Coyuntura del octubre de 2025

Lucha y resistencia del Pueblo Tz’utujil en Santiago Atitlán

El 24 de octubre, la población de Santiago Atitlán logró la destitución del alcalde Francisco Coché, señalado de corrupción. También logró la acreditación, por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del primer concejal Andrés Ajuchán, como nuevo jefe edil1. 

Las protestas contra Coché comenzaron en abril de 2025, cuando se denunció al alcalde por haber autorizado, de manera irregular, 244 nuevas líneas de moto taxis, cuando ya existían 265 en circulación, aumentando así el caos de tráfico. En este contexto se le acusa de haber recibido sobornos por Q105 mil, los cuales nunca fueron reportados a las arcas municipales. A partir de abril de 2025, las Autoridades Ancestrales del Pueblo Tz’utujil citaron a Coché, en varias ocasiones, para que explicara su actuación, pero no hubo respuesta. Por ello, el 16 de septiembre dichas Autoridades, junto con otros vecinos y vecinas de la zona, se instalaron frente al edificio municipal para exigir, pacíficamente, su renuncia2. 

Autoridades Indígenas Ancestrales de otras regiones, respaldaron al pueblo de Santiago Atitlán y solicitaron al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y al Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, garantizar los derechos del pueblo Tz’utujil frente a la acción de fuerzas de seguridad que pretendían abrir la municipalidad, cerrada por la población y sus autoridades3. 

Meses antes, la población había actuado de manera organizada ante la negligencia del Estado, frente a la contaminación del lago de Atitlán, provocada por jaulas de tilapias. El 23 de julio, Autoridades Ancestrales y cientos de vecinos retiraron 235 jaulas y cerca de 700 quintales de peces invasores. Las y los vecinos participaron en el desmantelamiento de las jaulas, separando peces envenenados y enterrándolos en predios municipales, mostrando así la capacidad organizativa de los pueblos originarios.

Según la población Tz’utujil, el Ministerio Público (MP) no ha actuado de manera efectiva frente a la corrupción y los problemas ambientales; sin embargo, tramitó un amparo solicitando intervención policial y antimotines para desalojar a la población el 8 de octubre. Los líderes comunitarios señalan que el fiscal distrital de Sololá, Cornelio Sansón Sicay Ramírez, tiene cercanía con las y los altos funcionarios del MP, lo que ha aumentado la desconfianza hacia las acciones de esta institución investigadora. El caso de Santiago Atitlán evidencia que la autodeterminación de los pueblos genera cambios significativos en favor de su comunidad. El Pueblo Tz’utujil tiene una contundente historia de resistencia, con hitos como la expulsión del destacamento militar instalado en su territorio en 1990, tras una masacre perpetrada contra la población por el ejercito4. 

Caravana Mesoamericana por el clima y la vida en su paso por Guatemala

A casi un mes de su caminar, la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida esta llegando a Belém do Pará, en Brasil, donde en noviembre se llevará a cabo la 30° Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP30). El objetivo de la Caravana es visibilizar las denuncias, luchas y propuestas de soluciones, que tienen los pueblos en resistencia contra el modelo extractivista y neoliberal. Comenzó su recorrido el 4 de octubre en México, Sonora, pasando después por Michoacán y Oaxaca, para llegar a Guatemala entre el 12 y 14 de octubre y encontrarse allí con otros colectivos y comunidades en resistencia. Posteriormente avanzó hacia El Salvador, Honduras y Costa Rica, donde presentó, el 21 de octubre, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el informe “El costo de la lucha por la vida y el clima”5. En este informe se exponen las violaciones de derechos humanos sufridas por quienes defienden el territorio en cada uno de los lugares visitados. La Caravana continuó hacia Panamá, Colombia y finalmente llegó a Brasil el 1 de noviembre. 

A su paso por Guatemala el 12 de octubre, Día de los Pueblos Indígenas, la Caravana tuvo como principales ejes de dialogo y denuncia la militarización, los megaproyectos, la migración forzada, la mercantilización de la vida y la crisis del agua. Recorrió Tecún Umán, Coatepeque, Quetzaltenango, Santa Lucia Cotzumalguapa, Ciudad de Guatemala y Jutiapa y se reunió con comunidades y organizaciones que denuncian las amenazas a la vida y a la autodeterminación de los pueblos por parte de megaproyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros, que ocupan el 18 % del territorio nacional, muchas veces bajo resguardo militar. En la Ciudad de Guatemala, las organizaciones y delegaciones que integran la Caravana, se manifestaron frente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y emitieron un pronunciamiento político conjunto en donde se enfatizó la responsabilidad de los Estados y organismos internacionales en garantizar el respeto a la vida, los territorios y las cosmovisiones de los pueblos originarios. Además se sumaron a la movilización global “El Sur Global Resiste, por el Clima y la Vida”6. 

A lo largo de su recorrido, la Caravana fue testigo de la crisis hídrica que provoca el modelo extractivo. Guatemala es el único país de Latinoamérica sin una Ley de Aguas que regule su uso, y posee una Ley de minas que data de 1997. Actualmente más del 90 % de las fuentes de agua superficiales están contaminadas, en gran medida por la actividad minera. Además, existen 345 licencias de explotación y exploración de minería que abarcan 1.139,7 kilómetros cuadrados de extensión, a las que se suman 754 solicitudes que se han hecho en 2025 y que equivalen a 19.232,35 km cuadrados. Esta situación afecta especialmente a los Pueblos Indígenas7. Un caso emblemático que se enmarca en este escenario es la lucha del pueblo Ch’orti’ contra el proyecto minero Cantera Los Manantiales en Chiquimula8. La respuesta frente a esta lucha pacífica, ha sido someter a procesos de criminalización a los y las defensoras del territorio que resisten contra este proyecto.

El último lugar por el que pasó la Caravana en Guatemala fue Jutiapa, donde la comunidad de Asunción Mita ha llevado a cabo una emblemática lucha contra la minería de oro de la empresa canadiense Aura Minerals. La caravana fue acompañada por organizaciones guatemaltecas y por autoridades del pueblo Ch’orti’9. 

Preocupa posible parcialidad del MP en el Caso Diario Militar

El 7 de octubre tuvo lugar la audiencia de etapa intermedia contra Toribio Acevedo Ramírez, Malfred Orlando Pérez Lorenzo, Alix Leonel Barillas Soto y Edgar Virgilio de León Sigüenza, acusados por crímenes de lesa humanidad en el caso Diario Militar10. El fiscal José Crisanto Gómez Meléndez del MP, solicitó el cierre provisional del proceso y un cambio en la tipificación de los delitos, a pesar de que la acusación en contra de los sindicados cuenta con más de 7.000 medios de prueba, entre ellos 100 declaraciones y registros de personas ejecutadas por el Estado11. Frente a ello, la jueza Carol Yesenia Berganza Chacón reprogramó la audiencia para el 14 de octubre. Ese día las organizaciones querellantes, entre ellas la Asociación de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas de Guatemala (FAMDEGUA) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), informaron a la jueza sobre su solicitud a la Fiscal General, Consuelo Porras, de apartar del proceso a los fiscales José Crisanto Gómez Meléndez y Noé Nehemías Rivera Vásquez, recientemente asignados a la Fiscalía de DDHH, pues consideran que podrían no actuar con la imparcialidad necesaria en el proceso. Para esa audiencia se tenía contemplado anunciar la resolución a la petición que hizo la fiscalía sobre el cierre provisional del caso. Sin embargo, la jueza decidió aplazar la audiencia para el 19 de enero de 2026. En los próximos meses se debe decidir si los fiscales aludidos continúan o no a cargo del expediente judicial.

Según Santiago Choc, representante de FAMDEGUA, las actuaciones del MP representan un incumplimiento de la sentencia de la CorteIDH12, que obliga al Estado guatemalteco a investigar y sancionar las desapariciones forzadas del caso Diario Militar. Además, es preocupante que la decisión sobre las recusaciones contra los fiscales esté en manos de la actual jefa del MP, Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países13, al igual que el fiscal Noé Rivera, por ser actores que favorecen la corrupción. 

Ante este escenario, preocupa la situación de seguridad de los querellantes y sus representantes legales. Hasta ahora, y desde que el juez Miguel Ángel Gálvez se vio obligado a salir al exilio por sufrir fuertes amenazas, este expediente no ha tenido avances14. 

La USAC bajo el régimen de Walter Mazariegos: falta de democracia, represión y criminalización

En 2024, el MP inició procesos de criminalización contra el movimiento estudiantil que se opone al rector Walter Mazatiegos, cuyo proceso de elección fue señalado de falta de transparencia y legitimidad. A petición del MP, el juez Victor Cruz emitió 33 ordenes de allanamiento y 27 ordenes de captura contra estudiantes, docentes y activistas de DDHH. Este es el caso conocido como “Toma USAC: Botín Político”. Actualmente hay 12 personas ligadas a proceso, el último fue Edmar Arriola, detenido el 26 de septiembre. Arriola estuvo 12 días en prisión preventiva, hasta que el juez realizó la audiencia de primera declaración y le otorgó medidas sustitutivas. 

El 23 de octubre fue programada la audiencia de primera declaración de Ramón Cadena, destacado abogado y defensor de DDHH y de los estudiantes Christopher Alexis Morales y Pedro Emanuel Ros Domingo. Por segunda ocasión fue suspendida y reprogramada para enero de 202615. A los cuatro días lo dos estudiantes fueron entregados a la policía en la Torre de Tribunales, esperando de esta manera forzar al juez a llevar a cabo su audiencia de primera declaración16.

Además, la administración de Mazariegos inició una seríe de procesos disciplinarios, sanciones administrativas y penales, usadas como mecanismos de represión interna contra estudiantes, docentes, trabajadores y sociedad civil, por cuestionar la legitimidad de su gestión. En febrero del 2024, comenzó un proceso disciplinario en contra de diez estudiantes, vinculados a movimientos que denunciaron el fraude y exigieron la recuperación de la autonomía universitaria. El 29 de mayo del 2025, el Consejo Superior Universitario (CSU) resolvió su expulsión. Dicho resultado fue calificado, por algunos consejeros universitarios, como un “claro acto de autoritarismo, represivo y carente de diálogo”17. Este mes de octubre, la Corte de Constitucionalidad (CC), avaló esta resolución, ratificando así la sanción de expulsión impuesta18.

En 2022 Walter Mazariegos asumió la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) mediante un proceso señalado por su falta de transparencia y legitimidad. En el marco del día de las elecciones, con el apoyo la Policía Nacional Civil (PNC) y grupos paramilitares, se impidió el acceso de las y los electores de sus principales oponentes y se denuncio la compra de votos del candidato.

En respuesta al fraude, entre 2022 y 2023 diversas organizaciones estudiantiles organizaron una toma pacifica de las instalaciones de la USAC, en el marco de la denominada “Resistencia contra el Fraude”. La resistencia contó con el apoyo de organizaciones estudiantiles nacionales e internacionales como la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), el movimiento estudiantil Landivarianos, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala19, entre otras, las cuales realizaron comunicados, plantones afuera de las instalaciones universitarias y conferencias de prensa.