La inestabilidad política y social en Guatemala se ha profundizado, a raíz del asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg el día 10 de mayo y de la publicación al día siguiente de un vídeo, grabado previamente, en el que acusa de su futuro asesinato a altos cargos del Gobierno, incluidos el Presidente Álvaro Colom y su esposa. Les inculpa de ser autores intelectuales, o al menos de dar su beneplácito, para encubrir de este modo otros asesinatos y gravísimos actos de corrupción en un Banco, por el que se gestionan muchos fondos del Estado. 

Numerosas organizaciones sociales y la Comunidad Internacional han demandado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apoyar la investigación y el esclarecimiento de los hechos que rodean a este crimen; han llamado a una investigación imparcial e independiente, en un marco de transparencia; se han mostrado preocupadas por la gobernabilidad y el mantenimiento de la institucionalidad democrática del país; y demandan una vez más el fin de la impunidad.  

Con el paso de los días, y todavía sin conocerse las pruebas de las acusaciones de las que Rosenberg –según dijo en el video– disponía, se hace pública la participación en su grabación y difusión de personalidades de la derecha guatemalteca,  vinculados a sectores empresariales y financieros guatemaltecos y cercanos a sectores militares, movimientos desestabilizadores e intentos de golpes de estado a finales de los años 80, y a organizaciones cercanas a los escuadrones de la muerte que han operado en Guatemala.  Frente a ello también la sociedad civil guatemalteca ha expresado su preocupación: La Convergencia de Organizaciones de Derechos Humanos exige el respeto al Estado de Derecho y al conjunto de la institucionalidad del país y condena los actos de desestabilización que sectores interesados puedan promover con el objeto de ganar o negociar espacios de poder y aprovecharse de la coyuntura para sus intereses particulares.

Paralelamente se ha vivido un clima de mucha movilización social: Por una parte, manifestaciones y demandas exigiendo la renuncia del Presidente, convocadas principalmente por sectores empresariales y financieros de la oligarquía,  y cercanos a corrientes del  ejército, que ya desde antes venían oponiéndose a la gestión de este Gobierno. 

Por otro lado, se han desarrollado manifestaciones de apoyo al Presidente, con una amplia participación de sectores populares, mayoritariamente  no articulados en organizaciones sociales. Aunque miembros del partido de gobierno Unión Nacional de la Esperanza (UNE) confirman que estas manifestaciones fueron organizadas y pagadas con fondos propios y del partido , hay serias denuncias sobre el empleo de fondos públicos para la convocatoria y movilización de las personas manifestantes .

Organizaciones sociales y políticas de Guatemala, así como la Comunidad Internacional han llamado la atención sobre la extrema gravedad de la coyuntura actual , y  han expresado su preocupación por la creciente conflictividad política y social.

Según algunos análisis, el asesinato del Sr. Rosenberg viene a acelerar un escenario de ingobernabilidad con marcadas señales de lucha por el poder y de un proceso de desestabilización política que caracterizan la realidad guatemalteca desde ya hace años. 

En los últimos tiempos estas señales, se pueden resumir en las siguientes: llamados a golpe de Estado por sectores militares, escuchas telefónicas en la Casa Presidencial, ola de asesinatos de pilotos de autobuses, rumores de declaratorias de Estado de Prevención, presiones para declarar el Estado de Sitio , creciente militarización  e incremento de ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, entre otras. 

Integrantes y dirigentes de organizaciones de reconocida trayectoria en su trabajo de defensa y promoción de derechos humanos, como la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), la Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM), la Fundación Sobrevivientes, han recibido amenazas recientemente y en muy breve lapso de tiempo. Al mismo tiempo se ha constatado un serio aumento de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales, destacando los ataques contra dirigentes campesinos y los asesinatos e intentos de asesinatos principalmente de sindicalistas.  

Este proceso ha desembocado en la situación actual, en la que están muy seriamente en juego los avances en cuanto a la gobernabilidad, a la institucionalidad democrática, la mejora del sistema de justicia, y el combate a la impunidad. 

• Que a consecuencia de la situación descrita, que caracteriza el contexto actual guatemalteco, se desvíe la atención del escenario de extrema violencia que ocasiona la muerte diaria de decenas de personas, entre ellas activistas y defensoras de derechos humanos en el país .
• Que se cancelen los tímidos avances en materia de justicia y lucha contra la impunidad, principalmente los pasos dados con la puesta en marcha de la CICIG.
• Que se sigan cerrando los espacios de trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, que están siendo objeto de amenazas y ataques por parte de grupos de poder paralelo y estructuras clandestinas de seguridad..
• Que esta frágil institucionalidad democrática  dé pie a un incremento de la militarización en el país y el empleo de la violencia.

• Los esfuerzos de la justicia guatemalteca y de la CICIG que contribuyan al esclarecimiento de casos pendientes de resolver relativos a graves delitos y violaciones de derechos. En particular, respaldar los esfuerzos dirigidos a garantizar la transparencia y el desarrollo de investigaciones independientes e imparciales, tanto del asesinato del abogado R. Rosenberg y los hechos delictivos denunciados por éste, como de crímenes anteriores que permanecen en la impunidad.
• La necesidad de mantener la institucionalidad democrática, y de llevar a cabo transformaciones en el sistema de justicia que posibiliten acabar con la impunidad.
• El rechazo enérgico frente a intentos de militarizar más el país como opción para salir de la crisis actual 
• La situación de defensoras y defensores de derechos humanos, expresando ante el Gobierno de Guatemala la preocupación por su seguridad y protección.

Asimismo, ANIMAMOS a la Comunidad Internacional a acercarse activamente a defensores y defensoras de derechos humanos, a organizaciones y otras expresiones sociales guatemaltecas, con el objetivo de ofrecerles apoyo y protección en el marco de las Directrices de la UE para la protección de defensores de derechos humanos, y de otros instrumentos y mecanismos existentes para tal fin.

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