Coyuntura del septiembre de 2025

Criminalización y judicialización contra las operadoras de justicia 

Guatemala es uno de los países mas peligrosos para las operadoras de justicia. Según el informe 2024 de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA)1, las agresiones contra personas operadoras de justicia pasaron de 211 en el año 2021 a 2.048 en el año 20242. Estos datos apuntan un incremento de violencia contra quienes ejercen su labor de manera sería a través de la investigación y la denuncia, y por tanto del nivel de riesgo que afrontan por hacer bien su trabajo. En esta misma línea, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, puso de manifiesto en su informe3, la cooptación del sistema de justicia en Guatemala y enfatizo que en el país hay un cuadro consistente y alarmante de criminalización contra grupos específicos4

Algunos casos graves, que ejemplifican esta situación, son la criminalización contra Virginia Laparra, Claudia González y Paola Pimentel, entre otras. La exfiscal anticorrupción Laparra fue detenida en 2022 por denunciar la corrupción del juez Lesther Castellanos. La acusación le valió una condena de cuatro años de cárcel, de la que cumplió casi la mitad. En 2024, tras un segundo caso de persecución judicial, Laparra se vio forzada a exiliarse. A pesar de los esfuerzos del Ministerio Público (MP) por reactivar una orden de captura en su contra, el 5 de septiembre la Sala Segunda de Apelaciones rechazó la petición5.

Por otro lado, Claudia González, abogada de derechos humanos (DDHH) y ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue detenida arbitrariamente en 20236 por supuesto tráfico de influencias. Tras varios meses en prisión preventiva, actualmente se encuentra en arresto domiciliario con prohibición de salir del país sin autorización, mientras la administración judicial sigue alargando su proceso. Su caso se encuentra en el Tribunal Séptimo de Sentencia, y la fase de debate oral y público ha sido programada para septiembre del 20267.

Paola Pimentel, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha estado más de un año acusada y procesada por el delito de revelación de información confidencial dentro del caso Manipulación de Justicia. El 17 de septiembre Pimentel fue absuelta, la jueza determinó que no hay prueba material suficiente para demostrar su culpabilidad8.

Estos son tres ejemplos, de entre decenas de casos, de criminalización y persecución penal hacia quienes trabajan contra la corrupción y la impunidad en un contexto de cooptación del sistema judicial9. Estos procesos van acompañados de una serie de elementos que se encuadran en un patrón de criminalización hacia operadoras y operadores de justicia, como: el exilio, detenciones arbitrarias, juicios sin las debidas garantías, campañas de difamación y estigmatización en las redes sociales, multiplicidad de denuncias, ataques digitales, acción penal indebida, etc. Según Amnistía Internacional, “este fenómeno afecta de manera particular a las mujeres que trabajan en el ámbito de la justicia, quienes representan una parte significativa de este sector”10.

Memoria contra la impunidad: reactivación del Caso Gerardi 

Durante el mes de septiembre se dieron pasos significativos en la reactivación del caso del asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, perpetrado en 1998, dos días después de la publicación del Informe Guatemala Nunca Más, fruto del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), impulsado por Gerardi, obispo auxiliar y coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) en aquel momento. En 2001 ya fueron condenadas 4 personas en este caso. De acuerdo con la Fiscalía Especial, se identificaron un total de 17 sospechosos, de los cuales solo 5 eran civiles, los demás prestaban servicios al Estado. En aquel momento, el tribunal tercero de sentencia penal determinó que el móvil del asesinato de Gerardi fue por motivaciones políticas tras la publicación del informe, en el que se recopilaron violaciones de DDHH cometidas durante el Conflicto armado Interno (CAI) en Guatemala11, las cuales nutrieron el informe posterior, publicado en 1999 por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), “Guatemala: Memoria del silencio”, el cual atribuyó el 93% de las violaciones de DDHH que registró a fuerzas del Estado.

El 16 de septiembre del 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo D envió a juicio a Darío Morales García, ex especialista del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), al considerar que existen pruebas suficientes en su contra para que enfrente un debate oral y publico. El Tribunal determinará si participó o no en el asesinato de Monseñor Gerardi. Morales García está acusado de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio. Según la jueza Abelina Cruz, hay elementos para creer que Morales estuvo en la escena del crimen, y que podría haber modificado partes de la misma con la finalidad de encubrir a los responsables12. El 22 de septiembre se iba a realizar la audiencia de presentación de pruebas; sin embargo, fue suspendida debido a que la defensa del acusado, recusó a la jueza. La recusación fue enviada a la Sala 2ª de Mayor Riesgo, que deberá decidir si la jueza sigue en el caso o la cambian a otro juzgado13. Es relevante resaltar que dicha Sala resolvió, a finales de 2024, un amparo a favor de militares señalados en el caso CREOMPAZ y que esta decisión anuló todo el proceso de dicho caso desde que inició en 2016, ordenando dejar en libertad a los militares señalados14. 

Dario Morales es el quinto inculpado por el asesinato de Monseñor Gerardi. En 2001 fueron condenados 3 militares (Byron Lima Estrada, Byron Lima Oliva, hijo del anterior, y Obdulio Villanueva) y el sacerdote Mario Orantes. Morales fue detenido a finales de abril de 2025 tras ser deportado desde Estados Unidos. Se encontraba prófugo y con orden de captura desde el 201415.

La recuperación y reconocimiento de la memoria histórica es parte fundamental de la lucha contra la impunidad. Monseñor Gerardi asumió este compromiso y en su calidad de obispo y líder espiritual, impulsó la dignificación de las víctimas a través del REMHI. Así lo expresó en su discurso de entrega del Informe, en abril de 1998: «Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del Reino de Dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerzas para enfrentarlos»16. El caso Gerardi es un referente nacional en la búsqueda de justicia para la no repetición y el reconocimiento de la responsabilidad estatal en un capitulo terrible de la historia guatemalteca. 
 

“Sin archivos, no hay democracia”: Amigos de la UNESCO alerta de la degradación del AHPN

20 años después del descubrimiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional – AHPN - (el 6 de julio de 2005), varios expertos dan la voz de alarma por el riesgo que corre el Archivo, al no estarse respetando las normas de conservación del mismo. El AHPN, de importancia y dimensión única en América Latina y cuya existencia fue negada y ocultada por la Policía Naciuonal Civil (PNC) durante décadas, permitió evidenciar la práctica de asesinatos políticos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas perpetradas por las autoridades guatemaltecas durante el CAI17. 

El monitoreo realizado por la Asociación de los Amigos de la UNESCO en Guatemala, pone de relieve el riesgo de degradación de los documentos resguardados en el Fondo Documental del antiguo archivo. Juan Pablo Muñoz, presidente de la Asociación, describe múltiples riesgos relacionados con el “ámbito físico” de conservación de los documentos, debido a la presencia de plagas, filtraciones de agua y acumulación de chatarra abandonada por la Policía alrededor del recinto. También menciona un incendio ocurrido recientemente cerca del edificio18. 

Más allá de su degradación material, el AHPN ha sufrido diversos ataques por ser una fuente de información esencial para la memoria histórica y la justicia transicional en el país. En 2019, el gobierno de Jimmy Morales amenazó con tomar el control sobre el archivo, con el fin de devolverlo a la PNC. Frente a ello, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo, que permitió que el AHPN fuera declarado Patrimonio Cultural de la Nación, y que los documentos siguiesen bajo la custodia del Ministerio de la Cultura y del Deporte (MICUDE)19. 

En 2021 la Corte de Constitucionalidad ordenó la implementación de un plan de conservación y resguardo del Archivo. Según Juan Pablo Muñoz, el plan no se está cumpliendo y denuncia que, desde 2024, las autoridades no comparten la información necesaria para realizar el seguimiento del AHPN. No obstante, explica que el archivo “debe funcionar conforme a los principios para la protección y la promoción de los DDHH mediante la lucha contra la impunidad de las Naciones Unidas de 2005”20.

Frente a esta situación, la Asociación de los Amigos de la UNESCO en Guatemala exhorta al gobierno a retomar el proyecto de ley nacional de archivos, lo que permitiría estandardizar los protocolos de conservación de los archivos a nivel nacional. “En Guatemala, la cultura del archivo es terrible” constata Luisa Fernanda Rivas, extrabajadora del Archivo e integrante de la Asociación. También exige que el Ministerio de Gobernación entregue la propiedad del edificio del AHPN, ahora en manos de la PNC, al MICUDE, para hacer del lugar un sitio de memoria donde podría acudir la población. En caso de incumplimiento del mandato de protección del archivo, la Asociación presentará una denuncia ante la justicia guatemalteca21.

Dirigente comunitario del departamento de San Marcos condenado a un año de cárcel

Finaliza el proceso iniciado en 2014 contra Dualer Licardie - dirigente comunitario de San Pablo, municipio de San Marcos -, con su condena a un año de cárcel bajo el cargo de instigación a delinquir. La abogada del dirigente ha afirmado que la sentencia se dio en un contexto de contradicciones entre las acusaciones del MP y el relato de los testigos, resaltando la criminalización sufrida por la Resistencia, de la que Licardie formaba parte, contra la instalación de la hidroeléctrica Tres Ríos, que buscaba desviar ríos para su funcionamiento22.

Esta condena se da al mismo tiempo que, varias comunidades del departamento de San Marcos, intentan construir sus propias hidroeléctricas. A finales del año 2024, tres comunidades del municipio de San Pablo decidieron crear su propio proyecto, después de que Energuate S.A. subiera los precios y les cortara el acceso a la energía. Con estas hidroeléctricas, los y las comunitarias esperan acceder a una energía de calidad y generar nuevos ingresos23.