Coyuntura del marzo del 2026

OACNUDH presenta su informe sobre la situación de DDHH en Guatemala

A inicios de marzo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe sobre la situación en Guatemala, en el cual se destacan avances en igualdad, no discriminación y desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, persiste la preocupación por las violaciones a los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. La discriminación y el racismo sistémico siguen repercutiendo en el pleno goce de los derechos de los pueblos indígenas, garífunas y afrodescendientes. También se hace énfasis en el uso indebido del derecho penal dirigido a restringir la libertad de expresión y reunión pacífica, destacando los ataques directos contra lideres indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Ambos llevan un año en prisión preventiva acusados, entre otros delitos, de terrorismo, por liderar las manifestaciones de 2023 en defensa de los resultados electorales y por ende de la democracia. Además, otras dos autoridades indígenas están ligadas al mismo proceso. Para el Alto Comisionado, estas acciones represivas infunden miedo en la ciudadanía a la hora de manifestarse y fomenta la autocensura en periodistas por temor a potenciales denuncias. El informe documenta al menos 1.465 ataques contra personas defensoras de derechos humanos (DDHH), periodistas y personas operadoras de justicia, en su mayoría cometidos por actores estatales del sector justicia1.

Desalojos y criminalización de Pueblos Indígenas2

Paralelamente a la presentación del informe de la OACNUDH, PBI Suiza organizó el evento Guatemala: retos y recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda adecuada. En el panel participaron, entre otros, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, y la defensora e integrante de UVOC acompañada por PBI, Sandra Calel. El Relator, que visitó a Guatemala el año pasado, recomendó al Estado declarar inmediatamente una moratoria de los desalojos, el reconocimiento legal de los derechos territoriales de pueblos indígenas y la protección de las personas defensoras de DDHH. 

Mientras tanto, en Guatemala, el 10 de marzo varias organizaciones internacionales presentaron los resultados de la investigación Desalojo y criminalización de los pueblos indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público. El informe identifica la llamada “reforma agraria liberal”, llevada a cabo durante los gobiernos de finales del siglo XIX y principios del XX, como una de las raíces de la problemática. Sus políticas “dieron lugar a la expropiación masiva de los territorios indígenas y la asimilación de sus integrantes como trabajadores en plantaciones”. “Las tierras públicas o sin un titular registrado fueron entregadas a particulares bajo el compromiso de que invirtieran en la producción agrícola.” Así se “concedió una parte considerable del territorio nacional a un número limitado de nuevos hacendados que, junto a la oligarquía latifundista tradicional, pasaron a concentrar la mayor parte de la tierra del país”. 

El análisis resalta el aumento desproporcionado de ordenes de desalojo contra comunidades y de órdenes de captura contra campesinos y campesinas que habitan en tierras reclamadas por finqueros y empresas sin que haya habido una investigación histórica sobre la titularidad de dichas tierras, lo que se traduce en situaciones muy dramáticas que afectan profundamente a las familias campesinas afectadas. Ante esta situación, el informe concluye que el Estado guatemalteco – entre otros – “incumple sus obligaciones constitucionales e internacionales” al “imponer una serie de barreras legales e institucionales al reconocimiento y titulación de territorios indígenas, (…) poniendo a los pueblos indígenas en una total indefensión frente a denuncias penales por usurpación y desalojos judiciales promovidos por empresas y particulares que reivindican la titularidad de sus territorios”. Así mismo, entre sus recomendaciones destaca la dirigida a que el Ministerio Publico (MP) “revise su política institucional de investigación y persecución penal con el fin de asegurar que la vía penal no sea utilizada como mecanismo prioritario para dirimir controversias sobre derechos de propiedad, posesión o tenencia de la tierra, especialmente cuando se trate de territorios reclamados por pueblos indígenas con base en derechos históricos o ancestrales.” También recomienda al MP que se abstenga de “solicitar órdenes de aprehensión y desalojos forzosos como medidas automáticas o intimidatorias, y revisar el uso de la presunción de flagrancia en el delito de usurpación, a fin de evitar interpretaciones extensivas que vulneren el derecho a la libertad personal y al debido proceso”.

8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres 

Como cada año el 8 de marzo cientos de mujeres tomaron las calles del centro histórico de Ciudad de Guatemala y de algunas cabeceras departamentales, alzando su voz contra el creciente aumento de embarazos adolescentes, la falta de protección de las mujeres por parte del Estado y contra la ocupación de la rectoría de la Universidad de San Carlos por parte de Walter Mazariegos, que está utilizando todo su poder para mantenerse en el cargo. También denunciaron las atrocidades de las guerras en Palestina e Irán y el asesinato de niños y niñas en los bombardeos3.

Según datos del el Registro Nacional de las Personas (RENAP), el año pasado el número de nacimientos en madres de entre 10 y 19 años fue de 56 mil 889, la mayoría de ellos en los departamentos de Alta Verapaz y Guatemala. En 2018 se registraron 77 mil 700. En 7 años, Guatemala ha reducido un 26.8 % los nacimientos resultado de embarazos precoces. Ximena Aguilar, coordinadora de Incidencia Política de Incidejoven, organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, explica que los embarazos precoces se deben a una combinación de factores, como los altos niveles de violencia sexual, tasas altas de pobreza, el inicio temprano de las relaciones sexuales, así como la falta de educación integral en sexualidad y de acceso a métodos anticonceptivos. “Entre las barreras estructurales que tiene Guatemala, está que es un país profundamente machista y patriarcal”, dice Aguilar. “Esto genera conductas violentas normalizadas en la cotidianidad de las niñas y adolescentes y que se profundizan en contextos de pobreza y desigualdad”. De acuerdo con los mismos datos del RENAP, 33 mil 54 de los nacimientos en 2025 fueron de madres de entre 10 y 17 años. De ellas, 2 mil 611 tenían entre 10 y 14 años. En cuanto a los padres, solo el 17,3 % (5.714) consta que eran también menores de edad. En el 22 % de los casos no hay registro de la edad o identidad del padre.

Según el Banco Mundial, Guatemala es el quinto país de Latinoamérica con mayor tasa de embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años, con 68 casos por cada 1.000 mujeres de esa edad, 15 puntos por encima del promedio regional de 52 y solo detrás de Nicaragua, Honduras, Guyana y Paraguay4.

En cuanto a la celebración del 8 de marzo a nivel departamental, destaca Rabinal, en Baja Verapaz, donde sobrevivientes del caso Mujeres Achí y organizaciones de DDHH reinstalaron un mural dedicado a las mujeres indígenas que denunciaron violaciones sexuales cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala. Este mural forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la justicia en este caso emblemático. Dos sentencias —emitidas en 2022 y 2025— condenaron a exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por delitos de violencia sexual y crímenes contra los deberes de humanidad cometidos entre 1981 y 1985. Para las sobrevivientes maya Achí, el mural simboliza el reconocimiento público de su verdad después de décadas de silencio, estigmatización y negación de los crímenes cometidos durante el genocidio perpetrado por los gobiernos de facto de los generales Romeo Lucas García y José Efraín Ríos Montt, que gobernaron entre 1978 y 1983. También es un acto de dignificación colectiva, ya que las imágenes recuerdan la violencia sufrida, pero al mismo tiempo proyectan la resistencia de las mujeres que denunciaron los hechos, su lucha por la justicia y un mensaje para las nuevas generaciones: la violencia sexual utilizada como arma de guerra no debe repetirse. La restitución de este mural se da después de que, el 22 de julio de 2025, la municipalidad de Rabinal eliminase la pintura original, cubriéndola con pintura amarilla5.

Novedades en diversos casos de criminalización

El defensor Francisco Mateo Mateo, originario de la aldea Pojom, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, sigue siendo criminalizado por su participación dentro de la Resistencia que se opuso a la construcción de dos proyectos hidroeléctricos en la microrregión de Yichk’isis. Tras haber estado detenido por más de un mes en el Centro Preventivo de Santa Cruz del Quiche, el 20 de marzo el juzgado encargado concluyó su audiencia de primera declaración. El juez Alberto Calmo Ramírez le absolvió del delito de asesinato, pero le ligó a proceso por encubrimiento propio. Además le otorgó medidas sustitutivas y al MP le concedió 4 meses para que presente su acto conclusivo. La audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 11 de agosto de 2026. La acusación contra Mateo Mateo se refiere a hechos ocurridos en 2014. La detención y criminalización contra él no es un hecho aislado, por el contrario, en los últimos años se han ejecutado varias órdenes de aprehensión contra comunitarios que participaron en la resistencia frente a la imposición de las hidroeléctricas en la región6.

La jueza Marjorie René Azpuru Villela, del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, programó para el 13 de abril a las 9 de la mañana, la audiencia para el inicio del juicio oral y público contra la activista Maya Kaqchikel Nanci Sinto acusada por el delito de depredación de bienes culturales, supuestamente ocurrido en una manifestación que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2020. La notificación llegó horas después de que Sinto presentara una tacha contra la fiscal general Consuelo Porras, por su postulación para dirigir el MP por tercera vez. En marzo de 2023 Sinto fue ligada a proceso y la jueza controladora de la fase intermedia, Sonia Carol Martínez Obregón, rechazó 20 de 21 pruebas presentadas a favor de Sinto, a diferencia de las pruebas de la acusación del MP, de las que aceptó 55 de 56. En junio de 2021, realizado el debate oral y público, la jueza Wendy Coloma resolvió cerrar el caso, pero una apelación del MP ante la Sala Tercera del Ramo Penal Contra la Narcoactividad y Delitos contra el ambiente de Guatemala reactivó el proceso en contra de la activista. Este proceso ha sido considerado un caso de criminalización porque surge de una manifestación en un espacio público y contra personas críticas con el gobierno de Alejandro Giammattei7. 

Con respecto a los casos por los que se criminaliza al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, que lleva 27 meses en prisión preventiva, no hay avances, pues el juez suspendió las audiencias programadas en repetidas ocasiones8.