, la AJR calificó el otorgamiento de la libertad provisional como un retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas y advirtió que privilegia los derechos del acusado por encima de los de las comunidades afectadas por los crímenes juzgados. La decisión sobre la libertad provisional queda ahora pendiente de los recursos presentados por las partes8.

En 2018 Lucas García fue condenado a 58 años de cárcel en el caso Molina Theissen por los delitos de deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violación agravada. Además está acusado de crímenes de lesa humanidad en el caso CREOMPAZ, un cementerio clandestino en el cual fueron encontradas más de 500 osamentas con señales de violencia. 

TRECSA no respeta el derecho a consulta en San Juan Sacatepequez

En febrero de 2026, pobladores de la comunidad indígena Kaqchikel Aj Bab’ey de El Pilar 1, en San Juan Sacatepéquez, iniciaron denuncias contra la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (TRECSA), a la que señalaron de ingresar a tierras comunales para instalar bases de torres de transmisión eléctrica sin realizar una consulta previa con la población. Los y las comunitarias afirmaron que el proyecto amenaza sus tierras ancestrales, cultivos y formas de vida, y denunciaron la presencia de fuerzas de seguridad pública durante los ingresos de trabajadores de la empresa. 

En los meses siguientes, habitantes de El Pilar 1 denunciaron que trabajadores de TRECSA, acompañados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), seguridad privada y personal del MP, intentaron ingresar nuevamente al territorio comunal. Los pobladores señalaron que durante estos hechos se afectaron cultivos de maíz y otros productos agrícolas, además de acusar a la empresa de utilizar la fuerza para avanzar con la instalación de la infraestructura eléctrica. 

En junio de 2026, las autoridades ancestrales de Iximulew expresaron su respaldo a la comunidad y exigieron el retiro de TRECSA del territorio comunal. También solicitaron al Ministerio de Energía y Minas (MEM) revisar las licencias y autorizaciones relacionadas con el proyecto, así como que las instituciones estatales respetaran las decisiones tomadas por las asambleas comunitarias. Las autoridades indígenas denunciaron posibles actos de persecución, discriminación y criminalización contra quienes se oponen al proyecto9.

En julio de 2026, representantes de El Pilar 1 acudieron al Palacio Nacional para solicitar la intervención del gobierno de Bernardo Arévalo para detener el uso de la fuerza pública en el conflicto. Paralelamente, organizaciones sociales y comunidades indígenas expresaron oposición a las iniciativas de ley 6665 y 6712, al considerar que podrían facilitar proyectos de infraestructura eléctrica sin suficientes garantías para los territorios comunales. Los colectivos señalaron que dichas reformas podrían aumentar los riesgos de afectación a comunidades indígenas y favorecer a empresas privadas de transporte de energía. 

Desde hace años, TRECSA ha sido señalada por varias comunidades por intentar desarrollar sus actividades sin el consentimiento previo e informado de la población. Mientras las autoridades comunitarias mantienen su resistencia para proteger sus tierras, el conflicto continúa abierto con demandas de diálogo, revisión de permisos y respeto a los derechos colectivos de la comunidad de El Pilar 1 en San Juan Sacatepéquez10. 

El pueblo Tz’utujil de Santiago Atitlán logra la destitución del alcalde municipal

El pasado 20 de julio la Corte Constitucional (CC) negó el amparo promovido por Francisco Coché Pablo, alcalde de Santiago Atitlán (Sololá), electo en 2023. Esta fue una resolución a favor de la población del municipio. La comunidad Tz’utujil, representada por sus autoridades ancestrales, a través de varias protestas pacíficas y de la recolección de firmas solicitó a los miembros del Consejo Municipal desconocer al alcalde ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a los varios señalamientos de corrupción11.

A finales de marzo de 2026, PBI habló con Juan Mendoza Damián y Diego Petzey, autoridades ancestrales del municipio. Ellos señalaron que los dos motivos principales para remover al alcalde fueron, la instalación ilegal de unas doscientas jaulas para cultivar tilapia en el Lago Atitlán, las cuales contaminan la única fuente de agua potable del municipio, así como la expedición de 279 licencias de moto-taxis o tuk tuk que ocasionaban grandes accidentes. Juan y Diego han sido amenazados y criminalizados por su labor de defensa del territorio y por su lucha contra la corrupción12. 

El 1 de julio el alcalde rechazado se presentó con un contingente policial y grupos de choque en la cabecera municipal, provocando violencia con armas de fuego que dejaron dos personas muertas y una herida. Las autoridades ancestrales condenaron y rechazaron estos hechos e instaron a buscar caminos de dialogo y de paz, demandando a las autoridades estatales esclarecer los hechos13.

Anulan absolución de Stuardo Campo en el caso “Alfa Siete”14

Stuardo Campo es un exfiscal anticorrupción que permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2023, mientras que los tres casos judiciales en su contra están en proceso. En julio de 2025 se cerró el primer caso, denominado “Alfa Siete”, con absolución a su favor; sin embargo, el 13 de julio de 2026 la Sala Cuarta de Apelaciones anuló esta sentencia y ordenó repetir el debate oral y público, decisión que el equipo legal de Campo está impugnando actualmente. El segundo caso, conocido como “caso Zolic”, se encuentra en fase intermedia y es el que mantiene a Campo en prisión preventiva, a pesar de los múltiples intentos de su defensa por lograr su libertad. Desde febrero de este año se han programado 17 audiencias para esta etapa, 10 de las cuales fueron suspendidas. El tercer caso, “Libramiento de Chimaltenango”, se inició en mayo de 2024 y sigue con muchos retrasos en la fase de primera declaración, con la audiencia de continuación programada para agosto de este año. 

El caso de Stuardo Campo es un claro ejemplo de la criminalización que enfrentan muchos operadores de justicia y defensores de derechos humanos en Guatemala. El grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre detención arbitraria, identificó las 5 características de la criminalización presentes en su caso: “la imposibilidad de justificar la prisión preventiva; la violación del debido proceso; la inobservancia total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial y a la discriminación por su condición de fiscal anticorrupción”. Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, han pedido a las autoridades guatemaltecas liberar a Stuardo Campo e investigar las circunstancias de su caso.