“A las comunidades del área rural el agua las agarró en el sueño y tuvieron que salir corriendo, dejando todos sus haberes, ropa, alimentos, animales. Comunidades enteras quedaron inundadas completamente y el agua sigue sin bajar. Aún quedan comunidades donde no se puede llegar”. Así relata la lideresa q’eqchi Lesbia Artola, coordinadora del Comité Campesino del Altiplano CCDA-Las Verapaces, la situación en el área rural de Alta Verapaz, un mes después del paso del huracán Eta y de la tormenta tropical Iota. Estos fenómenos tropicales golpearon fuertemente Centro América a principios de noviembre de 2020, dejando unos 5 millones de personas damnificadas, de las cuales casi 2 millones y medio se ubican en Guatemala, contabilizándose además en este país 60 personas fallecidas y 100 desaparecidas. Las zonas más afectadas fueron los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal que son los que cuentan con mayor porcentaje de pueblos originarios. Solo en el departamento de Alta Verapaz, el CCDA-Las Verapaces y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) registraron más de 280 comunidades inundadas y más de 32 mil familias afectadas.
El modelo extractivista agrava los impactos de las tormentas tropicales
Según Erwin Garzona, sociólogo especializado en gestión de riesgo y estudios de adaptación al cambio climático, el 76% de la población de Guatemala está expuesta a ciclones tropicales, lo cual incluye a más de 11 millones de personas. La ubicación geográfica de Guatemala en un istmo, y su topografía, hacen que sea altamente probable que ocurran fenómenos de exceso o falta de humedad, los cuales se incrementan con el calentamiento del planeta inducido por las actividades humanas. Esto, entre otros factores, coloca a Guatemala en el séptimo puesto del ranking de los 194 países que enfrentan mayores riesgos de desastres. Garzona coincide con Gerardo Páiz, ingeniero en recursos naturales e integrante del colectivo ecologista Madreselva, en que la principal defensa de Guatemala ante los riesgos naturales es mantener sus ecosistemas en buen estado. No obstante, según estos y otros analistas en gestión de riesgos, en el país se asiste a un proceso de destrucción de la naturaleza que tiene sus causas en la implementación de una política económica basada en el extractivismo y en industrias que tienen fuertes componentes de cambio de uso del suelo y pérdida de cobertura forestal.
Señalan que, si bien hay cada vez más acuerdo entre los y las expertas sobre que los bosques naturales constituyen la principal defensa frente al exceso o escasez de humedad, se calcula que en 2020 solo queda el 34% del territorio guatemalteco cubierto por bosques. Paradójicamente, el significado original de la palabra Guatemala es “lugar de muchos árboles”, lo cual hace referencia a cómo era el país antes de la brutal deforestación a la que se enfrenta hoy. También inciden en que esta situación se agrava debido a una institucionalidad que no invierte en prevención y mitigación de riesgos, que no ha desarrollado una adecuada tipificación de los delitos ambientales para frenar los abusos de los actores privados y que parece no tener conciencia de la necesidad de ordenar el territorio en función de su división natural, que es la cuenca geográfica. A todo lo anterior se suma la fortísima desigualdad social existente, que obliga a la mayoría de la población a vivir en sitios de alto riesgo y a darle cambio de uso a suelo no agrícola para establecer cultivos de subsistencia.
“No podemos pelear con la naturaleza”, denuncia Lesbia Artola, “pero estas son las consecuencias del despojo de tierra que han sufrido nuestros pueblos, por las extensiones de los monocultivos, las desviaciones de ríos por parte de las hidroeléctricas, la destrucción de todos nuestros bienes naturales. En el departamento de Alta Verapaz”, señala, “los impactos de las últimas tormentas fueron más desastrosos de los que dejó el paso del huracán Mitch en 1998”.
Desde el Mitch han pasado más de 20 años, durante los cuales se ha incrementado la actividad de proyectos extractivos -en Alta Verapaz principalmente hidroeléctricas, monocultivos de palma africana y tala de madera- que han provocado numerosos conflictos con comunidades Q’eqchí, Poqomchí y Achí que piden respeto a su derecho de acceso a la tierra y a gestionar, según sus cosmovisiones, los bienes naturales de los territorios que habitan.
La defensora del territorio y lideresa q’eqchi María Josefina Caal Xol denunció que, en el municipio de Santa María Cahabón, las hidroeléctricas construidas sobre los ríos Oxec y Cahabón soltaron el agua durante las tormentas y afectaron a las comunidades. Por denunciar los impactos que tiene el complejo hidroeléctrico OXEC sobre los derechos de las comunidades Q’eqchí, su hermano, Bernardo Caal Xol, líder de la Resistencia Pacífica de Cahabón, lleva más de mil días encarcelado y ha sido declarado preso político por Amnistía Internacional.
A poco más de 100 kilómetros de Santa María Cahabón, Justino Ilom, líder de la comunidad La Primavera, en el municipio de San Cristóbal Verapaz, perdió su vivienda y sus cultivos por el impacto de las tormentas. Con el apoyo legal de la UVOC las familias Poqomchí de La Primavera consiguieron el título de propiedad de su tierra en 2015 a través de un acuerdo con la empresa maderera Filitz Díaz. Parte de esta tierra quedó ahora sepultada bajo el deslave que enterró completamente a la vecina aldea de Quejá, dejando más de 50 personas fallecidas y una comunidad que antes habitan 300 familias convertida en un cementerio. Desde hace años las familias de La Primavera vienen denunciando la tala ilegal de arboles en la zona. Por estas denuncias, Justino Ilom sufre desde 2018 un proceso de criminalización y judicialización que sigue vigente en el tribunal de Cobán.
Estos son 2 ejemplos de comunidades afectadas por las consecuencias de las recientes tormentas tropicales, que muestran como por defender el territorio y protestar frente al modelo económico que está en la base de los desastres llamados naturales, en Guatemala se reciben ataques y persecuciones. Son estos ataques los que han motivado que estas comunidades sean acompañadas por Brigadas Internacionales de Paz desde hace años. De hecho, la organización internacional Global Witness, en su informe de 2019, coloca a Guatemala entre los 6 países más peligrosos del mundo para defender la tierra y el medio ambiente. Según la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), 14 personas defensoras han sido asesinadas en lo que va de año, la mayoría de ellas por defender la naturaleza.
Ausencia del estado y auto organización de las comunidades originarias frente a los desastres
Frente a esta situación, la respuesta del estado de Guatemala tarda en llegar. Las comunidades denuncian que los fenómenos tropicales las agarraron desprevenidas porque, si bien el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) había avisado a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), ésta no trasladó la alerta a los territorios.
Además, el CCDA-Las Verapaces y la UVOC denuncian que el gobierno no ha dado respuestas rápidas a las comunidades que están en riesgo y sin alimentos. Son las familias que no han sido afectadas por los fenómenos tropicales, y las comunidades de otros departamentos del país, las que se están solidarizando. Y son las organizaciones campesinas e indígenas las que se han movilizado para atender a las personas afectadas. Más de un mes después siguen faltando alimentos, ropa, medicinas, agua pura y herramientas de trabajo agrícola para seguir recuperando lo poco que queda. “En Guatemala solo el pueblo salva al pueblo… no es casual que el gobierno no llegue a las comunidades, es una forma de castigarnos por la lucha que llevamos en defensa de la tierra y de los bienes naturales”, concluye Lesbia Artola. “El gobierno solo ha llegado a las comunidades a reprimir y a criminalizar”. Según UDEFEGUA, solo en los primeros 9 meses de 2020, se registraron 287 casos de criminalización hacia personas defensoras.
Las organizaciones además alertan sobre la crisis alimentaria que se acerca. Las inundaciones de los campos agrícolas causaron la perdida de la cosecha y la destrucción de la tierra para realizar la próxima siembra. Las y los campesinos ya están advirtiendo de escasez de granos básicos, dado que se va a tardar años en recuperar la fertilidad de la tierra que quedó cubierta por el lodo. A lo anterior hay que añadir el incremento de los precios por acciones especulativas, lo que agrava aun más las ya importantes pérdidas económicas sufridas por las familias a causa de las medidas de contención del covid-19. Muchas familias se han visto obligadas a endeudarse debido a la falta de ingresos, ya que durante los primeros meses de pandemia no pudieron acudir a vender los excedentes de sus producciones agrícolas en los mercados locales. En un contexto como el de Alta Verapaz, donde el 83% de población vive en condiciones de pobreza y el 56% de extrema pobreza, esta situación podría derivar en una crisis humanitaria de extrema gravedad.
Las comunidades y organizaciones campesinas e indígenas están planificándose para seguir enfrentando esta situación: “estamos haciendo planes para apoyar a las comunidades a recuperar la producción de alimentos a través de la implementación de huertos familiares que utilicen abonos orgánicos y semillas autóctonas, así como asociaciones y diversificación de cultivos para fortalecer la soberanía alimentaria”, apunta Sandra Calel, lideresa poqomchí sub-coordinadora de la UVOC.
“Somos semillas y vamos a seguir brotando” es el mensaje de las comunidades. A pesar de la situación de dolor, el horizonte es el de seguir fortaleciendo la lucha por la defensa del territorio frente a un estado que históricamente ha dado la espalda a las comunidades y a los pueblos originarios. Desde hace años los pueblos originarios y la sociedad civil organizada viene denunciando que los sucesivos gobiernos han mostrado una clara falta de voluntad política para mejorar sus condiciones de vida y buscar soluciones a los principales conflictos del país. Ejemplos de esta falta de voluntad, denunciada por organizaciones y diversas expresiones sociales, son los recientes cierres de instituciones creadas tras la firma de los Acuerdos de Paz para enfrentar las causas estructurales que provocaron el conflicto armado interno, y que siguen sin resolverse: la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA).
La lucha de los pueblos originarios por la defensa del territorio y de los bienes naturales es la lucha para evitar que las consecuencias de fenómenos tropicales como Eta e Iota sean desastrosos. Es la lucha para contrarrestar los efectos de la crisis climática, en definitiva, es la lucha por la vida. Y ante la situación descrita, tal y como señala Sandra Calel, no queda más remedio que “seguir tejiendo redes entre todas para defender la madre naturaleza, para defender el planeta, porqué es la nave donde vivimos, y si la seguimos destruyendo no solo va a sufrir el pueblo Q’eqchí, el pueblo Poqomchí o la población indígena del mundo, sino que vamos a sufrir todas”.