Coyuntura del noviembre de 2025

Gobierno presenta su Política Pública de Personas Defensoras de los DDHH

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar la presentación de la Política Pública de Personas Defensoras de los Derechos Humanos (DDHH) en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. En el acto, autoridades del Gobierno de Guatemala dieron a conocer esta herramienta de protección, que incluye mecanismos de prevención de riesgos y amenazas, así como un sistema de protección y protocolos de investigación cuando se vulnera la vida y seguridad de una persona defensora de DDHH. El instrumento de protección pretende dar cobertura a activistas, autoridades, líderes y lideresas indígenas, operadores y operadoras de justicia, mujeres, periodistas, comunicadores y comunicadoras comunitarias y funcionarios y funcionarias públicos, siempre que sus acciones sean pacíficas y promuevan los DDHH1.

Esta Política busca enfrentar un contexto histórico de agresiones contra personas defensoras: asesinatos, criminalización, hostigamiento y discursos de odio en contra de quienes defienden los DDHH en Guatemala. Además supone la materialización de la lucha de la familia de Florentín Gudiel Ramos, defensor de DDHH y líder comunitario de Petén, cuyo asesinato, perpetrado en 2004, ha quedado impune a consecuencia de las irregularidades cometidas al inicio de la investigación. En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso Gudiel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) porque el Estado de Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso. Dos años después, en 2014, la CorteIDH dictó la sentencia que incluye, entre otras recomendaciones, la creación de una Política Pública.

En palabras de Elvyn Díaz, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), la Política Pública reconoce el papel fundamental de las personas defensoras, que históricamente ha sido vulnerado. Por eso es clave que la puesta en marcha de esta Política se haya llevado a cabo a través de un procedimiento participativo con personas defensoras en Guatemala y en el exilio, autoridades indígenas ancestrales, organizaciones sociales y académicas, y expertas en DDHH. Para Marco Antonio Villeda Sandoval, Ministro de Gobernación, esta presentación no se trató solamente de un acto simbólico, sino de un acto de Estado que significa un paso firme hacia un país más justo, seguro y humano. En su intervención durante el acto señaló que la Política Pública es un cambio en la mentalidad del Estado, que comprende que las personas defensoras no son enemigas sino aliadas de la democracia2. 

La implementación estará a cargo del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la COPADEH, que asumirá la secretaría técnica del Consejo Coordinador. 

25N: luchas y resistencias por la eliminación de la violencia contra las mujeres 

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre esta injusticia global. Entre las formas de violencia más recurrentes se encuentran la violencia intrafamiliar, sexual, psicológica, digital, y su expresión máxima: el feminicidio.

En Guatemala, la sociedad civil organizada, organizaciones internacionales, comunidades y pueblos originarios realizaron diversas acciones mostrando su solidaridad y compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entre estas acciones destacó la campaña “Oramos pero también denunciamos ¡No más violencia contra las mujeres!”, impulsada por el Foro de Acción Conjunta de las Iglesias (ACT). Su objetivo fue visibilizar las violencias que ocurren dentro de las iglesias y otros espacios, promoviendo su prevención y erradicación mediante el desarrollo de materiales informativos3.

Asimismo, las mujeres Q’eqchi’ de El Estor y Poqomchi’ de Alta Verapaz denunciaron la violencia estatal y el despojo territorial que enfrentan. Una de las consignas que corearon fue: “Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha de las mujeres indígenas y campesinas”. Denunciaron la violencia psicológica, moral y física que sufren, ejercida por instituciones gubernamentales que actúan en alianza con empresas extractivistas, de monocultivos y por terratenientes. Esta violencia se utiliza contra quienes defienden el territorio y los DDHH4. 

En la capital, frente al Congreso, integrantes de la organización Musulmanas Guatemaltecas extendieron una gran bandera de Palestina en solidaridad con las mujeres asesinadas en Gaza y para exigir al gobierno de Guatemala una postura distinta frente a las acciones de Israel, expresando también su apoyo a las mujeres de Guatemala que han enfrentado el genocidio. Durante la jornada, las manifestantes recordaron a las 376 mujeres que han muerto de forma violenta en Guatemala este año5.

Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR Guatemala), hasta el 31 de octubre de este año, 47.864 niñas y adolescentes dieron a luz en el país; de ellas 1.803 tenían entre 10 y 14 años y se vieron obligadas a ser madres como consecuencia de violaciones sexuales6.

La movilización de este 25 de noviembre se centró en exigir el cese de la violencia, el fin de la impunidad y el cumplimiento de los DDHH por parte del Estado, visibilizando la lucha, hartazgo y exigencia de las mujeres guatemaltecas, que han sido silenciadas, asesinadas o desaparecidas.

Exalcalde de El Chol ligado a proceso por presunta implicación en la masacre de Rancho Bejuco

El 20 de noviembre, Nicolás Orrego y Orrego, excomisionado militar y exalcalde de El Chol (Baja Verapaz) fue citado a audiencia de primera declaración y ligado a proceso por el delito de asesinato y por crímenes contra la humanidad. La jueza Abelina Cruz, del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, resolvió que Orrego deberá enfrentar una investigación por su presunta implicación en la masacre de Rancho Bejuco, ocurrida el 29 de julio de 1982 durante el gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt.

La masacre fue perpetrada durante el Conflicto Armado Interno cuando los hombres de la comunidad Maya Achí del caserío Rancho Bejuco, en Santa Cruz El Chol, se negaron a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). A raíz de esta negativa, un contingente militares ingresó al caserío asesinando a un total de 25 personas entre las que se encontraban niños. En la imputación de hechos, el Ministerio Público (MP) señaló que Orrego no solo era comisionado militar en el momento en que se ejecutó la masacre, sino que además participó de forma activa. De acuerdo a las pesquisas, el exalcalde ocultó los cuerpos de los pobladores del caserío para encubrir a los miembros de las PAC que habían ejecutado los asesinatos7. Tan solo un año después de este suceso, Orrego llegó a la alcaldía del municipio donde ejerció entre 1983 y 1984. 

De los nueve acusados inicialmente por delitos contra los deberes de la humanidad en este caso, solamente el coronel retirado Juan Ovalle Salazar fue condenado a 20 años de prisión, mientras el resto fueron absueltos8. En el caso de Orrego, la jueza consideró que sí existen suficientes elementos en su contra que justifican la continuación de la investigación. Puesto que el delito de asesinato no contempla el beneficio de medidas sustitutivas, la magistrada ordenó el ingreso en la cárcel militar Mariscal Zavala, en régimen de prisión preventiva mientras se desarrolla la fase procesal de investigación y otorgó al MP un plazo de 3 meses para que haga las investigaciones oportunas. La audiencia de etapa intermedia quedó programada para marzo del 2026.

Actualizaciones en el Caso USAC “Botín político” 

El 18 de noviembre, los estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) Christopher Morales y Pedro Ros fueron ligados a proceso por los delitos de usurpación en forma continua y depredación de bienes culturales. Ambos permanecieron 22 días en prisión, tras presentarse voluntariamente el 27 de octubre, en medio de un proceso que acumula más de año y medio de retrasos y suspensiones. El juez Décimo de Instancia Penal, Víctor Cruz, les otorgó medidas sustitutivas con una caución económica de Q10. Deberán regresar a tribunales el 11 de mayo de 2026 para conocer las conclusiones del MP9.

Ese mismo día se inició la audiencia de primera declaración del abogado y defensor de DDHH Ramón Cadena, señalado en el mismo caso por su acompañamiento legal a estudiantes que se opusieron a la elección del rector Walter Mazariegos. Pese a haberse presentado voluntariamente para resolver su situación legal, pasó 11 días en prisión preventiva debido a sucesivas suspensiones de las audiencias. Finalmente fue ligado a proceso por usurpación agravada y depredación de bienes culturales en forma continuada, pero recuperó su libertad mediante una medida sustitutiva. La siguiente fase procesal quedó programada para el 11 de mayo de 2026. El abogado afirmó que se vio obligado a entregarse debido a que el juez Cruz había pospuesto en dos ocasiones la audiencia de primera declaración. La CIDH interpretó estas suspensiones como “retardo malicioso y una forma de tortura psicológica”10. 

Este caso de criminalización involucra a 27 personas más.