La Resistencia Pacífica de la Puya evita la ruina económica del Estado

El 23 de diciembre del 2025, la Resistencia Pacífica de la Puya, acompañada por PBI entre 2013 y 2024, recibió una noticia que llevaba 7 años esperando: el tribunal de arbitrajes rechazó la demanda millonaria de la empresa minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA) contra el Estado de Guatemala. La participación de la Resistencia en este proceso fue crucial para que el Estado ganara el arbitraje, ya que, gracias a su colaboración con el equipo legal estatal, este pudo aportar las evidencias que probaron justo lo contrario a lo denunciado por la empresa: que el Estado guatemalteco intentó por todos los medios facilitar el trabajo de la mina, llegando incluso a usar medidas de represión y violencia contra los y las integrantes de la Resistencia. Pero ni siquiera usando estas medidas extremas, el Estado y la empresa lograron doblegar a la Puya, cuyo coraje, valor, perseverancia, compromiso y rechazo absoluto a la actividad minera en su territorio, pararon el trabajo de la mina. 

En marzo de 2026, la Resistencia nos invitó a su 14o aniversario. Asistimos con gusto a la celebración y allí conversamos con Felisa Muralles (Doña Licha), José Ángel Llamas y Ana Sandoval sobre su lucha y su participación en las diferentes fases del proceso de arbitraje1.

PBI: ¿Cómo se enteraron de la demanda de la empresa contra el Estado de Guatemala?

Ana: En 2018, organizaciones internacionales, como el Institute for Policy Studies (IPS), nos contactaron para preguntarnos cómo estábamos viendo el proceso de la intención de demanda que había presentado la empresa contra el Estado. En ese momento no sabíamos nada y fue así como empezamos a conocer. A partir de ahí se generó un intercambio con compañeras y compañeros de Santa Marta (en El Salvador) y empezamos a conocer su experiencia con respecto al proceso de arbitraje de una empresa contra el Estado salvadoreño. Así fue como empezamos a empaparnos y a entender un poco de las demandas de arbitraje. 

En 2020 estábamos ya en el proceso de suspensión de la licencia dictada en 2016. Estábamos a la espera, porque habían pasado 4 años y la CC no resolvía el amparo por el tema de la consulta. Y justo entonces salió la resolución de la CC que confirmaba la sentencia y la violación al derecho a la consulta. Ahí fue cuando la empresa formalizó su demanda ante el CIADI e hizo sus reclamaciones.

La empresa le reclamaba al Estado no haber tenido un trato igualitario en relación con otras empresas al momento de resolver sus procesos judiciales. Otro reclamo fue que no les habían brindado suficiente seguridad para que la empresa pudiese trabajar. Y el otro, si no estoy mal, era el trato justo. Ese va un poco más en la línea de cómo el Estado está tratando a la empresa en materia de inversión. Y entonces aplican la demanda bajo el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA.

PBI: ¿Cómo se involucraron como Resistencia? 

Ana: En ese momento ya conocíamos un poco más del proceso, ya habíamos solicitado, en la primera etapa que se dieron las opciones, ser una parte no contendiente dentro del proceso. Esto significa ser una tercera parte para presentar un amicus curiae. Pero nos lo denegaron. Entonces, cuando la empresa formalizó su demanda, en 2020, volvemos a solicitar ser parte dentro del proceso para poder presentar el amicus. Argumentamos que teníamos información que ni el Estado ni la empresa le iban a proporcionar al tribunal, porque somos las víctimas directas del proceso y vivimos situaciones de parte del Estado, pero también de parte de la empresa, y eso ninguna de las partes se lo iba a dar al tribunal. Al final nos rechazaron bajo el argumento de que no teníamos personería jurídica. Después de eso, el Estado nos buscó, buscó un enlace con la Resistencia, nos pidieron hacer una visita y hablar del tema del arbitraje. Eso ocurrió a lo largo de una semana. 

PBI: Considerando la relación conflictiva que tuvieron con el Estado en el pasado, ¿cómo reaccionaron ante esta petición?

Ana: Bueno, al principio se les dijo que solo se les iba a escuchar, pues ellos ya traían su propuesta: querían tomarnos en cuenta dentro de la defensa. Fue durante el gobierno de Giammattei. Entonces, en aquella reunión se les escuchó y les explicamos que teníamos que pensarlo para tomar una decisión, les explicamos todo lo que el Estado nos había hecho, la represión y los procesos legales. Y ahí el abogado del Estado dijo: “ya sabemos, hemos leído mucho sobre ustedes; de hecho, nosotros ya hablamos de ustedes dentro del proceso y ciertamente dentro del memorial de la contestación del Estado a la demanda, el Estado ya reconoció a la Resistencia y argumentó mucho sobre la importancia del trabajo de la Puya”.

Doña Licha: Para nosotros fue bien problemático eso, porque la gente no estaba de acuerdo con sentarse con el enemigo, veíamos mal brindarle apoyo después de que nos había mandado a reprimir; fue un conflicto. En esa galera [del plantón] nos reunimos y los compañeros decían “no, el Estado nos reprimió, no podemos sentarnos con el Estado, no le vamos a colaborar”. Fue un choque feo, pero la gente que más se oponía era gente que estaba un poquito más lejos, que no llevaba el mismo sufrimiento que nosotros. Nosotros ya habíamos pasado por diferentes etapas, diferentes capacitaciones, diferentes procesos de concientización. Entonces, conseguimos ponernos de acuerdo a lo interno, decidimos que sí, que había que hacerlo para sentar un precedente. Llegamos al acuerdo de que el Estado somos todos y que si el Estado perdía, perdíamos todos. 

Llegamos a ese acuerdo y se brindó toda la información que había, se brindó el testimonio de 3 testigos para que pudieran dar toda la información que había, sobre cómo el Estado nos había reprimido y cómo había apoyado a la empresa. Todo ello al Estado le sirvió para defenderse de la acusación de la empresa de que no les había brindado el apoyo necesario que los inversionistas necesitaban, pues la represión del Estado contra nosotros fue precisamente para apoyar a la empresa. Además habían pruebas de que había habido subestación de policía en dos lados, aquí, cuidando las entradas. Todas esas evidencias reafirmaron que el Estado sí le dio a la empresa el apoyo necesario. Nosotros confiamos desde un inicio que esas pruebas iban a dar buen fruto. Y se logró. 

José Ángel: Bueno, fue una situación complicada porque las comunidades no llegábamos a asimilar esa situación cuando la PGN [Procuraduría General de la Nación] nos preguntó si podíamos apoyarles con algunos informes de las situaciones que habíamos vivido. Entonces, en una reunión entre nosotros fue un poco discutido porque no es fácil apoyar a un enemigo, pues prácticamente el Estado se había convertido en nuestro enemigo. Pero viendo que la situación era para buscar ganar esa demanda, entonces tomamos la decisión de participar. Y se logró la mayoría. 

Nombramos a los compañeros que fueron a dar sus declaraciones y a presentar todas las pruebas de que el gobierno sí había defendido a la empresa, porque esa era una de las acusaciones que hacía la empresa, que el Estado de Guatemala no había cumplido con los compromisos o acuerdos a los que habían llegado, a través del Tratado de Libre Comercio, para que las empresas pudieran desarrollar el proyecto. Entonces, eso era una mentira que la empresa estaba presentando ante el órgano de arbitraje. Y se llevaron todas las pruebas que fue posible y las declaraciones, que al final admitieron por vía virtual, y en dos ocasiones presencial, de los compañeros. Así fue como los jueces, creo, tomaron conciencia que realmente la empresa mintió, siempre mintió, cuando entró a las comunidades y también para ganar una demanda al Estado de Guatemala, pero gracias a la participación de las comunidades se probó que todo eso era una falsedad y que nosotros estábamos defendiendo la vida de una manera pacífica, que fue más que todo lo que impactó, pues creo que a eso se debió el buen resultado de esta demanda.

PBI: ¿Nos pueden compartir en qué consistió la represión y las agresiones que ustedes sufrieron por parte del Estado? 

José Ángel: Bueno, en primer lugar usaron la fuerza para venir a desalojarnos cuando nosotros estábamos en una resistencia pacífica. Durante el primer intento no hubo violencia, pero durante el segundo sí, usaron gases lacrimógenos contra la población. En 2014 fue la tercera represión que se vivió y fue muy brutal para el pueblo, porque no usaron los protocolos para el uso de los gases lacrimógenos. Fue una violación total de las normas en contra del pueblo, esa fue una de las situaciones que realmente nos dolió, pero a pesar de todo eso se logró un consenso para apoyar la defensa del Estado en el arbitraje, pues llegamos a la conclusión de que si se perdía ese proceso el afectado iba a ser todo el país. Y por eso se aceptó la participación. Fue esa manera pacífica a través de la cual nosotros buscamos resistir y resolver esta situación, la que favoreció bastante y evitó que hubiera sangre en los momentos de represión, porque las fuerzas de la PNC [Policía Nacional Civil] vinieron con todo contra nosotros, hubo varios heridos de la Resistencia, pero nuestra respuesta y acción siempre fue pacífica. Sí, el 23 de mayo de 2014 alrededor de 36 compañeras y compañeros resultaron heridos. En distintos grados, ya que hubo compañeros que sí fueron demasiado heridos. A una compañera le impactaron dos bombas. A otra compañera tuvieron que rasparla parte del cráneo cuando le cayó una bomba en la frente. Sí, fue bien difícil ese día. Después de esa ocasión la PNC pasó más de un año aquí protegiendo a la empresa, hasta el punto de que instalaron dos campamentos en la entrada al proyecto minero. Todo eso nosotros lo habíamos documentado.

Logramos pedir información pública y nos enteramos de que el Ministerio de Gobernación ya llevaba más de Q850 mil gastados en esas operaciones para proteger a la empresa, y eso es triste, porque la empresa no dejó ningún beneficio al país, ya que solo le dieron Q500 a cada municipio (San Pedro Ayampuc y San José del Golfo) como regalías, por ese tiempo que trabajaron. 

PBI: ¿Q500 mensuales? 

José Ángel: No, en todo el tiempo que trabajaron. Eso es de lo que me enteré, mientras que el Ministerio de Gobernación, aparte del apoyo que le dio a la empresa, ya habían gastado más de Q800 mil en los movimientos de represión. Es lamentable: las empresas, al Estado de Guatemala, así como a otros países, nunca le dejan ganancias. Un ejemplo es lo que pasó con la empresa Perenco. Guatemala perdió millones de quetzales mientras que ellos se llevaron las riquezas. Eso está pasando en todas las comunidades donde hay proyectos mineros, ya que no solo hay un desgaste comunitario, sino también hay desgaste de las instituciones por darle apoyo a las empresas, y de eso poco se sabe, pero es la realidad. Estos proyectos no dejan nada bueno para Guatemala y para las comunidades. 

PBI: ¿Cuáles fueron los engaños de la empresa?, ¿Cuáles fueron las evidencias que contrarrestaron los argumentos de la empresa sobre que el Estado incumplió?

Ana: Todo el daño que ocasionó desde que llegó, la forma en que impusieron el proyecto, ocultando información; los militares que estuvieron a cargo al inicio, cómo también ellos generaron esa división dentro de las comunidades. El incumplimiento de los estudios de impacto ambiental y social; había una inspección que le hizo el Ministerio de Medio Ambiente, en 2015 o 2016, y encontraron que en más de 150 criterios la empresa no estaba cumpliendo. Esa inspección la realizaron también con base en el estudio de impacto ambiental. Además, también hay opiniones de que es un estudio de impacto ambiental de muy mala calidad y que no recoge la información que es necesaria. 

La policía estuvo ahí cuidándolos por más de dos años, con su campamento instalado dentro del terreno de la mina. Entonces, ¿qué iba a argumentar la empresa si tuvo la seguridad todo el tiempo que trabajó? En 2016, la empresa presentó un amparo en contra del presidente Jimmy Morales, del director de la Policía y del ministro de Gobernación, diciendo que no les estaban dando suficiente seguridad para que pudieran operar. La Corte resolvió diciendo que la empresa no tiene razón, porque tiene suspendido el proyecto por una resolución judicial, por tanto no tiene sentido que pidan seguridad para operar. 

Hay muchas irregularidades. Desde la forma en que se otorgó la licencia. Por ejemplo, en 2011, cuando nos enteramos del proyecto y se empezó a solicitar información, ellos nos decían que no, que no había nada. Y ya cuando estaba el plantón aquí, cuando ya llevábamos días aquí, hubo un llamado de parte del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Ambiente diciéndonos “miren, por la insistencia y la presión que hicieron, se buscó el expediente que estaba extraviado. Y sí, hay una licencia de explotación”. Esa fue la forma en que nos dijeron: “Sí, hay una licencia.” 

Desde el inicio esta empresa ha tenido todo el apoyo y el respaldo del Estado, con diferentes gobiernos. Ha tenido el respaldo institucional, porque, si no, no habría llegado hasta donde está. Entonces sí, un elemento a destacar es que si el mismo Estado no le hubiera dado todo lo que la empresa pidió, hubiera perdido la demanda. Porque al final lo que el Estado fue a decir es “nosotros sí hemos cumplido y le dimos seguridad, aquí está todo”. Y dice el Estado también, “la empresa actuó de forma ilegal”. Pero claro, porque también se lo permitieron.

PBI: Durante todos estos años hubo mucha difamación contra ustedes. ¿De dónde procedían esas difamaciones? 

Doña Licha: Pues de las mismas comunidades, de las comunidades que están más lejos, que decían “estos solo quieren ganar dinero”. Es gente negativa, gente que apoyaba a la minería. Esa gente todavía dice “a la fulana le dieron tanto, al fulano le dieron tanto…, carga una moto porque se la dio la minería”. Esa difamación se ha regado, pero la hemos sabido sobrellevar porque tenemos la conciencia tranquila, porque no es cierto. Si tienen pruebas que nos las presenten, entonces ahí sí nos vamos a lo serio. Como dijo Lolita Chávez, me bañé con manteca y ya no me afecta. Porque esa es la forma de difamarnos, de desorganizarnos, de molestarnos y que nos rindamos. Pero gracias a Dios mire, seguimos bien unidos siempre. 

PBI: ¿La demanda contra el Estado causó más difamación contra la Resistencia?

José Ángel: Sí, el mismo Estado a través de sus gobiernos (y pasaron tres presidentes), nos acusaba de que por causa nuestra había sido demandado y había que pagar una gran cantidad de dinero. Pero nunca nos hemos sentido culpables, de hecho el Estado no ha defendido a su pueblo y por eso nosotros como comunitarios tuvimos que asumir esa responsabilidad, porque el Estado no lo hizo. Por eso es que se ha tenido mucho desgaste, porque las comunidades que nos entregamos conscientemente a defender estos derechos y rechazar el proyecto minero, tuvimos que dedicar un promedio de dos meses por año para estar aquí en el plantón, durante 8 años. Después de la pandemia hubo una desmovilización porque ya no era posible andar circulando para participar en los turnos, pero también ahí nos vino a dar un poco de confianza, porque ya habían demandas, habían procesos que cumplir. Creíamos que la empresa no podía seguir trabajando, pero no estábamos confiados porque ellos no respetan las leyes de Guatemala. De hecho, cuando se ordenó la suspensión del proyecto, ellos trabajaron días hasta que nosotros, como comunitarios, evitamos que siguieran trabajando. Vino nuevamente la fuerza de la policía, pero cuando vio la orden de suspensión, tuvo que reconocer que nosotros teníamos razón y que no era posible que ellos siguieran trabajando. Entonces creemos que la empresa no respeta las leyes, ni cumple los convenios y no podemos abandonar el plantón al 100%. Es posible que entren y eso está facilitado por la enorme corrupción que invade el sistema de gobierno.

PBI: ¿Qué costo tuvo la entrega de ustedes, de su tiempo, de su vida a la Resistencia? 

José Ángel: La gran mayoría de nosotros nos dedicamos a la agricultura, entonces tuvimos que dedicar ese tiempo a resistir y descuidar nuestros cultivos. De hecho, tuvimos que asumir pérdidas económicas. Mucha pérdida económica, porque nosotros tenemos que trabajar a diario para poder ir sosteniéndonos, y yo creo que la forma de vida fue la que nos favoreció, porque nosotros acondicionábamos el tiempo normalmente trabajando de lunes a sábado, pero ya con esta lucha tuvimos que acomodarnos y trabajar los domingos. Cuando ellos estaban con la represión, las comunidades teníamos que estar aquí presentes y tuvimos que retrasar nuestras cosechas para poder darle tiempo a la Resistencia. Porque ellos, si no miraban a mucha gente, también intimidaban con más fuerza. Entonces sí, fue un desgaste económico muy fuerte y gracias a la unión de cada una de las familias fue que logramos sobrevivir y sostener el movimiento. 

PBI ¿Y cuántas familias participaron? ¿Cuántas comunidades? 

José Ángel: No tenemos el dato exacto de cuántas familias, pero alrededor de 13 comunidades estuvimos presentes, y muchas familias. Aquí se venían a veces familias completas, pero también hubo apoyo de algunos familiares en el extranjero que aportaron, porque no solo era dedicar el tiempo. También había gastos de transporte, de alimentación y el pago por la criminalización, porque también hubo criminalización de 18 personas, 3 de ellas fueron sentenciados. 

Las comunidades hicimos diferentes actividades: rifas, ventas y aportes de familiares del extranjero. Se logró reunir la fianza que pidieron para los compañeros sentenciados a 9 años de prisión, a un costo de 9 quetzales diarios. Eso fue un gasto de más de Q90 mil que se pagó como fianza para que los compañeros no fueran a la cárcel. No somos comunitarios que vivimos en conflictos con la ley, siempre hemos sido respetuosos, por eso a un compañero le afectó tanto que entró en una situación de depresión y, aunque unidos respondimos por todas estas situaciones, a él le dio un derrame y por dos años vivió con parte del cuerpo inmovilizado, después murió. Ya no contamos con él. 

Esos más de Q90 mil que se pagaron era solo por el supuesto delito que les pusieron para no ir a la cárcel. Pero el juez todavía dictó otra sentencia donde había que pagarle al acusador, quien era por parte de la empresa, Q20 mil por cada uno de los compañeros, que eran otros Q60 mil. No se ha pagado todavía, porque no está firme la sentencia. Esperamos que algún día quede descartado. 

Las comunidades fuimos unidas y logramos recaudar ese dinero que está todavía, de alguna manera, esperando que se nos ordene, pero lo más deseable para nosotros es que no se conceda. Ha sido una situación muy difícil. La difamación que se dio contra las comunidades fue causada por algunos vecinos que trabajaron con la empresa y que fueron usados solo para ubicar nombres y crear conflictos, diciendo que aquí las mujeres se venían a prostituir, los hombres también. Eso no hizo efecto, pero sí afectó bastante.

PBI: En el proceso del arbitraje, ¿el Estado reconoció alguna responsabilidad por la violencia y represión ejercida contra ustedes? 

Ana: Como Estado, no. Lo que el Estado sí reconoce es que ya hay un daño ambiental y, de hecho, hizo un estudio para cuantificarlo. Dentro de la demanda, el Estado contrademandó a la empresa por 2 millones de dólares, por daños ambientales. El Estado también hizo un análisis sobre la conflictividad social que se generó por la llegada de la empresa. También el Estado reconoce la legitimidad de la Resistencia y los estudios e informes que se han realizado desde acá, los citan como tal, de hecho citan varios de los documentos que han sido publicados. Para nosotros eso es importante ahora al finalizar el proceso, porque consideramos que esto se podría utilizar para otros procesos. Por ejemplo, está el tema de la consulta. La sentencia dice que la consulta tiene que realizarse y la empresa solo puede continuar operando si se demuestra que no hay afectación a los pueblos. El Estado ya lo demostró en un tribunal internacional. Por supuesto son dos instancias diferentes, una no tiene que ver con la otra, pero son argumentos del Estado. Eso para mí es muy importante y se debería traer a este otro proceso. Lo otro es el tema de la represión. Al final, si el Estado no nos hubiese reprimido como lo hizo, no hubieran ganado la demanda. La demanda la ganaron por todo lo que el Estado nos hizo. Eso creo que es bien importante. 

PBI: ¿Cómo se enteraron de la sentencia?

José Ángel: Había un acuerdo con la PGN, para que nos informara de los resultados del arbitraje. Y fue el 23 de diciembre de 2025 cuando dan la noticia a los abogados que nos asesoran, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), y ellos nos informan de inmediato que se había ganado el arbitraje, que el Estado ya no iba a pagar esa cantidad millonaria y que a la empresa el panel arbitral le exigía una pequeña cantidad, Q380 mil, que realmente es una migaja, pero por lo menos algo se cubre con eso, porque al Estado le costó millones la defensa jurídica, ya que se buscó una firma internacional que lo representara, con un abogado argentino, y no sabemos cuál fue el monto, pero sabemos que es millonaria la parte económica para cubrir esa defensa. 

Doña Licha: Un día antes de Nochebuena nos llama el licenciado Edgar para decirnos que la PGN llamó y dice que “gracias a ustedes la demanda se ganó”. Nosotros no hallábamos ni qué hacer, llorar, reír, dar gracias a Dios, entonces eran unos sentimientos bien encontrados porque decíamos: “Qué gran regalo”. No íbamos a recibir nada económicamente, pero la satisfacción era enorme, porque sentamos un buen precedente para que las empresas sepan que no siempre van a ganar ellas. Fue un logro grandísimo, aunque hubo ciertas confusiones, gente diciendo que a saber cuánto dinero iba a recibir la Resistencia, cuánto dinero iba a recibir el país. Así que nosotros íbamos explicando y explicando que no íbamos a recibir nada, ni el Estado ni nosotros, sino simplemente no se iba a pagar, que esos acuerdos son desiguales, porque si la empresa ganaba, a ella sí había que pagarle, pero si el Estado ganaba, a él no le iban a pagar. Entonces nosotros íbamos explicando y explicando eso, aunque la gente todavía tenía dudas, y decían “pero es que sí van a darle una parte al Estado”, y nosotros les decíamos “sí, le van a dar una mínima parte, pero es solo lo que el Estado invirtió en defenderse”.

“Económicamente no vamos a recibir nada, ni estamos deseando recibir, porque lo que hemos dado lo hemos donado a la vida, a la naturaleza, entonces no nos preocupa que no nos llevemos nada económicamente porque nos sentimos más satisfechos si no nos llega nada, así no habrá excusa para difamarnos.” 

PBI: ¿Qué les hace sentir esta sentencia?

José Ángel: Para nosotros es la satisfacción de que hemos hecho lo correcto y, que, a pesar de las injusticias cometidas por el Estado, defendimos al país de pagar la cantidad que demandaba la empresa de nuestros impuestos. Esa fue una de las razones por las que empezamos a acompañar a la PGN para la defensa. Esperamos que realmente este dinero que finalmente no hubo que pagar a la empresa se destine a la atención médica y la educación del pueblo de Guatemala. Estamos bastante contentos, motivados porque la lucha ha valido la pena.

Doña Licha: Tenemos la satisfacción que sí ganamos. Como digo en mi poema, que un grupito de hormigas venció a un enorme elefante. Nos sentimos como un puñito de hormigas ante un enorme monstruo. Nosotros le hicimos cosquillas y las cosquillas le dolieron y ahora están furiosos porque perdieron sus millonadas y sentimos una enorme, pero enorme satisfacción de haber ganado. Como les digo, no ganamos nada económicamente, pero satisfacción ganamos mucha y sentamos un precedente para el país.

Lo que hubiéramos deseado es que el presidente Arévalo al menos hubiera dicho “miren, quiero que la Puya venga aquí o yo ir a la Puya y agradecerles por lo que hizo”. Es lo mínimo que podía haber hecho, pero no lo ha hecho. Pero igual la satisfacción ya la tenemos y nadie nos la va a quitar.

Ana: Fue mucha la alegría y creo que levantó bastante el ánimo. Había mucha expectativa sobre si iba a ganar o no el Estado, pero al conocer la noticia, y, sobre todo, leer en el comunicado de la PGN que dice que todas las peticiones las declararon sin lugar, pues sí, dio mucha alegría y levantó bastante el ánimo. Y por supuesto, esto significa un precedente también para otros territorios y podría haber un efecto dominó. Nos alegra en el sentido de que a la empresa, no solo a nivel nacional las cortes le han dicho que está haciendo las cosas mal, sino también un tribunal internacional está diciendo que todas sus peticiones no van. Sí, creo que es importante esa parte, pero también no hay que dejar de decir que el Estado salió bien de este proceso porque también le cumplió a la empresa con todo lo que le pidió.

PBI: Y ahora lo que falta es la consulta.

José Ángel: Sí, la CC, después de habernos dado favorable el amparo, ordenó que se haga la consulta. Pero aquí ha habido un desorden de parte del Estado, ya que en primer lugar no nos querían reconocer como pueblos indígenas. Fueron a una comunidad [Nacahuil] que es parte de la Resistencia, y dijeron que solo con ellos iban a hacer la consulta, pero los comunitarios se comunicaron inmediatamente y nos dijeron que ellos no participaban si no participaban todas las comunidades. Si inicia el proceso, va a costar que nos acepten como delegados de las comunidades por parte de los pueblos indígenas.

Se hicieron algunos acuerdos de cómo llevar a cabo la consulta, pero en ese momento hubo un cambio de gobierno. Este gobierno tardó mucho tiempo en nombrar nuevo personal. Al nombrar personal, se hicieron 3 reuniones con el encargado de ejecutar la consulta de parte del MEM [Ministerio de Energía y Minas]. Y se le criminaliza al ministro también porque él fue el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán [Luís Pacheco], que fueron quienes iniciaron la lucha para que el gobierno de Arévalo pudiese tomar posesión, y van y lo meten a la cárcel por la persecución que le hace el Ministerio Público, y entonces ahí se suspendió nuevamente el proceso.

Hasta la fecha, no han nombrado responsable, pero últimamente tuvimos la comunicación de parte del MEM de que necesitaban que reiniciáramos el proceso y tenemos acordado en este momento tener la primera reunión el 15 de marzo, donde ellos van a presentar al nuevo personal para darle seguimiento al proceso y ya seguir avanzando, porque realmente es una orden que la CC da y hay que cumplirla, pero ya no es una consulta previa e informada, sino que es una reparación de los daños que ya hizo la empresa, porque realmente previo, ya no hay nada previo. Entonces, realmente, están esperando que salga más un proceso sobre los daños causados. 

PBI: ¿Han buscado asesoría con otras comunidades que han pasado por este proceso? ¿Cómo se organizan? 

José Ángel: Sí, tenemos comunicación, pero estamos a un nivel casi igual, porque no se han dado consultas en la gran mayoría de las comunidades, sino que se han hecho los procesos y no se han legalizado los resultados. No hay un reglamento de cómo consultar. Entonces, sí compartimos información, pero para ir avanzando conjuntamente en esta situación que es a nivel nacional.

PBI: ¿Y qué esperan de este proceso? ¿Cuánto tiempo creen que va a tomar?

Doña Licha: Ni idea, porque el tiempo lo ponemos nosotros. Ellos aceptaron que el tiempo lo ponemos nosotros. Los pueblos indígenas deciden las fechas sobre el calendario maya y las contadoras del tiempo. Entonces, a ellas les preguntamos cuándo nos podemos reunir, fechas adecuadas. Ellos aceptaron. Entonces, ahora que se aguanten, nosotros ponemos la fecha. 

Doña Licha, don José Ángel y doña Ana, les agradecemos mucho su tiempo, su dedicación y su admirable lucha, y les deseamos mucha fuerza, perseverancia y éxito para el próximo camino por recorrer.