Coyuntura del febrero de 2026

Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del CAI: Plan de Reparación y Dignificación

El 25 de febrero de 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada en el marco de uno de los Acuerdos de Paz, presentó su Informe Guatemala Memoria del Silencio. Este día fue reivindicado por las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno (CAI) para conmemorar la memoria de las más de 200.000 víctimas muertas y desaparecidas.

Este 25 de febrero, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y el presidente Bernardo Arévalo, invitaron al Palacio Nacional de Cultura a integrantes de estas organizaciones y familias buscadoras para conmemorar este día, recordar la histórica sentencia del caso Sepur Zarco dictada hace 10 años y hacer entrega del Plan de Reparación y Dignificación a la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas. Este plan es resultado de una mesa de dialogo que la COPADEH mantuvo durante 2 años con la Plataforma. En su discurso, Demecia Yat, representante de las Abuelas de Sepur Zarco, pidió que se cumplan las medidas de reparación recogidas en el sentencia de esta caso, que ya es firme. 

Feliciana Macario, integrante de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y representante de la Plataforma Nacional de Víctimas, reafirmó su compromiso como sobreviviente: “mantenemos vivo el recuerdo de nuestras madres y padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos que fueron sacrificados por el desprecio, el odio, el racismo hacia los pueblos indígenas. Les seguimos recordando y extrañando”. Pidió al Estado retomar los compromisos de los Acuerdos de Paz dirigidos a atender a las víctimas de las graves violaciones a los DDHH perpetradas durante el CAI, los cuales fueron abandonados por los últimos gobiernos. El Plan de Reparación y Dignificación es un paso importante para el cumplimiento de los derechos de miles de víctimas, pero preocupa el hecho de que a este gobierno solo le quedan 2 años para implementarlo, mientras que las víctimas que sobrevivieron, la mayoría de muy avanzada edad, continúan falleciendo. Lo que desean los y las víctimas sobrevivientes es que esto no se quede solo en el papel, “que llegue a las víctimas mas necesitas, las abuelas y abuelos y las mujeres que sufrieron la violencia sexual”.

Otro aspecto que se quiere impulsar es un plan de búsqueda y de preservación de la memoria histórica. “La búsqueda de las personas desaparecidas sigue siendo una deuda pública, sus familiares merecen saber de sus seres queridos y encontrar y recuperar sus restos”, pues hasta entonces el duelo seguirá abierto. En cuanto a la preservación de la memoria, la niñez y la juventud tienen el derecho a conocer el pasado para trabajar por un estado democrático y para evitar que se repitan los horrores del pasado. 

El presidente Arévalo en su intervención se comprometió a que su gobierno dará vida al plan: “dignificar a las víctimas significa reconocer sus vidas, valorar su sacrificio, reconocer que tenían nombre, sueños y familias. Que su ausencia crea un vacío irreparable en nuestro tejido social y su sacrificio no debe ser borrado por el olvido. (…) Necesitamos también justicia social, necesitamos solventar las condiciones sociales y económicas en las que vive la mayoría de nuestra población y que dieron origen al conflicto”1.

Para cerrar la actividad el presidente entregó una copia del Plan a Juan Pérez, integrante de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del CAI. Mientras, en las afueras del Palacio cientos de personas se reunieron para llevar a cabo una ceremonia y una rueda de prensa en la que reiteraron su demanda al Estado y a las comisiones de postulaciones, de no elegir para puestos en el Ministerio Público (MP) y en la Corte de Constitucionalidad (CC), personas que han obstaculizado el alcance de la justicia por parte de las víctimas, nombrando específicamente a Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras2. 

Actualización sobre graves casos de criminalización

Mientras avanzan las elecciones de segundo grado para renovar las altas cortes y la cabeza del MP, proceso a través del cual se espera frenar la utilización del sistema de justicia para silenciar a oponentes políticos, se han dado una serie de resoluciones judiciales en casos de criminalización contra periodistas, ex operadores de justicia y líderes indígenas. 

El 10 de febrero la CC confirmó las sentencias contra las autoridades indígenas Rigoberto Juárez Mateo y Bernardo Ermitaño López Reyes, condenados a 8 y 24 años de prisión respectivamente. Con este fallo, el máximo tribunal cerró la última vía legal para revertir estas condenas, las cuales han sido señaladas, por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos (DDHH), como parte del proceso de criminalización contra ambas autoridades indígenas3. El liderazgo de estos dos defensores del territorio Maya Q’anjob’al de Santa Cruz Barillas, en el norte del departamento de Huehuetenango, destacó por su lucha pacífica en contra de la construcción de una hidroeléctrica, la cual ha sido judicializada desde 2015. Para conocer este caso recomendamos leer el articulo: Criminalización de autoridades ancestrales en Guatemala: el caso de Rigoberto Juárez y Ermitaño López, parte de nuestro Boletín 54.

Por una problemática similar, en Yichk’isis, una región Maya Chuj, Q’anjob’al y Akateka en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, fue detenido el defensor Francisco Mateo Mateo, de 49 años, comerciante originario de la aldea Pojom. Mateo Mateo fue aprehendido en territorio guatemalteco, a la altura de Orizaba, Chiapas, México, cuando compraba maíz para revenderlo en su comunidad. El detenido indicó que se le señala por el delito de asesinato, un hecho que asegura no haber cometido y que considera parte de un caso fabricado en su contra. Su abogado, Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que Francisco Mateo Mateo, junto a otros defensores del territorio, ha denunciado procesos de criminalización vinculados a la imposición arbitraria de la construcción de hidroeléctricas en la región de Yichk’isis. Ese conflicto escaló en 2017, en medio de una respuesta estatal represiva frente a la lucha y resistencia comunitaria4.

El 12 de febrero, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal otorgó medias sustitutivas a favor del periodista José Rubén Zamora, por tanto puede esperar la continuación del proceso judicial en su contra en libertad. Ha estado encarcelado por 1.295 días, debido a dos casos judiciales, considerados por analistas y observadores internacionales, un modo de tomar represalias contra Zamora, fundador de elPeriódico, medio que destacó por investigar los actos de corrupción de varios gobiernos anteriores. El juez Máximo Morales consideró que el tiempo que Zamora ha pasado en prisión preventiva ha superado las penas por los delitos de los cuales está acusado en el segundo caso en su contra, coincidiendo en este punto con uno de los argumentos de la defensa5.

En el caso de la criminalización contra las exautoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, resolvió trasladar el proceso al Juzgado Séptimo Penal, a cargo del juez Fredy Orellana. La apelación del juez asignado anteriormente fue realizada a petición de la Fundación Contra el Terrorismo, acción que fue fuertemente cuestionada por la defensa y por organizaciones sociales. La decisión de la Sala Tercera generó consternación en la comunidad internacional y en el Gobierno. La Unión Europea señaló que se trata de una situación de “instrumentalización de la justicia” y pidió que se respete el debido proceso. Sostiene que defender la democracia con manifestaciones pacíficas no es motivo para que se dé una persecución penal y pide que el proceso contra Pacheco y Chaclán se desarrolle de manera justa6.

Por último, Stuardo Campo, exfiscal criminalizado en tres casos, que lleva 26 meses en prisión preventiva, tuvo una audiencia de fase intermedia en el caso Zolic. El juez resolvió aceptar al querellante adhesivo Hostin Rubí Dávila Pivaral, excolaborador de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), quien fue condenado a 8 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de lavado de dinero y otros activos, en forma continuada. Además resolvió que en las siguientes audiencias Campo participará vía videoconferencia desde la prisión Mariscal Zavala. En la próxima audiencia, que tendrá lugar el 5 de marzo, el juzgado escuchará nuevos requerimientos y revisará las medidas coercitivas7.

CSJ revierte decisión de remover al alcalde de Santiago Atitlán 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender la destitución de Francisco Coché como alcalde de Santiago Atitlán, Sololá, otorgándole un amparo provisional. Esta medida deja en suspenso la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de octubre del año pasado, a petición de las autoridades ancestrales del lugar, que lo señalaron de corrupción. Coché fue removido de su cargo tras dicha solicitud, la cual fue acompañada por manifestaciones masivas que convocaron las autoridades ancestrales del municipio, respaldadas por la población del lugar8. La suspensión del fallo permite que Coché pueda retomar sus funciones, a lo cual se opone la población de Santiago Atitilan.

Por ello, el 11 de febrero el pueblo Tz’utujil se reunió frente a la sede del MP para manifestar su descontento. “Es una burla de la Corte Suprema de Justicia en contra de la voluntad del pueblo Tz’utujil de Santiago Atitlán”, expresó el escribano de la Cabecera del Pueblo Tz’utujil, Diego Petzey. Las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán también exigieron a la Policía Nacional Civil (PNC) que se informe sobre órdenes de captura, ya que se conoce que el MP ha declarado casos bajo reserva y se teme que haya criminalización como sucedió con otros dirigentes indígenas9.

Mientras el MP actúa de forma opaca contra las autoridades ancestrales que defienden su municipio, las denuncias por corrupción contra Coché no han avanzado en el ente investigador. En los días siguientes a la resolución de la CSJ, las sospechas de orden de aprehensión contra las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán fueron confirmadas por una fuente interna del MP, que aseguró que se han girado órdenes de aprehensión contra los integrantes de la Cabecera por diversas denuncias en su contra, desde la toma de la municipalidad hasta el retiro de las jaulas dentro del lago de Atitlán por generar contaminación10.