Organizaciones del continente instan a un adecuado proceso, con las debidas garantías.

El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.

En el proceso judicial, impulsado por el Ministerio Público, figuran como abogados directores de la parte querellante, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Quienes además están siendo apoyados por Abogados sin fronteras Canadá, todos en condición de
representantes de las víctimas. La trascendencia de este proceso –inédito en
Guatemala- implica el desahogo de aproximadamente 140 testimonios de víctimas
y de la comparecencia de unos 70 peritos expertos.

Tanto la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, han documentado las atrocidades ocurridas en Guatemala durante el conflicto armado interno, y en especial, han dado cuenta de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional impulsada particularmente a principios de la década de 1980 y mediante la cual se aplicó una política de “tierra arrasada” que buscaba acabar con el pueblo maya sospechoso de colaborar con la insurgencia.

De acuerdo con la CEH, alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante
“actos de extrema crueldad” dirigidos a la eliminación de las personas o grupos de personas definidos como “enemigo interno” y destinados a “aterrorizar a la
población”. La CEH concluyó además que el 91% de las violaciones registradas
durante el conflicto armado se produjo entre los años 1978 y 1983, estando en el
poder los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-
1983).

A diferencia de lo que ha sucedido en la historia reciente en Guatemala –en donde hasta la fecha, salvo contadas excepciones, no ha sido posible obtener justicia en el ámbito interno y por lo cual se ha acudido a instancias internacionales de protección de derechos humanos-, el Estado guatemalteco tiene en este ocasión, la valiosa oportunidad de celebrar un proceso apegado a las garantías judiciales, en el que se juzgue a los acusados y sancione efectivamente a quienes se prueben como responsables de delitos tan graves como son el genocidio y los de lesa humanidad.

El esclarecimiento de los hechos, a través del debido proceso penal, así como la
sanción de los responsables del genocidio y de crímenes de lesa humanidad
ocurrido en Guatemala, constituye la medida idónea para garantizar el derecho a
la verdad de las víctimas y de la sociedad guatemalteca en su conjunto. Además,
sólo a través de la identificación, el juzgamiento y la sanción adecuada de los
responsables materiales e intelectuales de las citadas violaciones de derechos
humanos se logrará la no repetición de hechos tan reprochables. Este tipo de
procesos fortalecen el Estado de Derecho y la democracia guatemalteca.

Considerando lo anterior, las organizaciones firmantes saludamos el proceso que
lleva el Tribunal de Mayor Riesgo en Guatemala, y expresamos nuestro apoyo
decidido al mismo. Además instamos a las autoridades guatemaltecas a lo
siguiente:

1. Que se proteja efectivamente –antes, durante y después del proceso- a todas las partes involucradas en ello (testigos, peritos, operadores de justicia, abogados y abogadas).
2. Que se garantice una adecuada cadena de custodia en la evidencia.
3. Que se garantice la independencia judicial mediante el apoyo público y
decidido a la labor que están llevando a cabo los jueces a cargo del proceso y se asegure que no habrá ninguna injerencia indebida en sus decisiones.

Treinta años después de la comisión de varios crímenes de lesa humanidad ha
llegado la hora de conocer la verdad y hacer realidad el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México
Abogados sin Fronteras Canadá (ASF), organización internacional
Alianza por tus derechos, Costa Rica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México
Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Guatemala
Asociación Nacional de Centros (ANC), Perú
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organización internacional
Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR), Guatemala
Asociación Pro-búsqueda de niñas y niños desaparecidos, El Salvador
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Guerrero, México Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), Perú
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador
Centro de Educación Popular-Proyecto Amigo, Perú
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CJAR), Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
Comité de América Latina y el Caribe para los derechos de las Mujeres (CLADEM), organización internacional
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú
Corporación Humanas, Chile
Corporación Reiniciar, Colombia
Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala (ECAP), Guatemala
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras
Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Perú
Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica (integrado por la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia -SEDEM-, de Guatemala; Centro de Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, de Guatemala; Centro Nicaragüense de Derechos Humanos -CENIDH-; Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras -CODEH-; Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá - CONADEHUPA; Federación Luterana Mundial; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, de El Salvador; Fundación Fútbol por la Vida –FPV-, de Costa Rica; Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, de Guatemala; e Iglesia Luterana Costarricense -ILCO- , de Costa Rica).
Espacio Público, Venezuela
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Global Rights, organización internacional
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, organización internacional
Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Guatemala
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA), México
Instituto Centroamericano de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), Guatemala
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú
La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización internacional
Latin America Working Group (LAWG), organización internacional
Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia
Paz y Esperanza, Peru
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Guatemala
Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Guatemala
Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala
Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela