en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula
El Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa es una organización ancestral que defiende la tierra y el territorio Ch’orti’ de actividades económicas extractivas. Reivindica y promueve los derechos colectivos del pueblo Maya Ch’orti’.
En el año 2012 el gobierno de Otto Pérez Molina, a través del Ministerio de Energías y Minas (MEM), otorgó a la empresa American Minerals S.A. una licencia de explotación para la extracción de antimonio con vigencia por 25 años en la Cantera Los Manantiales. El terreno para implementar dicho proyecto extractivo está ubicado en la aldea El Carrizal, que pertenece al municipio de Olopa, y abarca una superficie de 2 kilómetros cuadrados. Dicha licencia fue otorgada sin haber realizado la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades, tal y como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de ello, la empresa dio inicio a sus operaciones en el año 2016.
Esta actividad minera ha tenido diversos impactos negativos en las comunidades como el aumento de las desigualdades, disputas y limitaciones en el acceso a la tierra y a otros derechos, ademas de la vulneración de los derechos propios de los pueblos indígenas. Por ello, las comunidades iniciaron su Resistencia Pacífica para expresar su rechazo a la mina y conseguir el cierre definitivo. Esta lucha ha sido respondida con ataques de diversa índole. En enero de 2016, 22 de sus lideres y lideresas comenzaron a sufrir criminalización. Se les acusó de delitos de lesión en riña, allanamiento, amenazas e incendio agravado. La persecución penal finalizó 2 meses después de la acusación, porque las personas acusadas aceptaron un criterio de oportunidad, pero los incidentes de seguridad no cesaron. Por el contrario, volvieron con más fuerza durante el año 2018, en forma de vigilancia, intimidaciones y amenazas.
El 30 de septiembre de 2021, a las 10 de la mañana, las autoridades indígenas María Méndez, Bernardino Pérez y Juan Agustín, así como el defensor y la defensora de derechos humanos Santos Gerónimo Ramos Méndez y Rosa Margarita Pérez Canán, se presentaron a una citación para declarar ante el órgano judicial de la cabecera municipal de Chiquimula. Al presentarse ante el juez, se les reveló que fueron citados bajo la premisa de declarar en un caso determinado, sin embargo, se les informó de una orden de detención emitida en su contra por un juez de Primera Instancia Penal de ese departamento. En ese momento se procedió a su detención sin informarles de los motivos de la misma. Más tarde, ese mismo día, en una audiencia de primera declaración, fueron ligadas a proceso por el delito de detenciones ilegales, según resolvió el juzgado de Primera Instancia de Chiquimula. En esa audiencia se dictó que pasasen a arresto domiciliario y permaneciesen en este durante los 3 meses que se otorgaron al Ministerio Público (MP) para investigar. En cuanto a los delitos, aunque inicialmente el MP les acusaba de detenciones ilegales y robo agravado, el juez sólo aceptó el delito de detenciones ilegales. Además de estas 5 personas, el Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa se enteró de que la denuncia judicial era contra otras 34 personas de las comunidades, de las cuales 12 tenían orden de captura.
Las autoridades indígenas denunciaron la forma en que Rosa María Pérez fue separada de sus 2 hijas, una de ellas aún en etapa de lactancia. Las menores también fueron trasladadas en una patrulla de la PNC, sin acompañamiento de familiares, al municipio de Esquipulas y posteriormente a la comisaría 23 de Olopa. Por la tarde fueron entregadas a familiares que llegaron a la comisaría en compañía de las autoridades indígenas.
Este segundo proceso de criminalización se originó el 1 de julio de 2019, cuando Odilio de Jesús Guzmán Salazar, propietario de los terrenos donde se encuentra la minera y esposo de Guillermina Guzmán Landaverri, propietaria de la licencia de operación de la mina, y su hijo Rony Leonardo Guzmán Guzmán entraron en dialogo con las y los representantes de la comunidad, de acuerdo a sus formas propias de resolución de conflictos. No se llegó a un acuerdo y Guzmán Salazar y Guzmán Guzmán rompieron una cadena que habían colocado las comunidades en la entrada de la mina como medida de protesta ante las operaciones de la minera. Además se destruyeron una motocicleta y personal de seguridad de la mina disparó en contra de personas de la Resistencia Pacífica y violentó físicamente a Irma Pacay, autoridad indígena de la comunidad de La Prensa. El 5 de julio de 2019 Odilio de Jesús Guzmán Salazar y su hijo presentaron una denuncia contra 38 personas de la Resistencia Pacifica aduciendo secuestro y agresiones. 2 años después, el 25 de agosto de 2021, el Juzgado de Primera Instancia de Chiquimula emitió orden de captura en contra de varios integrantes de dicha Resistencia.
El 9 de enero de 2022, la autoridad indígena Felipe Díaz Ramos fue detenido por esta misma denuncia judicial, por el delito de detención ilegal. Los demás cargos que se le imputaban fueron desestimados por falta de fundamento. El tribunal dictó auto de procesamiento contra Felipe y le impuso arresto domiciliario sin fianza. Esta detención se suma a las de los 5 líderes comunitarios detenidos en septiembre de 2021, lo que suma un total de 6 defensores de derechos humanos que siguen bajo arresto domiciliario, no pueden salir de Chiquimula y tienen que acudir a firmar el registro cada mes. En junio de 2022 el Juez de Primera Instancia Penal de Chiquimula envío a este primer grupo de 6 integrantes de la Resistencia Pacifica a juicio, por la supuesta comisión del delito de detenciones ilegales. El comienzo del juicio estaba previsto para abril de 2024.
Otros 4 líderes que figuraban en la denuncia inicial de 2019, Juan Carlos Pérez Canán, Leonor Crisóstomo Méndez, Guillermo Ramírez Pérez y Fredy Geovany Ramírez Ramírez, se presentaron voluntariamente ante el tribunal. Fueron ligados a proceso, inicialmente por el delito de detención ilegal, pero el 22 de marzo de 2023, el juez de primera instancia penal de Chiquimula desestimó su caso. El 17 de abril, la Fiscalía apeló la decisión y la Corte Mixta de Apelaciones de ese departamento revocó el sobreseimiento para que las 4 personas fueran enviadas a juicio oral y público. La defensa presentó un recurso de nulidad en mayo de 2023 ante la Sala Penal del Órgano Judicial (OJ) contra la revocación del sobreseimiento de la acción penal, que posteriormente fue negado. El 12 de abril de 2024 fue dictada la apertura de juicio para estas 4 personas. A petición de la defensa, llevada a cabo por el equipo jurídico del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), los dos procesos fueron unificados y estaba previsto que iniciasen en julio de 2024. Sin embargo, por desbordamiento de la agenda de la jueza a cargo del debate, este inicio fue reprogramado para el 31 de julio de 2025.