En junio de 2021 se celebraron los 10 años del respaldo unánime del Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de las Naciones Unidas a los Principios Rectores sobre las Empresas y los DDHH. Dichos Principios suponen un avance en el intento de transición hacia un modelo de crecimiento económico más justo, mediante el reconocimiento de responsabilidades compartidas del Estado y del sector privado, en lo que respecta a la promoción del desarrollo sostenible y la protección de los DDHH.

Sin embargo, su implementación sigue siendo el principal desafío a nivel global y, especialmente, en países ricos en bienes naturales como Guatemala. La ampliación de la actuación del sector privado y la intensificación de la competencia por estos bienes, han contribuido a fortalecer modelos económicos extractivistas y excluyentes. La implantación de estos modelos tiene serias consecuencias para comunidades rurales, pueblos indígenas y personas defensoras de DDHH que, muy frecuentemente, son blanco de todo tipo de ataques y amenazas cuando se atreven a alzar su voz contra proyectos a gran escala de diversa índole: hidroeléctricos, mineros, de agroindustria, madereros, etc. Según el Observatorio para la protección de los defensores de DDHH (Obs) y la Unidad de Defensores y Defensoras de DDHH de Guatemala (UDEFEGUA), es posible identificar una secuencia de agresiones, amenazas, criminalización, estigmatización e incluso asesinatos contra quienes defienden la tierra y el territorio.

“Hoy en día, la persona que lucha, que defiende su entorno, los ríos, los bosques, la Madre Tierra y su comunidad es perseguida y criminalizada”, denuncia María Caal Xol1, lideresa de la Resistencia Pacífica de Cahabón (Alta Verapaz), expuesta a las violaciones de derechos provocadas por la instalación de proyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón. Esto se repite en diversos territorios de Guatemala, tal y como señala Juan Lázaro, autoridad indígena ancestral del pueblo poqomam de Santa Cruz Chinautla (departamento de Guatemala): “encontramos bastantes dificultades para denunciar los abusos de las empresas cuando nos dicen que pueden tomar represalias contra nosotros. Entonces ya nos ponemos a pensar en la familia, en qué sería si nos llegara a pasar algo. Las intimidaciones nos detienen, pues limitamos nuestras acciones y nuestra denuncia de los abusos de DDHH. Quieren que nos quedemos callados”.

Para María Caal, la criminalización de personas defensoras es una de las estrategias más utilizada para acallarles: “las personas defensoras son tácticamente encarceladas y sufren con condenas injustas”. Los procesos de criminalización generalmente están direccionados a líderes y lideresas comunitarias y son parte de una estrategia para reprimir y silenciar a toda la comunidad. La abogada Wendy López, directora del Bufete para Pueblos Indígenas, pone como ejemplo el caso de criminalización de María Choc, defensora maya Q’eqchi frente a los daños provocados por proyectos mineros en Izabal. Ella fue detenida arbitrariamente por la Policía Nacional Civil (PNC) después de servir como traductora en una audiencia judicial que concernía a la comunidad Q’eqchi’ Rubel Pek4. “María es una mujer maya, que habla q’eqchi, pero que tuvo la oportunidad de estudiar y por eso habla el español. Pero si vas a la comunidad, nadie habla español. Ella es el elemento y la herramienta que la comunidad utiliza para poder expresarse, y a partir de ahí se da la persecución de las empresas en contra de ella, para que los demás no sean escuchados”.

Estos casos de criminalización suelen estar precedidos de campañas de difamación y desprestigio en los medios sociales. Muchas veces, las difamaciones e intimidaciones están cargadas de fuertes connotaciones racistas, machistas y discriminatorias, con el objetivo de deslegitimar las luchas de las comunidades. “Sufrimos discriminación por ser mujeres, por ser campesinas, por ser mayas. Usan diferentes tácticas para intimidarnos en los diferentes espacios que tenemos como mujeres mayas”, comenta María Caal. Como explica Felicia Muralles, de la Resistencia Pacífica de la Puya, que desde 2012 se opone a un proyecto minero entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala), “a las mujeres, por ejemplo, nos dicen que vamos a la Resistencia para prostituirnos. La difamación ha sido un gran obstáculo para nosotros, así como la criminalización. Muchas personas terminan retirándose de la Resistencia por las difamaciones que reciben y eso ha traído muchas consecuencias a la organización, porque antes había muchas más personas participando y eso poco a poco va disminuyendo”.

La falta de garantía de derechos sobre la tierra que padecen las comunidades indígenas, las vulnerabiliza frente a posibles violaciones de DDHH causadas por la implantación de proyectos extractivos de carácter transnacional. Como explica la abogada Wendy López, “llega la empresa a decir que es propietaria de toda la tierra y que tienen los títulos. Los comunitarios al revés, no tienen absolutamente ningún documento. Entonces las empresas los amenazan con que tienen que ceder su tierra o les van a denunciar. Por la cesión de sus tierras, a parte les ofrecen un puesto trabajo, generalmente con condiciones muy malas. Eso implica que toda la familia tiene que trabajar. Para los niños eso significa que no van a tener oportunidad de estudiar. Es una forma de esclavitud moderna”. “Muchos de nuestros compañeros en diferentes territorios de Guatemala que han sido encarcelados, sentenciados a veces a más de 30 años, son acusados falsamente de usurpación de tierra, cuando somos los legítimos dueños de nuestros territorios”, comenta María Caal.

Es importante destacar que los abusos y ataques a defensores y defensoras por parte de agentes empresariales se dan en un contexto donde hay un claro desequilibrio de poder entre las empresas privadas y las comunidades afectadas ya “que las empresas privadas ejercen una influencia considerable en los Estados y se aseguran de que los reglamentos, las políticas y los acuerdos de inversión sirvan para promover la rentabilidad de sus actividades empresariales”.

“Según diversos informes, los jueces y fiscales han contribuido a la aplicación irregular del derecho penal al aceptar falsos testimonios, dictar mandamientos judiciales sin pruebas suficientes, permitir que prosperen acciones judiciales infundadas e interpretar indebidamente la ley para incriminar a los defensores indígenas”6. “Se acusa y se condena injustamente a la persona que defiende la Madre Tierra, sin tener pruebas, como por ejemplo en el caso de mi hermano Bernardo, en el que se evidencia como las empresas han cooptado al sistema de justicia”, comenta María Caal. Compartiendo sus propias experiencias en casos legales, Wendy López señala que “en los casos de criminalización, el Ministerio Público (MP) debería realizar la investigación de forma imparcial y con sus propios medios, pero muchas veces las investigaciones se llevan a cabo con el personal de las empresas. Muchas veces ni siquiera el MP llega y son las empresas quienes les dan las imágenes, los vídeos, las descripciones, y se aceptan declaraciones testimoniales de personas que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. Eso es grave, porque se está parcializando todo”.

Otro problema es la falta de transparencia, información y consulta a las comunidades durante la instalación de proyectos empresariales en los territorios que habitan. El Principio 18 de los Principios Rectores establece que las empresas deben determinar y evaluar las consecuencias negativas sobre los DDHH de sus actividades mediante consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados. Cuando se trata de pueblos indígenas, estos tienen derecho a la consulta libre, previa e informada acerca de cualquier medida susceptible de afectarles, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Sin embargo, el derecho a la consulta se viola constantemente y la información sobre los impactos de los proyectos no llega a las comunidades. En el caso de la Resistencia de la Puya, Felicia Muralles comenta que “la información que primero llegó a las comunidades fue de puro engaño, porque nos dijeron que iba a ser un gran desarrollo, que iba a generar muchos empleos, que no iba a generar daños y muchas otras mentiras para poder lograr entrar”. En Santa Cruz Chinautla, Juan Lázaro explica que “jamás ha habido consulta. Incluso hay licencias de explotación minera que se otorgaron en 1988, 1996, cuando tampoco existía el Ministerio de Ambiente. No se han hecho tampoco estudios de impacto ambiental. Nosotros pedimos un estudio, pero no lo quieren hacer. La gente pide la consulta porque ya es demasiado abuso, con tanta contaminación la gente está sufriendo problemas de salud”.

Según Wendy López, “hay mucha corrupción para el otorgamiento de estas licencias. Otro punto es la falsedad de los instrumentos ambientales y el poco interés que tienen las autoridades de analizar lo que está pasando o si los datos son certeros o no. Aprueban todo sin ningún tipo de estudio. Hay una coalición entre el Estado de Guatemala y las empresas extractivas, que significa poner al servicio de las empresas elementos de la PNC o del Ejército de Guatemala, entre otros medios”.

La instalación de proyectos económicos a gran escala suele provocar impactos ambientales significativos, representando serias amenazas para la salud, el acceso al agua, la seguridad alimentaria y el derecho de las comunidades a un ambiente equilibrado. Juan Lázaro apunta que, por ejemplo, las empresas de construcción “vienen a tirar basura descontroladamente porque utilizan a Santa Cruz Chinautla como un basurero. Vienen a tirar lo que ellos quieren sin ningún control adecuado. Tiran desechos y aguas hervidas en los ríos que abastecen a la comunidad. En el nacimiento de agua, el impacto ambiental es bien fuerte, porque es el agua que se consume en casi el 60% de la comunidad. El tema del impacto ambiental es bien complejo y nos preocupa mucho”. En el caso de la Resistencia Pacífica de la Puya, Felicia Muralles explica que se están oponiendo al proyecto minero “en defensa del agua, porque el agua en estas comunidades es muy escasa, entonces esta es nuestra principal preocupación, porque ya estamos en parte del corredor seco y llueve muy poco”.

Los Principios Rectores establecen el acceso a la justicia como uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, las dificultades enfrentadas por las comunidades afectadas por proyectos empresariales para acceder a un recurso efectivo siguen siendo significativas. “Un primer obstáculo para el acceso a la justicia es la discriminación y el racismo. A nosotros no nos ven como iguales, entonces te atribuyen situaciones sobre las cuáles por ser indígena ya te toman como culpable de ciertos hechos. Las comunidades también sufren mucho con la falta de comunicación, en el sentido de que muchas son monolingües y no poder hablar el español no les permite tener el conocimiento general de lo que está pasando. De la misma forma que no son comprendidos, ellos tampoco comprenden los procesos. Aunado a ello, otro punto importante es que muchos de los compañeros y compañeras de las comunidades están viendo que los líderes están siendo criminalizados, y esta criminalización ha afectado mucho la organización de las comunidades”, explica Wendy López.

La pandemia de COVID-19 pone aún más obstáculos a la capacidad de las comunidades de denunciar abusos. “La pandemia no nos permite movilizarnos para denunciar abusos, ya que no se pueden promover aglomeraciones. No nos podemos reunir. Pero ya poco a poco estamos volviendo a trabajar, tratando de mantener el distanciamiento correspondiente y las medidas necesarias”, comenta Juan Lázaro.

La impunidad generalizada por los ataques a personas defensoras y por ilegalidades cometidas en el contexto de proyectos económicos también muestra que las comunidades enfrentan serios desafíos para el acceso efectivo a la justicia. “Si nos damos cuenta los sistemas de justicia están cooptados en todo el país y creo que al final no nos favorecería si denunciamos, sino más bien favorecería a los de las empresas, dándoles la razón”, comenta Juan Lázaro. “Con la impunidad y la corrupción, las empresas extractivas lo que nos dicen a nosotros es ‘ustedes no pueden contra nosotros’. Eso nos deja en una situación de impotencia”, señala Wendy López.

En este sentido, la aplicación real de los Principios Rectores sobre empresas y DDHH sigue siendo un desafío relevante y una necesidad urgente para el respeto a los DDHH de las comunidades afectadas por proyectos empresariales. Para María Caal Xol, la implementación efectiva de estos Principios y de las normas de DDHH debe empezar por la concienciación de las comunidades acerca de sus derechos. “Le conviene al Estado y a las empresas que las y los hermanos no se pronuncien y no exijan sus derechos. Pero hoy en día, día a día, niñas, jóvenes, mujeres y hombres se van dando cuenta de que sí existen estos derechos. Es necesario concientizar a cada comunidad, enseñándoles sus derechos”. Como señala Juan Lázaro “es necesario que se nos respete como pueblo indígena, que respeten nuestro territorio. Nosotros hemos resistido por mucho tiempo en este territorio y siempre vamos a seguir defendiendo nuestra vida, nuestros derechos, nuestra tierra”.