La intención de esta “Alerta” es llamar la atención y compartir nuestra preocupación por la intensificación y gravedad de las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, la difamación del movimiento social y de sus actividades, así como las acusaciones legales en contra de actores que las promueven y protagonizan, sean individuos, organizaciones o comunidades campesinas e indígenas.

En enero del presente año informamos de graves agresiones, amenazas y persecución contra quienes reivindican derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y derechos colectivos de los pueblos indígenas, advirtiendo que se estaban dando de manera acentuada en el contexto de inversiones económicas privadas o público-privadas proyectadas o en ejecución en territorios donde no cuentan con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas [1].

Queremos expresar nuevamente esta preocupación, dado el recrudecimiento de estos ataques violentos en contra de comunidades, organizaciones sociales o personas que en diferentes regiones del país cuestionan megaproyectos de explotación de bienes naturales y demandan ante ello el cumplimiento de derechos humanos por parte de las instituciones públicas competentes en Guatemala. Ilustran esta preocupación varios casos concretos en los que planes o proyectos dirigidos a la explotación de minerales, metales, agua, madera o cultivos, entre otros, se encuentran en fases iniciales de proyección o de ejecución.

El 8 de marzo, fue asesinado Carlos Hernández en el departamento de Chiquimula –al oriente del país–, defensor de derechos humanos, reconocido dirigente social y sindical como miembro activo de diversas organizaciones y plataformas con presencia en la región y a nivel nacional [2]. Otros defensores de derechos humanos, que también participan en la misma región en procesos de defensa del territorio y los bienes naturales, han denunciado en estos meses amenazas graves contra su vida. Entre estas personas se encuentran el reverendo José Pilar Álvarez Cabrera, miembro de la Iglesia Luterana en Guatemala (ILUGUA), e integrantes de la Asociación para la Protección de la Montaña Las Granadillas en Zacapa, y de la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, en Chiquimula. Los Srs. Hernández y Álvarez, y otras personas de las organizaciones mencionadas, han enfrentado previamente procesos de criminalización, que incluyeron difamaciones y acusaciones penales en su contra que meses más tarde fueron desestimadas por el juez competente.

La comunidad Las Flores y varios de sus miembros, en el municipio de Jocotán, también están enfrentando actualmente este tipo de agresión, en un contexto local donde la reivindicación comunitaria de la medición y registro de la tierra en forma colectiva, se contrapone con los intereses de iniciativas privadas para la explotación hidroeléctrica en el Río Grande y con los intereses de otras inversiones público-privadas planificadas en el área.

En la misma región, miembros de las comunidades y organizaciones sociales del municipio de San Rafael las Flores (Santa Rosa) promueven desde inicio del año un proceso de información, consulta y participación popular, en particular sobre el proyecto El Escobal, de la minera San Rafael S.A. –filial de la canadiense Tahoe Resource Inc.–, con licencia desde el mes de abril para explotación de plata [3]. Denuncian múltiples agresiones graves desde el pasado año, que se intensifican en los primeros meses de 2013. Destacan entre ellas: acusaciones penales y señalamientos públicos negativos en el marco de actividades pacíficas de manifestación y protesta social; varios intentos de desalojo violento del plantón sostenido frente a la entrada de las instalaciones del proyecto minero, resultando varias personas heridas tras la intervención policial; la detención, en abril, de 26 participantes en el plantón, y la puesta en libertad de todas ellas posteriormente por falta de sustento de las acusaciones penales en su contra; a finales del mismo mes, una intervención policial en San Rafael Las Flores (Santa Rosa) y Xalapán (Jalapa) resultó en un enfrentamiento entre policía y personas armadas, que concluyó con dos fallecidos y numerosas personas heridas, tanto manifestantes como agentes de policía; intimidación, amenazas y agresiones graves por parte de actores no estatales armados.

El 27 de abril agentes de seguridad privada al servicio de la minera dispararon contra un grupo de personas que se retiraban tranquilamente a sus comunidades tras participar en una manifestación pacífica, resultando heridas seis personas –tres de ellas fueron hospitalizadas; dos, fueron heridas por balas disparadas en su contra–. Alberto Rotonda, jefe del servicio de seguridad de la empresa, fue acusado de ordenar esta agresión y resultó posteriormente detenido.

Como en ocasiones anteriores, el Estado respondió a la problemática en la región con la declaración de un Estado de Excepción, en primer lugar mediante el intento de declarar Estado de Sitio, que sin embargo, no fue aprobado por el Congreso en esta ocasión –por lo que no llegó a entrar en vigor formalmente el Decreto Gubernativo 06-2013–, y posteriormente, con la declaración de Estado de Prevención, el 9 de mayo, por el que se suspenden de manera temporal garantías constitucionales en los municipios de San Rafael Las Flores y Casillas (Santa Rosa), Jalapa y Mataquescuintla (Jalapa).

Junto a las graves agresiones que se han ido sucediendo en estos contextos, cuyas denuncias no se han traducido por el momento en el esclarecimiento de hechos y responsables, nos preocupa que la declaración de cualquier tipo de Estado de Excepción se dirija en este u otros casos, a intentar paralizar las consultas y suprimir la protesta social que se articula en diversas regiones del país en torno a grandes inversiones (proyectadas o en ejecución) que conllevan la ocupación de tierra y territorio y la explotación de bienes naturales, y que no cuentan con el consentimiento de población que se considera afectada en los contextos locales por la actuación de empresas nacionales o transnacionales.

El Estado de Sitio declarado oficialmente durante dos semanas y media hace un año, a inicios de mayo de 2012, en Barillas (Huehuetenango), fue interpretado en ese sentido por la sociedad civil guatemalteca y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Si bien las 10 personas detenidas tras la declaración del Estado de Sitio en Barillas durante meses, fueron puestas en libertad a inicios de 2013, sin cargo alguno debido a la falta de sustento de las acusaciones que formuló en su contra la empresa Hidro Santa Cruz -filial en Guatemala de la española Hidralia Energía-, fue detenido en marzo y continúa preso el señor Rubén Herrera, miembro de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la Defensa del Territorio [4]. En el mismo departamento, en abril, ha sido asesinado el señor Daniel Pedro Mateo, en el municipio de Santa Eulalia; ambos son destacados participantes en movimientos de defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, en la reivindicación de DESCA y de derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Agresiones y amenazas graves similares a las descritas continúan también afectando en Alta Verapaz e Izabal a partes de comunidades o comunidades enteras, que se resisten a abandonar la tierra que habitan frente a la presión armada de actores e intereses privados y a pesar de amenazas de muerte, ataques violentos y acusaciones penales desmesuradas o infundadas por parte de particulares, entre otras formas de agresión; es el caso de las comunidades La Primavera, en el municipio de San Cristóbal, y San Miguelito Cotoxjá, ubicada en el Valle del Polochic, municipio El Estor, departamento de Izabal. En esta última, en el mes de abril, tuvo lugar un atentado contra la integridad física de uno de los vecinos, que debió ser hospitalizado. Su comunidad detuvo a dos de los agresores y los puso a disposición de la autoridad competente en cuanto resultó posible, dado que la institución pública responsable de proceder a la detención y traslado de los detenidos, la Policía Nacional Civil (PNC), se negó a presentarse en San Miguelito para recogerlos. Tampoco llegaron otras autoridades públicas responsables de la investigación de los hechos, de proteger al resto de la comunidad y de atender los riesgos de nuevas o mayores agresiones contra la integridad física o la vida de otros miembros de la comunidad.

La escalada de violencia y represión contra defensores y defensoras de derechos humanos en el área rural, se da en una coyuntura nacional aún más tensa enmarcada en el juicio por genocidio que desde el 19 de marzo se desarrolla ante un tribunal guatemalteco, contra dos miembros del Alto Mando militar en 1982 y 1983. El 10 de mayo el Tribunal de Sentencia a cargo del caso emitió resolución judicial, condenando a 80 años de prisión al ex jefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt por crímenes de genocidio y de lesa humanidad contra el pueblo ixil, y absolviendo de tales cargos al jefe de inteligencia militar del período –José Mauricio Rodríguez Sánchez–. Sin embargo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) diez días después (20 de mayo) ha dejado sin efecto esta sentencia, al ordenar repetir una parte del juicio.

En este contexto, la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y otras entidades han vertido graves acusaciones contra activistas y organizaciones de derechos humanos, que son interpretadas como parte de una campaña sostenida de desprestigio y descrédito a través de la difamación, dirigida a causar temor y alentar la criminalización de quienes participan, promueven o respaldan el juicio por genocidio. Mediante la publicación y amplia difusión de tres folletos durante el mes de mayo, la FCT señala de numerosos delitos a multitud de personas y entidades que promueven y defienden los derechos humanos en el país.

Igualmente preocupante resulta una publicación anónima distribuida en internet el mismo mes, que difama a defensores y defensoras de derechos humanos y por lo tanto amenaza su seguridad e integridad física. Resultan atacados de este modo: juezas y jueces, magistrados, activistas y abogados guatemaltecos de derechos humanos –como Edgar Pérez Archila y otros operadores de justicia que participan en el juicio por genocidio–; miembros del cuerpo diplomático, y diversos actores de la comunidad internacional, incluyendo a personalidades Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz; y en consecuencia, se afecta también a la seguridad de las comunidades ixiles que protagonizan el juicio por genocidio [5].

Ha aumentado significativamente el señalamiento negativo del acompañamiento nacional e internacional, y en general de las iniciativas de cooperación o solidaridad internacional que de alguna manera apoyan o respaldan los esfuerzos nacionales en pro de la promoción y defensa de los DDHH. Entendemos estos señalamientos negativos como otro intento más por desprestigiar, debilitar y dejar más vulnerables a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las organizaciones sociales y a las comunidades que buscan justicia y respeto de tales derechos.

Ante las preocupaciones destacadas SOLICITAMOS la atención de la comunidad internacional, y la aplicación activa de medidas dirigidas a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales o comunidades que enfrentan amenazas y agresiones graves, particularmente en el área rural, y también cuando se limitan derechos y garantías constitucionales en el marco de Estados de Excepción. La comunidad internacional tiene un papel importante, en este marco, para promover que no queden impunes agresiones y amenazas como las expuestas.

Solicitamos también la movilización específica de las misiones diplomáticas de los países de procedencia de empresas transnacionales que operan en Guatemala, para prevenir este tipo de contextos cuando aún sea posible, monitorear el respeto a los derechos humanos en las regiones donde operan tales empresas y proteger a quienes enfrentan amenazas y agresiones por reivindicar, defender o ejercer en ese marco DESCA y derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Continuamos considerando sumamente relevante que se mantenga su atención e interés sobre el proceso judicial por genocidio; dada la gravedad de los hechos juzgados y de sus consecuencias e impactos, es derecho y deber de la Humanidad entera interesarse por su desarrollo y por la protección de quienes en este marco están sufriendo señalamientos negativos y difamaciones. Consideramos oportuna toda medida que esté en su mano poner en marcha para la protección de los actores mencionados.

Agradecemos su atención y apoyo y le hacemos llegar saludos cordiales,
Proyecto Guatemala - Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

[1] PBI Guatemala, “Alerta: Desalojos forzosos y proyectos de inversión económica no consultados: Preocupaciones y peticiones a la comunidad internacional para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en el marco de conflictos sobre la tierra”, 16.01.2013.

[2] Destacan el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, el Frente Nacional de Lucha (FNL), y la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesia, Sindicales, Campesinas de Oriente (COPIISCO). En el municipio de Camotán, formaba parte de la Asociación Campesina Camoteca, contando con el acompañamiento de PBI entre 2009 y 2012. Encuentra una comunicación de PBI sobre el asesinato de Carlos Hernández aquí.

[3] Consulte, para mayor información, los sitios web de Tahoe Resource Inc, y del Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores

[4] Ha sido acusado por la misma empresa, de instigación a delinquir, delitos de amenazas, allanamiento, secuestro, terrorismo, detenciones ilegales, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

[5] Comunicarte, “Solicitamos protección ante difamación, amenazas e incitación a delinquir realizada a través de artículos, libelos, anónimos y declaraciones de organizaciones de extrema derecha”, Guatemala, 23.05.2013