COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO (OMCT / UDEFEGUA) - La impunidad y el asedio a la sociedad civil marcan la situación de los derechos humanos
Ginebra-Ciudad de Guatemala, 04 de marzo de 2019 – Una agenda regresiva que cercena la libertad de asociación y la participación ciudadana, y que busca establecer la impunidad absoluta con una ley de punto final. Actos de violencia y listas negras de personas defensoras y activistas. La crisis de derechos humanos se intensifica en Guatemala y requiere la voz de alarma de la comunidad internacional, según alertan la OMCT y la UDEFEGUA.
La semana pasada la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) desarrolló una breve visita a Guatemala organizada conjuntamente con la UDEFEGUA que se enmarca en el acompañamiento que desde hace varios años la OMCT viene dando a las organizaciones de la sociedad civil que siguen documentando graves violaciones a los derechos humanos en el país. Durante la visita la delegación pudo reunirse con integrantes de la comunidad internacional, actores de la sociedad civil así como con actores estatales.
La delegación ha podido constatar con alarma el avance de una agenda regresiva que viene intensificando la profunda crisis de derechos humanos en Guatemala así como un vertiginoso cierre de espacios para la participación ciudadana. Resaltan particularmente en este contexto los esfuerzos por aprobar el proyecto de Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales que implicaría poner fin al disfrute del derecho a la libertad de asociación en el país, así como la Ley de Reconciliación Nacional, también conocida como Ley de Punto Final, que decretaría la impunidad absoluta para todos los crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, durante el cual se produjeron al menos 200.000 muertes, 45.000 desapariciones forzadas y alrededor de 100,000 víctimas de desplazamiento interno según cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico publicadas hace exactamente 20 años. En este sentido nuestras organizaciones recuerdan que el proyecto de ley es contrario a las Observaciones Finales sobre Guatemala del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas que instó al Estado a « velar por que todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, en particular las masacres y los actos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada, sean investigadas sin demora, y que los responsables intelectuales y materiales de dichos crímenes, incluido en el caso del genocidio ixil, sean sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos, incluyendo la cadena de mando ».
Preocupan en ese mismo sentido los esfuerzos para destituir a numerosos funcionarios públicos, y particularmente operadores del sistema de justicia incluyendo jueces independientes, por su defensa de derechos humanos y por haber manifestado su defensa del Estado de Derecho en Guatemala frente a las medidas regresivas y de freno a la lucha contra la impunidad que ha venido desarrollando el gobierno de Jimmy Morales. Recientemente expertos de Naciones Unidas mostraron su preocupación por los actos de intimidación en contra de operadores de justicia[1].
Es en este marco que preocupa profundamente la profundización de la violencia contra las personas que defienden derechos humanos en Guatemala. Únicamente en 2018 se produjeron 391 agresiones contra personas defensoras incluyendo 26 asesinatos y 147 casos de criminalización. Resulta alarmante el hecho de que a inicios de 2019 se hayan publicado dos listas con nombres de personas que desde su actividad profesional, periodística, política o asociativa están siendo señaladas y estigmatizadas, retrotrayendo a los contextos más oscuros de la historia reciente de Guatemala durante la época del Conflicto Armado Interno.
En un contexto regional mesoamericano que ha dado muestras de violencia extrema contra las personas defensoras en Nicaragua, Guatemala, México y Honduras, nuestras organizaciones dan la voz de alarma por la profundización de la crisis de derechos humanos en Guatemala, país cuyos dirigentes ha dado muestras de estar dispuestos a profundizar la crisis de derechos humanos con tal de avanzar en su agenda de promoción de la impunidad y de desarticulación de la sociedad civil organizada. Sin la reacción firme de la comunidad internacional, Guatemala podría estar avanzando inexorablemente hacia el abismo.