Coyuntura del mayo del 2026

Demandas de la Sociedad Civil al nuevo Fiscal General

El sábado 16 de mayo concluyó el muy cuestionado mandato de Consuelo Porras como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP). Ante este relevo, las autoridades indígenas de los pueblos Maya y Xinka, emitieron un comunicado exigiendo al nuevo Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, un cambio de rumbo y una depuración de la muy preocupante corrupción dentro del MP. Entre sus principales demandas destaca “la pronta revisión de los casos de criminalización contra autoridades indígenas por haber defendido la democracia en el año 2023; así como de periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y fiscales que investigaban casos de corrupción a gran escala. Asimismo, exigimos que quienes intervinieron para desestimar dichas investigaciones respondan por sus actos”1.

En diversos departamentos del país se dieron manifestaciones para celebrar la salida de Porras y para hacer llegar las demandas al nuevo Fiscal General. En el caso de la población quetzalteca, exigieron que se “deje sin efecto la persecución, judicialización y criminalización de líderes de los pueblos originarios, estudiantes y docentes de la USAC, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas”, tal y como se plasmó en un comunicado de la Multisectorial de Occidente2.

Asimismo, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y expresión en el país, solicitaron al nuevo Fiscal, mediante una carta publicada por Artículo 19, con sede en México, poner fin a la criminalización de periodistas y restablecer los derechos vulnerados durante la desastrosa gestión de Porras. Demandaron “crear condiciones reales y garantías de seguridad para que periodistas y comunicadores forzados al exilio puedan regresar a Guatemala sin temor a represalias, detenciones arbitrarias o persecución judicial”3.

Preocupa la reapertura de la mina Fénix Nickel en El Estor

La mina Fénix Níquel, ubicada en El Estor, Izabal, ha reanudado operaciones bajo una nueva estructura administrativa vinculada a Estados Unidos. Anteriormente operaba bajo las razones sociales CGN y Pronico. La mina continúa asociada al grupo Solway, que ha sido señalado y sancionado internacionalmente por presuntas irregularidades relacionadas con la falta de consulta previa a las comunidades indígenas Q’eqchi’ y por ejercer violencia de diversa índole contra comunitarias y comunitarios de la zona que manifestaron su desacuerdo con las operaciones mineras. A día de hoy, sigue pendiente el cumplimiento de varias obligaciones internacionales relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas de la región, respaldadas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en mayo de 2023, en el caso de la Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9, contra el Estado de Guatemala4. Las personas defensoras de la región con la cuales tiene contacto PBI Guatemala han compartido su preocupación por la reapertura de la mina.

Cierre de la mina San Luis en Chinautla

El lunes 18 de mayo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció la cancelación de la licencia ambiental de la mina San Luis, ubicada en Santa Cruz Chinautla, departamento de Guatemala, además de imponer una sanción económica de Q80.545,50. La resolución surge tras años de lucha y resistencia del pueblo Poqomam, que ha denunciado los impactos negativos de la actividad minera en la salud, el medio ambiente y la economía de las comunidades. “Esta resolución es el resultado de años de resistencia, peticiones, denuncias comunitarias y defensa legítima del territorio. Exigimos al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que actúe de manera inmediata y emita las resoluciones pertinentes para no otorgar la prórroga de la licencia, garantizando así el cierre total del proyecto minero Piedrinera San Luis”, señalaron la Autoridades Ancestrales de Santa Cruz Chinautla en un comunicado leído durante una conferencia de prensa5.

Clausura provisional del proceso contra Leocadio Juracán6

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, resolvió cerrar provisionalmente el caso contra el exdiputado y dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Leocadio Juracán, acusado por el MP por la supuesta comisión de varios delitos. Finalmente este mes, la audiencia de etapa intermedia logró desarrollarse tras haberse suspendido al menos en dos ocasiones. Juracán señaló que las pruebas que presentó el MP en su contra no tenían sustento, por lo que el Juzgado otorgó un mes más para que el MP presente un acto conclusivo. Mientras tanto, se determinó el cierre provisional del caso, así como el fin de las medidas coercitivas que le habían impuesto. El 8 de julio se realizará una nueva audiencia en la que se definirá si el proceso penal continúa o si se cierra de manera definitiva.

Juracán fue capturado el 13 de agosto del año pasado, acusado por los delitos de usurpación agravada, atentado contra el patrimonio nacional y cultural de la nación, incendios forestales y comercialización de productos forestales sin documentación. En la audiencia de primera declaración, celebrada 5 días después de su captura, se lograron desvanecer tres de los cuatro delitos, quedando ligado a proceso únicamente por el de usurpación agravada. Tras esta audiencia quedó en libertad al recibir medidas sustitutivas, tras pagar una fianza de Q50 mil.

Los hechos por los cuales ha sido señalado Juracán se remontan al 5 de marzo de 2025, cuando se realizó un desalojo en la comunidad Río Tebernal, ubicada en Izabal. Previamente, Juracán había interpuesto un amparo para evitar el desalojo de las familias. La denuncia contra Juracán fue presentada por Adrián Byron Yuri Mota Vidaurre, quien lo señaló de promover que las personas desalojadas regresaran al lugar.

Libertad y absolución a favor de la exfiscal Astrid Pimentel7

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal confirmó la absolución de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Astrid Paola Pimentel, al rechazar la apelación presentada por el MP por errores de forma en el recurso.

El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal ya había resuelto en septiembre de 2025 absolver a Pimentel, al considerar que no existían pruebas válidas para demostrar que cometió el delito de revelación de información confidencial o reservada. Además, varias evidencias presentadas por el MP no fueron admitidas por inconsistencias en su incorporación al proceso.

Pimentel había sido acusada de entregar información de testigos protegidos del caso Manipulación de Justicia a la defensa del militar retirado Erick Melgar Padilla. Durante el proceso Pimentel sostuvo que la investigación en su contra fue ilegal. Además, afirmó que el delito que le imputaron fue vinculado erróneamente a disposiciones de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pese a que —según manifestó— los hechos atribuidos “eran totalmente falsos”. Este caso ha sido uno de los cientos de acusaciones iniciadas por el MP bajo el mandato de Consuelo Porras, para criminalizar a fiscales que investigaron los grandes casos de corrupción de funcionarios y funcionarias de gobiernos anteriores.

Suspenden audiencia de Claudia González

El juicio contra Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue aplazado hasta 2027 debido a la ausencia del MP y a una apelación pendiente. González está acusada de abuso de autoridad por acciones realizadas cuando colaboraba con la FECI en un caso contra la exmagistrada Blanca Stalling. Ella sostiene que el proceso carece de base legal y lo considera parte de una persecución política contra operadores y operadoras de justicia vinculadas a casos anticorrupción. Su caso se enmarca en una una coyuntura nefasta donde, desde 2021, fiscales, jueces, juezas y otros actores judiciales ligados a investigaciones anticorrupción han sido investigados, encarcelados o forzados a salir al exilio. Además, González afirma que su captura tuvo un efecto intimidatorio en otros abogados y abogadas, enviando el mensaje de que participar en estos casos podía implicar represalias. “Ningún abogado debería ir a prisión por hacer su trabajo”8.

Pueblo Tz’utujil presenta nuevo recurso legal contra la autorización de 279 líneas de mototaxis9

En Santiago Atitlán, Sololá, autoridades ancestrales del pueblo Tz’utujil presentaron un nuevo recurso legal contra la autorización de 279 líneas de mototaxis, tras un amparo provisional que permitió su funcionamiento. La comunidad sostiene que esta decisión judicial vulnera derechos colectivos, ya que el 7 de mayo de 2025 el Concejo Municipal había aceptado lo acordado en asamblea comunitaria, donde se solicitó la derogación de estas líneas. Según el vocero Diego Petzey, el juez priorizó intereses particulares sobre el bienestar colectivo del pueblo. Las autoridades aclararon que su lucha no es contra las instituciones del Estado, sino una exigencia de respeto al sistema democrático de decisión comunitaria propio de Santiago Atitlán.