Coyuntura del diciembre de 2025

Sigue litigio malicioso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán

En conferencia de prensa, organizaciones sociales denunciaron que sigue el uso de litigio malicioso en el proceso penal que mantiene en prisión a Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Ambos están acusados de los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal por su participación en las manifestaciones masivas de finales de 2024 en defensa de la democracia. Además hay otro líder indígena imputado por estos delitos, Esteban Toc Tzay, que se encuentra bajo arresto domiciliario. Este uso malicioso de la justicia ha sido denunciado, tanto nacional como internacionalmente, y los casos de estos tres líderes son considerados casos de criminalización. 

El juez Arnulfo Carrera Dávila programó para el 19 de diciembre, una audiencia de ofrecimiento de pruebas. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) “han utilizado de forma indebida el derecho penal para criminalizar a Luis Pacheco y Héctor Chaclán”. “Les ha mantenido en prisión bajo argumentos inconsistentes y se ha impedido el avance de su proceso mediante recusaciones maliciosas”1. La última de estas acciones ha sido la recusación contra el juez por parte de la FCT, argumentando que existe una relación de amistad entre el juez y Pacheco y que los dos imputados le han pagado para obtener una resolución favorable. Varias organizaciones sociales y el abogado de los defensores niegan y rechazan está acusación infundada. 

El abogado Juan Castro calificó estos señalamientos realizados por la FCT como una “denuncia espuria”, con el objeto de entorpecer el proceso. Castro informó que el juez Carrera Dávila ya rechazó la acción legal, la cual ahora debe ser resuelta por una Sala de Apelaciones. Esta situación podría alargar el proceso al menos cuatro meses más. “Denunciamos el litigio malicioso porque están usando estas denuncias espurias con el mero ánimo de entorpecer el proceso”. Mientras resuelve la Sala de Apelación, Pacheco y Chaclán seguirán en prisión preventiva donde llevan casi ocho meses2.

Por todo esto, varias organizaciones sociales exigen la libertad de Luis Pacheco y Héctor Chaclán. También se hizo pública una carta desde la prisión firmada por ellos3, en la cual indicaron que “las manifestaciones en defensa de la democracia y la transición de poderes es un derecho constitucional y no terrorismo. Ninguna organización de autoridad indígena es una asociación ilícita”. Han tenido que pasar fechas especiales en prisión, como cumpleaños de sus hijos, aniversarios de bodas y las fiestas navideñas, “nos tienen separados de nuestras familias y nuestras comunidades a causa de esta criminalización”4 .

Fallo a favor del Estado de Guatemala en arbitraje con empresa minera

El 24 de diciembre la Procuraduría General de la Nación (PGN), informó del fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a favor del Estado de Guatemala, en un proceso de arbitraje iniciado por Daniel W. Kappes y la empresa Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en 20185.

El proyecto minero Progreso VII Derivada de KCA está ubicado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a unos 25 km de Ciudad de Guatemala. La empresa estadounidense denunció al Estado de Guatemala tras la suspensión judicial de sus actividades por parte de la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, por parte de la Corte de Constitucionalidad. Dicha suspensión respondió a la constatación de violaciones a derechos colectivos, entre ellas la ausencia de consulta previa, libre e informada, así como la existencia de un conflicto social sostenido en el territorio. Además, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentaba irregularidades y se demostró la ausencia de la licencia de construcción.

Ante la imposibilidad de continuar con sus actividades, KCA recurrió a un mecanismo de arbitraje internacional – resultado del tratado de libre comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), firmado por el Estado guatemalteco en 2005, a pesar del rechazo masivo de las organizaciones sociales – para exigir que el Estado de Guatemala asumiera el costo económico de no poder seguir adelante con la mina. Lo demandado por KCA eran 499 millones de dólares.

Tras 7 años de proceso “el tribunal arbitral concluyó que Guatemala no violó obligaciones internacionales de protección a la inversión, reconociendo que la suspensión del proyecto respondió a decisiones judiciales internas y a un conflicto social real, no generado de manera arbitraria por el Estado”. El fallo establece que un Estado no está obligado a indemnizar a una empresa por la suspensión de un proyecto rechazado socialmente, que la defensa del territorio no puede traducirse en una deuda económica para el país y que la resistencia comunitaria no justifica sanciones financieras internacionales6.

El 28 de diciembre la Resistencia Pacífica de la Puya convocó una conferencia de prensa en el plantón que han mantenido frente a la entrada de la mina. En esta compartió su satisfacción por la resolución del CIADI, pero también manifestó que se mantienen alerta “hasta la cancelación definitiva del proyecto Progreso VII Derivada” y frente al posible otorgamiento de nuevas licencias de explotación minera en la región. “Estamos satisfechos y reivindicados en nuestra lucha pacífica al saber que la empresa KCA perdió su apuesta a ganar millones de dólares a través de este proceso de arbitraje internacional, lo cual inició sabiendo que jamás ha tenido la posibilidad de obtener el consentimiento de las comunidades que siempre han dicho no a su proyecto inviable, que ni la misma empresa minera logró sustentar en un sistema de arbitraje hecho a modo para la protección de las inversiones de las empresas transnacionales”7.

Disculpa pública del Estado por la desaparición forzada de 4 integrante del CERJ en 1989

El 12 de diciembre el presidente Bernardo Arevalo, en nombre del Estado de Guatemala, ofreció una disculpa pública a las y los familiares de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis, detenidos y desaparecidos en 1989. Ellos eran parte del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), se oponían al reclutamiento forzoso que llevaba a cabo del ejército en aquel entonces y realizaban una importante labor de organización e información a las comunidades en temas de derechos humanos8. El CERJ fue acompañado por PBI Guatemala en las décadas de 1980 y 90.

Estas 4 personas, Mayas Kaqchikeles, fueron secuestradas por el ejercito durante el gobierno civil de Vinicio Cerezo. Las y los familiares, junto con el CERJ, iniciaron un largo camino en su busca y también exigieron justicia. Frente a la falta de acciones por parte de las entidades estatales responsables, la denuncia fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, en noviembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco. Dicha Corte concluyó en su fallo que fueron “víctimas de desaparición forzada por parte de miembros del ejército guatemalteco” y que el Estado no investigó, juzgó, ni sancionó a los posibles agresores. Además, cuestionó que nunca “fue diligente en buscar y dar con el paradero de las víctimas”9.

En su discurso, Elvyn Díaz, titular de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), anunció que el Ejecutivo próximamente lanzará el Plan Nacional de Dignificación y Reparación con el fin de crear “las condiciones institucionales para que se haga efectiva la compensación digna e integral, conforme a los estándares internacionales, y que se brinde una protección más amplia a los agraviados y sus familiares”. Además compartió que, en conjunto con las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, la COPADEH está creando un plan de búsqueda. Manifestó que “Estas medidas son un paso hacia adelante para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos, pero estamos conscientes de que aún es necesaria la formulación de medidas de índole más estructural, como reformas legales que den vida a un sistema de información genética para esclarecer lo ocurrido a los desaparecidos y la gestión de desclasificación, conservación y acceso a los archivos y registros documentales de las Fuerzas de Seguridad”10.

Informe OACNUDH: situación de personas defensoras, periodistas y operadoras de justicia

En el marco del Día Internacional de los DDHH, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos (OADNUDH) en Guatemala presentó el informe Guatemala: desafíos en la defensa de los derechos humanos 2020 – 2025, sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en el país. El informe se centra en: defensores y defensoras pertenecientes a Pueblos Indígenas que defienden tierra y territorio, periodistas y operadoras de justicia que investigan, denuncian y juzgan actos de corrupción. El análisis cuantitativo y cualitativo que han realizado “busca visibilizar los factores de riesgo que enfrentan las personas defensoras, sus familias, comunidades y organizaciones, así como el impacto de estos; las causas estructurales que generan un entorno inseguro y adverso para la defensa de los derechos humanos; los desafíos que enfrentan grupos específicos de defensoras y defensores; y la respuesta del Estado ante esta problemática.” En el periodo comprendido entre 2020 y mayo de 2025, el equipo de la OACNUDH ha documentado 1.546 ataques contra 940 personas, identificando como principales agresiones actos de criminalización, intimidación, amenaza y difamación.