Desde diciembre de 2012, PBI se ha puesto en contacto con miembros de la red de apoyo del proyecto Guatemala de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), para informarle de nuestras preocupaciones sobre varios aspectos de la coyuntura guatemalteca, en particular, los desalojos forzosos de población y los procesos violentos en contextos donde proyectos de inversión económica no han sido consultados o no cuentan con el consentimiento de la población afectada.
Particularmente, nos preocupa la seguridad de las personas, organizaciones sociales y comunidades rurales que resultan afectadas por estas problemáticas, y que reivindican el cumplimiento de los derechos humanos en este contexto.
En noviembre y diciembre de 2012 han tenido lugar fuertes amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en estos contextos. Es previsible que este escenario continuará en los primeros meses del 2013. Solicitamos por ello a la comunidad internacional que preste especial atención e implemente medidas dirigidas a la protección de organizaciones y otros actores sociales que promueven y defienden de manera pacífica el cumplimiento de los derechos humanos en diversas regiones del país.
PREOCUPACIONES:
Desalojos forzosos de población en el marco de conflictos sobre la tierra:
Según los estándares del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), el desplazamiento coaccionado o involuntario de población que los desalojos forzosos conllevan, elimina o limita la capacidad de las personas, grupos o comunidades afectadas de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar particulares, sin que se hayan ofrecido formas apropiadas de protección jurídica de otro tipo o cuando no se cuenta con acceso a las mismas. Ello representa, como señala el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada, una grave limitación de los derechos a una vivienda adecuada y a la tierra, y de otros vinculados a éstos -a una alimentación adecuada, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad y protección públicas, entre otros. Debido a estas y otras graves consecuencias, los desalojos deben limitarse a circunstancias excepcionales previstas legalmente; y en todo caso deben cumplir con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, tomando también en cuenta que existen grupos de población vulnerable.
PBI ha observado internacional en Guatemala, que en la práctica, particularmente en el marco de los conflictos sobre la tierra, no se toma en cuenta esta limitación general, ni se cumple a cabalidad con los estándares exigidos por el marco normativo internacional para preparar, ejecutar y dar seguimiento a los desalojos de población que excepcionalmente permite y regula la ley. En síntesis, se destacan las siguientes preocupaciones centrales:
- Los desalojos forzosos son empleados con frecuencia como parte de la respuesta estatal a conflictos que surgen sobre el acceso a la tierra o que se mantienen durante años -incluso décadas- en numerosas áreas del país; conflictos que se enmarcan en problemáticas estructurales y con una trayectoria histórica- que afectan al acceso y disfrute de los derechos a la tierra y a una vivienda adecuada de la mayoría de la población, particularmente de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas (1).
- En la mayoría de ocasiones, los desalojos están vinculados a la falta de una tenencia jurídicamente segura, elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada). Según el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada Milan Kothari, sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia. Sin embargo, esta máxima no está vigente de hecho en Guatemala, y en el contexto rural, la falta de tenencia jurídicamente segura se aplica tanto a la vivienda como a la tierra.
- Si bien la respuesta del Estado guatemalteco a tales problemáticas incluye mecanismos de diálogo oficialmente dirigidos a tratar de superarlas, éstos quedan anulados cuando se procede al desalojo de población en base a órdenes judiciales -que no toman en cuenta los procesos de diálogo existentes y sus resultados-, sin que se hayan agotado las posibilidades de resolución del conflicto por vías alternativas a la judicial.
- Junto a ello, persisten obligaciones internacionales para las instituciones públicas, asentadas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que resultan desatendidas en el marco de los desalojos: por ejemplo, medidas previas como la notificación adecuada del desalojo, la planificación completa de las medidas de reasentamiento que procedan en cada caso (tomando en cuenta la protección de grupos de población y sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad); respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, protección contra la destrucción arbitraria de bienes; garantía de un alojamiento alternativo suficiente, el acceso a alimentos, agua potable y servicios básicos de salud, así como la reinstalación en una vivienda adecuada, y la indemnización justa cuando proceda.
- La propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral (LDRI), que busca abordar algunas raíces del problema de la tierra, y que desde 2009 está pendiente de aprobación en el Congreso, no ha sido debatida y aprobada en la sesión prevista para ello en noviembre de 2012, a pesar de ser una demanda central expresada por las organizaciones y sectores campesinos e indígenas. Según múltiples instancias de investigación de problemáticas de la tierra, las propias organizaciones campesinas y entidades estatales que se ocupan del tema, esta ley representa una oportunidad para avanzar en la superación de algunas problemáticas estructurales y conflictos particulares que atañen a la tierra y al desarrollo agrario en el país y plantea tomar en cuenta la existencia de necesidades de acceso a la tierra de poblaciones empobrecidas e históricamente marginadas.
Ataques en el marco de inversiones económicas que no cuentan con el consentimiento de la población afectada:
En muchos casos donde se proyectan o desarrollan planes de inversión económica privada o público-privada en Guatemala, la población afectada, en gran parte comunidades indígenas, no ha sido ni informada ni consultada sobre los mismos, tal como lo requieren convenios internacionales ratificados por el Estado guatemalteco y legislación interna (2).
PBI ha destacado en diversas ocasiones su preocupación por que en estos contextos de falta de información y consentimiento, se están dando además agresiones, amenazas y persecución contra actores sociales que participan en procesos de defensa y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Reiteradamente se publican, en medios de comunicación, señalamientos negativos hacia comunidades, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos o entidades de la comunidad internacional, que les respaldan o acompañan, por parte de actores no estatales e incluso de autoridades públicas (3). Estos señalamientos resultan muy preocupantes, dado que dejan a defensores y defensoras en una posición mucho más vulnerable y expuesta a todo tipo de agresiones.
PBI ha observado un aumento de acusaciones legales infundadas o desproporcionadas contra defensores y defensoras de derechos humanos en estos contextos (4). Especialmente preocupa la detención de numerosas personas; y consideramos de especial gravedad la denuncia de abusos o faltas de respeto a los derechos de estas personas detenidas.
Ilustramos las preocupaciones expresadas con ejemplos en el marco de casos concretos (consulte un resumen de casos particulares destacados, mas abajo).
En base a las preocupaciones destacadas y los casos ilustrativos descritos, PBI ha realizado una serie de peticiones a la comunidad internacional, particularmente a los miembros de su red de apoyo para Guatemala, en el país y en el exterior, llamando su atención sobre ello y promoviendo la implementación de medidas de protección concretas para defensores y defensoras de derechos humanos en tales contextos, con especial énfasis en áreas rurales donde se proyectan o realizan grandes inversiones económicas.
De antemano agradecemos su interés, y y toda medida con la que puedan contribuir en tales contextos para favorecer la apertura de espacios para la paz, el cumplimiento pleno de los derechos humanos y la protección de quienes los defienden y promueven.
Notas de pie:
(1) Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala en el periodo 2008-2012 se han registrado 114 desalojos forzosos en el país.
(2) Entre otros el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. A nivel nacional, la Constitución (artículos 66 y 44), el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, (apartado F, artículo 6.III), el Código Municipal (artículos 63, 65 y 66) y la Ley de Consejos de Desarrollo (artículo 26).
(3) Declaraciones recientes de autoridades públicas: ejemplo a, ejemplo b
(4) Aprodev, CIDSE, CIFCA, FIAN, OBS, OIDHACO, PBI Colombia, PBI Guatemala, Plataforma Holandesa, “Criminalización de las y los defensores de derechos humanos en América Latina, una aproximación desde organizaciones internacionales y redes europeas”, junio de 2012
CASOS ILUSTRATIVOS DE LAS PREOCUPACIONES Y PETICIONES EXPUESTAS POR PBI:
Entre las peticiones a la comunidad internacional que formulamos, se incluye la aplicación de medidas de protección hacia comunidades, organizaciones y personas mencionadas en este documento:
Desalojo de la comunidad 20 de Octubre, Cahabón, Alta Verapaz:
Un ejemplo reciente que ilustra las preocupaciones expuestas es el desalojo de la comunidad 20 de Octubre, de la finca Secamquim, en Cahabón, Alta Verapaz, llevado a cabo entre el 14 y el 16 de noviembre de 2012. La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) ha reportado que al menos 260 familias de la comunidad han sido desplazadas como consecuencia, resultando en una situación de precariedad y vulnerabilidad. Tanto representantes de la comunidad 20 de Octubre, como la UVOC, han expresado su preocupación por la ausencia de notificación previa adecuada del desalojo, el empleo de gases lacrimógenos durante el mismo por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), el incendio y la destrucción de varias viviendas, pertenencias de la comunidad y cosecha de maíz, la apropiación de animales, y la falta de planes de reasentamiento que permitan contar con alojamiento alternativo, evitar la dispersión de las familias y la comunidad y garantizar el acceso a alimentos y otros derechos esenciales inmediatamente después del desalojo. Al mismo tiempo, lamentan que todo ello haya truncado y opacado un proceso de diálogo en el que ya existían resultados concretos que facilitaban alcanzar una solución por esta vía, alternativa a la orden judicial de desalojo (1). El de 20 de Octubre no es un caso aislado: en marzo de 2011, 14 comunidades desalojadas del Valle del río Polochic, ilustran los antecedentes de este tipo de prácticas en la región (2).
En este escenario, miembros de la UVOC y de las comunidades que acompañan en Alta Verapaz han continuado siendo blanco de amenazas, señalamientos negativos (3), y en algunos casos, de acusaciones legales. Durante el desalojo de la comunidad 20 de Octubre, fue detenido el Sr. José Julio Bernardo, posteriormente declarado en libertad bajo fianza y con orden de arresto domiciliario. También en noviembre, dos miembros de la comunidad La Primavera (4), los Sres. Mario Hernández Vargas y Arturo Xolím Caal, han sido detenidos en el marco de otro conflicto relativo a la tierra en esta comunidad (5).
Amenazas, agresiones y riesgos en el contexto de un plantón pacífico en La Puya, San José del Golfo, frente a proyecto minero:
En este escenario, nos preocupa la seguridad de comunidades de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Miembros de estas comunidades están realizando en la localidad de La Puya, desde hace más de nueve meses, un plantón frente a la entrada de las instalaciones de la minera estadounidense Kappes, Cassidy & Associates (sus subsidiarias en Guatemala son: Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. y Servicios Mineros de Centro América S.A.). La empresa cuenta con autorización para desarrollar allí el proyecto El Tambor, que consiste en varias licencias, entre ellas, la de Progreso VII Derivada. Vecinos y vecinas de numerosas
comunidades visibilizan así su desacuerdo con este proyecto, del que temen que afectará los DESCA de la población y las comunidades del área. Confirman no haber sido ni informados ni consultados al respecto. Desde el inicio el grupo concentrado en La Puya ha sido blanco de diversas formas de intimidación, amenaza y agresión.
En el mes de junio, tuvo lugar un atentado contra la vida de la Sra. Yolanda Oquelí, una de las activistas que participa en el plantón (6). Este grave hecho visibiliza la vulnerable situación de seguridad tanto para ella como para todos los miembros del grupo. Afortunadamente Yolanda sobrevivió a la agresión, y actualmente ella y su familia cuentan con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (7). Persisten sin embargo varias preocupaciones: por una parte, la identificación y detención de los responsables del atentado no ha tenido lugar por el momento, lo que conlleva el riesgo de otro atentado para su familia, y otras personas que cuestionan la explotación minera en La Puya. Asimismo, a finales de noviembre, un amplio grupo de personas identificadas como trabajadoras de la empresa llegó a La Puya y, bajo el mando del Sr. Pablo Orozco -según se identificó públicamente, y en representación de la empresa-, generó situaciones de tensión durante dos semanas, que incluyeron desde agresiones verbales, hasta agresiones físicas y amenazas explícitas contra los miembros de las comunidades y las organizaciones sociales y de derechos humanos presentes, así como de reporteros que recogían memoria gráfica de estas situaciones (8).
El 7 de diciembre, aproximadamente 200 agentes antimotines de la PNC llegaron a La Puya con el objetivo de desalojar el área, otorgando 10 minutos para la retirada de las personas participantes en el plantón. Aunque no se llevó a cabo el desalojo, la actuación policial ha sido cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos, debido al empleo de medidas desproporcionadas de fuerza en contra de quienes están ejerciendo el derecho de manifestación pacífica, y cuentan con el permiso del propietario del terreno donde han instalado el plantón (9). Cuatro personas han sido detenidas y posteriormente puestas en libertad bajo fianza hasta la fecha de audiencia (10). La tensión en el área continúa.
Seguridad de los defensores y defensoras de DESC en el contexto del Corredor Interoceánico:
El “Corredor Interoceánico de Guatemala”, es un proyecto de infraestructura para el comercio que plantea en la región una alternativa al Canal de Panamá. Según su sitio web, incluye una franja terrestre de 336 kilómetros de largo y 100 metros de ancho, que atraviesa Guatemala entre el océano atlántico y el océano pacifico, sobre la cual se construirá un ferrocarril interoceánico para el transporte de contenedores, una carretera pavimentada de cuatro carriles, y un oleoducto interoceánico. Ello se complementará con la creación de parques industriales a lo largo de la zona y con dos complejos portuarios en los extremos del corredor, uno en el atlántico y otro en el pacifico (11).
Entre los paquetes industriales a lo largo de la zona, están incluidas hidroeléctricas y la conexión de éstas al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC). El proyecto afecta tierras habitadas por comunidades rurales campesinas, ladinas e indígenas, entre otros, en los departamentos de Chiquimula, Izabal, Jutiapa y Zacapa. Estos, abarcan al mismo tiempo áreas áridas de Guatemala donde ha habido problemas graves de desnutrición y hambre severa en años anteriores. El proyecto del Corredor Interoceánico avanza actualmente sin información previa, completa y amplia, a la población afectada por parte de las autoridades guatemaltecas, y sin consulta a los pueblos indígenas, obligaciones del Estado de Guatemala según el Convenio 169 de la OIT (ratificado en 1996). Rumores, elementos mínimos de información, presiones para la venta de tierra y señalamientos difamatorios en medios de comunicación contra quienes han expresado su desacuerdo con el proyecto o el proceso de planificación del mismo, contribuyen a generar conflictividad en varios municipios de los departamentos afectados. La conflictividad ha derivado en la región, en los últimos años, en
violencia, muertos, defensores/as de derechos humanos amenazados y un alto grado de tensión en múltiples comunidades (12).
Actualmente están en licitación algunos componentes del proyecto de corredor tecnológico 13; y otros proyectos, como la hidroeléctrica El Orégano, en el municipio de Jocotán (Chiquimula), promovida por la empresa guatemalteca Las Tres Niñas, S.A., están buscando iniciar la construcción.
Notas de pie:
(1) UVOC, “Desalojo en Cahabón”. Santa Cruz, Alta Verapaz, 15.11.2012.
(2) PBI Guatemala, “Desalojos en Polochic: Breve recuento a final de año”, Boletín No. 25. Guatemala, 2011.
(3) PBI Guatemala, “Alerta: Amenazas contra la UVOC y comunidades que apoya y acompaña en Alta y Baja Verapaz”. Guatemala, 06.02.2012.
(4) Antecedentes sobre atención de la comunidad internacional a la situación de la comunidad La Primavera: UVOC, “Visita de la OACNUDH a la finca La Primavera”. Santa Cruz, Alta Verapaz, 24.02.2012.
(5) UVOC, “Denuncia urgente”, Detención del Sr. Arturo Eladio Xolim Cal, miembro de la comunidad La Primavera. Santa Cruz, Alta Verapaz, 24.11.2012.
(6) Amnistía Internacional, “Acción Urgente: Activista contra la explotación minera, herida por un disparo”, AU: 170/12 Índice AMR 34/003/2012 Guatemala. 14.06.2012.
(7) Organización de Estados Americanos (OEA), CIDH, Relatoría sobre defensores y defensoras de derechos humanos, “MC207/12 – Telma Yolanda Oqueli Veliz y su núcleo familiar”, medidas cautelares otorgadas el 24 de agosto de 2012.
(8) Dos de los video-reportajes publicados sobre esta situación, los encuentra en estos enlaces: Noticiero Guatevisión, “Intimidación por empresa a comunitarios San José del Golfo”. Guatemala, 26.11.2012; Madre Selva, “Provocación minera a resistencia pacífica La Puya", 22.11.2012.
(9) Madre Selva, “Relatoría de los hechos del 7 de diciembre en La Puya”, Carta a la comunidad internacional. Guatemala, 11.12.2012.
(10) Milton Danilo Carrera (40 años), Tomás de Jesús Aquino (65 años), Francisco Oliva (67), Izabel Muralles (78 años). Madre Selva, Cit. En relación a estas capturas se recomienda escuchar el testimonio de Yolanda Oquelí, desde La Puya, el 7 de
diciembre. Para mayor detalle, consultar: Madre Selva, “Relatoría de los hechos del 7 de diciembre en La Puya”, Carta a la comunidad internacional. Guatemala, 11.12.2012.
(11) Corredor Interoceánico de Guatemala, S.A.
(12) PBI Guatemala, “Planes de mega proyectos en Chiquimula”, Boletín No. 20. Guatemala, 2010; Valladares, D., “Guatemala, nuevo corredor interoceánico para comercio mundial”, IPS, 2011.
(13) Castillo Zamora, J.M., “Luz verde al Corredor Interoceánico”, Prensa Libre. Guatemala, 08.10.2012.