En abril de 2025 comenzamos el acompañamiento a Carlos Ernesto Choc, periodista Maya Q’eqchi’ que desarrolla su labor en el municipio de El Estor, Izabal. En su trayectoria destaca la participación en los proyectos de Green Blood y Mining Secret, investigaciones periodísticas que revelaron los daños ambientales causados por la empresa de níquel Solway Investment Group, responsable de operar la mina más grande de Centroamérica. Su trabajo en estos proyectos fue publicado en diversos medios de comunicación internacionales, así como en el medio guatemalteco Prensa Comunitaria. La labor de Carlos en defensa del medio ambiente y los derechos humanos, le ha llevado a enfrentar graves riesgos: intimidaciones, amenazas, todo tipo de hostigamientos, criminalización y judicialización. Todo ello le obligó a salir al exilio el pasado año, de forma temporal. El acompañamiento de PBI forma parte de su estrategia de seguridad y de la apertura de espacios donde visibilizar su lucha. “Hay que reinventarse y crear una nueva dinámica; por eso me acerqué a PBI y solicité apoyo, para poder seguir con mis actividades de periodista, que vean que no estoy solo”.
Ejercer el periodismo de investigación y denuncia siempre ha sido una tarea de riesgo en Guatemala. En 2017 los niveles de violencia hacia Carlos Choc adquirieron una nueva dimensión. En ese momento el periodista fue criminalizado y judicializado tras documentar la muerte del pescador Carlos Maaz, durante las protestas por la contaminación del Lago Izabal. La comunidad acusaba a la empresa minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y subsidiaria a su vez de Solway Investment Group, de ser la responsable de la aparición de una mancha roja en el lago, consecuencia de vertidos de desechos tóxicos. “Guatemala está viviendo una cuarta invasión: primero los españoles, luego los alemanes, después el Conflicto Armado Interno y ahora es el momento de las empresas extractivas”, resume Carlos. Esta situación llevó a los pescadores a bloquear las carreteras como medida de presión. Durante el operativo de desalojo, Carlos Choc pudo documentar que la Policía Nacional Civil utilizó gases lacrimógenos y armas de fuego contra la población, así como captar imágenes del cuerpo sin vida de Carlos Maaz, quien fue presuntamente alcanzado por un disparo proveniente de las fuerzas de seguridad. Con el respaldo del Ministerio de Gobernación, que negó oficialmente que se hubiesen producido fallecimientos durante el operativo, la minera Fénix denunció a Carlos Choc y a otro periodista por los delitos de amenazas, detención ilegal, instigación a delinquir, manifestación ilícita y asociación ilícita, iniciando así un largo proceso judicial que duró hasta enero de 2024, cuando tanto Carlos, como los demás acusados, fueron absueltos por falta de mérito.
El acoso e intimidación hacia Carlos no finalizó con la sentencia absolutoria del caso de criminalización descrito antes. En 2020 sufrió un robo en su casa y la Fiscalía de Derechos Humanos le brindó ciertas medidas de protección, las cuales no fueron demasiado efectivas, según señala el propio Carlos. De la misma manera la criminalización y judicialización tampoco paró, pues en 2021 volvió a ser denunciado penalmente por instigación a delinquir y por, supuestamente, haber agredido físicamente a un agente cuando se encontraba cubriendo unas protestas en El Estor. Poco después de sufrir esta nueva acusación, su casa fue allanada por el Ministerio Público bajo la justificación de ser parte de una investigación a periodistas y líderes comunitarios en el marco de criminalización de la Radio Comunitaria Xyaab“ Tzuultaq’a (La Voz del Cerro). De nuevo «esto fue una criminalización en mi contra por el trabajo periodístico que hago», asegura.
Aunque la situación de violencia explícita ha disminuido desde entonces, la estrategia de destrucción del tejido social y de desgaste moral hacia el periodista continúa. Desde el inicio del acompañamiento en abril de 2025, el equipo de PBI ha podido documentar varios episodios de difamación y desprestigio contra él en redes sociales, así como la situación de alerta en que vive, tanto él como su familia, especialmente ante la inminente reapertura de operaciones de la mina Fénix, en suspenso desde 2021. “Las líneas de acción de la nueva empresa directiva son aún desconocidas, aunque la previsión es que se vuelva a generar tensión social”, explica Carlos. “Ahora la población está más unida en contra de la minería, porque ahora está la resistencia y los extrabajadores que también están manifestándose porque la minera no cumplió con su promesa de darles empleo”. En esta situación, parte del trabajo de Carlos Choc consiste en visibilizar la demanda pública de las autoridades ancestrales de El Estor. Estas exigen que si se reactiva la mina, antes se reparen los daños ambientales y los de las personas que han sido criminalizadas, así como que se haga un estudio de impacto ambiental y que se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada a las comunidades.