Entrevista a Leonel Dubón, defensor de los derechos de la niñez
La situación de la niñez y adolescencia en Guatemala es crítica. Una muestra de ello son los hechos acontecidos el 7 y 8 de marzo de 2017 en el denominado Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción (HSVA), donde murieron 41 niñas y 15 resultaron gravemente heridas. El HSVA es conceptualizado como un centro estatal de protección para personas menores de edad víctimas de violencia, abandono y maltrato infantil y alberga entre 600 y 800 con diversos perfiles y necesidades. Entrevistamos a Leonel Dubón, Director Ejecutivo del “Refugio de la Niñez”, dedicado a defender los derechos de este colectivo. Esta organización atiende niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. En 2011, Dubón, que lleva 30 años trabajando el tema, fue seleccionado como «Héroe contra el Tráfico Internacional de Personas” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por su lucha permanente contra la trata de personas.
El 7 de marzo de 2017, adolescentes del HSVA1 llevaron a cabo una protesta contra las malas condiciones de vida a las que se les sometía en el Hogar, así como por los malos tratos que venían sufriendo de forma reiterada. Aproximadamente 100 adolescentes huyeron de este Hogar, pero la fuga terminó cuando fueron capturados por la policía, que les llevó de regreso al HSVA. En la madrugada del 8 de marzo, 46 niños fueron trasladados al área del auditorio (un lugar amplio). Sin embargo, 56 niñas fueron trasladadas a un cuarto con capacidad para 26 personas de pie, sin baño y sin acceso a agua. Ambos espacios fueron cerrados con candado y custodiados por la Policía Nacional Civil (PNC). Un testigo declaró que “las niñas gritaron que estaban sucias, que tenían frío, que querían bañarse y cambiarse. Ningún empleado del Hogar Seguro se acercó a ellas para responder a las necesidades de las niñas”. Horas más tarde inició un incendio en el cuarto donde estaban encerradas, supuestamente provocado por una de las niñas con la intención de llamar la atención de las autoridades para que las liberasen. A este respecto, una de las sobrevivientes manifestó: “Pedíamos auxilio, pero no nos hicieron caso”. Según la investigación del Ministerio Público (MP), las autoridades presentes en el HSVA tardaron 9 minutos en abrir la puerta. Varios testimonios indican que los bomberos voluntarios tuvieron que esperar 40 minutos para que les dejasen entrar al Hogar. 41 niñas murieron en el incendio, 19 en las instalaciones del HSVA y 22 en los hospitales.
Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), lo ocurrido en marzo de 2017 en el HSVA, no solamente evidenció negligencia en la protección de la niñez, sino también la violación de sus derechos humanos. En los meses y años anteriores, niñas y niños acogidos en el HSVA interpusieron decenas de denuncias, ante las instituciones públicas, por violencia, abuso, trata de personas y explotación sexual, denuncias que no fueron atendidas. En el plano judicial y tras la tragedia, el MP señaló a la subsecretaria de Bienestar Social de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Una de las organizaciones querellantes que defiende a las familias de las niñas, Mujeres Transformado el Mundo (MTM), enfatizó que los hechos del 7 y 8 de marzo se enmarcan en un contexto de violaciones sexuales continuadas y que los mismos deben ser analizados y examinados garantizando el enfoque de género.
¿Qué significado tiene la tragedia del HSVA para los derechos de la niñez?
Estamos hablando de una tragedia que no solo se circunscribe al 8 de marzo de 2017, sino que comienza con la apertura del HSVA. Desde que este se abrió comenzaron a darse situaciones violatorias de los derechos humanos. Guatemala abrió una macro-institución, un centro que pretendía albergar a más de mil niñas, niños y adolescentes en una sola sede, sin un modelo especifico de atención y violentando totalmente el derecho a la familia. Por ello, empezaron a darse crisis generadas por la mala relación entre los niños y las niñas con el personal, que no tenía las capacidades idóneas para atenderles.
Cuando el Partido Patriota asume el gobierno de la nación (2012-2015), las condiciones de vida de las y los niños empiezan a cambiar. Se cambia el concepto de Hogar Solidario2 al de Hogar Seguro y empieza a aplicarse una metodología de cero tolerancia hacia las conductas de los y las niñas. Se mezclaron niñas y niños sujetos a medidas de protección con personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Paradójicamente, el hogar era de todo menos seguro, ya no podía hablarse de respeto a los derechos humanos si no de aplicación de una disciplina militar.
Una vez terminado el mandato del Partido Patriota el deterioro de las condiciones aumenta, pues el nuevo gobierno carece de modelo que aplicar. Lo que se tiene es un centro que acoge aproximadamente a mil personas menores de edad, sin una metodología y sin rutinas diarias de atención terapéutica para los y las niñas que llegan con traumas por haber sido víctimas de diferentes tipos de violencia.
El incidente del 8 de marzo no fue el único, anteriormente hubo otros muchos. Nosotros empezábamos a notar que había serios problemas en todo el sistema de protección de la niñez. Por eso, yo diría que es una tragedia prolongada, donde niños y niñas sufrieron mucho, no solo las 41 niñas que fallecieron y los más de 550 que sobrevivieron, sino que es una tragedia continuada y debida a una serie de errores permanentes de las diferentes instituciones de dicho sistema. Es cierto que en la Ley de Protección Integral, se estructura cómo tiene que funcionar el sistema y cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de las instituciones que lo conforma, pero en la práctica este sistema no es funcional.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se aprobó en 1989 y Guatemala la ratificó en 1990. Sin embargo el sistema nacional de protección no está funcionando.
¿Usted diría que estos hechos despertaron conciencia sobre los fallos del sistema de protección?
Yo creo que a raíz de estos hechos hay más conocimiento sobre lo que estaba pasando en el Hogar “Seguro”, hay más claridad sobre la necesidad de que la atención a la niñez debe ser diferente. Creo que ha habido algunos cambios importantes, sin embargo los cambios de fondo no se han dado. La inexistencia de un modelo de atención especializada sigue vigente. Nos encontramos con lineas de pensamiento que muchas veces son contrarias al enfoque de derechos humanos. Creo que las instituciones necesitan redefinirse, transformarse totalmente, pero dudo mucho que bajo el modelo institucional actual esto suceda. Creo que estas instituciones tienen que desaparecer y dar vida a una nueva institucionalidad, por eso hablamos de la transformación del sistema de protección. Nosotros creemos que la niñez en el país merece una transformación más de fondo. Una transformación que realmente genere la creación de instituciones con nuevas dinámicas de atención, con perfiles enfocados en derechos humanos, tanto de las y los operadores como de quienes dirigen las instituciones.
¿Existe un plan integral para atender a las niñas sobrevivientes de la tragedia y repararlas por el daño, así como a sus familias y a las familias de las fallecidas?
Nosotros como Refugio de la Niñez atendimos a 12 de las 15 sobrevivientes. Otras 2 fueron atendidas por la Asociación Alianza y hay una más que todavía está en los Estados Unidos. Las 12 niñas que atendimos, fueron recibidas a su regreso de los sanatorios en los Estados Unidos y las acompañamos en los centros de refugio hasta que fueron gradualmente integradas en sus ámbitos familiares, dándoles un seguimiento hasta el día de hoy. Hay que reconocer que se creó una unidad especializada en la Secretaria de Bienestar Social para acompañar estos casos. Nosotros desarrollamos una propuesta inicial que fue aprobada posteriormente, con un decreto legislativo que estableció el 8 de marzo como el día de la tragedia y de no-repetición de esta violencia, pero lo más importante fue que se estableció una pensión vitalicia para las niñas. De las 12 niñas a las que damos seguimiento, 10 están bastante bien, pero 1 está desaparecida desde hace más de siete meses y no logramos encontrarla. Es muy complejo, porque a pesar de que hay recursos para su acompañamiento y que se les ha dado toda la atención médica, la rehabilitación física es difícil y el trauma causado por esta tragedia es muy fuerte. Las chicas han tenido momentos de regresión, de recordar ese momento tan doloroso. Creo que la sociedad en general aun no ha dimensionado el impacto que la tragedia tuvo en la vida de estas niñas. Creo que el Estado no las ve como víctimas, sino como niñas problemáticas, y cualquier acción que ha hecho «en favor de ellas» ha sido más una respuesta ante las presiones. Las más de 550 niñas y niños sobrevivientes tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por tanto existen mecanismos de presión para que el Estado les brinde acompañamiento.
Se ha hablado muy poco de los 500 niños y niñas que se quedaron en las instalaciones ¿Que pasó con ellos y ellas?
Según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), 11 niños y niñas han fallecido, en diferentes circunstancias, después de la tragedia. A algunos los han matado en las calles. El Estado debe rendir cuentas sobre estas muertes y esclarecer las circunstancia en las que se produjeron. Muchas de las reintegraciones que se hicieron tras la tragedia no estuvieron bien planificadas. Hubo casos de niñas que fueron devueltas con los mismos papás que las habían violado. La percepción que nosotros tenemos es que al Estado lo que le interesaba era deshacerse de las y los niños, que no se siguió un procedimiento organizado. Muchos niños y niñas fueron repartidos por diversas instituciones y a los 2-3 días estaban buscando como reubicarlos porque las instituciones donde los habían llevado no cumplían con los estándares necesarios para atenderles de manera adecuada.
¿Usted diría que la institucionalización de la niñez, y los hechos ocurridos en el HSVA, están relacionados con la discriminación que sufren niñas y niños?
Creo que hay discriminación hacia la niñez, sobre todo porque la mayoría de niños y niñas que están institucionalizados son pobres, vienen de áreas marginales de la ciudad que no tienen acceso a servicios. En consecuencia sufren una violación permanente de sus derechos humanos y el Estado no les garantiza condiciones de vida dignas. Pero hay algo mucho más serio que esto. Muchos de estos niños y niñas, durante mucho tiempo han sido torturados dentro del centro, muchas niñas eran golpeadas por los monitores, lastimadas, les ponían castigos como si estuvieran en campos de concentración. Tenemos muchas denuncias previas a la tragedia del 8 de marzo. Sin embargo, todos estos hechos nunca han sido investigados a profundidad y por eso insistimos en que más allá de la tragedia, ha habido muchos casos de tortura, de encierros, de castigos físicos, de violencia psicológica, que nunca han sido investigados, y no estamos seguros de que estás prácticas estén erradicadas en las pequeñas casas que hoy tiene el Estado o en los hogares privados.
¿Podría decirse que los hechos acontecidos en el HSVA se enmarcan en un contexto generalizado de violencia de género, tal y como afirma una de las querellantes?
Totalmente. Y lo puedo decir porque tuve la fortuna de conversar con muchas de las niñas que murieron, antes de que se diera la tragedia. Tuve reuniones con ellas, porque la crisis venía dándose desde antes, ellas ya se habían manifestando por la forma en que las estaban tratando. De hecho yo invité en noviembre de 2016, junto con otras organizaciones, a una representante del Comité de Derechos de Niños para hacer una visita al HSVA. Esta persona recogió mucha información que se trasladó al Estado, pero no se obtuvo respuesta de su parte. Creo que temas de violencia de genero, como tortura, son temas que quizás jurídicamente está siendo difícil demostrar, sin embrago, en la experiencia de la relación cercana que tuve con las niñas, y por el conocimiento que tengo sobre derechos humanos, no era necesario estar tan cerca para darse cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo.
¿Cuales serían los cambios necesarios para ofrecer una protección integral a la niñez de Guatemala y así garantizar la no-repetición de los hechos?
Creo que es urgente la aprobación del decreto de 5285, que es una iniciativa que busca la transformación del sistema de protección. Esta iniciativa esta compuesta por tres escenarios. El primero es la creación de una autoridad central que buscaría generar las políticas públicas necesarias para la protección integral de la niñez en el país y que daría la oportunidad de poner a la niñez en la agenda principal del gobierno y del Estado. El segundo y el tercero son la creación de un consejo de protección social y de un instituto de protección especial que tendría todas las funciones de protección y de representación. El consejo lograría un trabajo mucho más comunitario, manteniendo a los niños y las niñas en sus propias comunidades, para no llegar a un sistema de protección especial. Si no hay esta transformación del sistema creo que estamos perdidos, que las cosas van a ir de mal a peor, porque si me preguntan sobre la situación de la niñez en el 2017, cuando se dio la tragedia, y sobre la situación hoy, yo digo que es mucho más grave hoy, pues siguen muriendo niños y niñas por muchas causas, no tienen expectativas de vida en el país. Por eso miles de niños y niñas se han ido de Guatemala o se están integrando a actividades delictivas, esto tiene que ver con la falta de oportunidades. Necesitamos procesos de protección integral y un sistema que garantice condiciones de vida.
¿Usted considera a las niñas que protestaron el 7 de marzo defensoras de sus derechos?
Para mi eran defensoras de sus derechos y defensoras de los derechos de otras niñas. Yo creo que muchas veces ni el país, ni la sociedad, ni las organizaciones, le dan su propio espacio a la niñez. De hecho, nosotros tenemos muchas niñas que participan en los procesos del Refugio. Cuando salen de los programas de abrigo y protección se convierten en lideresas de sus propias comunidades, ellas están defendiendo derechos. Entonces para mi las niñas que demandaron derechos el 8 de marzo de 2017, y mucho antes, definitivamente son defensoras de sus propios derechos. El tema es que el país sigue viendo a las niñas como objetos, y no como sujetos de derechos. Se sigue pensando que las niñas no tiene posibilidad de plantear sus necesidades, sus demandas. Entonces para mi siguen siendo, y seguirán siendo, defensoras de sus propios derechos y defensoras de derechos humanos. Creo que Guatemala está en una encrucijada política muy fuerte y en esta crisis política que, lamentablemente, invisibiliza temas trascendentales para el país como este.
