El derecho a la tierra bajo amenaza en las Verapaces: desalojos en tiempos de COVID-19

Guatemala, un país conocido por su abundante naturaleza y por sus raíces mayas, xinkas y garífunas, sigue albergando uno de los tesoros más preciados para la humanidad: las voces de los Pueblos Originarios que nos recuerdan que somos parte del tejido de la vida1. Sin embargo, esas raíces ancestrales y comunitarias se han visto fuertemente golpeadas por dinámicas depredadoras y violentas desde los tiempos de la colonización hasta el día de hoy, despreciando la vida y poniendo en el centro intereses económicos de diversos grupos de poder. Estas dinámicas han generado una alta conflictividad en el país, teniendo en ella un papel central la tenencia, acceso y titularidad de la tierra y siendo ésta una de las causas que desencadenó el conflicto armado interno (1960-1996). Entre las múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas durante este sangriento periodo de la historia reciente de Guatemala, se encuentra el desplazamiento forzado masivo, documentado por La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en su informe “Guatemala Memoria del Silencio”: “El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el período comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas”. La CEH estimó que, tan solo entre 1981 y 1983, el número de personas desplazadas llegó a un millón y medio2. Toda la violencia ejercida contra la población civil durante el conflicto, y concretamente la cantidad ingente de desplazamientos forzados que ésta provocó, agravaron aun más la conflictividad agraria en el país.

Actualmente esta conflictividad sigue siendo una de las problemáticas más acuciantes del país. “Para diciembre del 2019, la Comisión Presidencial de Dialogo (CPD) había registrado dos mil 574 conflictos sociales, el 67 por ciento debido a problemas agrarios”, siendo Alta Verapaz el departamento más afectado3. Por ello, es uno de los departamentos con mayor número de desalojos (y amenazas de desalojos), que en demasiadas ocasiones se han llevado a cabo sin cumplir los estándares internacionales en esta materia4, los cuales están orientados a garantizar condiciones dignas de sobrevivencia a las familias desalojadas. PBI acompaña a dos organizaciones campesinas que llevan a cabo su labor en Alta y Baja Verapaz: el Comité Campesino del Altiplano CCDA-Las Verapaces y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC). Ambas organizaciones nos han trasmitido su preocupación por el posible empeoramiento de esta situación, debido a la actual coyuntura de restricción de libertades contenidas en el Estado de Calamidad decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia COVID-19.

Agravamiento de la conflictividad agraria en el contexto de la crisis COVID-19

El 5 de abril de 2020, en pleno Estado de Calamidad, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) denunciaba públicamente el desalojo, por parte de actores privados, de más de 36 familias de la comunidad de Washington, en Purulhá, Baja Verapaz. “Un grupo de al menos 20 hombres con armas de grueso calibre, vestidos con indumentaria militar y gorros pasamontañas (según las y los comunitarios contactados)”, realizaron el desalojo. En la actualidad, la comunidad maya Poqomchi ́ Washington está conformada por unas 70 familias que anteriormente, y desde el siglo XIX, fueron forzadas a trabajar como mozos colonos para la familia Thomae. “Varias generaciones de comunitarios se emplearon en la siembra, mantenimiento, cosecha y otras labores de la explotación del café en condiciones de servidumbre, sin recibir pagos y bajo la promesa de que de esta manera podrían quedarse con la propiedad de sus tierras ancestrales”. El primer intento de desalojo tuvo lugar en 2005, “después que los mozos colonos decidieran dejar de trabajar para la familia Thomae en formas contemporáneas de esclavitud”. Desde entonces, y hasta el presente desalojo, han sido víctimas de amenazas, violencia y actos de criminalización5.

El desalojo de Washington es parte de la oleada de desalojos que se vive desde finales de 2019. “A lo largo de los primeros cuatro meses de este año se han documentado al menos una veintena de desalojos agrarios” en todo el país, lo que evidencia la continuidad entre el gobierno anterior y el actual con respecto al modo de enfrentar la conflictividad agraria. Entre los casos documentados se cuentan “Rincón San Valentín, Dos Fuentes, Washington, Chiquiwistal y San José El Tesoro (Purulhá, Baja Verapaz), Chicoyoguito, Río Cristalino, Sapatá y varias comunidades de Panimá (Cobán, Alta Verapaz)”6.

El desalojo de Washington es un caso paradigmático, ya que es el primero ejecutado durante el Estado de Calamidad, cuando se supone que todas las órdenes de desalojo quedan suspendidas. Fue ejecutado por actores no estatales y por tanto sin la presencia de las autoridades de seguridad pública ni de las autoridades garantes de cumplir con el respeto a los derechos humanos. Además, fue perpetrado con violencia, pues las viviendas fueron quemadas, los cultivos destruidos y las personas desalojadas no pudieron llevarse sus pertenencias ni fueron reubicadas. A esto hay que añadir que se realizó a pesar de que el Tribunal Penal de Baja Verapaz estableciera, en una sentencia, la necesidad de abrir una mesa de diálogo sobre el caso7, lo que nunca se realizó. Según información facilitada por UDEFEGUA y por el CCDA-Las Verapaces, en la actualidad, las familias de Washington se encuentran dispersas en diferentes comunidades ubicadas entre los municipios de Purhulá y Salamá, viviendo en casas de familiares y amistades. Debido al desalojo están enfrentando fuertes dificultades para sobrevivir, pues su sustento provenía de los cultivos ubicados en la tierra de la que les expulsaron. Aunque organizaciones nacionales como UDEFEGUA y el Bufete Jurídico de Rabinal les han apoyado con alimentos, en la actualidad viven una situación de vulnerabilidad económica, social y psicológica muy preocupante, con el agravante que supone el contexto de pandemia mundial en el cual nos encontramos.

El desalojo de Washington preocupa especialmente en la coyuntura actual, pues ejemplifica como las medidas decretadas en el Estado de Calamidad impidieron que llegara el apoyo presencial de las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan el caso (como el CCDA-Las Verapaces), lo que sumado al no accionar de las autoridades estatales correspondientes, ha colocado a las personas de esta comunidad en una situación de total desprotección y vulnerabilidad.

Según la UVOC y el CCDA, existen otras comunidades en la región que se encuentran en una situación similar, amenazadas e intimidadas por el actuar de actores no estatales (empresas y finqueros). El mayor temor es que, la debilidad del Estado frente a la protección de los derechos de las familias campesinas e indígenas, se vea aun más debilitado en esta coyuntura de pandemia tan excepcional. A ello se suma el desmantelamiento de la Secretaría de Asuntos Agrario (SAA) por parte del Gobierno8, institución creada con los Acuerdos de Paz junto al Fondo de Tierra para abordar los conflictos agrarios. Esto abre un vacío en cuanto a qué institución retomará los numerosos casos pendientes de resolución, dejando nuevamente a las familias y comunidades sin garantías de ver respetados sus derechos. Asimismo, los actores no estatales involucrados en los conflictos sobre la propiedad de la tierra, están realizando acciones de difamación y debilitamiento de las organizaciones campesinas que apoyan a las comunidades. Este es el caso de la coordinadora del CCDA-Las Verapaces, Lesbia Artola, difamada en un comunicado público de la Asociación de Finqueros de Alta Verapaz9, en el cual además solicitan al gobierno que declare un estado de sitio en el departamento.

Propuestas campesinas frente a la crisis

Frente a esta situación, son las comunidades organizadas quienes denuncian los impactos que las medidas del Estado de Calamidad están teniendo sobre la vida de las familias campesinas. Preocupa especialmente el acceso limitado a los mercados debido a la falta de transporte público y a las restricciones de la movilidad que impone el toque de queda. Varias organizaciones campesinas aglutinadas en el Frente Campesino Iximulew piden “que se suspenda inmediatamente la ejecución de órdenes de captura en contra de líderes comunitarios que reclaman y defienden sus legítimos derechos como trabajadores agrícolas y comunidades indígenas y campesinas, así como los desalojos extrajudiciales de comunidades que se están desarrollando, aprovechando la crisis humanitaria y las restricciones generales vigentes”10. Asimismo reclaman el papel central de la economía local y la agricultura familiar indígena y campesina, ya que son estas estructuras las que aportan aproximadamente el 70% de los alimentos que se consumen en Guatemala. Por tanto, llaman al diálogo y a “la unidad social y política de todos los sectores del país para afrontar la situación y encontrar, en medio de la crisis, una oportunidad trascendental para buscar acuerdos que permitan disminuir al máximo posible los efectos dramáticos inmediatos y abordar conjuntamente la situación económica que se producirá en el corto y mediano plazo”11.