Eduardo Bin Poou, defensor q’eqchi’ y vicepresidente de la gremial de pescadores de El Estor, Izabal, fue absuelto el viernes 3 de mayo de 2019.
Eduardo fue detenido el 29 de junio de 2018 en El Estor, Izabal y acusado el 9 de julio del delito de usurpación de áreas protegidas. Desde entonces se encuentra privado de libertad en la cárcel de Puerto Barrios. Su defensa legal la llevan los abogados Francisco Vivar y Santiago Choc del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), acompañado por PBI.
En julio de 2015 Eduardo participó en un mesa de dialogo con varias instituciones estatales para apoyar a la comunidad Agua Caliente, asentada en el cerro San Gil en Livingston, Izabal. Un mes después la comunidad fue desalojada y la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FundaEco) acusó a Bin Poou de haber liderado la usurpación de tierra en una reserva natural.
En septiembre de 2018 se realizó la audiencia de e.tapa intermedia. El querellante adhesivo, FundaEco, decidió retirarse del caso por estar “en contra de las criminalizaciones de lideres comunitarios”. No obstante, el Ministerio Público (MP) siguió con la acusación y, finalmente, su razonamiento fue compartido por el juez del juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga López (el mismo que ligó a proceso a Abelino Chub Caal, defensor absuelto hace una semana por otro tribunal). El abogado defensor, Francisco Vivar, rechazó estos argumentos como “ilógicos, sin sentido, pues el MP acusa a una persona por usurpación porque está dialogando en una mesa”.
El debate oral del Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios inició el 6 de febrero de 2019, fijándose una periodicidad quincenal para la celebración de las audiencias. Finalmente, el viernes 3 de mayo el juez Jesús Felícitio Ramírez absolvió a Eduardo Bin Poou por el delito de usurpación de áreas protegidos. Sin embargo, el defensor sigue en prisión pues está enfrentando otro juicio. El MP y la mina Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) PRONICO le acusan, a él y a otros 4 compañeros de la Gremial de Pescadores (Carlos Ernesto Choc Chub, Vicente Rox, Cristóbal Pop y Tomás Ché), de amenazas, instigación a delinquir, retención ilegal, daños y asociación ilícita. Los 5 quedaron ligados a proceso en enero de este año.
Los hechos de este segundo caso hacen referencia a una manifestación llevada a cabo por los pescadores del lago Izabal el 27 de mayo de 2017. La finalidad de la misma fue denunciar la contaminación del lago y exigir a las instituciones estatales correspondientes realizar investigaciones y exámenes de los desechos a la mina Fenix, ubicada a orillas del lago. A parte de una única reunión entre las partes, los ministerios con responsabilidades en la materia no han respondido a estas demandas, ni han avanzado las denuncias contra la mina por contaminación. Durante esta manifestación fue asesinado el pescador y defensor Carlos Maaz y herido de bala su compañero de lucha Alfredo Maquín. No existen investigaciones ni acusaciones sobre estos hechos.
Cabe mencionar que la mina Fenix ha causado violencia y violación de derechos humanos desde hace décadas. En los años 60 del siglo XX, una comisión de expertos investigó las condiciones bajo las cuales fue otorgada la licencia de la mina Inco/Exmibal en este momento. Tres de los cuatro integrantes de esta comisión fueron asesinados.
En 2007, durante un desalojo violento, fueron violadas 11 mujeres q’eqchi’s por integrantes de la seguridad privada de la empresa CGN. 2 años más tarde hubo un enfrentamiento entre miembros de la empresa de seguridad y comunitarios de la región de El Estor. El profesor y líder comunitario Adolfo Ich Chamán intentó mediar en este conflicto y por ello fue asesinado. El no fue la única víctima, Germán Chub, también comunitario de la región, fue gravemente herido de bala por el jefe de seguridad de la empresa, Mynor Padillo, y como resultado de este atentado quedó parapléjico. Estos hecho han sido demandados antes las cortes de Canadá, concretamente el caso es contra la empresa Hudbay Minerals, dueña en ese tiempo, y por tanto presunta responsable de los hechos. El caso legal contra Padillo, llevado a cabo en Guatemala, tuvo diversas denuncias por irregularidades durante el proceso, pero a pesar de ello finalmente salió absuelto. Esta sentencia fue apelada.
En 2012 tres estudiantes de la Universidad del Valle murieron en extrañas circunstancias, aun no esclarecidas, cerca de la mina. Uno de los acusados por estos hechos es técnico de la mina.