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Semillas en disputa: la batalla por la soberanía alimentaria en Guatemala

Tras recibir su petición a finales de 2025, en abril de 2026 iniciamos el acompañamiento a la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG) y a su lucha contra los monocultivos en la Costa Sur. A continuación, les presentamos su trabajo.

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La agricultura campesina desempeña un papel fundamental en el abastecimiento alimentario mundial: el 70% de este abastecimiento procede de la producción a pequeña escala1. Al igual que en otros países, Guatemala depende significativamente de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria. Sin embargo, a pesar de que comunidades campesinas, en su gran mayoría indígenas, producen la mayor parte de los alimentos consumidos en el país, existe una profunda falta de reconocimiento de los derechos de autodeterminación y de soberanía alimentaria de estas comunidades. Esta es la problemática que REDSAG ha identificado y enfrentado durante más de dos décadas, trabajando por el reconocimiento de dicha soberanía, derecho fundamental de los pueblos, y por la defensa de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas de Guatemala.

REDSAG surgió en 2004, con el propósito de articular organizaciones sociales, grupos y movimientos campesinos que comparten una visión común sobre la construcción de la soberanía alimentaria, la defensa de la biodiversidad y la protección de los derechos de los pueblos originarios y campesinos. Está presente en todo el país y se organiza en seis regiones: Petén, Alta y Baja Verapaz, Oriente, Centro, Sur y Occidente. Desde su creación ha impulsado propuestas, estrategias y acciones orientadas a la defensa de la soberanía alimentaria y de los elementos fundamentales que la sustentan, como la tierra, el territorio, el agua, las semillas, y otros bienes naturales esenciales para la vida y la producción campesina. 

Aunque en sus inicios la Red abordó temas relacionados con la seguridad alimentaria, al poco tiempo decidió dedicarse exclusivamente a la soberanía alimentaria, debido a las malas prácticas de los gobiernos para garantizar la alimentación de los pueblos. “El sistema alimentario siempre tiene muchos intereses corporativos. No hay persona que no consuma alimentos. El sistema capitalista que nos domina se aprovecha de esto”, explica David Paredes, coordinador de la REDSAG2. “La seguridad alimentaria es responder al problema del hambre desde un enfoque capitalista. Se trata de llevar alimentos (…) para garantizárselos a la población y dar esta seguridad alimentaria. Pero el problema que nosotros vemos, es que no se diferencia el origen de los alimentos que se usan cuando se habla de seguridad alimentaria.” David explica que, en el marco de proyectos de seguridad alimentaria, se entregan semillas transgénicas a las comunidades y familias, asegurándoles que han sido “mejoradas” y que con ellas van a poder producir y vender más. Sin embargo, estas semillas modificadas genéticamente contienen sustancias químicas que no solo reducen su valor nutricional, sino que también suponen un riesgo para la salud de quienes consumen los alimentos derivados de ellas. 

Las tecnologías de modificación genética aplicadas a las semillas son relativamente recientes y todavía están en fase experimental, por lo que sus impactos a largo plazo continúan siendo objeto de debate e investigación. Al ser experimentos, no son tan precisas como se dice y pueden ser peligrosas debido a posibles errores genéticos y mutaciones, lo que crea un riesgo para el medioambiente y la salud humana. Además, existe otro riesgo: que las semillas genéticamente modificadas puedan cruzarse con semillas nativas y provocar una grave contaminación. Esta situación podría generar impactos todavía desconocidos amenazar la seguridad de los y las trabajadoras agrícolas que manipulan estas semillas, así como la de quienes las consumen3. 

Por tanto, los alimentos distribuidos en nombre de la seguridad alimentaria pueden aliviar el hambre a corto plazo, pero no proporcionan suficientes nutrientes e incluso pueden causar daños al organismo a largo plazo debido a los químicos que contienen. Por el contrario, el concepto de soberanía alimentaria ofrece una perspectiva distinta. David explica que “hablar sobre un sistema alimentario de los pueblos es muy diferente. Es hablar de una relación integral con todos los elementos de la Madre Tierra, incluidos los microorganismos que no vemos, pero que tienen una función importante y que los químicos matan. Hablar sobre la soberanía alimentaria es usar todo esto en beneficio de los alimentos. Es una concepción integral que respeta el suelo, el aire y el agua. Así nuestros alimentos, no están contaminados con ningún químico”. 

El uso de semillas nativas, no solo es fundamental para garantizar una alimentación nutritiva, sino que también tiene un profundo valor cultural e histórico para los pueblos originarios, además de su importancia en la preservación del medio ambiente. Guatemala es uno de los 21 países megadiversos del mundo, reconocido por la riqueza de sus ecosistemas4. Asimismo, Guatemala alberga cultivos esenciales, como el frijol y el maíz, que constituyen la base de la alimentación del pueblo guatemalteco y son elementos fundamentales del patrimonio cultural y biológico5. Conscientes de ello, entre las principales propuestas impulsadas por REDSAG, destaca la defensa y protección de los conocimientos ancestrales y de la biodiversidad, elementos fundamentales de la soberanía alimentaria. Como lo explica David Paredes, “lo que hace la soberanía alimentaria es dar un conocimiento ancestral, una historia de agricultura que los pueblos han tenido y que hoy por hoy es la base de los alimentos”6. 

Pese a la importancia de preservar las semillas nativas y los métodos tradicionales de producción, el campesinado enfrenta crecientes desafíos derivados de la implementación de políticas agrícolas que promueven el uso de agroquímicos y semillas modificadas genéticamente o transgénicas. Según REDSAG, uno de los ejemplos más significativos del rumbo equivocado que han tomado las políticas agrícolas, es el caso de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, conocida popularmente como “Ley Monsanto”, debido a su vínculo con la compañía agroquímica del mismo nombre. La ley tuvo como objetivo promover la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales desarrolladas por los denominados “obtentores”, las cuales debían someterse a un procedimiento de registro7. La ley se aprobó en 2014; sin embargo, debido a las fuertes manifestaciones llevadas a cabo por organizaciones campesinas y defensoras de la soberanía alimentaria, la “Ley Monsanto” fue derogada tres meses después de su promulgación. La razón que subyace a la fuerte oposición de las organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil es, principalmente, su evidente objetivo de promover la privatización de las semillas y el riesgo que ello supone para la producción agrícola a pequeña escala8. 

David Paredes destaca que esta ley supone una amenaza para la soberanía alimentaria y los derechos del campesinado. “La ley de protección de obtenciones vegetales, vela por el privilegio de las grandes empresas. Habla sobre de la propiedad intelectual, habla de apropiarse de los derechos de los pueblos. Por ejemplo, un autor puede registrar una innovación, una marca, una variedad de semillas, pero están desconociendo e invisibilizando [el conocimiento ancestral]. Es un robo del conocimiento ancestral9”. REDSAG considera que las semillas que hoy utilizan las y los campesinos, no surgieron de manera repentina ni aislada. Son el resultado de miles de años de evolución de procesos naturales y actividades del ser humano10. Este conocimiento ancestral permitió desarrollar la diversidad agrícola que existe en la actualidad y constituye un patrimonio colectivo construido históricamente por los pueblos. Sin embargo, legislaciones como la “Ley Monsanto” permiten que una empresa o individuo modifique genéticamente una semilla y posteriormente la registre bajo derechos de propiedad intelectual a su nombre11. Para los pueblos originarios, esto representa una forma de apropiación e invisibilización del conocimiento tradicional, ya que transforma un bien común en una propiedad privada. En consecuencia, la ley es vista como un avance hacia la privatización de las semillas y un riesgo para la soberanía alimentaria y la autonomía de las y los agricultores. 

Aunque la “Ley Monsanto” fue derogada poco después de su introducción en 2014, en 2023 se presentó la Iniciativa 6283, para la creación de la Ley de Protección de Obtenciones de Vegetales, conocida como “Ley Monsanto 2.0”. La nueva iniciativa incluye una limitación al intercambio de semillas por parte de los agricultores y prohíbe la derivación de variedades. De acuerdo con la Asociación El Observador, la iniciativa permite la posible apropiación de recursos genéticos conservados por los pueblos originarios, cuya labor en la protección e intercambio de semillas ha sido esencial para preservar la agrobiodiversidad12. Esta iniciativa, que claramente favorece los intereses de las empresas, se está debatiendo actualmente en el Congreso. Si se aprueba, la ley tendrá un impacto muy negativo en la población rural, ya que debilitaría la autonomía de las y los agricultores sobre sus propias semillas, los pondría en una situación de precariedad económica y prohibiría varios métodos agrícolas tradicionales que estas comunidades llevan practicando desde hace mucho tiempo. 

Además, REDSAG se manifestó recientemente contra el Acuerdo Gubernativo 53-2026, promulgado por el presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) el 17 de abril de 2026, que facilitaría la expansión de semillas transgénicas. Interpuso, un amparo contra este acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pues este podría tener, según su criterio “consecuencias profundas sobre las semillas nativas y criollas en los territorios y su soberanía alimentaria” ya que reduce controles, simplifica registros y facilita la importación de material agropecuario, lo que abre la puerta a semillas externas, incluidas las modificadas genéticamente13 .

Para proteger las semillas nativas ante políticas que promueven su privatización como la Ley Protección de Obtenciones de Vegetales, REDSAG ha desarrollado y presentado una propuesta denominada “Iniciativa de Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales”. Esta iniciativa, también conocida como “Ley de los Pueblos”, busca proteger los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales, y poner fin al desarrollo de un sistema económico que busca explotar los bienes naturales. La iniciativa destaca que uno de los principios de los pueblos es respetar la cosmovisión maya, conjunto de saberes y conocimientos que nos conectan con la biodiversidad biológica14. 

“La cosmovisión de los Pueblos Indígenas y campesinos se basa en la armonía, respeto y conservación de todas las formas de vida. Nosotras y nosotros entendemos que estamos conectados con todas las formas de vida en la Madre Tierra y el Cosmos. Es por eso que tenemos un compromiso firme con la defensa, conservación y cuidado de la biodiversidad que habita en nuestros territorios. Por milenios los hemos conservado de forma armoniosa. Con nuestra propuesta, buscamos detener el avance de un sistema económico que solo busca lucrarse con los bienes y recursos naturales, no importándole el futuro de las nuevas generaciones ni el daño que le hacemos a nuestra Madre”15. 

La “Ley de los Pueblos” propone el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios y campesinos sobre el uso de los conocimientos tradicionales, así como promover el fortalecimiento de los mecanismos tradicionalmente utilizados para conservar prácticas. Además, la iniciativa propone sanciones y la prohibición de importar y comercializar organismos vivos modificados o transgénicos que pongan en riesgo los conocimientos ancestrales y la biodiversidad16. La iniciativa se presentó ante el Congreso y actualmente está a la espera de su resolución. Iniciativas como esta son fundamentales en la situación actual de Guatemala y en el contexto de los intereses empresariales, no solo para proteger el medioambiente y fomentar el desarrollo natural de las semillas nativas, sino también para salvaguardar la autonomía de los pueblos campesinos e indígenas y los métodos agroecológicos tradicionales.

 

1 Samberg, L. H.; Gerber, J.S.; Ramankutty, N.; Herrero, M. y West, P.C., Subnational Distribution of Average Farm Size and Smallholder Contributions to Global Food Production. Environmental Research Letters, 2016.

2 Entrevista a David Paredes realizada el 13.06.2026.

3 Bravo, E., Cortando y pegando genes para manipular la vida. La edición génica. Sus peligros y normativa en América Latina. Acción Ecológica, Naturaleza con Derechos y Alianza Biodiversidad. Abril de 2025.

5 Ibídem

6 PBI Guatemala, ACÉRCATE septiembre 2023.

7 Asociación el Observador, Op. Cit.

8 Ibídem.

9 PBI Guatemala, Op. Cit.

10 REDSAG, Protejamos nuestra Biodiversidad. Documento mediado de la Propuesta de Iniciativa de Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, 2021.

11 PBI Guatemala, Op. Cit.

12 Asociación El Observador, Op. Cit.

14 Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG), Protejamos nuestra Biodiversidad. Documento mediado de la Propuesta de Iniciativa de Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, 2021.

15 Ibídem.

16 Ibídem.