La intención de esta “Alerta” es llamar su atención y compartir nuestra preocupación por la seguridad de diversos actores involucrados en varios procesos judiciales en Guatemala con el objetivo de poner fin a la impunidad de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. La situación de los derechos humanos en el país en ese período, y el papel que jugaron entonces el Estado, el ejército y otras fuerzas de seguridad pública, han sido ampliamente documentados en informes como el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI),
elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), y Guatemala: Memoria del Silencio, por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH).

<media 7994>Alerta PBI Guatemala - actores en procesos judiciales</media>

<media 7995>Anexo - Detalles procesos judiciales</media>

Muchos años después de la interposición de las denuncias que dan inicio a estos procesos judiciales, y después de infinidad de obstáculos, hemos observado en los últimos meses algunos pasos que representan avances
históricos en el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos por las que son juzgados los presuntos responsables. Destacamos algunos recogidos en los medios de comunicación:

el 9 de junio fue detenido el ex director de la antigua Policía Nacional (PN), Hector Bol de la Cruz, acusado de ser el autor intelectual de la detención ilegal y desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Fernando García;
el 17 de junio se produce la primera detención de uno de los acusados en el proceso judicial por genocidio, el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Héctor López Fuentes, quedando posteriormente vinculado al proceso penal;
el 25 de julio fue ligado a proceso judicial el ex jefe del Comando Seis de la antigua PN, Pedro García Arredondo, acusado de la desaparición forzada de Edgar Sáenz Calito, estudiante de agroeconomía;
el 2 de agosto fueron condenados en primera instancia tres ex militares kaibiles (cuerpo de élite del ejército) y un ex comisionado militar por el asesinato de 201 personas y por delitos contra deberes de la Humanidad en el caso de la masacre de la aldea Las Dos Erres, departamento de Petén;
el 12 de agosto fueron detenidos un ex comisionado militar y tres ex patrulleros por su participación en la masacre de la aldea Plan de Sánchez, departamento de Baja Verapaz.

PBI Guatemala acoge con satisfacción los avances en estos procesos, al considerar que contribuyen de modo trascendental a la superación de la impunidad y al fortalecimiento de la confianza en el sistema de administración de justicia guatemalteco.

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