Caso Pajales Sis, Retalhuleu. La lucha contra los ingenios azucareros

PBI Guatemala comenzó a acompañar la lucha de la comunidad Pajales Sis en septiembre de 2025. Esta comunidad forma parte de REDSAG y participa activamente en la defensa de los derechos de las comunidades al agua y a una vida digna, así como en la lucha contra los monocultivos cuyas actividades las amenazan. En el ámbito agroecológico, REDSAG no considera compatibles los monocultivos con la soberanía alimentaria, debido a los daños que ocasionan a la biodiversidad y al hecho de que, en muchas ocasiones, las fumigaciones y el uso de agrotóxicos afectan los huertos y los cultivos de las comunidades. La Red acompaña a varias luchas contra los monocultivos en diferentes partes del país, como en el caso de Pajales Sis. 

La comunidad Pajales Sis, en el municipio de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, se encuentra entre los ingenios azucareros El Pilar y Tululá. José Miguel Sánchez, integrante del COCODE y comunitario de Pajales Sis, explica que esta comunidad “es el ejemplo de toda la problemática que hay desde Escuintla hasta San Marcos. Todo es el mismo problema, el tema del agua, la contaminación, la caña (…). Como comunidad estamos en medio de los grandes ingenios”1. Según la comunidad, cuando las empresas azucareras llegaron a sus tierras, les prometieron numerosos beneficios, les dijeron que les iban “a dar un tanque de agua, un campo, que iban a hacer un puente. Pero todo esto fueron mentiras”. José Miguel afirma que, además de las promesas incumplidas, la comunidad ha sufrido, y sigue sufriendo, las consecuencias negativas derivadas de la actividad de los ingenios azucareros, sobre todo en sus ríos. “En 2013 desviaron el río Sis para meter un canal abierto que lleva todos los desechos industriales que salen del ingenio El Pilar y de ahí se meten en medio de la comunidad”2. 

Como explica José Miguel, uno de los principales problemas que enfrenta la comunidad es el desvío y la contaminación del río por parte del ingenio El Pilar. La empresa modificó el curso del río Sis, creando un canal que cruza la comunidad y que es utilizado para transportar desechos industriales y agrotóxicos utilizados por el ingenio. La población afirma que este canal abierto genera un olor fuerte y desagradable en la zona y favorece la proliferación de mosquitos transmisores de graves enfermedades, lo que pone en riesgo la salud de la población. A esta situación se suma la problemática de la falta de mantenimiento de los gaviones construidos por la empresa. Los gaviones son paredes levantadas a ambos lados del río para contener el flujo del agua. Debido a la falta de mantenimiento, la mayor parte de estas paredes ya se han colapsado, lo que expone a la comunidad a un alto riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. Al mismo tiempo, durante los meses de verano, la empresa acentúa la sequía al utilizar agua del río para regar sus cultivos de caña de azúcar, reduciendo significativamente la disponibilidad de agua para las familias. 

Además de los impactos sobre el río, la actividad azucarera genera otros efectos negativos sobre la vida de la comunidad. Uno de ellos es el provocado por la quema de caña de azúcar de la cosecha anterior, una técnica utilizada para preparar el terreno para la nueva cosecha. Esta práctica cubre de ceniza viviendas, comercios y espacios comunitarios; afecta a los animales, deteriora el medioambiente, provoca daños en los tejados de las casas y causa problemas respiratorios en la población. Asimismo, los períodos de fumigación del monocultivo de caña también tienen graves consecuencias para la salud. Esto lo sufren de forma especialmente virulenta José Miguel y su familia, ya que los cultivos de caña se encuentran a menos de cinco metros de la puerta de su vivienda, lo que los expone de manera directa a los efectos de las quemas y las fumigaciones. 

La comunidad ha organizado numerosas acciones para protestar contra las malas prácticas de los ingenios azucareros en la región y exigir que se respeten el medioambiente y los derechos humanos de sus habitantes. “En el año 2017 empezó nuestra lucha en Pajales Sis”, explica José Miguel, “Empezamos a denunciar, tanto el desvío del río, como la contaminación que los ingenios provocan en toda la Costa Sur”3. A todos los impactos negativos descritos, se suma la delicada situación de seguridad en la que se encuentra José Miguel, debido a las represalias tomadas contra él por ejercer su liderazgo en la lucha contra los ingenios azucareros. Lleva años recibiendo amenazas y ha sido objeto de procesos de criminalización. De hecho, desde 2017, cuando comenzó su lucha, enfrenta un proceso penal impulsado por una de las empresas azucareras de la región, El Pilar. Esta criminalización, como en el caso de otras defensoras y defensores que también la sufren, es una estrategia de la empresa para obstaculizar su labor de defensa de los derechos de las comunidades y para generar miedo.

A pesar de la situación de inseguridad y de la criminalización a la que se enfrenta José Miguel, no ceja en su lucha y continúa denunciando las malas prácticas de las empresas azucareras. Como resultado de las denuncias interpuestas por él y por otros integrantes de la comunidad, Pajales Sis tiene actualmente dos procesos judiciales abiertos: uno civil y otro penal. El proceso civil, que aún sigue en curso, se refiere a una demanda relacionada con los gaviones construidos por la empresa El Pilar. En cuanto al proceso penal, la comunidad exige que el ingenio se responsabilice de la contaminación del río. Aunque varias de las denuncias que presentaron fueron desestimadas, una de ellas, interpuesta en 2019, logró avanzar. 

Como parte de dicho caso, en 2025 el Ministerio Público (MP) realizó una diligencia para recabar pruebas en las áreas del ingenio e investigar las denuncias contra la empresa. Sin embargo, esta diligencia, que debía realizarse de manera sorpresiva para garantizar la imparcialidad de la investigación, fue coordinada previamente con la empresa azucarera. Los y las comunitarias, afirman que señalaron los puntos donde debían tomarse las muestras de agua, ya que eran las zonas donde se observaba la contaminación. Sin embargo, las muestras fueron tomadas en otros lugares donde el agua no presentaba signos de contaminación. Como resultado, la investigación resultó negativa y concluyó que no se encontraron sustancias tóxicas en el río.

En marzo de 2026 se realizó una audiencia en el Organismo Judicial de Retalhuleu para dar seguimiento al caso y presentar los resultados de la investigación. Aunque José Miguel, querellante del caso, había sido citado, no se le permitió entrar a la sala. La audiencia se llevó a cabo, únicamente con la presencia de un representante de la empresa y otro del MP, mientras José Miguel y sus abogadas se vieron en la obligación de quedarse fuera. Durante dicha audiencia se decidió cerrar el caso con base en los resultados de la investigación. José Miguel y sus abogadas rechazaron la decisión debido a las presuntas irregularidades durante la investigación y a la gravedad de los impactos que la empresa ha generado en la comunidad. 

Por su preocupante situación de seguridad, PBI acompaña a José Miguel Sánchez como integrante del consejo político de la REDSAG desde abril de 2026.