Justicia Transicional en Guatemala: retrocesos e incertidumbres

El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera”, poniendo fin a 36 años de Conflicto Armado Interno (CAI). Los Acuerdos de Paz reconocieron la necesidad de actuar “con firmeza contra la impunidad”, así como el “deber humanitario [de] resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”1. Asimismo, afirmaron el “derecho del pueblo de Guatemala [a] conocer plenamente la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno”2. 

Sobrevivientes y víctimas luchan por la justicia

Los avances en justicia transicional – cuyos 4 elementos constitutivos son justicia, verdad, reparación y no repetición –, no se han dado gracias a los compromisos adquiridos por el Estado tras la firma de la Paz, sino a la lucha tenaz de familias y organizaciones de víctimas del CAI. En los años 90, empujados por estos colectivos y sus abogadas y abogados, iniciaron procesos judiciales sobre los diferentes crímenes ocurridos durante este cruento periodo de la historia de Guatemala: despojos, asesinatos, violaciones sexuales, secuestros, desapariciones, masacres, genocidios. Sin embargo, los trabajos de investigación tuvieron que enfrentar obstáculos, irregularidades y retrocesos, como exclusión de delitos inicialmente imputados y de autores materiales e intelectuales, así como repetición de debates para subsanar entorpecimientos en las fases iniciales.

Entre los primeros procesos judiciales por crímenes de guerra destacamos:

• Torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales ocurridas entre abril de 1982 y enero de 1983 en Tululché, Chiché, dirigidas por el comisionado militar Candido Noriega y ejecutadas por comandos militares y patrullas de autodefensa civil (PAC). El proceso judicial contra Noriega, empujado por la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), duró de 1992 a 1999 y llevó finalmente a una sentencia de 220 años de prisión por 6 de los 156 delitos originalmente imputados, de la cual solo cumplió 15 años, siendo indultado por “buena conducta”3.
• Jesús Tecu Osorio, uno de los sobreviviente de la masacre de Pak’oxom, Rio Negro, comenzó en 1993 el proceso legal contra 3 de los aproximadamente 50 PACs que cometieron esta masacre. En 1999 fueron condenados a 60 años de prisión (la Comisión para el Esclarecimiento Histórico - CEH - registró una serie de masacres en la región de Rio Negro, entre ellas la de Pak’oxom, entre 1980 y 1982, con unas 500 personas asesinadas en el contexto de la construcción de la hidroeléctrica Chixoy4)
• El asesinato de la antropóloga Myrna Mack, perpetrado en 1990 por agentes de seguridad del Estado. Gracias a la incansable lucha de su hermana Helen Mack, en 1994 fue sentenciado el autor material, el especialista del ejército Noel de Jesús Beteta Álvarez. Sin embargo, no fue hasta 2002 cuando un tribunal condenó al director del Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor, Juan Valencia Osorio, como autor intelectual. Por el contrario fueron absueltos los también militares Edgar Augusto Godoy Gaitán y Juan Guillermo Oliva Carrera. Valencia Osorio al día de hoy está prófugo5.

Por falta de avances en las investigaciones y procedimientos dentro del sistema judicial guatemalteco, decenas de demandas judiciales fueron presentadas a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y CorteIDH). De estos procesos han resultado 15 sentencias condenando al Estado de Guatemala por su responsabilidad en los hechos denunciados. Como parte de estas sentencias, la Corte ordenó al Estado guatemalteco reconocer sus responsabilidades, realizar las investigaciones necesarias y procesar a los responsables de los crímenes denunciados, así como tomar medidas de reparación digna. 

El Ministerio Público asumió su papel

Según Raúl Nájera6, investigador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la época de más avances en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos (DDHH) cometidas durante el CAI, se dio durante el mandato del presidente Álvaro Colom (2009-2013), a partir de que asumió el cargo de Fiscal General (FG) y Jefe del Ministerio Público (MP) José Amílcar Velásquez Zárate, quien dio los primeros pasos para que el MP se independizase de intereses políticos y económicos. Pero fundamentalmente a partir del 2010 cuando fue electa FG la reconocida defensora de DDHH Claudia Paz y Paz, quien fungió en el cargo entre 2010 y 2014. En 2011 Paz y Paz ordenó la creación de la Unidad de Casos Especiales del CAI del MP, para hacer avanzar estos casos y dar cumplimiento a las sentencias de la CorteIDH. Tanto el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)7 como la ODHAG coinciden en que dicha fiscal realizó significativamente un buen trabajo y contó con amplio apoyo de la sociedad civil, de la comunidad internacional y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). De forma estratégica apostó por la formación de fiscales e incrementó el número de integrantes de los equipos de investigación. 

Paz y Paz será recordada como la FG que en 2013, llevó ante la justicia al dictador José Efraín Ríos Montt por Genocidio y delitos de lesa humanidad, lográndose una sentencia condenatoria. Este juicio no tiene precedentes en ningún país del mundo, pues fue la primera vez que se juzgó y condenó a un exjefe de Estado por genocidio, en un tribunal de su propio país. Sin embargo, dicha sentencia fue suspendida después de 10 días. En 2018, con Ríos Montt ya fallecido y tras la repetición del juicio, de nuevo un tribunal nacional concluyó que sí hubo genocidio contra el grupo étnico Maya Ixil. El general murió unos meses antes y sin haber pasado más de un par de días en la cárcel. Aún así, para la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR)8, lo importante es que “se ha logrado reconocer oficialmente que en Guatemala sí ocurrió un genocidio. […] Esta sentencia es un referente en Guatemala; no solo la AJR, sino también varias organizaciones de víctimas y familiares, hemos logrado visibilizar los hechos y poner a prueba el sistema de justicia nacional”. Asimismo, resalta que la sentencia permitió un cambio en el imaginario colectivo, ya que “no se podrá negar que fueron ellos [el ejercito] quienes planearon y ejecutaron los hechos, y no la guerrilla”.

Lucrecia Molina Theissen9, que lleva décadas buscando que se haga justicia por la desaparición de su hermano pequeño Marco Antonio, explica que los juicios permiten “quitarles las máscaras a los perpetradores” quienes, gozando de impunidad, declaran haber “salvado a Guatemala del comunismo”. También hace hincapié en el impacto reparador de las sentencias, mencionando el caso de su hermana Emma Guadalupe, quien “se recuperó de manera extraordinaria” después de haber vivido durante décadas con el sentimiento de culpabilidad relacionado con la desaparición de su hermano. “El impacto de los casos judiciales incluso se extiende a nivel colectivo, ya que permiten llevar a los tribunales verdades compartidas por decenas de miles de víctimas. Finalmente, los peritajes y testimonios presentados en las audiencias contienen un enorme bagaje de conocimiento, que contribuye a la comprensión de los factores y el contexto histórico en el que se cometieron un sinnúmero de graves violaciones a los DDHH”.

La reacción de los sectores de la impunidad

En 2015 las organizaciones y familiares de víctimas y sobrevivientes ya habían ganado varios procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, en los cuales los acusados eran militares de alto rango. Adicionalmente, la recién creada Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP – en ese momento bajo el mandato de la FG Thelma Aldana (2014-18) – en colaboración con la CICIG, destapó la corrupción dentro del sector judicial, político y empresarial. De repente integrantes de las familias dueñas de las empresas grandes de Guatemala, políticos, jueces y juezas fueron investigados por actos de corrupción a gran escala. 

En 2018, el entonces presidente Jimmy Morales – cuyo hijo y hermano estaban bajo investigación de la FECI y la CICIG –, eligió a María Consuelo Porras Argueta como FG. Esta fue reelecta en 2022 por el sucesor de Morales, Alejandro Giammattei. Los sectores antes mencionados, hasta antes de la CICIG intocables, ahora estaban siendo investigados y judicializados por sus actos corruptos, lo que les llevó a aliarse en un frente común conocido como “el pacto de corruptos”, con el objetivo de forzar la salida de la CICIG, lo que lograron en 2019. El Congreso de la República de forma ilegal no renovó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en 2020 fue electa una Corte de Constitucionalidad (CC) alineada con los sectores reaccionarios. En 2021 la FECI fue desmantelada a partir de la destitución de su jefe, José Francisco Sandoval, quien llevaba investigaciones por corrupción, entre otras, contra el entonces presidente Giammattei. La Fundación Contra el Terrorismo10, cuyas denuncias judiciales contra operadores de justicia y personas defensoras habían sido rechazadas anteriormente, encontraron eco en el MP de Porras y estuvieron acompañadas por una campaña violenta de desprestigio, intimidación, criminalización y judicialización contra operadoras de justicia y excolaboradoras de la CICIG, que resultaron en acusaciones espurias. Jueces afines al MP ligaron a proceso a estas personas y las mandaron a prisión preventiva, donde pasaron meses, e incluso años, mientras el sistema de justicia, de forma maliciosa, alargaba los procesos mediante suspensiones de audiencias, recursos legales, tardanza en la conformación de tribunales, etc. Como consecuencia, se vieron forzadas a salir al exilio más de 100 personas, entre fiscales, jueces, juezas y periodistas, que habían dedicado su vida profesional a la lucha contra la corrupción11.

Esta cadena de circunstancias ha afectado profundamente al Estado de Derecho en Guatemala y, por lo tanto, a los casos donde se juzgan crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, entre 2019 y 2023, varios órganos encargados de impulsar y monitorear compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz, como la Comisión Presidencial de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República (SEPAZ) y el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), fueron disueltos. Según la AJR, el cierre de estas instituciones por parte del gobierno de Giammattei, enterró los compromisos de los Acuerdos de Paz y cesó los esfuerzos nacionales para la reparación de las víctimas del CAI. 

A finales de 2024 la FG Consuelo Porras, desmanteló la Fiscalía de DDHH y nombró como jefe de la misma a Noé Rivera, fiscal que llevó varias investigaciones contra exfiscales y extrabajadoras de la CICIG y que está incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos por ser “un actor corrupto que socava los procesos democráticos en el país”12. Frente a esta situación, varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, denunciaron “acciones abiertamente ilegales y que contravienen los estándares internacionales en materia de justicia [que] se traducen en un pacto de impunidad a favor de violadores de derechos humanos, criminales de guerra y, principalmente, en un insulto a las familias de las víctimas”13.

José Silvio Tay lamenta que “los pocos fiscales que hicieron bien su trabajo […] fueron posteriormente perseguidos, criminalizados y varios de ellos tuvieron que exiliarse”. Entre los años 2021 y 2025, 105 fiscales fueron destituidos por el MP, 85 sin causa justificada, según un estudio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina y la organización guatemalteca Alianza por las Reformas14. 

Los compromisos asumidos con los Acuerdos de Paz también enfrentan retrocesos significativos en cuanto al derecho a reparaciones frente a los daños cometidos. El PNR, que fue creado en 2003, fue cerrado en diciembre de 202315. Desde entonces no existe un programa de reparación, aunque el gobierno actual anunció la creación de un Plan Nacional de Dignificación y Reparación de las Víctimas del CAI16 que daría continuidad a la asistencia a las víctimas. Actualmente la AJR se está articulando con la Plataforma Nacional de Víctimas para avanzar sobre el tema. Si bien el gobierno actual designó a la Comisión Presidencial por la Paz y los DDHH (COPADEH) como institución que debe llevar a cabo el plan de reparación integral, esta alega falta de recursos jurídicos y económicos. AJR señala que “mientras no haya avances en reparación, se está cayendo en la ilegalidad de usar los fondos públicos para reparar a las víctimas en la reparación de exmilitares”17. De hecho, cada 3 años el Congreso aprueba una ley para otorgar una indemnización de 36.000 quetzales a veteranos militares del CAI a cambio de su participación en proyectos de reforestación. En 2022 Alejandro Giammattei firmó el último de estos acuerdos18.

Revictimización sistemática en los procesos judiciales

Los fuertes retrocesos en materia de justicia transicional observados en los últimos años, tienen un gran impacto sobre víctimas y sobrevivientes. José Silvio Tay comenta que el mayor efecto es la revictimización. Muchas víctimas han tenido que declarar en reiteradas ocasiones, por ejemplo en los procesos contra Ríos Montt, Rodríguez Sánchez, Mendoza García, Benedicto Lucas García, y otros. “Hacer que las víctimas tengan que revivir sus experiencias y testificar una y otra vez en tribunales, hace que se cansen, se aburran y que se pierda el interés general en un caso, por muy fuertes que sean”. “Hay muchos testigos sobrevivientes que esperaron ver la justicia, pero ya murieron, se quedaron esperando. Muchos otros ya no pueden acudir a las audiencias porque son muy mayores. Es así como repercuten las dilataciones en la justicia: tras esperar tanto tiempo, mueren los testigos. Y es eso lo que quieren, que ya no haya testigos. Cuanto más se tardan los procesos, los acusados mueren y ya no les alcanza la justicia. En el caso de Ríos Montt, pese a haber sido sentenciado, no llegó entrar a prisión alegando una enfermedad. En el caso de Rodríguez Sánchez, fue absuelto. Y en el caso de Mendoza García, ha habido múltiples y reiterados retrasos. Entonces, sin testigos ya no hay testimonios vivos”. De los 270 testigos iniciales involucrados en el caso Genocidio Ixil, 47 ya fallecieron. 

Según José Silvio Tay, las diferentes estrategias para atrasar los procesos evitan “que haya justicia pronta y oportuna. Son tácticas maliciosas para hacer que los procesos se prolonguen. No es que no haya elementos probatorios o que las investigaciones sean malas, sino que es un mecanismo alineado con la cooptación del sistema de justicia. Esto evidencia que los procesos judiciales están cooptados y que los victimarios y perpetradores del CAI tienen relaciones dentro del sistema de justicia. De los casos que llevamos la AJR, solo dos acusados siguen vivos. Una vez fallezcan, no habrá ni acusados”. 

Para las víctimas del CAI y sus familias, la dilatación de los procesos judiciales también hace perdurar el dolor y los traumas relacionados con los crímenes cometidos. Lucrecia Molina Theissen explica que, para su familia, para su papá, la desaparición forzada viene acompañada de la culpa, del “¿y si hubieramos?, una pregunta referida a múltiples circunstancias que no tienen respuesta. Además, socialmente se estableció un clima hostil y de estigmatización sobre la persona que desafía al poder, que falta a su deber de obediencia, cuestión que caracteriza a Guatemala por tratarse de un país regido por el autoritarismo y el miedo a lo largo de toda su historia. Respecto de lo sucedido en los años del conflicto, el poder manipuló la verdad – y lo sigue haciendo – al cargar la culpabilidad sobre las víctimas: ¿en qué está/estaba metido su hermano? Para entender lo que sucedió, saber quiénes son los responsables y hacer justicia, es necesario deconstruir este factor útil y perverso para resguardar su impunidad. “En nuestro caso -continúa- la gente nos culpó, al igual que algunas personas en la familia. Incluso un dirigente de una organización de DDHH en una entrevista de prensa expresó que la familia huyó y dejó solo a Marco Antonio en la casa”.

“La sentencia quedó como papel mojado”

Dentro de los mecanismos utilizados para obstaculizar la acción penal, el BDH coincide en que existe un patrón para frenar los casos: el uso abusivo del amparo, entre otras acciones judiciales dilatorias. Aunque no fue concebido para ese fin, se ha convertido en un mecanismo empleado —e incluso promovido— por autoridades judiciales para paralizar procesos. En el caso del Genocidio Ixil, el BDH señala que “debe reconocerse que hubo un apoyo y una complicidad por parte del Estado, y que esta continúa hoy, dejando pasar el tiempo hasta que los perpetradores mueran y los hechos queden impunes”19.

En varios casos, la revictimización también es producto de la criminalización de la familia de las víctimas. En esa línea, Lucrecia Molina Theissen explica que una de las abogadas de la defensa, Karen Fischer, las acusó por denuncia falsa y simulación de delito al afirmar que “nosotras secuestramos a Marco Antonio, lo sacamos de Guatemala, le cambiamos el nombre y lo casamos con Eugenia, una de mis hermanas. La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía Metropolitana a dos o tres días de la sentencia del 23 de mayo de 2018 y continúa vigente por el recurso al litigio malicioso. En tal sentido, nuestro equipo jurídico nos informó que, al parecer, la estrategia de Fischer, seguramente apoyada por Consuelo Porras, es que se nombra a un fiscal para investigar su acusación, este procede, concluye que no hay nada por hacer; entonces Fischer lo recusa y se nombra a otro fiscal que repite la misma dinámica porque efectivamente no hay materia, no hay un caso, no es cierto lo que dice en absoluto. Las recusaciones y nuevos nombramientos han sido empleados para mantener abierta la denuncia. Todo esto contradice el hecho de que el Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad por la desaparición forzada de Marco Antonio y aceptó las medidas de reparación dictadas por la CorteIDH, que incluyen la búsqueda y entrega de sus restos”. Además de lo anterior, una sala de apelaciones con diferentes composiciones en 2023 y 2025 les otorgó medidas sustitutivas a los cuatro sentenciados, a pesar de que la legislación nacional e internacional no las contempla para crímenes de la magnitud de los cometidos contra Marco Antonio -desaparición forzada- y Emma -torturas, violencia sexual y delitos contra los deberes de humanidad. Con anterioridad, el 24 de marzo de 2023 la CorteIDH le había ordenado al Estado que “para prevenir un daño irreparable” los condenados no podrían obtener beneficios. Pero estos recurrieron a la CC, órgano que le ordenó ilegalmente a la Sala Segunda de Apelaciones que lo hiciera bajo amenaza de tomar medidas punitivas en su contra; en junio de 2023 fueron prácticamente liberados Callejas, Lucas y Gordillo. El otro convicto, Zaldaña Rojas, también las solicitó y las consiguió finalmente en abril de 2025, una afrenta muy grande para la familia, puesto que él fue el autor material, el hombre que allanó la casa, le puso una pistola en la cabeza a la madre de Marco Antonio para emplearla como escudo y secuestró al niño. Por otra parte, en su sentencia No. 108, de julio de 2004, la CorteIDH ordenó al Estado guatemalteco “localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Theissen a sus familiares”20, pero esto no ha pasado. Lucrecia Molina Theissen considera que “el sistema guatemalteco se está burlando de estos compromisos”. “Recibimos las resoluciones de supervisión de cumplimiento efectuadas por la Corte Interamericana, con mucha tristeza, y los informes del Estado con rabia, nunca dicen algo nuevo al respecto. La esperanza, sobre todo de mi mamá, era que al hacerse efectiva dicha sentencia y, entre otras, esta reparación, el sistema de justicia se empezaría a mover y exigir a otras instituciones del Estado que impulsaran la búsqueda y localización de los restos de Marco Antonio. Han sido golpes grandes”. Mientras tanto, la familia Molina Theissen sigue en el exilio, y teme que su regreso a Guatemala sea utilizado para alimentar la teoría del secuestro de Marco Antonio por la familia, para seguir con la criminalización hacia ellas.

El peso recae en la sociedad civil y en las propias víctimas

Frente a esta situación, para la AJR lo que cabe esperar es que la coyuntura cambie y sea más favorable. José Silvio Tay explica que constantemente reciben preguntas como “¿cómo va el caso? o ¿qué avances ha habido?”. Incluso a veces les preguntan directamente “¿y si son ustedes los que no quieren avanzar, y no los tribunales?”. Según ellos, no pueden permitirse solicitar la reprogramación de audiencias o el aplazamiento de un caso por razones internas, organizativas o presupuestarias, ya que eso sería incoherente con la postura que han sostenido en otros procesos. Sería contradictorio exigir avances en algunos casos y, al mismo tiempo, solicitar retrasos en otros. Si se presentan demoras, estas deben ser responsabilidad de los tribunales, no de la AJR.

Del mismo modo, según Tay “las iniciativas de dignificación y reparación de las víctimas que han sido cumplidas no ha sido por voluntad del Estado, sino por presiones, como en el caso de Río Negro [las violaciones a los DDHH causados por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy], que ha avanzado por la intervención de la CIDH. Fue en los gobiernos de Morales y Giammattei cuando se sepultaron los Acuerdos de Paz, y por eso ahora no tenemos una institución que responda por la dignificación, reparación y memoria. No ha habido una institución que se dedique a eso, lo único y poco que se ha ganado, ha sido por presión política nuestra e intervención política internacional”. 

La preservación de la memoria histórica tampoco está siendo impulsada por el Estado, las iniciativas existentes provienen de la sociedad civil, como es el caso del Museo de la Memoria del Parque Intercultural de Quetzaltenango, impulsado por un colectivo de artistas, situado en el antiguo cuartel Manuel Lisandro Barillas donde estuvo cautiva Emma. Lucrecia Molina Theissen hace hincapié en la importancia de este espacio, que considera como “algo maravilloso, poético” por medio del cual “le dieron vuelta al significado de un edificio que representó la muerte, la tortura, que era parte de este ambiente siniestro que se vivía en aquellos tiempos. Es lo que puede lograr el pueblo de Guatemala, la respuesta de jóvenes ante atrocidades que no quieren que se vivan otra vez en el país”21.

Otro lugar de memoria que está en manos del Estado es el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Este es un archivo único en Latinoamérica, de un valor incalculable para entender prácticas represivas como asesinatos políticos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas perpetradas por las autoridades guatemaltecas durante el CAI. Varias organizaciones de la sociedad civil están alertando sobre el riesgo de degradación de los documentos resguardados en el Fondo Documental de este archivo, y demandan hacer del lugar un sitio de memoria donde podría acudir la población. El archivo, que durante el gobierno de Morales corrió el riesgo de ser desmantelado22, en 2020 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación23.

Un horizonte incierto

Durante el primer semestre de 2026 tendrán lugar elecciones relevantes para la administración de la justicia: la de 5 magistrados/magistradas de la CC y la de FG y Jefa del MP. Según Raúl Nájera, ambas son sumamente importantes y el impacto del resultado de las mismas puede durar hasta 15 años. El abogado Santiago Choc del BDH, considera que “será difícil que la persona que asuma el cargo de FG no llegue condicionada, porque llegará después de haber sido seleccionada por una comisión de postulación y ésta será integrada por varios sectores que no necesariamente van en la línea de la lucha contra la impunidad”.

La AJR también está a la espera del cambio de FG, pero no están muy seguros de que la situación vaya a cambiar: “hasta ahora no sabemos quién va a llegar, puede llegar alguien mejor o alguien peor. Si llega alguien mejor, tal vez cambie un poco; si no, no. Y aun si llega alguien con voluntad, luego viene la presión y persecución para no dejarlos trabajar. Como pasa con el presidente Arévalo, ahora no lo dejan trabajar”24. 

Para Lucrecia Molina Theissen el contexto actual se enmarca en una trayectoria histórica mucho más amplia, marcada por la construcción de “un sistema de resguardo de la impunidad en el país […] para ocultar los crímenes de Estado que se cometieron desde los años 1950. El poder, ejercido antes por los militares y oligarcas atados a intereses estadounidenses, ahora también incluye a narcos y corruptos -el pacto de corruptos- que se apropian de puestos públicos para enriquecerse”. Lamentablemente ahora vivimos el fin de un minuto fulgurante en el que creímos que la justicia había nacido en Guatemala. Por otra parte, los años de terror de Estado reforzaron el miedo en la población. La mayoría de la gente condena la situación, pero no sale a la calle a protestar; repudia la corrupción, pero no ejerce su ciudadanía, no reivindica sus derechos, porque al hacerlo se desata la violencia estatal. Esto deja una huella profunda, de modo que el terror todavía circula en los vasos capilares de la sociedad. Habría que hacer una enorme labor de memoria y de justicia para que guatemaltecos y guatemaltecas conozcan la historia de lucha y resistencia de las anteriores generaciones para construir procesos democratizadores legítimos, inclusivos, irrebatibles y sostenibles, y que no se puedan tirar abajo con cambios en los puestos de poder”.