“Damos gracias a Dios que estamos con vida para poder contar aquello que nos pasó; lo que sufrimos en aquel momento es duro de recordar” (1)
“La noche del 29 y la madrugada del 30 de abril de 1982”, en el marco del Conflicto Armado Interno – CAI – (1960-1996) y a un mes del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 (2), “miembros del Ejército guatemalteco ingresaron y sitiaron la aldea Los Josefinos, en el departamento de Petén. Los militares masacraron cruel, violenta e indiscriminadamente a una buena parte de sus habitantes, incluyendo mujeres, niñas y niños. En su afán de arrasar completamente con la comunidad, causaron además una destrucción masiva, matando animales, incendiando viviendas, ranchos y otras propiedades”. Tras estos horrendos crímenes, las y los sobrevivientes han continuado sufriendo debido al trauma y a que siguieron sometidos a otras violaciones de sus derechos humanos como el desplazamiento forzado y el consecuente desarraigo, la desaparición forzada y la falta de reparación. “Los familiares que lo sufrimos en carne propia no tuvimos apoyo del Estado, el gobierno no se preocupó por nada, más bien sufrimos persecución, nos discriminaron, nos acusaron de guerrilleros y de muchas cosas que nosotros desconocíamos”. Y por supuesto les despojaron de sus tierras: “mi parcela la perdí. Cuando me fui se quedó abandonada, después regresé y ya la tenía otro; él me dijo que el ejército se la dio”.
Aunque han pasado 42 años de la masacre, quienes sobrevivieron explican que “ese dolor no pasa” y que esa historia “está viva como si hubiera sido ayer”. Al día de hoy, se tiene una sentencia en firme (2021) contra el Estado de Guatemala emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero aún sigue pendiente el cumplimiento de nueve medidas de reparación. Entre estas destaca: la investigación y judicialización del caso; la continuidad de la búsqueda de personas desaparecidas; el retorno de familias desplazadas; la dotación de recursos para el centro de salud; la creación de un documental sobre los hechos para conservar la memoria; la continuación de la construcción del mausoleo de dignificación de las víctimas y el pago por daños materiales. Cada medida cumplida es una garantía de no repetición. Como señala uno de los sobrevivientes “faltan instituciones que vengan a conocer cómo fue la masacre, tanto a nivel nacional como a nivel internacional”.
Antecedentes: vivir en tierra propia
Las personas que sobrevivieron hacen memoria de cómo era la vida antes de la masacre. Según su testimonio, en la década de los 70 vivían felices en la aldea, por las oportunidades de siembra que había. Un señor cuenta que sembraba maíz y frijol, y que la apicultura le generaba ingresos suficientes para él y su familia: “en mí caso, antes de la masacre no tenía necesidad, fue por eso que dejé de estudiar, porque mi lucha era tener un pedazo de tierra y lo había logrado”.
En los primeros años del gobierno de Carlos Arana (1970-1974), se creó un proyecto de desarrollo estatal agrario en Petén, con el fin de “colonizar el departamento y generar desarrollo agropecuario”. El objetivo oficial fue “poblar esas lejanas tierras, construir escuelas, caminos, dispensarios y tierras para que los campesinos” pudieran “cultivar y fomentar el desarrollo”. Pero según información recogida en el Museo Nuevo Horizonte, el objetivo real detrás de esta campaña, dirigida a asentar población campesina en la región, fue que sirvieran como baluarte humano y así evitar los saqueos provenientes del país vecino, México.
Así se promovió la llegada a Petén de familias de otros departamentos del país que necesitaban tierra. “Los campesinos mostraron su emoción al saber que trabajarían en tierras propias” en las cuales sembrarían y construirían sus viviendas. A finales de 1972 el Estado, vía la Empresa de Fomento y Desarrollo Económico del Petén (FYDEP), otorgó parcelas en la aldea Los Josefinos, en el municipio La Libertad. Su nombre se debe a que la mayoría de la población vino de Puerto San José, departamento de Escuintla.
Contexto: “aquel momento es duro de recordar”
Esta felicidad duró pocos años. A inicios de los 80, muchas familias se vieron forzadas a huir y dejar sus tierras. En la mañana del 29 de abril de 1982, miembros de la guerrilla entraron en la aldea, realizaron un mitin y “ajusticiaron” a dos hombres que, según la guerrilla, estaban vinculados al ejército. A raíz de lo anterior, en la tarde hubo un enfrentamiento entre guerrilla y ejército en un lugar cercano a la aldea. A medianoche el ejército ingresó al caserío y perpetró la masacre. Además de todo lo relatado al inicio de este artículo, según una de las sobrevivientes, algunas de las mujeres y niñas fueron violadas antes de ser ejecutadas. Al día de hoy “no existe certeza de la identidad y el número total de personas que perdieron la vida como consecuencia de estos hechos”. Las y los sobrevivientes recuerdan cómo salieron huyendo solo con lo puesto y se dispersaron por diversos territorios del país, incluso hubo quien llegó hasta México. “La aldea quedó desolada y prácticamente abandonada. (…) Varias familias se separaron mientras escapaban, algunas reencontrándose años después”, mientras que otras, pese a haberse reencontrado “no lograron nunca restablecer sus vínculos familiares”.
Un sobreviviente recuerda con horror lo acontecido aquel 29 de abril: “nos quedamos espantados por lo que había pasado, esa tarde fue una tarde de angustia para nosotros”. Una mujer que tenía 28 años en aquel entonces, cuenta que vio a niños agarrándose de las manos de personas que se estaban quemando. Ella tenía cuatro hijos y los perdió todos. Otra mujer, que tenía 13 años, explica que en aquel entonces estudiaba, pero tras la masacre ya no pudo continuar porque su familia perdió todo y tuvo que comenzar a trabajar. Las condiciones materiales, psicológicas y emocionales en las que quedaron las personas que sobrevivieron fueron muy duras.
La masacre de Los Josefinos se enmarca en la estrategia contrainsurgente de terror, racismo y estigmatización ejecutada por el Estado durante el CAI. En ese tiempo el ejército desplegó una violencia desmedida en total impunidad, principalmente entre 1978 y 1982, contra personas, organizaciones y comunidades consideradas “enemigos internos”. El reclutamiento forzado, la militarización de las comunidades, la tortura, la violencia sexual, el secuestro, la desaparición y el desplazamiento forzado, las ejecuciones arbitrarias y las masacres de poblaciones y comunidades mayoritariamente mayas (política de tierra arrasada), eran prácticas comunes. De hecho, el 93% de las violaciones documentadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) fueron cometidas por fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines. El objetivo de tan brutal represión fue someter, disciplinar y ejemplarizar a la población, mediante el miedo, la impunidad y el silencio (3).
Entre 1982 y 1985, 23 familias que sobrevivieron a esta masacre retornaron a la comunidad Los Josefinos bajo control del ejército, que había parcelado los terrenos. Según nos compartió la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) “el ejército les designó una ubicación específica, un pedazo de tierra donde podrían vivir” y hasta 1996 integrantes de estas familias fueron obligados a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y tuvieron que vivir bajo el control del ejército (4).
El largo camino hacia la justicia
Al final del CAI comienza el acompañamiento de FAMDEGUA a algunas familias que sobrevivieron a la masacre de Los Josefinos. Su entonces directora, Aura Elena Farfán (5), les animó en su búsqueda de justicia: “enfréntense, hablen, platiquen, digan la verdad”. FAMDEGUA asumió la representación de las víctimas y más adelante se constituiría como querellante del caso.
El 16 de enero de 1996 FAMDEGUA denunció los hechos ante el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Petén. En marzo de ese mismo año la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) llevó a cabo la exhumación de los restos de las personas masacradas, como parte del anticipo de prueba de dicha denuncia. Se exhumaron 19 osamentas: 5 de niños y niñas de entre 1 mes y 11 años; 1 de un adolescente de entre 12 y 18 años y 12 de personas adultas. Por las condiciones de las osamentas y los 27 proyectiles de bala encontrados, la FAFG determinó, que “la muerte de estas personas fue violenta, tipificada legalmente como homicidio en todos los casos”. “Todas las osamentas hablaron de tristeza, dolor y memoria silenciada” (3). Al mes siguiente el Ministerio Público (MP) abrió diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
Ante la falta de avances en la investigación y judicialización del caso en Guatemala, FAMDEGUA y las personas sobrevivientes, con el acompañamiento legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llevaron el caso ante el Sistema Interamericano de DDHH. El 27 de octubre de 2004 presentaron la petición ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) y 15 años después el caso fue llevado ante la CorteIDH.
El 3 de noviembre de 2021 la CorteIDH declaró al Estado de Guatemala responsable por la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus familiares (49 personas en total) “y la violación a los derechos a garantías judiciales y protección judicial en contra de los familiares de las víctimas de la masacre, las víctimas de desaparición forzada y sus familiares y todas las víctimas sobrevivientes”. Asimismo determinó recomendaciones de reparación al Estado.
Tres años después de esta sentencia FAMDEGUA sigue trabajando en la identificación de víctimas. La posterior revisión de la sentencia por parte de la CorteIDH, publicada en noviembre de 2023, reconoce a 76 víctimas sobrevivientes y da un nuevo impulso a la lucha por el cumplimiento de las recomendaciones de 2021. Integrantes de FAMDEGUA lamentan la falta de colaboración de las instituciones estatales para cumplir con dichas recomendaciones: “realmente estamos haciendo la investigación que debería hacer el MP”. Se han puesto a la tarea “de ubicar a los familiares para tomar declaraciones sobre los hechos que cada quien vivió”.
FAMDEGUA considera que los terribles impactos que tuvo la masacre se transmiten a las siguientes generaciones, pues tanto las personas que sobrevivieron como sus hijos, hijas, nietos y nietas siguen sufriendo la ausencia de justicia y viviendo en condiciones muy difíciles, todo ello agravado por la falta de atención de las instituciones del Estado. Frente a esta falta de respuesta, muchos familiares de los y las sobrevivientes emigraron a México y Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida. La propia CorteIDH, ante la falta de reparación por parte del Estado, anticipó estos daños a las nuevas generaciones, y – según integrantes de FAMDEGUA – les reconoció como víctimas “porque aún sufren los efectos del desplazamiento forzado. Ya no son solo los papás y mamás, son también los hijos y las hijas. Es bien complejo el panorama para las familias”.
Uno de los sobrevivientes con los que pudimos conversar, subrayó la falta de atención por parte de las instituciones estatales y las estrategias de retraso que se han vivido en el proceso jurídico: “el Estado no se ha preocupado en formar comisiones de búsqueda, y mucho menos el MP ha hecho por investigar a los autores intelectuales de la masacre. Ponen un fiscal tras otro, y si un fiscal avanza un poquito en la investigación, lo quitan y ponen a otro. Lo hacen por entorpecer”.
A pesar de todos los obstáculos y desafíos, los y las sobrevivientes, junto con organizaciones como FAMDEGUA y CEJIL, se han organizado para seguir demandando al Estado de Guatemala el cumplimiento de las medidas de reparación.
“El recuerdo de la masacre duele y persiste”
Sobre los impactos de aquellos horrendos hechos, una sobreviviente explica que no solo fueron materiales, sino también psicosociales. Cuenta que mataron a dos de sus hijos y que ella no puede llorar, “por tanto dolor en mi corazón, no lo puedo soltar”. Sufre ataques de ansiedad y todo su cuerpo se pone rígido. Comparte que le parece bien la idea de hacer un documental sobre la historia de la masacre, tal y como se contempla en una de las recomendaciones, ya que no quiere que nunca más pase algo como lo que le pasó a ella.
El apoyo médico y psicosocial que precisan las y los sobrevivientes, y que el Estado tiene la obligación de brindar, es totalmente insuficiente. “Ellos asumieron el compromiso de poner una psicóloga para atender a todas las victimas de Josefinos. Estuvieran donde estuvieran las personas sobrevivientes, tenían que cubrir esta necesidad. Pero la psicóloga es del puesto de salud de otra comunidad y solo llega un día a la semana junto con la doctora, y el Estado asume que así está cumpliendo.” Además, la CorteIDH se ha pronunciado en “contra del Estado de Guatemala, señalando su inoperancia en lo que respecta a solucionar y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas sobrevivientes”.
“Nosotros como víctimas pedimos que se cumpla todo de la sentencia y que sea pronto porque la mayoría de víctimas estamos muriendo.”
A todo ello hay que sumar otros problemas que afectan a la comunidad, como las tierras en manos de militares, los monocultivos de árboles maderables como la teca o la migración de los jóvenes a los Estados Unidos en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Según FAMDEGUA continúa vigente “la misma estructura que sigue desplazando y despojando a las poblaciones de sus tierras”. El tema recurrente de repartición y titularidad de tierras y las desigualdades estructurales, económicas y sociales, siguen persistiendo y afectan fuertemente a las y los sobrevivientes. Un líder comunitario concluye que “antes uno sembraba de todo, yuca, camote, ñame, piña… pero ahora los ricos tienen las tierras”. Por todo ello el panorama de las familias de los Josefinos es difícil y complejo. El camino para que se haga justicia y puedan disfrutar de una vida digna, está siendo largo y complicado, pero junto con FAMDEGUA van a seguir luchando para conseguirlo.
1 Las citas textuales de este artículo que no tengan otra fuente, fueron extraídas de un encuentro que tuvo lugar en la aldea Los Josefinos, en el marco de un acompañamiento que hicimos a la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) el 29 de abril de 2024. En dicho encuentro los y las sobrevivientes de la masacre, que siguen buscando justicia, nos compartieron sus sentires.
2 Con este golpe comenzó la presidencia de facto de José Efraín Rios Montt, dos veces sentenciado por genocidio contra el Pueblo Ixil, cometido durante los 16 meses que se mantuvo en el poder hasta que otro golpe de Estado, perpetrado el 8 de agosto de 1983, le desbancó del mismo.
3 Sanford, V., Dill, K., y Duyos, S., “Guatemala: violencia sexual y genocidio”. F&G Editores, Guatemala 2020.
4 Esta y todas las citas de integrantes de FAMDEGUA que aparecen en este artículo, fueron extraídas de una entrevista que realizamos con tres de sus integrantes el 25.07.2024.
5 Defensora de Derechos Humanos y fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en 1984 y de FAMDEGUA en 1992, dedicadas al apoyo a familiares de personas detenidas y desaparacidas durante el CAI.