La criminalización de Jorge Coc y Marcelino Xol Cucul, autoridades indígenas de la comunidad Choctun Basilá (municipio de Cobán), se basa en una acusación de homicidio y homicidio en grado de tentativa por hechos que se dieron el 13 de julio de 2017. Ese día fue asesinada una persona y otras resultaron heridas, todas ellas eran integrantes de la cooperativa Chilté ubicada en el municipio de San Pedro Carchá. Medio año después fueron emitidas 13 ordenes de captura contra habitantes de Choctun Basilá por estos dos delitos. Jorge Coc, que vive en Las Pacayas, a unos 40 minutos de Choctun Basilá, donde trabaja su tierra, fue detenido el 16 de enero de 2018. Jorge declara que el día de los hechos estuvo en su casa en las Pacayas cuidando a su padre enfermo. Marcelino Xol Cucul fue detenido el 12 de marzo de 2018 por personas particulares que le golpearon antes de llevarle a una estación policial. Marcelino asegura que el 13 de julio de 2017 estaba dando clases en una comunidad de Chisec, a varias horas del lugar de los hechos. A pesar de sus testimonios de inocencia, de las incoherencias en los testimonios de los testigos de la acusación y de la falta de individualización de los hechos de los que les acusan, los dos fueron encarcelados y ligados a proceso.

El debate

El debate oral y público inició el 17 de mayo de 2019 en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos del Ambiente de Cobán, Alta Verapaz. Además del Ministerio Público (MP), que lleva la acusación, se adhirió como querellante la cooperativa Chilté. PBI ha acompañado a los dos defensores de la tierra en los debates, en los cuales han sido escuchados peritos médicos, investigadores criminalistas y testigos presenciales de los hechos.

En la audiencia del 30 de septiembre, la abogada defensora de Jorge Coc Coc pidió la inclusión de un peritaje histórico-social sobre el conflicto de tierra entre la comunidad de Choctún Basilá y la cooperativa Chilté, para contextualizar los hechos de la acusación. El juez rechazó esta petición por considerarla “antecedentes ajenos a los hechos” tratados en el debate.

A partir de la audiencia del 11 de octubre inició la fase de conclusiones que culminó en la sentencia emitida el día 30 de este mes. El juez Luis Paniagua declaró culpables a Jorge Coc y Marcelino Xol Cucul y les sentenció a 35 años de prisión por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

UDEFEGUA manifiesta que “ambos defensores fueron criminalizados por la Cooperativa Chilté, en la aldea Choctun Basilá, empresa que los está despojando de su territorio y ha estado involucrada en el asesinato de líderes comunitarios en el área. Se evidencia una vez más la cooptación del sistema de justicia y la política criminal del Estado para desmovilizar y reprimir la defensa por los derechos humanos en el país, principalmente defensores del territorio.”

La sentencia será apelada.

Este caso es un ejemplo de la criminalización y judicialización de la conflictividad agraria en la Verapaces.

En el trascurso de los debates hemos expresado nuestra preocupación por la seguridad de Marcelino, Jorge y sus familias, ya que se observaron incidentes de seguridad, provenientes de miembros de la cooperativa Chilté, al entrar en la audiencia.

El contexto

El 24 de agosto de 2018, otros dos de los 13 acusados por los mismos hechos, Juan Bautista Riveiro y José Manuel Coc Saquil, fueron absueltos tras 11 meses en prisión preventiva. Esta absolución fue apelada por el MP de Cobán y está pendiente la decisión del tribunal de apelación.

Según la valoración del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), estas criminalizaciones tienen su origen en una disputa inter-comunitaria entre Choctun Basilá y la cooperativa Chilté. Se trata de un conflicto que lleva vigente más de 10 años y que tiene su origen en un anexo de tierra a la comunidad Choctun Basilá, con fuentes de agua, que ambas partes reclaman como suya. Durante estos años, la comunidad de Choctun Basilá, en mas de 90 ocasiones ha denunciado las agresiones que sufren por parte de integrantes de la cooperativa Chilté, incluso lograron que esta disputa se trasladase a la Mesa de Dialogo con la Vicepresidencia, lo que sin embargo no dio resultados.

El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), "Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad", menciona éste como uno de los casos de criminalización de comunidades enteras en que no se diferencia ni individualiza la participación de las personas acusadas por los hechos.