Caso Diario Militar

El caso Diario Militar evidencia las prácticas sistemáticas de represión implementadas por el Estado guatemalteco durante el CAI. Es un documento militar que salió a luz en 1999. En él están recogidos nombres, fotografías y otros datos de 183 personas capturadas por agentes armados y, la mayoría de ellas, asesinadas. En 2005, cuando se descubrió el Archivo Histórico de la Policía Nacional, se pudo corroborar la veracidad de los datos registrados en el documento.

La publicación del Diario Militar dio lugar a una denuncia ante el MP, por parte de organizaciones de familiares de personas desaparecidas cuyos nombres se encuentran en el documento. Las organizaciones denunciantes son: el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y la Fundación Myrna Mack. Entre las denunciantes también se encontraba una institución, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). En 2005, ante la falta de avance del caso, estas organizaciones presentaron una demanda ante la CIDH. Y en 2011 hicieron lo mismo ante la CorteIDH, para denunciar la desaparición de 26 de las personas identificadas en el Diario.

En 2012 la CorteIDH presentó sus conclusiones, evidenciando la falta de diligencia y eficacia en las acciones emprendidas por el MP para esclarecer la verdad de los hechos, así como identificar y sancionar a potenciales responsables. Resaltó la falta de colaboración del Ministerio de la Defensa para facilitar las investigaciones llevadas a cabo por el MP. El Estado guatemalteco fue declarado responsable por la desaparición forzada de las 26 personas y condenado a realizar las investigaciones necesarias para encontrar el paradero de las mismas, así como enjuiciar y sancionar a los responsable de los hechos.

En 2021 el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso a nueve exmilitares por delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad, y envió a prisión preventiva a seis de ellos. A raíz de esto el juez empezó a sufrir una campaña de vigilancia e intimidación constante, principalmente por parte de la FCT, que también puso una denuncia en su contra con el fin de quitarle su derecho a antejuicio1. En 2022 Gálvez presentó su renuncia y se vio obligado a salir al exilio. Desde entonces, varios de los sindicados se han beneficiado de medidas sustitutivas resueltas por los sucesores de Gálvez en el Juzgado de Mayor Riesgo B, y permanecen en arresto domiciliario. Marco Antonio González Taracena, exministro de la Defensa, falleció sin haber enfrentado juicio.

En las últimas audiencias de etapa intermedia de 2025, fueron preocupantes las acciones del fiscal del MP, José Crisanto Gómez Meléndez. Este solicitó el cierre provisional del proceso y cambios en la tipificación de los delitos, a pesar de que la acusación en contra de los sindicados cuenta con más de 7.000 medios de prueba, entre ellos 100 declaraciones y registros de personas ejecutadas por el Estado. Las organizaciones de víctimas y sobrevivientes querellantes en el caso, solicitaron a la FG apartar a los fiscales del caso. Según Santiago Choc, representante de FAMDEGUA, estas actuaciones del MP representan un incumplimiento de la sentencia de la CorteIDH2.