El 4 de octubre de 2012 fue un día que quedó grabado en la historia del Pueblo K’iche’ de Totonicapán. Una manifestación pacífica terminó en una masacre que acabó con la vida de 7 hombres y dejó 34 personas heridas. Estos hechos violentos tuvieron lugar cuando el ejercito intervino para disolver la protesta. Las viudas, sobrevivientes y toda la población de Totonicapán, representada por los 48 Cantones, emprendieron una lucha legal para conseguir justicia por la flagrante violación de su derecho a la vida y a manifestarse. La sentencia tardó en llegar 4.164 días, casi 12 años. Nueve militares enfrentaron un juicio por los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, pero finalmente ninguno fue sentenciado por estos delitos. Los daños al Pueblo K’iche’ fueron ignorados.
Los hechos
El 4 de octubre de 2012, miles de personas convocadas por los 48 Cantones de Totonicapán se manifestaban pacíficamente en el lugar conocido como “la Cumbre de Alaska”, situado en el km 169 de la ruta interamericana entre Sololá y Totonicapán. Las comunidades protestaban por el alto costo de la energía eléctrica, los cambios en la carrera de magisterio, y contra una reforma constitucional promovida por el gobierno de Otto Pérez Molina, que refería al estatuto de la existencia de las comunidades indígenas. Anteriormente, los 48 Cantones habían presentado memoriales a la empresa de energía eléctrica y al presidente de la república para hacer saber su molestia. La respuesta fue proponer mesas de diálogo y negociación sin resultados, ante lo cual las comunidades decidieron salir a manifestar su descontento públicamente.
La reacción frente a esta manifestación fue enviar al ejército para reprimirla, lo que desencadenó un trágico episodio de violencia que conmocionó a toda Guatemala. Soldados armados llegaron al lugar y dispararon contra los manifestantes provocando 7 muertes e hiriendo a 34 personas. Los asesinados fueron Santos Hernández Menchú, José Eusebio Puac Baquiax, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Arturo Félix Sapón Yax, Jesús Francisco Puac Ordóñez, Rafael Nicolás Batz y Lorenzo Isidro Vásquez.
La masacre de la Cumbre de Alaska, como se la conoció posteriormente, fue la primera cometida por el ejército en Guatemala tras el fin del Conflicto Armado Interno y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Esta violenta represión marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos humanos en Guatemala y desató una larga batalla legal en busca de justicia para las víctimas y sus familias.
En junio de 2023 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de procesos de Mayor Riesgo B, dio inicio al debate oral y público del caso. Nueve militares fueron juzgados por ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones, las viudas, heridos y sobrevivientes de la masacre, fueron querellantes en este proceso.
La sentencia
El 28 de febrero de 2024, después de nueve meses de debate oral y público, el Tribunal de Mayor Riesgo B, compuesto por su presidenta María Eugenia Castellanos Cruz y las vocales Elia Raquel Perdomo Ruano y Marling Mayela González Arrivillaga, dictó sentencia. Dos de los acusados, Juan Chiroy, coronel a cargo del contingente militar, y Manuel Lima, fueron absueltos. A Abraham Gua se le condenó por disparo con arma de fuego y a Edin Adolfo Agustín, Ana Rosa Cervantes, Dimas García, Marcos Suc, Felipe Chuc y Abner Cruz, por lesión en riña. A Agustín se le condenó también por homicidio culposo en grado de tentativa. Las penas impuestas fueron de entre 2 y 7 años de cárcel. El argumento principal para cambiar los delitos en la sentencia, fue que el Ministerio Público (MP) no había sido capaz de demostrar que los acusados habían cometido ejecución extrajudicial. Edgar de León, abogado de la barra acusadora, explicó que cambiar el delito a herida en riña, reduce la manifestación social a un conflicto en calle. “Una riña se da en una situación muy improvisada, en una calle donde surge un conflicto entre un grupo y otro. Pero esta era una manifestación, ellos [los militares] llegaron a intimidar”. Según de León, reducir una manifestación pacífica a riña tumultuaria, conllevaría una connotación política.
Tras escuchar la sentencia, los 48 Cantones de Totonicapán dieron una rueda de prensa en la que su presidente, Edín Zapeta, declaró que lamentaban el trabajo deficiente realizado por parte del MP y que no se hubieran valorado las vidas de las víctimas mortales, ni se hubiera tenido en cuenta a las viudas. También lamentaron que no se hubiesen tenido en cuenta los sueños frustrados de las y los familiares de las víctimas y heridos, así como de sus hijos e hijas. Denunciaron y rechazaron públicamente la parcialidad de las juezas, considerando que realizaron una lectura racista de la sentencia que, a lo largo de su presentación, hablaba de las vidas truncadas de los militares, pero no así de las víctimas de sus acciones. Para la población totonicapense la sentencia ha sido una muestra de la deficiencia del sistema judicial.
Desde el punto de vista jurídico, la abogada Lucía Xiloj resaltó la discrepancia que hubo entre las opiniones de las juezas: mientras una de ellas sí consideraba que no se había dado proporcionalidad en el uso de la fuerza, la otra expresó lo contrario. También manifestó que se dio un deficiente análisis del tipo penal de ejecución extrajudicial, porque como se señaló en el proceso, sí hubo una actuación arbitraria y con un uso desmedido de la fuerza por parte de los miembros del ejército.
Históricamente Totonicapán ha defendido sus derechos colectivos e individuales y la fuerza y energía de estas luchas se han logrado enlazar con los de la sociedad en general. De Totonicapán han brotado y producido horizontes de cuidado de la vida y el bien común que alcanzan a toda la sociedad. Por tal razón, creo que el resultado de este proceso judicial no compete sólo a quienes son de Totonicapán, es un problema de los pueblos indígenas, es un problema del país.
Gladys Tzul Tzul, sociologa K’iche’ de Totonicapán
La lucha de víctimas y sobrevivientes: justicia, reparación y no repetición*
El día 5 de marzo, tras la sentencia, tuvo lugar la audiencia de reparación digna donde la defensa de las víctimas y sus familias, hicieron sus peticiones de resarcimiento a los 7 sentenciados. José Santos Sapón, en representación de los 48 Cantones, manifestó que la sentencia les había dejado un sabor amargo, pero resaltó el hecho de que, al haberse dado una sentencia acusatoria, se abría la puerta al proceso de reparación digna. Su objetivo: centrarse en tratar de restituir los aspectos materiales y no materiales; así como dar respuesta a los impactos emocionales a nivel comunitario. Se hizo mención a uno de los peritajes psicológicos presentados durante el debate, en el que se explicaba la falta de justicia prolongaba, los daños psicosociales en la población, así como la falta de confianza en el sistema de justicia y el sentimiento de abandono por parte del Estado de Guatemala. Se señaló que todas las personas afectadas por la masacre sufrieron una ruptura en su proyecto de vida y por ello se instaba a que se otorgaran las medidas de reparación digna solicitadas.
Las representantes legales de las viudas y sobrevivientes, Lucía Xiloj y Jovita Tzul, basándose en las evaluaciones psicológicas presentadas, solicitaron medidas de reparación y satisfacción transformadoras y de no repetición, no centradas únicamente en los aspectos económicos. Estas medidas fueron las siguientes:
- Una vez la sentencia fuese firme, publicarla en el Diario Oficial, en la página electrónica del organismo judicial del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC).
- Como los hechos del día 4 de octubre de 2012 fueron cometidos por agentes del Estado, vulnerando con ello el derecho de reunión y manifestación, que el Ministerio de Defensa pida disculpas públicas.
- Que el Ministerio de Educación incluya en el currículo básico de primaria la fecha del 4 de octubre de 2012, para que estos hechos permanezcan en la memoria histórica del país.
- Que el Organismo Ejecutivo declare el día 4 de octubre Día de las Víctimas de la Masacre en la Cumbre de Alaska y que realice una conmemoración anual.
- Que el Ministerio de Cultura y Deportes construya un monumento en el parque de San Miguel, en la cabecera de Totonicapán, y en otras comunidades, para recordar a víctimas y sobrevivientes.
- Y para que no vuelvan a repetirse hechos similares, que se cree un acuerdo gubernativo que regule la presencia del ejército en reuniones y manifestaciones pacíficas, especialmente en las relacionadas con comunidades indígenas, y que sea la PNC quien esté presente en dichos espacios.
- Que el MP continúe con la investigación. Se apeló al artículo 115 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ‘Responsabilidad por infracción a la ley: Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causarán.
- Medidas transformadoras de protección y no repetición que sirvan para toda la sociedad guatemalteca, amortiguando así el temor de que por ejercer un derecho legítimo como el de manifestación, se vaya a ejercer una violencia como la que se desplegó en este caso.
Para muchas de las familias afectadas, gran parte de su proyecto de vida y desarrollo estaba enfocado en que sus hijos e hijas pudiesen alcanzar un nivel medio de educación de magisterio. Esto les hubiese permitido acceder a un empleo en sus comunidades, para mantenerse económicamente y para apoyar a sus familias. Además, estos ingresos también les hubiese dado la oportunidad de poder seguir ampliando sus estudios y así acceder a la universidad. En una región donde la falta de oportunidades obliga a mucha gente a migrar a Estados Unidos, esta formación les habría abierto paso a mejoras laborales que hubiesen mitigado dicha migración. Por eso, otra medida de reparación solicitada fueron becas formativas.
En una entrevista realizada en nuestro programa virtual ACÉRCATE, Lucía Xiloj explicó las dimensiones del impacto de esta masacre en la vida de las viudas y de las comunidades, que van de lo económico, a lo psicológico, pasando por lo físico, lo social y lo comunitario. Los impactos físicos son muy evidentes, pues cuando llegaron a declarar las personas que sobrevivieron a la masacre, lo hicieron en silla de ruedas porque les faltaba una pierna, o con otros daños permanentes en diferentes partes de sus cuerpos. Por ello cada sobreviviente solicitó una medida acorde a la lesión sufrida en su cuerpo, así como atención psicológica.
Xiloj explicó cómo estos impactos físicos que han sufrido quienes sobrevivieron, truncaron sus proyectos de vida, pues les limitaron su capacidad de seguir ejerciendo sus profesiones: tejedoras, panaderos, carpinteros, etc. Esto se tradujo en una fuerte afectación económica, no solo por la dificultad de seguir ejerciendo sus trabajos, sino también por los gastos médicos derivados de estos daños. Este es el caso de García Taló y su familia, para quienes aquel 4 de octubre cambió radicalmente sus vidas: “yo soy tejedor y comerciante, todo eso se fue. Todo se vino abajo porque he necesitado dinero para la curación y operaciones. He sufrido porque ya no puedo hacer mis trabajos”. Ahora su esposa es quien trabaja y va a buscar leña.
Los hijos de las personas fallecidas y heridas quedaron en orfandad, las viudas tuvieron que endeudarse, cambiar su rol dentro de la familia y adaptarse a la nueva situación. Algunas de las personas heridas tendrán problemas de salud de por vida. “Las familias vieron truncados sus planes de vida”, declaró uno de los psiquiatras acerca de los impactos psicológicos que sufren quienes sobrevivieron.
El 20 de marzo tuvo lugar la continuación de la audiencia de reparación digna, donde se dictó resolución. El tribunal consideró muchas de las medidas solicitadas sobrestimadas, debido a la reducción del delito. En consecuencia, las víctimas y sus familiares no están conformes ni con la sentencia, ni con las medidas de reparación ordenadas y han apelado la resolución. La lucha por que se haga justicia continua.
* Fuentes para la elaboración de este apartado: #CasoCumbredeAlaska Audiencia de Reparación Digna, Pagina Facebook de Verdad y Justicia, 5.03.2024; ACÉRCATE de febrero de 2024 sobre el Caso de la Masacre de la Cumbre de Alaska, Totonicapán, PBI Guatemala, 22.02.2024; Coyoy, M., Op. Cit.; Tzul, G., Op. Cit.
