sobre las comunidades que las habitan
(este articulo ha sido publicado originalmente en el Boletín 40, diciembre 2018)
La Ley de Áreas Protegidas LAP, sancionada en 1989 por el Decreto 4-89, otorga la administración de AP al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Las AP más extensas del país se encuentran en Petén, Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, viéndose afectadas diversas comunidades que las habitan, debido a la falta de certeza jurídica en cuanto a la titularidad de la tierra y su permanencia en la misma. La respuesta del Estado ante esta situación fue establecer los conocidos como Acuerdos de Cooperación (AC). Sin embargo, según señala uno de los abogados que acompaña jurídicamente a estas comunidades, los AC son instrumentos de carácter administrativo, implementados de forma unilateral por el CONAP, para tolerar la permanencia indefinida de la población en esas áreas, en tanto se logra el desalojo. De esa cuenta, las pocas comunidades que han firmado AC no están libres de ser desalojadas y se encuentran en el mismo abandono, criminalizadas y sujetas a detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas combinadas.
El 10 de septiembre de 2010, observamos la presentación de un manifiesto ante el Congreso de la República, por parte de 137 comunidades de Petén, en el cual referían: Nuestros padres y abuelos, originarios de costa sur de Guatemala, Oriente, Alta Verapaz, Huehuetenango, y otras regiones del país, empujados por la falta de tierra, el hambre y diversos programas de distintos gobiernos de la República, llegaron hace muchos años atrás al Petén y colonizaron con nuestras familias y sus esfuerzos, estas tierras peteneras (…). Nuestras historias y las historias de nuestras comunidades están llenas de concentraciones, desplazamientos, desarraigos y reinstalaciones forzosas. En este manifiesto se denunciaban las políticas públicas del Estado guatemalteco que invisibilizan la existencia de sus comunidades y les niega el derecho a la tierra, mientras permiten la instalación de megaproyectos sin consulta previa. Así mismo, exigían garantías sobre el derecho a la vida, la protección de las y los pobladores, el reconocimiento de las comunidades, la suspensión y anulación de licencia a megaproyectos y una investigación de los desalojos llevados a cabo en las comunidades La Colorada, El Florido, Centro 1 y otras, para constatar las violaciones de derechos humanos perpetradas y garantizar resarcimiento por los daños y perjuicios causados.
Siete años después de la presentación de esta manifiesto, se siguen dando desalojos en Petén, sin unas mínimas garantías de reubicación. Este es el caso de la comunidad Laguna Larga, desalojada el 2 de junio de 2017, que a día de hoy se encuentra en una situación totalmente lamentable, tal y como pudimos observar en la visita que realizamos con motivo del primer aniversario del desalojo. Además, en Sierra Lacandón fueron desalojadas, el 22 de agosto de 2018, varias familias de la comunidad Pollo Solo. Algunas de estas familias consiguieron realojarse con sus familiares en Alta Verapaz e Izabal, pero otras continúan en un asentamiento improvisado en la localidad de San Andrés, Petén.
Durante nuestro viaje de observación de junio de este año, tuvimos la oportunidad de visitar a las familias de Centro 1, en Sierra Lacandón, desalojadas violentamente el 16 de junio de 2009, y que siguen sin ser reubicadas a día de hoy. Hablamos con varias personas de esta comunidad, y una de ellas nos compartió que fueron desalojadas 164 familias, que les trasladaron al Barrio Santa Cruz (La Libertad, Petén) en la madrugada y lloviendo: Mi hija nació ahí mismo, debajo de un nailon. Todas las personas nos manifestaron que su mayor preocupación es la falta de terreno para sembrar, así como la dificultad de conseguir otro trabajo para poder subsistir. Estas familias viven en extrema pobreza y se sienten totalmente abandonas por el Estado, pues ya ninguna autoridad les recibe. Además, el desalojo de Centro 1 tuvo el agravante añadido de que para llevarlo a cabo, no solo se alegó ocupación de AP, si no que las autoridades del entonces gobierno de Álvaro Colom también lo justificaron como una forma de combatir el narcotráfico.
El periodista Óscar Martínez relata como a las 10 de la mañana del 16 de junio de 2009, militares, policías y otras autoridades, inauguraron con la comunidad Centro Uno una modalidad de desalojos masivos de campesinos en Petén. 164 familias fueron removidas de la comunidad que, por unos pocos, y sin permiso, había sido creada antes de que se firmara la paz en 1996. Unos llegaron antes, allá por 1992. El grueso, familiares de los pioneros, llegó en los siguientes cinco años, casi todos campesinos de Ixcán, Izabal, Quiché y Cobán que habían deambulado buscando dónde instalarse para cultivar la tierra lejos de la guerra. El periodista entrevista a uno de los campesinos de la comunidad que ilustra, a través de la experiencia vivida, la vivencia del desalojo: (…) nos dieron media hora para desalojar. Yo logré agarrar a mis cuatro niños. Dejé una prensa de maíz del ancho de dos metros cuadrados. Ya lo tenía en mi casa, y también 10 manzanas de pepitoria listas para cosechar. Todo el mundo perdió todo”.
Volviendo al aniversario del desalojo de Laguna Larga, conmemorado el mes de junio 2018, al que asistió la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), es importante señalar que ésta se pronunció públicamente para poner de manifiesto la violación, por parte del Estado de Guatemala, de los derechos humanos a la vivienda adecuada, salud, alimentación, seguridad, educación, acceso al agua, ambiente sano y seguro de los y las habitantes de esta comunidad. En este comunicado la PDH también da varias recomendaciones a las autoridades guatemaltecas y concluye que no habrá paz en Guatemala mientras existan formas y actitudes de tolerancia a las vulneraciones de los derechos humanos. Durante la visita de la PDH a la comunidad, en medio del lodo y bajo la lluvia, los líderes tomaron la palabra para trasmitirles que, por las condiciones en las que actualmente están viviendo, se sienten tratados peor que los perros y que los y las niñas lloran por volver a su casa. Según fuentes expertas consultadas por PBI, la deplorable situación en la que están siendo obligadas a vivir las familias de Laguna Larga, sienta un precedente para que no se produzcan más desalojos que desencadenen tales crisis humanitarias.
La Propuesta Alternativa
En este contexto paradójico, donde a empresas transnacionales se les permite entrar a territorios declarados AP, mientras que a familias campesinas se les prohíbe, las comunidades, de forma totalmente proactiva, presentaron la llamada Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comunidades afectadas por la declaratoria de AP de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón. A través de esta Propuesta las comunidades manifiestan su carácter multicultural, pues son fruto de las migraciones de diferentes pueblos indígenas de otras regiones del país. Así mismo, solicitan al Estado guatemalteco que se reconozca, asegure y garantice la permanencia perpetua de las comunidades en Sierra Lacandón y Laguna del Tigre, incorporándolas al desarrollo de la nación, garantizándoles el derecho a la propiedad sobre las tierras y la participación ciudadana orientada a la búsqueda del desarrollo integral y al cumplimiento de los derechos humanos. Proponen que sean las propias comunidades, en alianza con otras comunidades o entidades no gubernamentales, quienes gestionen, planifiquen y ejecuten sus propios proyectos de desarrollo comunitario sostenible e integral. Al referirse a la seguridad de la tierra y permanencia perpetua, subrayan el carácter colectivo que se busca en dicha propiedad, solicitando que se garantice la no repetición de desalojos, el reasentamiento de las comunidades desalojadas forzosamente y que el Estado cumpla con sus funciones institucionales mediante los organismos gubernamentales correspondientes, desmilitarizando la región pero garantizando las medidas de seguridad necesarias para proteger a las y los campesinos del crimen organizado. Así mismo solicitan expresamente que el Estado no renueve ni otorgue licencias y contratos de actividades industriales que dañen el ecosistema y que afecten al derecho a un ambiente sano. De esta forma, manifiestan su compromiso de cuidar, proteger y asegurar, para las generaciones futuras, los recursos naturales del área. En contraposición a los monocultivos, las comunidades proponen sostener la biodiversidad con el fin de conseguir una mejor conservación de la tierra.
La presentación de esta propuesta generó expectativas, tanto a nivel departamental como nacional, y se intentó constituir una mesa de diálogo entre las comunidades y las entidades gubernamentales competentes. Este proceso se vio bruscamente interrumpido con la captura del líder comunitario de La Mestiza, Jovel Tovar, en marzo de 2017 (por el delito de usurpación de AP), así como con el desalojo de la comunidad Laguna Larga, en junio del mismo año. El dialogo no se ha retomado hasta el momento y las comunidades siguen esperando que se garantice su derecho a una vida digna.