Del 6 al 8 de diciembre de 1982, en el municipio Las Cruces, departamento de Petén, fue perpetrada la masacre de las Dos Erres. Un comando élite del ejército, kaibiles, disfrazados de guerrilleros, bloquearon las salidas de la pequeña aldea de Dos Erres para impedir que sus habitantes escaparan. De madrugada, sacaron a las personas de sus casas: a los hombres los reunieron en la plaza central, mientras que a las mujeres, las niñas y los niños les encerraron en la iglesia y la escuela. Durante tres días y dos noches las fuerzas del Estado asaltaron, torturaron, violaron y mataron a más de 200 personas. Tiraron sus cuerpos en el pozo de agua de la aldea.
Entre 1994 y 1995, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) impulsó la primera exhumación, lo que les llevó a enfrentar amenazas de muerte. En 1996, ante la falta de avances judiciales, llevaron el caso ante la CIDH. En 2008 lo llevaron a la CorteIDH y en 2009 esta Corte concluyó que el Estado guatemalteco incumplió su obligación de investigar, exigiéndole una acción judicial con perspectiva de género.
En 2011, en el sistema judicial guatemalteco, tras el proceso de investigación y las fases judiciales correspondientes, el Tribunal de Mayor Riesgo A dictó sentencia en este caso y condenó a los tres exkaibiles Manuel Pop, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Hernández, y al teniente Carlos Carías, a penas de más de 6.000 años de cárcel. Además, en 2012 fue condenado Pedro Pimentel Ríos – exinstructor en la Escuela «Kaibil» – y en 2018 Santos López – exkaibil –, ambos con penas similares a los otros condenados.
Sin embargo, en 2023 el Tribunal de Mayor Riesgo E absolvió a los tres exkaibiles Gilberto Jordán, José Mardoqueo Ortiz y Alfonso Bulux Vicente, pese a los testimonios de sobrevivientes que identificaron directamente a los victimarios. Además, el tribunal ordenó la destrucción de las pruebas presentadas en el juicio. FAMDEGUA apeló ambas decisiones por considerarlas revictimizantes y carentes de fundamentos técnicos y jurídicos. El recurso sigue pendiente de resolución. Mientras, la CorteIDH ordenó resguardar las pruebas.