El 23 de mayo 2014 fue desalojado de manera violenta un plantón que mantiene la Resistencia Pacífica de la Puya desde marzo de 2012 frente a las instalaciones de un proyecto minero entre los municipios San José del Golfo y San Pedro Ayampuc a 40 kilómetros de la ciudad capital. Se trata del proyecto de extracción de oro “El Tambor” de la empresa Extracciones Mineras de Guatemala (Exmingua), subsidiaria de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates. El desalojo sucedió a tres días de una reunión de diálogo de alto nivel entre la población comunitaria e instituciones públicas, que se suspendió según informó la Resistencia Pacífica de La Puya debido al incumplimiento por parte del Estado del compromiso de aceptar la participación de una organización en calidad de observadores en la reunión.

En la madrugada del 23 de mayo llegó maquinaria de la empresa minera a los alrededores del plantón. Progresivamente también llegaron alrededor de 35 radio patrullas y vehículos policiales con un contingente de aproximadamente 500 agentes de Policía Nacional Civil (PNC) . A partir de las 14:00, las fuerzas policiales iniciaron el desalojo.

PBI observó un empleo de fuerza desproporcionado por parte de las fuerzas públicas de seguridad en este desalojo. De manera indiscriminada la policía utilizó gas lacrimógeno, palos y piedras contra hombres y mujeres que estaban en el plantón, resistiendo pacíficamente con cantos y rezos a la intención de desalojo. Se originó un enfrentamiento que duró hora y media. Según la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), 23 personas de la resistencia resultaron heridas, una de ellas de gravedad requiriendo su hospitalización. Personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presente calificó de “repudiable” el actuar de la policía. Fuentes gubernamentales reportaron como heridos también a agentes de Policía Nacional Civil (PNC).

Desde su nacimiento la Resistencia Pacífica de la Puya, acompañada por PBI desde finales del 2012, ha sufrido amenazas y agresiones en su contra así como un intento de asesinato en contra de una de sus integrantes, Yolanda Oquelí en junio 2012. Ninguno de estos hechos, denunciados ante las autoridades competentes, ha sido esclarecido.

Las varias comunidades en resistencia conocidas como la Resistencia Pacífica de la Puya demandan información, participación y el cumplimiento de las obligaciones del Estado ante el proyecto de extracción de oro. Reclaman no haber sido ni informadas del proyecto ni consultadas acerca de él por parte del gobierno y demandan una revisión del estudio de impacto ambiental, el cual fue analizado por expertos internacionales hallando serias deficiencias. Expresan en particular serias preocupaciones sobre el acceso y la calidad del agua, una vez instalada la mina. Por todo ello se oponen al proyecto e indican la ilegalidad del proceso de licitación desde un inicio.

Del lado de la resistencia 8 personas han enfrentado juicios penales en base a acusaciones por coacción, detención ilegal y amenazas realizadas por actores vinculados a la empresa: 3 de ellas fueron condenadas en abril 2014 a 9 años de cárcel; varias entidades han cuestionado en este caso la falta de garantía del debido proceso y del principio de independencia judicial.1 Las otras 5 personas tuvieron una primera audiencia el 27 de mayo de 2014, quedando ligadas a proceso 4 de ellas y la acusación sobre una quinta persona, Yolanda Oqueli, fue sobreseída por falta de mérito.

Desde el desalojo violento del 23 de mayo, se mantiene un ambiente de mucha tensión en las comunidades. Varias veces ha ingresado maquinaría a la mina, la PNC y equipo de antimotines han seguido presente.

PBI está preocupada por el desalojo violento y las acusaciones legales contra miembros de la Resistencia Pacífica de La Puya. Los consideramos síntomas de un empeoramiento de la situación de derechos humanos en Guatemala, y de un mayor cierre de espacios para la labor de defensa de Derechos Humanos.

1www.fidh.org/es/americas/guatemala/15297-guatemala-faltas-al-debido-proceso-en-la-sentencia-contra-los-sres-alonzo; Unidad de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), “Criminalización y machismo en La Puya”, Guatemala, 28 de mayo 2014.