Relator Especial de la ONU solicita moratoria urgente de desalojos y amnistía para condenados
Entre el 14 y el 25 de julio, Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a una vivienda adecuada, visitó Guatemala. Estuvo en varias regiones del territorio nacional como Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz, Izabal y Zacapa (estos tres últimos son los departamentos que enfrentan los mayores índices de desigualdad, además de los efectos negativos del extractivismo y del cambio climático). El objetivo de estas visitas fue encontrarse con representantes de comunidades indígenas y otros actores de sociedad civil, así como con autoridades nacionales y locales.
Durante su estancia, el Relator observó varias formas de vulneración de los derechos de las comunidades y de quienes defienden el derecho a la vivienda. Puso de relieve la violencia de los desalojos, con la presencia de efectivos policiales masivos, así como la contratación de efectivos de seguridad privada en caso de desalojos perpetrados extrajudicialmente. También hizo énfasiRelator Especial de la ONU solicita moratoria urgente de desalojos y amnistía para condenados
Entre el 14 y el 25 de julio, Balakrishnan Rs en los incendios de las viviendas, de los cultivos y de los bienes de las personas desalojadas. Además, habló de “un claro patrón de criminalización e intimidación hacia quienes intentan protestar o denunciar estos desalojos forzados”, señalando la persecución y detención de varios líderes comunitarios y defensores de derechos humanos (DDHH). Alertó sobre que estas actuaciones violan el derecho internacional y debilitan el Estado de Derecho y solicitó una moratoria urgente de los desalojos hasta que se pueda garantizar la protección legal adecuada “y poner fin a la práctica generalizada de desalojos forzados violentos e inhumanos y la criminalización, en particular de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”.
Además, Rajagopal denunció la excesiva concentración de tierras existente en Guatemala (“sólo el 3% de la población es propietaria de su vivienda y el 2.5% controla casi dos tercios de las tierras agrícolas”), la exclusión de las mujeres en la tenencia de la misma y las condiciones inadecuadas de vivienda de gran parte de la población, proponiendo la aplicación de varias medidas como reparaciones históricas para abordar los efectos del colonialismo y el despojo territorial, así como amnistía para quienes han sido acusados por el delito de usurpación.
Comunidades de Izabal logran cancelación de licencias mineras concedidas por el gobierno del expresidente Giammattei
El 31 de julio las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) oficializaron en una rueda de prensa, desde el Palacio Nacional de la Cultura, la cancelación de licencias ambientales de 10 proyectos mineros de explotación y exploración de níquel en la Sierra Santa Cruz, Livingston, Izabal. Estas licencias para explotar minería metálica fueron otorgadas durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. El anuncio de su cancelación se realizó tras varios meses de resistencia pacífica de las comunidades del pueblo Maya Q’eqchi’, Garífuna y mestizo de Livingston y El Estor, quienes insistieron en la cancelación de dichas licencias, las cuales causaron fuerte preocupación, ya que en la Sierra Santa Cruz nace el agua que las abastece.
“El viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, explicó que el área afectada por los proyectos abarca más de 43 mil hectáreas, un territorio de gran riqueza ambiental que incluye bosques tropicales húmedos y bosques nubosos, hábitat de especies endémicas como el mono aullador y diversas especies de flora en peligro de extinción. Además, de acuerdo con la cartera de Ambiente se estima que el 42 % del área es bosque natural y que el 35 % de los polígonos mineros coinciden con nacimientos de agua que abastecen a las comunidades cercanas”.
Rodas también informó de varias anomalías que encontraron en la emisión de estas 10 licencias: no se hizo un edicto en el idioma Q’eqchi’ para informar a las comunidades sobre dichas licencias mineras; no se pidieron opiniones consultivas a instituciones responsables para la protección del ambiente y áreas protegidas (Ministerio de Energía y Minas – MEM - y Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP -); y se hallaron inconsistencias en firmas, fechas y la celeridad en cómo se atendieron los trámites. Además el funcionario aseguró que en el instrumento ambiental no se identificaron los nacimientos de agua y ríos, la biodiversidad del área y el impacto ambiental ocasionado por la actividad minera. En la inspección realizada por el MARN se encontraron excavaciones para explorar el subsuelo y determinar la existencia de minerales sin tener la licencia aprobatoria del MEM.
El MARN identificó que se pudo haber cometido dos delitos por parte de los exfuncionarios que emitieron las licencias: “incumplimiento de deberes porque no se observaron los requisitos mínimos que esta solicitando la reglamentación ambiental; y falsedad material e ideológica, por la posible falsificación de firmas”, aseguró el viceministro de Ambiente. La corrupción de funcionarios del MARN durante el mandato del expresidente Giammattei fue lo que permitió la entrega de estas licencias mineras actualmente canceladas.
La cancelación de estas licencias es un gran logro de las comunidades de la región que, durante meses estuvieron ejerciendo su derecho a la resistencia pacífica en protesta por todas estas ilegalidades, defendiendo la tierra y el territorio, así como los derechos humanos de las comunidades y sus integrantes.
45 familias Q’eqchi’ en riesgo tras fallo de la CC que revoca el amparo que las protegía
La comunidad Plan Grande se encuentra ubicada en la Sierra Santa Cruz, al norte del Lago de Izabal. Las 45 familias que habitan la comunidad están bajo amenaza de ser desalojadas desde 2016. Según denuncian las y los comunitarios, detrás de las amenazas está la familia Arriaza Migoya, dueña de la empresa CXI, S.A, que busca apropiarse de la tierra para dedicarla al cultivo de palma aceitera. Además de esta constante amenaza de desalojo, también han sufrido criminalización, capturas e incluso la detención del dirigente comunitario Abelino Chub, criminalizado y encarcelado (entre 2017 y 2019) por denuncias de la empresa mencionada.
El pasado 19 de junio, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) avaló el desalojo de la comunidad y la detención de sus dirigentes Abelino Chub, Martín Xi, Mateo Pop y Héctor Che. Hasta entonces, la comunidad estaba amparada por un fallo del Juzgado de Mayor Riesgo A de 2019, que otorgó el amparo a representantes de la comunidad, reconociendo que la familia Arriaza denunció injustamente a los comunitarios y que no tenían la propiedad de la tierra de la comunidad. Ese mismo año, un Tribunal ordenó al Ministerio Público (MP) investigar las irregularidades cometidas por las empresas de la familia Arriaza. La nueva resolución de la CC no solo implica la revocación del amparo, sino la desprotección de las familias, que podrán ser desalojadas e incluso perseguidas penalmente. Las familias Q’eqchi’ de Plan Grande piden que no se ejecute el desalojo y que el Estado escuche a la comunidad y respete sus derechos.
Parque Intercultural de Quetzaltenango elige Junta Directiva favorable al Museo de la Memoria
El 2 de julio el Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango (CEDIQ) eligió una nueva Junta Directiva, después de varios meses de conflictos internos. El nuevo equipo designado para administrar este espacio, situado en la antigua Zona Militar 17-15, tendrá a su cargo las actividades realizadas en el Parque y la responsabilidad de mantener viva la iniciativa del Museo de la Memoria, implementada desde 2023.
Durante el Conflicto Armado Interno (CAI), el destacamento militar fue utilizado como centro de detención y tortura. Entre las personas que sufrieron dichas violaciones en este centro, está Emma Molina Theissen. Una vez que se firmaron los Acuerdos de Paz, el destacamento se cerró y el espacio se cedió a una asociación. Tanto la Gobernación Departamental, como la Municipalidad de Quetzaltenango, el sector empresarial y la sociedad civil, son responsables de elegir la Junta Directiva. En 2023, una Junta Directiva encabezada por la Mesa de Concertación, representante de la sociedad civil, llegó al mando del CEDIQ, e impulsó la construcción de “un proceso real de resignificación y dignificación de la memoria” para informar sobre los hechos ocurridos durante el CAI. La iniciativa desembocó en la creación del Museo de la Memoria, respaldado por varias organizaciones nacionales e internacionales.
El 30 de septiembre de 2024, el sector empresarial, por medio de la Mesa Económica, eligió una Junta Directiva paralela. Varios miembros de la sociedad civil, en particular representantes del colectivo artístico Sona Encendida, temieron que se aprovechara el momento para deconstruir la iniciativa memorial desarrollada. Por eso, miembros del CEDIQ y de Sona Encendida se posicionaron en contra de la Junta Directiva paralela. El 26 de junio de 2025, organizaron el evento simbólico “un abrazo a la memoria”, un plantón pacífico para oponerse a la toma de poder del sector empresarial en el Parque Intercultural y respaldar el derecho a la Memoria.
La elección de la Junta Directiva del 2 de julio de 2025, supone un freno a las acciones del sector empresarial y a la cooptación observada alrededor del control del CEDIQ. Mayra Rivera, representante de la Gobernación Departamental y nueva presidenta de la Junta Directiva, resaltó la voluntad de “darle seguimiento a todos los proyectos que lleva el centro intercultural”. Para asegurar la defensa del Museo de la Memoria, Brandy López, gestor cultural del Parque, propone que la dirección firme una carta en la que se comprometa formalmente a “resguardar y velar el tema de la memoria histórica”.
Victoria del pueblo Maya Poqomam de Chinautla a favor del medio ambiente y los DDHH
La comunidad indígena Maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla obtuvo el mes pasado un amparo favorable, por parte del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, en contra del Consejo municipal de Chinautla. Esta comunidad lleva años protestando contra de la falta de medidas frente a la contaminación de los tres ríos que la atraviesan, contra la falta de tratamiento de los desechos sólidos que estos arrastran desde el vertedero de la zona 3 de Ciudad de Guatemala y contra la presencia de basureros ilegales alrededor de la comunidad. En mayo de 2024 solicitaron al Consejo Municipal que realizara las acciones necesarias para el cierre de los vertederos clandestinos que contaminan los ríos y que se realizara un plan de restauración ecológica. Frente a la falta de respuesta por parte de la administración, las Autoridades Ancestrales presentaron una solicitud de amparo en octubre de 2024, pidiendo el cierre de vertederos clandestinos, la restauración del ecosistema y la protección de los ríos.
Finalmente, el Juzgado de Instancia Civil ha otorgado el amparo y ordena a la municipalidad realizar acciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos, provocada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la proliferación de vertederos ilegales, con el fin de mitigar y prevenir la contaminación ambiental. Entre las acciones ordenadas destacan: asumir la responsabilidad legal de gestionar los recursos naturales y mitigar la contaminación ambiental; cerrar los vertederos ilegales, restaurar los ecosistemas y detener la contaminación de los ríos; realizar un estudio minucioso; garantizar los derechos de acceso a la información y la participación de los habitantes locales.
Exfiscal anticorrupción absuelto por Tribunal Décimo de Sentencia Penal
Al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, se le acusaba de supuesto incumplimiento de deberes, por supuestamente haber provocado la detención injusta de un hombre de 70 años mientras ejercía sus funciones de director de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. La Fiscalía de Asuntos Internos había requerido una pena de 6 años de privación de libertad para él y para los exauxiliares fiscales Carlos Faustino Flores y Gonzalo Rafael Chilel. Finalmente la jueza Magda Martínez consideró que las pruebas presentadas no permiten demostrar que los acusados sobrepasasen sus funciones. A pesar de haber sido absuelto, Stuardo Campo permanecerá en prisión preventiva por estar criminalizado en otros dos casos, Zolic y Libramiento de Chimaltenango, por delitos de incumplimiento de deberes, denegación de justicia y posible abuso de autoridad. Campo considera que está sufriendo persecución y represalias en contra de sus actividades de Fiscal. El exfiscal está siendo investigado por uno de los casos que llevaba y por el cual varios individuos han sido encarcelados por corrupción.